El reciente encuentro sevillano de ENAPPAL, la red de Asociaciones de Protección del Patrimonio Local, estaba acompañado de traducción en lengua de signos. Intentamos descifrar los gestos de la traductora y reconocemos la palabra «patrimonio»: dos golpes en el pecho, casi un mea culpa, un signo de aflicción. En realidad, es sinónimo de la palabra «mío». ¿Eso es el patrimonio? ¿Lo que es mío, lo que he heredado, ganado, lo que puedo transformar en dinero cuando me convenga? Días más tarde, esto fue lo que nos preguntó un financial manager en ciernes cuando le intentamos explicar a qué nos dedicábamos. Patrimonio, en la literatura científica específica, es todo lo que queremos salvaguardar de nuestro pasado y transmitir al futuro. Lejos de la visión monetaria del manager, es la capacidad de crear memoria colectiva. No es «mío», sino «nuestro». Y a pesar de que las Naciones Unidas no lo reconozcan como uno de los derechos fundamentales, lo es: el derecho de construir nuestra memoria.

Patrimonio y consumo

Todo esto no es tan obvio. Desde hace tiempo, al discurso oficial sobre el patrimonio se le han incorporado palabras como industria y beneficio, que implican que solo se conserve lo que es rentable, con el único objetivo de llenar de contenidos las tardes ociosas de los turistas. El patrimonio hace tiempo que pasó de almacén de la memoria a caja de caudales.

Algunos patrimonios se venden mejor que otros. Una taquilla y un torno garantizan una buena caja con las visitas a los restos romanos de la Encarnación, como parte del reclamo turístico del edificio pagado con dinero público y cedido en concesión por cuarenta años a la constructora Sacyr. Baje al subsuelo y pague por ver la Sevilla antigua; suba al mirador y pague por ver la Sevilla moderna. Y, mientras, el recuerdo de nuestro pasado más reciente —del antiguo mercado de abastos que ocupó esa plaza hasta 1970 y que ha quedado reducido a unos pocos puestos asfixiados por los contratos de alquiler con la concesionaria— se pierde en el olvido. ¿Por qué no debe ser recordado? ¿Tal vez porque cuenta una historia de nombres comunes? Afortunadamente, el futuro de la memoria está garantizado: las setas ya son patrimonio de los movimientos, después de su ocupación el 15M de 2011.

Cuando aparece el beneficio económico, desaparece el derecho a disfrutar del patrimonio. El Patio de los Naranjos fue incorporado temporalmente a la visita de pago de la catedral de Sevilla en 1992: a pesar de las protestas ciudadanas reclamándolo como espacio público, sigue siendo accesible solo previo pago del óbolo al obispado. Pero si el beneficio que genera el patrimonio es de la Iglesia, no lo es tanto el peso de su conservación: recientemente, el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo la concesión de una ayuda de 105 568,64 euros para rehabilitar el convento de San Leandro. Y, mientras, olvida y condena a la ruina a la Casa Palacio del Pumarejo, del mismo valor patrimonial y, en este caso, de su propiedad. Cuestión de prioridades y de interlocutores.

Patrimonio y propaganda

Que el olvido sea una herramienta de control y propaganda, una privatización simbólica, lo descubrieron la literatura y el cine hace muchos títulos. Fahrenheit 451, El planeta de los simios, Blade runner… las distopías futuristas y los cambios en nuestro entorno nos muestran que no hay mejor manera de manipular la conciencia colectiva que apropiarse del pasado. ¿Cuánta gente de Sevilla recuerda a Casa Cornelio, bombardeada en 1931 por ser el epicentro de los movimientos anarquistas del casco norte? Su recuerdo se ha sepultado bajo la basílica de la Macarena que hoy ocupa el mismo solar. Y allí los devotos rinden homenaje a una talla de madera y una controvertida tumba, con el convencimiento de que este es su patrimonio y no aquel.

Una de las muchas víctimas de la crisis ha sido la ley de memoria histórica. No ha sido necesario derogarla: la falta de presupuesto la ha dejado prácticamente sin efecto. Y, mientras, el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia nos habla de Franco como «generalísimo» y «jefe de Estado», pero nunca como dictador; y nos dice que montó un régimen «autoritario, pero no totalitario», obviando que montó un Estado represivo sobre la tumba de un gobierno democrático; que persiguió y exterminó a sus oponentes. Un libro de texto editado este año contaba que García Lorca fue un poeta que «murió cerca de su pueblo durante la Guerra», y que Antonio Machado «se fue a Francia con su familia, donde vivió hasta su muerte». No olvidemos que, mientras, en Sevilla, el Canal de los Presos —que riega la vega del Guadalquivir desde Peñaflor hasta Lebrija— fue excavado a mano por el trabajo esclavo de presos políticos hasta 1962, siguiendo la política de Redención de Penas por el Trabajo. Odioso eufemismo.

Edulcoramos la historia, amnistiamos a los verdugos y conservamos solo lo que es rentable políticamente.

Memoria como catapulta

Según Galeano, la memoria, más que anclaje, es catapulta. Nos apoyamos en nuestra experiencia para posicionarnos, para actuar, para evitar que vuelvan a repetirse errores del pasado.

Por eso, recordar es también un acto de rebeldía. En nuestro entorno se producen constantemente libros, documentales, denuncias y acciones que promueven participación y apoyo: mujeres de luto taconeando su rabia sobre la tumba de Queipo de Llano, la gente de la Casa Palacio del Pumarejo acometiendo las obras de rehabilitación sin esperar ayudas ni autorizaciones casposas, la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio La Trinidad ganándole terreno a la especulación, el Huerto del Rey Moro gestionando sin ánimo de lucro un preciado espacio patrimonial en el centro de Sevilla…

Que todo esto nos sirva para recordar, para recordar con furia, con rebeldía, resistiéndonos a que —con palabras de Saramago— «se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos».

Estos años atrás se han promovido en Sevilla varias actuaciones urbanísticas de las llamadas «emblemáticas». De esas que, al margen de su beneficio social «tangible», su coste y sus implicaciones, dicen buscarse por su imagen epatante, capaz de convertirse en icono que proyecte de la ciudad una imagen de progreso y modernidad, atrayendo inversiones y visitantes. La clásica muletilla-vaselina de la creación de puestos de trabajo también va en el «kit comunicativo».

«Las setas» de la Encarnación, la biblioteca del Prado y la Torre Cajasol (o Pelli) son ejemplos de ello. Y buena parte de lo que expondremos puede ser de aplicación, con matices, a estas tres (y otras muchas) operaciones «emblemáticas». Pero aquí nos centraremos en el rascacielos que están alzando en la isla de la Cartuja y a la operación urbanística donde este se incluye.

Y es que hay sobradas razones para oponerse a este complejo de oficinas, comercial y de ocio llamado Puerto Triana, con su rascacielos-estandarte de casi 180 m de altura. Una labor en la que se ha esforzado la Plataforma Ciudadana Contra la Torre Cajasol ¡Túmbala!¹, nacida en 2009, que aglutina una veintena de entidades sociales: patrimonialistas, ecologistas, universitarias, vecinales… Y que se ha basado en argumentos como los que apuntamos a continuación.

Cuestión patrimonial

En relación con la cuestión patrimonial, ¡Túmbala! ha estado en total sintonía con el informe que en noviembre de 2008 emitió Icomos —la entidad que asesora a la Unesco (ONU) en materia de patrimonio cultural— donde señalaba con rotundidad que esta torre amenaza los valores paisajísticos del área donde se hallan los edificios sevillanos declarados Patrimonio Mundial: Catedral, Archivo de Indias y Alcázares. El informe pedía que el proyecto se reformulara y recomendaba a la Unesco la inclusión de esos bienes en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Las peticiones de la Unesco de que el proyecto se parara y reconsiderara, así como la posibilidad de que Sevilla entrara en tan deshonrosa lista, se dieron durante cuatro años. Mientras, la torre seguía alzándose. Finalmente, en junio de 2012, dicha institución terminó «claudicando», al dejar ya de pedir la paralización y descartar incluirnos en esa «lista negra». No sin antes volver a señalar la inadecuación de tamaña torre en ese enclave y censurar la falta de consultas y debates, así como la política de hechos consumados perpetrada por promotores y administradores.

La movilidad

En cuanto a la movilidad, este complejo —que albergará un aparcamiento de 4000 plazas— generará un grave impacto sobre el tráfico en uno de los nudos del viario metropolitano ya más tensionado. A medio plazo, ello determinará la ampliación de las infraestructuras de movilidad en la zona, repitiéndose una vez más la jugada: gasto público para financiar beneficios privados.

Sin ir más lejos, asistimos ahora a la pretensión del Ayuntamiento de que la pasarela peatonal prevista sobre el río, cerca de la gasolinera de Torneo, sea un puente rodado de cuatro carriles para «aliviar» lo que se nos viene encima. Una «solución», por lo demás, que no resolverá nada, como advierten las especialistas.

Incumplimiento de normativas

Con relación al incumplimiento de normativas, las razones de crítica tampoco son baladíes; ni pocas: con ellas se elaboró el prolijo informe Libro Negro de la Torre Pelli², de más de 100 páginas, en el que especialistas analizaban la actuación a la luz de la legislación urbanística y patrimonial. Y el panorama era, es, desolador, dado el cúmulo de alegalidades, cuando no flagrantes ilegalidades que arrastra este proyecto.

Pero, en esta materia, hay una razón de razones: que dicha burla la hayan efectuado los propios órganos y responsables que han de velar por el cumplimiento de las normas. Unas normas que estos aplican con rigor al personal de a pie, pero que resultan papel mojado cuando quien está por medio «don Dinero, poderoso caballero»…

A nadie pareció importarle que la altura prevista exceda en diez veces la permitida por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla. Tampoco que la edificabilidad supere la permitida ni que se reduzcan las zonas verdes y equipamientos exigidos, como reconociera la Junta de Andalucía en sus informes.

De nada sirvió poner estas irregularidades en conocimiento de los tribunales: no hubo juez que quisiera entrar en el fondo del asunto, despachándose las varias denuncias por meras cuestiones formales interpretativas.

La ética y la estética

Y también hemos luchado contra esta torre por ética y estética, al pretender imponerle a la ciudad su imagen, que es la de la entidad financiera que la yergue, y que representa la preeminencia de la banca, del capital, sobre todo lo demás. No queremos que este monumento al urbanismo de especulación financiera-inmobiliaria que hemos padecido y que padecemos, se convierta en símbolo e hito omnipresente de la ciudad que compartimos, que deseamos construir colectivamente y que dejaremos a las generaciones por venir.

Hace tiempo que las especialistas en la materia saben que la calidad de vida, la habitabilidad… la «modernidad» de las ciudades no se mide en parámetros ya rancios: altura y número de rascacielos; coches, kilos de basura y consumo energético por habitante… Abracemos en verdad la modernidad midiendo y mejorando otro tipo de indicadores; como el grado de participación cívica; el de reutilización y reciclaje; el respeto de los gobernantes a la ciudadanía; la variedad, calidad y reparto equilibrado de la actividad cultural; el porcentaje de viajes realizados a pie, en bici o en transporte público; el cuidado dado a los patrimonios histórico, ambiental y paisajístico; el porcentaje de espacio y edificios accesibles para cualquier persona…

Mejorar estos indicadores «alternativos» también requiere dedicación, gasto y puestos de trabajo. Pero estas inversiones tendrán una sostenibilidad (ambiental, social y económica) mucho mayor que las empleadas en crear (y recrearnos en) fastuosidad.

Con esta torre, los dirigentes políticos y económicos nos dicen que Sevilla será más «moderna». Pero nuestra ciudad, por esa senda, no es que volverá a llegar tarde y mal a «la modernidad», como en tantas ocasiones: es que no estará más cerca sino más lejos de la misma.

A finales de año, una veintena de asociaciones y cooperativas de diversos colectivos manifestaban por escrito su oposición a la ronda urbana SE-35 en Sevilla, mientras en una campaña de recogida de firmas en internet se recibía el apoyo de más de dos mil personas. Concluía así, con casi treinta alegaciones y a raíz del impulso de la Plataforma en defensa del Parque Tamarguillo, el trámite de exposición pública previo a la ejecución de la obra para la que tanto el alcalde, Juan Ignacio Zoido, como la ministra de Fomento, Ana Pastor, habían acordado destinar 52 millones de euros en materia presupuestaria.

En este escenario de austeridad impuesto, asistimos al recorte de la inversión en ciencia, nuevas tecnologías o cultura y a la merma dramática, hasta su práctica desaparición, de las partidas destinadas a los barrios. Pese a que, siguiendo el plan de ajuste del Ayuntamiento, se ahorra calefacción en los colegios y no hay dinero para abrir las bibliotecas por las tardes, el alcalde declaraba disponer de una reserva de crédito de 29 millones para abordar la construcción del primer tramo (de tan solo 2,5 kilómetros de longitud) de la nueva autovía.

Sin embargo, como señala Ecologistas en Acción, la SE-35 no figura ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. De hecho, solo está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento tiene la obligación de revisar —como la propia Junta de Andalucía reconoce— para ajustarse al principio de sostenibilidad de dichos planes. Otros municipios, como Mairena del Aljarafe y Salteras, ya han eliminado esta infraestructura de sus planeamientos por ser innecesaria para la movilidad metropolitana.

A pesar del interés del alcalde, con mayoría absoluta en Sevilla, los Presupuestos Generales del Estado solo recogían un millón de euros para su ejecución. Por tanto, como ya viene siendo tónica habitual, las obras comenzarían sin contar con el presupuesto total de ejecución y sin que conozcamos cómo se financiará su coste final. Esto plantea otras preguntas: ¿por qué genera debate?, ¿a qué se debe tanta urgencia? (paradoja que no caracteriza a nuestra administración). Y, sobre todo, ¿por qué esta polémica obra se presenta como una prioridad absoluta para el gobierno municipal?

Para responder a la primera cuestión es necesario remontarse a la peculiar génesis del espacio donde comienza el trazado de la ronda urbana: el parque fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo. Su cuenca estuvo ocupada por un vertedero incontrolado hasta que, en 1996, a instancias de una asociación juvenil, se aprobó en el pleno municipal el Plan Especial de Parque y, posteriormente, se llevó a cabo con fondos europeos. En total, el presupuesto invertido superó los 30 millones de euros.

El origen reivindicativo del parque — gracias al trabajo de las asociaciones locales implicadas decididamente en su recuperación— adecuando las obras públicas a las necesidades del entorno, poniendo en marcha proyectos y dinamizando el parque para un sector de la periferia con más del 50% de paro, ha extendido entre la población la necesidad de disponer de espacios libres. Las actividades llevadas a cabo a lo largo de casi dos décadas para salvaguardar el Parque Tamarguillo han hecho posible su existencia y ello forma parte de la raíz misma y de su valor más importante: la cultura de disfrute y respeto por la naturaleza, la actividad saludable al aire libre, así como un ambiente de convivencia alegre y humano, que contrasta con las prioridades de la sociedad de consumo, el beneficio privado y el egoísmo personal.

Recientemente, han sido publicadas noticias sobre la apertura inmediata de un expediente de infracción por parte de la Unión Europea a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento al considerar que no cumple con la Directiva de Impacto Ambiental. De confirmarse la cancelación definitiva de la SE-35, se habría puesto fin al último intento de continuar con el modelo económico que nos ha traído hasta la actual crisis. Pero hasta entonces, la situación levanta suspicacias. Quizás responda más al temor que despierta la posibilidad de llegar de nuevo a un punto G (de Gamonal) que a cuestiones plenamente administrativas.

A pesar de la cercanía de la A4 —auténtica arteria que irriga instalaciones aeronáuticas, industriales y comerciales—, las autoridades plantean la SE-35 como irrenunciable argumentando la conectividad urbana del entorno. Según figura en el proyecto, cercenará por la mitad el parque sobre un talud de tierra, sin viaducto alguno, canalizando los arroyos Tamarguillo y Ranillas a su paso. Los barrios colindantes, el parque y la actividad agrícola de los terrenos adyacentes se verán afectados de forma radical por su trazado, lo que va en contra de las políticas europeas de sostenibilidad. Según el alcalde, la operación está estrechamente ligada a la implantación de la segunda tienda IKEA y se convierte de este modo en un ariete político con el aliciente de la creación de empleo. Para instalarse en el municipio, la multinacional sueca exigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo una recalificación en el PGOU, que se llevó a cabo, triplicando la superficie edificable de los terrenos de San Nicolás Oeste.

Sin embargo, a pesar de la existencia de alternativas, la modificación para desviar la SE-35 es presentada por el delegado de Urbanismo como un reto casi imposible. No deja de ser otro caso de especulación urbanística que beneficiaría claramente ciertos intereses privados en detrimento de la economía local. Se pretenden destruir puestos de trabajo consolidados en el sector agrícola y mercantil por otros de carácter precario o restringidos al tiempo de duración de la
obra. Y, más frustrante aún, con el erario público repitiendo el patrón que ha llevado a la situación de crisis de la que somos herederos ilegítimos. Resulta cuanto menos paradójico que la rehabilitación preferente de Parque Alcosa no encuentre financiación para con tratar mano de obra o que en el interior del parque haya un Centro de Formación Profesional cerrado por falta de recursos. Si lo que realmente prima es acabar con el desempleo, ¿por qué no se desarrolla el tejido productivo existente con el mismo interés que se tramitan las grandes áreas comerciales?

Como apunta Esteban de Manuel en su artículo Aprendiendo de la operación IKEA, este caso ilustra muy bien cómo se ha hecho el urbanismo en los últimos años y hasta qué punto este modo de proceder, basado en una ilusión de crecimiento y sustentado por mecanismos especulativos, ha demostrado ser manifiestamente insostenible. Los ayuntamientos se han financiado fundamentalmente a base de convenios y licencias de obras. En el caso que nos ocupa, los propietarios pagaron al Ayuntamiento 20 millones de euros al suscribir el convenio, en virtud del cual este suelo rústico, de alto interés agrícola, pasaría a ser urbanizable y haría posible la infraestructura urbana, considerada necesaria para la viabilidad de la operación. Pero esos ingresos, como ha sido norma en muchos ayuntamientos, se destinaron a financiar otras operaciones, confiando que en el futuro nuevos convenios e ingresos por licencias financiarían a su vez la SE-35. Este proceso, que alimentó la burbuja inmobiliaria, fracasó estrepitosamente dejando un nivel de endeudamiento municipal que nos va a lastrar en las próximas décadas.

Sobreexplotado, desplazado, contaminado… Nuestro río Guadalquivir se nos va. El nuevo proyecto de dragado de río, aún más profundo que el actual, puede terminar por darle la puntilla a nuestro malherido amigo.

Y dentro de mí, y de muchas personas más que piensan como yo, algo se remueve y se llena de rabia, más aún cuando todo este daño se pretende realizar con dinero público. Guadalquivir, ¡no te vayas todavía, no te vayas por favor!

Sevilla y el Guadalquivir: una relación de amor y odio

La historia de la ciudad de Sevilla y el río Guadalquivir ha sido una relación de amor y odio. Las ventajas de asentarnos junto a un río rico en recursos naturales han sido cruciales en la historia sevillana. Pero los ríos son salvajes, cambiantes e impredecibles, algo que nos cuesta entender. Por eso, Sevilla ha estado marcada desde sus orígenes por el miedo a las inundaciones y la lucha por mantener de forma artificial una comunicación comercial con el mundo a través de un río navegable.

Desde hace unos 200 años la maquinaria urbano-agroindustrial ha ido engrasándose hasta ser capaz de transformar el paisaje planetario a velocidades vertiginosas. Una de las sociedades científicas más prestigiosas de geología, Geological Society of London, consideró que el Holoceno, etapa milenaria en la que se han desarrollado las distintas civilizaciones humanas, ha terminado para dar paso a otra era histórica marcada por la incidencia de la «especie humana» en el planeta Tierra (1). Los ríos son quizás uno de los ecosistemas más maltratados: 1 de cada 10 grandes ríos no llega a desembocar en el mar y, de promedio, la mitad de los ríos del planeta posee al menos un gran embalse (2).

Fuertemente transformado desde hace más de 200 años

Los ríos han sido fuertemente transformados. El Guadalquivir no es una excepción. Ni su propia madre lo reconocería en su tramo bajo. Desde hace poco más de 200 años sus llamadas «vueltas» (meandros) han sido anegadas rectificando su trazado mediante «cortas» que han supuesto que la distancia de Sevilla al mar pasara de los 128 a los 80 kilómetros actuales. Los brazos en los que se dividía el Guadalquivir aguas abajo de la ciudad han sido reducidos a un solo cauce, que actualmente se draga para mantener una profundidad de 6,5 metros y permitir así la entrada de buques mercantes. El trazado a su paso por Sevilla ha sido también muy transformado desde hace siglos. Pocas personas conocen que el río recorría la actual Alameda de Hércules (La Laguna), la calle Sierpes o Plaza Nueva (antigua Laguna de la Pajería).

A estas grandes presiones y transformaciones del río Guadalquivir en su tramo bajo hay que añadirle la contaminación y la demanda de agua en continuo aumento (principalmente para la agricultura de regadío) que ocurre en buena parte de su recorrido y sus afluentes. Así que, pese a discurrir junto al Parque Nacional de Doñana, el Bajo Guadalquivir está fuertemente alterado.

La puntilla para el Guadalquivir: el nuevo proyecto de dragado

La Autoridad del Puerto de Sevilla, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, lleva desde 1999 tratando de que se apruebe el nuevo dragado de profundización del Guadalquivir. El dragado ampliaría la profundidad del Guadalquivir desde los 6,5 hasta los 8-9 metros, permitiendo la entrada de buques mayores (de hasta 10 000 toneladas). Tras la entrega de la memoria del proyecto y el proceso de información pública, el ministerio daba luz verde al proyecto en 2003 con su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. Pero la DIA se olvidó —¡qué despiste!— de la opinión del Patronato de Doñana contra el proyecto. Así que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acordó junto con la Autoridad Portuaria y el Patronato de Doñana la creación de una sola comisión científica que estudiara con rigor las afecciones del nuevo dragado.

Como resultado de esta comisión, en 2010 vio la luz uno de los estudios científicos más completos sobre un estuario de río: Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir. El estado catatónico del Bajo Guadalquivir quedó más que demostrado.

El estudio, realizado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y coordinado por Miguel Losada y Javier Ruiz, concluye que el río no soportaría una profundización del actual dragado (de los 6,5 actuales hasta los 8-9 metros de profundidad). No por el impacto del proyecto en sí, sino por la multitud de presiones a las que actualmente se ve sometido el Bajo Guadalquivir. El estudio aboga por una «gestión integral de los recursos naturales». Es decir, para que este dragado fuese ambientalmente «viable» debería acometerse primero la restauración del estuario que obligaría a sentar en una misma mesa a todas las partes implicadas para ver cómo se disminuye la presión humana sobre el río.

¿Cómo finalizará el culebrón?

La cosa aún se complica más para el Guadalquivir. La recién estrenada esclusa, que ha costado unos 160 millones de euros, no sirve para nada si no llegan barcos de mayor calado, condicionando su utilidad a la realización del nuevo dragado. Por lo que la Autoridad Portuaria intentará por todos los medios sacar adelante el proyecto. Para ello cuenta con bastantes apoyos. Sin embargo, actualmente tiene en contra a otros grupos: arroceros, pescadores, empresas de acuicultura, sindicatos de Cádiz y Málaga, ONGs, Patronato de Doñana…

De momento, el Ministerio espera a que la Autoridad Portuaria le envíe un nuevo proyecto, el definitivo, que asegure que no perjudicará al entorno de Doñana ni a los arroceros… ¿se olvidaron de los pescadores?

En breve volveremos a escuchar eso de que «la protección del Medio Ambiente está garantizada», así que, ¡prepárense para salir de sus galerías!

(1) El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial. Ramón Fernández Durán, 2011.

(2) Impactos ambientales de las presas de Alcalá del Río y Cantillana sobre las comunidades acuáticas del Bajo Guadalquivir. Carlos Fernández Delgado, 2009.

Desde 2011, en Sevilla se ha desarrollado una particular red de asambleas de barrio, en gran medida gracias al revulsivo que supuso el 15M, aunque también gracias a la herencia de trabajos y proyectos que datan de un periodo anterior. Aunque desde aquellas fechas algunas asambleas hayan desaparecido y otras hayan visto frustrados sus proyectos, hay que remontarse mucho tiempo atrás para ver tanta gente, tan diversa y de barrios tan diferentes, coordinados con objetivos de transformación social.

La mayor expresión práctica de esta red de asambleas ha sido una destacable labor en el ámbito del problema de la vivienda. En un contexto de desempleo masivo, pauperización y desahucios, esta red ha resultado decisiva en la organización de las principales víctimas de la crisis. La expresión más conocida de este entramado han sido las ocupaciones masivas y populares, autodenominadas «corralas», que se han desarrollado en el último año y medio en la ciudad y que se han podido extender más allá de sus límites.

Aterrizando en los barrios  

Tras las masivas manifestaciones y las acampadas del 15M, el movimiento de allí surgido planteaba en principio reivindicaciones globales en torno a la mejora de la democracia y críticas a la clase política. No obstante, enlazando con la crítica al sistema de democracia representativa, el movimiento encontró en el vecindario el espacio natural de militancia, descentralizándose en pequeñas asambleas. En estas, organizaciones previas y discursos de los movimientos sociales sevillanos se encontraron con una nueva generación de activistas. Asimismo, el aterrizaje en los barrios populares hizo que las grandes reivindicaciones políticas se enfrentaran con las problemáticas locales y concretas, presentándose con mayor urgencia el tema del paro y la vivienda.  

Hasta el momento, la intervención en la problemática del desempleo se ha limitado a algunas asambleas y no ha tenido toda la repercusión que fuera deseable. No obstante, el trabajo en el ámbito de la vivienda ha dado resultados muy palpables. Desde 2011, el movimiento a nivel del estado español, aliado con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se volcó en la lucha contra los desahucios. Sevilla no fue una excepción en ese sentido, y fueron varios los desahucios frenados aquel verano. Aquí, la estructura de asambleas de barrio sirvió, desde un principio, para contactar con los amenazados por el desalojo y organizar la resistencia al mismo. Las acciones de este tipo se encontraban y se encuentran fuertemente legitimadas, y muchas de ellas fueron seguidas masivamente por los vecinos, dando una muestra de la potencialidad de la solidaridad popular.  

Despegando con la Intercomisión de Vivienda  

Una de las estructuras informales más significativas que se crearon en el contexto del 15M sevillano fue la Intercomisión de Vivienda. Aquí se encontraron gentes de las distintas asambleas de barrio con activistas y organizaciones por el derecho a la vivienda que trabajaban en la ciudad desde hacía mucho tiempo.

Tras unos comienzos en los que la urgencia de parar los desahucios no permitía ver la importancia de mejorar la organización y las herramientas disponibles, en 2012 se dio un gran salto adelante con la conformación de una red de Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVEs), apoyados en las asambleas de barrio. En cada una de estas oficinas, un abogado y uno o varios activistas asesoran a las familias. Hipotecados bajo amenaza de desahucio, inquilinos que no podían pagar sus alquileres o personas que habían perdido su hogar y se encontraban prácticamente en la calle, pasan por allí.  

Desde que empezaron a funcionar, el mayor mérito de estos espacios no ha sido proporcionar una buena información legal, que también ha estado presente, sino el propiciar que los afectados se organizaran en grupos en los que encontrar apoyo y luchar por una causa común. Desde estos grupos se ha proporcionado apoyo moral, se ha presionado para conseguir la dación en pago de viviendas y se han realizado campañas para cambiar las leyes injustas. De uno de estos grupos surgió la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla en 2012 y de otro, ese mismo año, surgió la primera ocupación colectiva y pública del movimiento.  

En mayo de 2012, apoyadas principalmente por la asamblea del 15M del distrito Macarena, 38 familias ocuparon 4 edificios deshabitados, propiedad de una entidad bancaria, al que denominaron «Corrala La Utopía». El ejemplo se extendió rápidamente y el 5 de junio otras 5 familias ocuparon la «Corrala Conde Quintana». En los meses siguientes se abrieron cuatro corralas más en el municipio de Sevilla y otras cuatro en el área metropolitana, alojando a un total de 145 familias, a las que se suman múltiples ocupaciones individuales y no publicitadas que se apoyan en la estructura de PIVEs y de asambleas de barrio del 15M. Posteriormente, el modelo se expandiría a otras ciudades andaluzas, con hasta cuatro ocupaciones masivas en Málaga o con la ocupación de una barriada por 164 familias en Huelva. Muchas de estas corralas se encuentran hoy en situación precaria, sin luz y sin agua, otras han sido desalojadas y otras buscan la forma de regularizarse, bien negociando con la propiedad, bien buscando la intermediación de la Junta de Andalucía.  

Volando hacia el futuro  

En dos años, el movimiento por la vivienda de Sevilla, fundamentado en las asambleas de barrio, se ha convertido en un importante referente y ha acumulado una experiencia de gran interés. Ha conseguido conformar una estructura estable, a partir de la cual se conecta con la población más castigada por la crisis y que, en el mejor de los casos, permite que una parte de la misma se organice. Además, las acciones llevadas a cabo cuestionan la legitimidad de un sistema que protege la propiedad antes que a las personas y sitúa el debate en la raíz del problema. No obstante, es mucho el camino que queda por recorrer.  

El movimiento ha cometido errores y ha de aprender de ellos. Muchas veces se ha actuado con precipitación y pocas veces se ha pensado en estrategias a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, el potencial es grande y los logros conseguidos hasta el momento no son pocos. El tiempo dirá si las asambleas de barrio y las corralas son flor de un día o, por el contrario, se convierten en un referente político de la ciudad con influencia social real.