Cuando hablamos de un número relativamente grande de gente, perdemos la capacidad de dotar a ese número de humanidad. Cuando hablamos de represión, pensamos en cárcel, aunque esta puede ser solo la punta del iceberg...
Puede pasar a quien no vive de cerca la represión que el recuento de personas imputadas o los nombres más o menos graciosos que la policía pone a sus operaciones (Pandora, Piñata…), o incluso el juez estrella que da luz verde a esas operaciones acaben recordándose más que las personas represaliadas.
En ese caso nos quedaríamos con la cifra de 69 personas arrestadas, 45 de ellas a espera de juicio en la Audiencia Nacional. Que ya es. Pero mucho más importante que esos titulares (que han ido desde el desatamiento mediático en la Operación Pandora de diciembre de 2014 a la práctica inexistencia para los medios de las operaciones Ice o Pandora II) es el análisis y la respuesta colectiva que se ha dado.
La conflictividad social estalló tras la crisis financiera, tras años de amuermamiento y creer que el capitalismo, en el fondo, nos iba bien a todxs. 15M, huelgas generales… las calles parecían volver a ser nuestras. En toda esta vorágine, las anarquistas estaban ahí, con un discurso contundente que de repente pareció, en parte, algo casi natural en las miles de personas que participaban («nadie nos representa», aunque de ahí surgieran algunxs líderes del mañana…).
Tras años de desierto conflictual, las formas asamblearias o autogestionarias parecían rebrotar en terrenos antes imposibles. La acción directa, el sabotaje difuso, la huelga como momento de lucha y no de paseos bajo banderas repletas de siglas… Ese escenario hace ya un par o tres de años que ha cambiado de rumbo, se ha pasado del entusiasmo al posibilismo reformista, las calles se han ido vaciando de rabia para pasar al «pragmatismo». Hemos vuelto a las esperanzas democratizantes y a las regeneraciones políticas, y entre quienes no han seguido ese sendero, la represión ha golpeado duro.
En ese contexto, el Estado ha volcado su violencia institucionalizada, sus recursos y su servil prensa a la caza de todo aquello que huela a anarquista. Noviembre de 2013, 5 personas arrestadas, 2 personas (Mónica y Francisco) juzgadas en marzo de 2016 y condenadas a 12 años por colocación de explosivo en la basílica del Pilar de Zaragoza. Diciembre de 2014, Operación Pandora, 11 detenid@s, acusadas de pertenencia a GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) y FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional). 30 marzo de 2015, Operación Piñata, 38 detenciones (15 por orden de la Audiencia Nacional, acusadas de lo mismo que las de Pandora). 28 octubre de 2015, Operación Pandora II, 9 personas arrestadas acusadas de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, léase igual que Pandora y Piñata. 4 noviembre de 2015, Operación Ice, 6 personas acusadas de ataques con artefactos incendiarios en cajeros y pertenencia a GAC.
No olvidemos el caso de los titiriteros (a los que también asociaban a GAC) o la multitud de detenciones por comentarios en las redes sociales, básicamente por «apología del terrorismo». Ni la detención de una compañera anarquista el 13 de abril, en Barcelona, acusada de robos a entidades bancarias en Alemania, y que se espera que en breve sea extraditada a Alemania.
El retorcimiento mental del Estado y de unos cuerpos de seguridad que sin duda echan de menos los tiempos en que en el saco de ETA cabía de todo, y que garantizaban una cantidad de fondos a los que nadie podía rechistar, sigue necesitando de enemigos internos para que nadie cuestione su monopolio de la violencia. Sean yihadistas, feministas o anarquistas, SIEMPRE habrá colectivos o formas de lucha que pasen a ser lxs enemigxs número uno. No se puede concebir un Estado garante de la seguridad sin una antítesis.
La forma de encajar algunos sabotajes (ni tantos) con las 45 personas que se las tendrán que ver cara a cara con lxs juezas de la Audiencia Nacional es casi hilarante. Primero, que GAC es una organización terrorista, cuando ni una sola acción ha sido reivindicada por él, por lo que la simple «pertenencia» (según el Poder) puede multiplicar las posibles penas de prisión. Segundo, que este grupo pertenece a una «organización madre» internacional (FAI-FRI). Tercero, que (y esto según los propios autos judiciales) los ataques que se investigan, por coincidencia temporal, se asumen que han sido realizados por GAC.
En el juicio de Mónica y Francisco, esta conspiranoia de nuestros cuerpos de seguridad quedó casi refutada, (volverán con ello, ¡estamos seguras!) puesto que en la sentencia cayeron los cargos de que GAC es una organización terrorista, y donde se dice que la FAI-FRI, desde hace unos 5 años, no está en las lista de grupos terroristas de la Unión Europea.
¿Qué se persigue realmente con estas operaciones? Como apareció en un texto: «No es un ataque contra las ideas como algo abstracto. Detrás de las palabras hay unas prácticas consideradas mucho más peligrosas por el estatus quo actual y contra las que se lanzan estas acusaciones de terrorismo. La misma definición de terrorismo es voluntariamente ambigua para poder adaptarla en función de los deseos y necesidades de la policía y los jueces. Son la autoorganización, la creación de redes de apoyo mutuo y de puntos de encuentro con otras luchas, la extensión de la solidaridad, la creación de comunidades… lo que se ataca».
Y esos ataques tienen varios objetivos: la necesidad de crear un enemigo interno que prestigie sus grandes operaciones policiales; intentar crear, mediante el miedo inherente que provoca la represión, divisiones internas (anarquistas buenxs y malxs, culpables o inocentes, idoneidad o no de los sabotajes y otras acciones…); pérdida de energías y recursos, puesto que muchas actividades que podrían encaminarse a la difusión, la propaganda o el debate se han de dedicar necesariamente a conseguir dinero para costear los innumerables gastos que la represión conlleva; paralización por miedo («uf, es que nos van a pillar a todxs…»).
Pero la represión tiene otros costes, como el desgaste emocional de intentar gestionar colectiva y políticamente estos casos, que quizá son menos públicos y que afectan, además de a esas 45 personas, a amigxs, familiares o colectivos. Está en nuestras manos el que esas consecuencias nos sirvan para aprender, debatir y afilar discursos de forma colectiva, y no para caer en la paranoia o el miedo. Y es que si apuntamos tan alto como para desear el fin de Estados, religiones o jerarquías, no podemos ser tan ilusxs de creer que nos van a facilitar las cosas.
Nota: ¡El 15 de junio de 2016 la Audiencia Nacional ha archivado el caso Pandora II!
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[Ni Dios, ni Amo]
