Aprobada y en vigor la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía Los escollos a su implementación residen en que necesita ser desarrollada con protocolos y reglamentos

El 24 de junio pasado fue una fecha clave para los derechos de las personas transexuales, así como para el resto de ciudadanía: se aprobaba en el Parlamento andaluz una ley que libera por fin a este colectivo de la tutela médica, reconociendo a las personas transexuales el derecho a autodeterminar el propio género sin diagnóstico previo ni condiciones de ningún tipo. Una ley de similar importancia a lo que en su momento supuso el matrimonio igualitario para la equiparación de gays y lesbianas al resto de la población, aunque no esté teniendo tanto reconocimiento ni atención mediática. El texto, que entró en vigor el 19 de julio, ha nacido directamente del trabajo y la presión ejercida por el movimiento trans, representado por la Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA-Silvia Rivera y Conjuntos Difusos, colectivo, este último, radicado en Granada. Un trabajo de cinco años que finalmente logró el consenso de todos los partidos del Parlamento andaluz, pero que ha sido apoyado y defendido principalmente por el grupo de IU y su Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS).

Hablamos con Mar Cambrollé —presidenta de la ATA y persona clave en este proceso—, que nos cuenta el cansancio y el desgaste emocional que ha supuesto la lucha por la aprobación de la ley. Al mismo tiempo, expresa su satisfacción por haberlo logrado ya que se trata de un texto pionero a nivel internacional que aborda los derechos de las personas transexuales de forma integral, contemplando distintas áreas como la atención sanitaria, el ámbito educativo, el ámbito de la acreditación legal de la identidad o el terreno laboral y social, situando al colectivo por primera vez en igualdad de derechos con el resto de la población. Por dos veces las asociaciones tuvieron que amenazar con iniciar huelgas de hambre porque el proceso de tramitación se paralizaba. En estas dificultades ha tenido bastante que ver el grupo parlamentario del PSOE: primero puso objeciones al borrador presentado por los colectivos e IU y, finalmente, se sumó a la iniciativa cuando empezaba a tramitarse en el Parlamento.

Tanto Mar Cambrollé (de ATA-Silvia Rivera) como Pablo Vergara (representante de Conjuntos Difusos) muestran su convencimiento de que los reparos del PSOE a la ley se debieron en gran medida a la cuestión de la atención sanitaria. De hecho, el articulado de la ley recoge finalmente una disposición adicional primera donde se garantiza la existencia de una unidad de atención sanitaria en materia de transexualidad, punto al cual se han opuesto los colectivos. Estos defienden la descentralización de esta atención y la equiparación de las personas transexuales con la población general en el acceso a la cartera general de servicios médicos del Sistema Andaluz de Salud para hacer frente a sus necesidades.

La atención especializada existe desde hace 14 años en la Unidad de Transformación de Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga. Esta unidad supuso en su día un avance respecto a la inexistencia de cobertura pública para las operaciones de cambio de sexo, pero con los años se ha convertido en una fuente de sufrimiento y queja para gran parte del colectivo transexual. «Primero, porque nos segrega —afirma Mar Cambrollé—, y la segregación implica una estigmatización; y segundo, porque nos patologiza, porque usa unos procedimientos arcaicos y que entienden que la transexualidad es un trastorno de la identidad y, por lo tanto, están basados en descartar patologías mentales, lo cual es altamente discriminatorio porque sitúa a todas las personas transexuales como sospechosas de ser enfermos mentales». Para Cambrollé, la UTIG de Málaga ha venido «vulnerado sistemáticamente en sus procedimientos y praxis los derechos a la intimidad, al honor y, el más importante, a la dignidad» de las personas transexuales a través del examen psicológico evaluativo que es necesario pasar para acceder al tratamiento de hormonación y a la cirugía (por este orden, obligatoriamente). En estos exámenes se realizan test humillantes que se concretan en preguntas como: «¿te tocas?», «¿qué relaciones sexuales tienes?», «¿tus padres tienen relaciones sexuales?, ¿con qué frecuencia?, ¿son satisfactorias o no?», «¿te gusta ser bombero o ser azafata?», «¿te gusta el color rosa o el celeste?». Sus procedimientos vulneran declaraciones internacionales de derechos humanos como los Principios de Yogyakarta (2007), el informe temático Derechos humanos e identidad de género del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009) y la Resolución del Consejo de Europa 1728 (2010) sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, en la que se afirma que el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por ningún procedimiento médico obligatorio.

Mar explica además que «las personas transexuales, al contrario de lo que nos ha hecho creer el discurso biomédico, no necesitamos tratamientos específicos. Todos los tratamientos que recibimos, desde los tratamientos hormonales a los quirúrgicos, son usados en numerosas ocasiones por el resto de la población no transexual. Basten estos ejemplos: una mujer que tiene el síndrome premenopaúsico necesita estrógenos, los mismos que necesita una mujer transexual; una mujer con hirsutismo, exceso de vello facial o de otro tipo, es tratada por la sanidad púbica con antiandrógenos, los mismos que usan las mujeres transexuales; un hombre que desarrolla ginecomastia, que es aumento de mama, se enfrenta a los mismos problemas que un hombre transexual. Y en ninguno de estos casos, para obtener estos servicios sanitarios, la gente es segregada en una unidad especial ni sospechosa de ser enferma mental, por lo tanto, se rompe el principio de igualdad y de no discriminación. Yo creo que la psiquiatría debe apartarse y no intervenir en los procesos de transexuales. Nos ha hecho muchísimo daño el discurso biomédico que ha patologizado la transexualidad difundiendo conceptos que han perpetuado la discriminación y nuestra consideración como seres de segunda categoría, como personas que viven «en un cuerpo equivocado», como «errores de la naturaleza», como «hombres atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa»… Todos estos conceptos los ha difundido el discurso biomédico porque niega la transexualidad como una expresión de la diversidad humana».

Otra de las condiciones que impone la UTIG, como hemos comentado, es un determinado orden en el proceso de cambio de identidad de género. Primero hay que superar la evaluación psicológica (desde la ATA nos comentan que hay personas que se han llevado dos y tres años en esta etapa), después viene el acceso al tratamiento hormonal (dos años) y finalmente la operación de cambio de sexo. En los hombres transexuales, esta operación viene acompañada de forma obligatoria por una histerectomía, es decir, por un vaciado de los órganos genitales femeninos. Las asociaciones defienden que los procedimientos no estén estandarizados de esta forma. Por ejemplo, un hombre transexual prefiera probablemente acceder primero a la mastectomía y después al tratamiento hormonal, porque de lo contrario, el tener pechos cubiertos de vello le impedirá mantener relaciones íntimas o ir al gimnasio o la playa. La histerectomía, por otra parte, debería ser opcional y no obligatoria como lo ha sido hasta ahora. Esta esterilización obedece según Cambrollé a «una concepción binarista y excluyente de las posibilidades que nuestra biología como seres diversos nos ofrece». Y está ideada, básicamente, para que un hombre transexual no pueda dar a luz.

Con la nueva ley, priman los criterios de proximidad entre las personas usuarias y los centros sanitarios, el acceso a la cartera básica de servicios del SAS por las personas transexuales, así como la elección por parte de las personas de los tratamientos que desean o no recibir (por ejemplo, hormonación pero no necesariamente operación de cambio de sexo). Esta es una cuestión que las asociaciones van a tener que seguir peleando y negociando con las autoridades sanitarias hasta que se desarrolle el reglamento o el procedimiento en el capítulo sanitario de la ley: por el momento, se sigue remitiendo a la gente a la UTIG de Málaga. Desde la ATA piensan seguir presionando para que se desarrolle el reglamento y se haga en colaboración con las asociaciones de transexuales, tal y como recoge obligatoriamente la ley. Para Conjuntos Difusos, sin embargo, el hecho de que la ley necesite de desarrollos posteriores, así como la inclusión de la disposición adicional, constituyen razones suficientes para abandonar las negociaciones.

Otro de los aspectos de la ley con el que está en desacuerdo Conjuntos Difusos es el de la acreditación legal de la identidad. La ley ha dispuesto que las personas transexuales puedan acceder a una tarjeta con la identidad de género elegida que sería válida ante la administración pública andaluza y serviría para cambiar todos los registros en el ámbito andaluz donde aparezca el nombre y sexo de la persona transexual. El uso de esa tarjeta específica requerirá un desarrollo reglamentario de la ley. Para Conjuntos Difusos, este trámite debería poder realizarse directamente con una certificación. Mientras tanto, además, serán las asociaciones las que tendrán que seguir ejerciendo presión sobre las distintas administraciones andaluzas, caso por caso.

El único protocolo que por el momento se ha aprobado es el de educación: aunque el consejero se comprometió a que estuviera listo para implementarse en el curso escolar 2014-15, todavía no ha entrado en vigor. Esto obliga a la ATA, por ejemplo, a seguir asesorando a centros educativos que desconocen la ley y ponen reparos a que los menores, debidamente autorizados por sus tutores legales, puedan expresarse y vestirse de acuerdo a la identidad de género elegida, que el nombre designado por ellxs aparezca en la lista de clase o en los boletines de notas, o que se les permita utilizar los servicios y vestuarios de los centros en coherencia al género que viven y expresan.

En el ámbito sociolaboral —en el que las personas transexuales sufren una fuerte discriminación—, la ATA va a demandar la puesta en práctica de acciones positivas para el acceso al empleo: descuentos en la Seguridad Social para las empresas que les contraten o reservas de empleo en la administración pública y las empresas subcontratadas.

Se abre ahora un periodo interesante y decisivo en el que se revelará si el Gobierno andaluz tiene realmente intención de aplicar la ley, desarrollando los reglamentos y protocolos necesarios, o pretende que se quede en un gesto a la galería sin contenido real. Estamos seguras que desde la ATA y Conjuntos Difusos van a seguir peleando para que la reforma —que es muy positiva para el colectivo transexual y viene a reconocerles lo que consideran un derecho humano fundamental, la autodeterminación de género— vaya hacia adelante.

La gestión de la mina de Aznalcóllar, al igual que la de Cobre Las Cruces, constituye un ejemplo paradigmático de la política que lleva a cabo la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma en relación a la minería y que se basa en la creencia errónea de que la explotación minera constituye una salida al desempleo.

Para empezar, hablar de Aznalcóllar es hablar de una entelequia ya que se desconoce incluso la cantidad exacta de mineral que existe en la mina. Según los sondeos realizados en su día por Boliden, podría haber 35 millones de toneladas, con posibilidad de otros 45 millones más. Aún así, el Estado y la Junta han acordado establecer un procedimiento de urgencia para acelerar la reapertura de la mina. Se prevé conceder simultáneamente el derecho de investigación y de explotación. El objetivo de ambas administraciones es volver a explotar la mina en los primeros meses de 2015, tal y como ha manifestado la presidenta andaluza Susana Díaz.

A día de hoy, las multinacionales México Minorbis —formada por la andaluza Magtel y Grupo México— y Emerita-Forbes Manhattan han superado los requisitos exigidos para acceder a la primera fase del concurso internacional para explotar la mina.

Sin embargo, con las dificultades que plantea una mina con bajo contenido en cobre, con pocas toneladas ciertas, con una dificultad enorme para tratar el mineral, sin poder hacer balsas de lodos (ya que eso supondría repetir el desastre de Boliden), su reapertura no se antoja fácil.

En cuanto a la cuestión laboral, es cierto que la minería puede crear puestos de trabajo, pero son transitorios ya que, al tratarse de una industria basada en la explotación de un elemento no renovable, una vez agotado el mineral se acaba el empleo.

Tampoco hay que olvidar que la reapertura de la corta de Los Frailes afectaría al Corredor Verde del Río Guadiamar, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y objeto, por cierto, de las intensas labores de regeneración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.

Catástrofe que constituye un episodio sencillamente traumático para la provincia de Sevilla y más aún para la comarca del Corredor de la Plata. Recordemos que como consecuencia de aquel siniestro, la multinacional sueca Boliden-Apirsa abandonó la explotación de Aznalcóllar, que entonces sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar fue necesario un costoso programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros del erario público. De hecho, la Junta de Andalucía sigue reclamando a Boliden el elevado coste de los trabajos.

Otra explotación minera considerada buque insignia de la provincia es Cobre Las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum. Buque insignia que si no ha tenido consecuencias terribles hasta el momento ha sido, en parte, gracias a la presión de Ecologistas en Acción. Durante estos 12 años se ha conseguido la instalación de una planta de ósmosis inversa (que ha evitado parte de la contaminación del acuífero con residuos) con un coste de 32 millones de euros y en la que trabajan 15 personas.

Cobre Las Cruces es un proyecto que comenzó mal desde el principio, al permitirse abrir una mina a cielo abierto. La excusa fue la posibilidad de obtener un 25% más de aprovechamiento del mineral si se hacía en estas circunstancias. Para lograrlo, la empresa llegó a amenazar con la no apertura de la explotación. El permiso fue concedido.

Una vez abierta, continuaron los problemas. El mineral está bajo el acuífero de Gerena-Posadas, considerado estratégico para el consumo humano pero cuyo drenaje es imprescindible para extraer el mineral. Lo que quiere decir que es necesario devolver de algún modo el agua que sacan para que no se vea afectado dicho acuífero. Ante una cuestión tan complicada de resolver, idearon un sistema llamado de drenaje y reinyección (SDR) cuyo cometido era devolver toda el agua extraída y sin contaminar. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) concedió un permiso de extracción máxima de 180 000 m³/año del acuífero, de los cuales 20 000 eran para uso doméstico en las instalaciones de la mina y 160 000 para uso en la actividad metalúrgica.

Sin embargo, el SDR no ha cumplido nunca con los objetivos exigidos en la declaración de impacto ambiental de 2002. En 2008, ante las denuncias de Ecologistas en Acción, se tuvo que cerrar la mina durante un año porque el sistema de drenaje ni evitaba la contaminación con metales pesados del acuífero, ni evitaba la extracción de agua por encima de los 160 000 m³/año previstos y autorizados. Para poder continuar con la explotación minera, la compañía tuvo que invertir casi 40 millones de euros en el llamado Plan Global de Aguas, consistente en añadir sistemas de depuración al sistema de drenaje.

Desde 2009, Ecologistas en Acción ha denunciado que ese Plan Global era un fraude, porque sigue sin evitar la pérdida de casi un millón de m³/año de agua del acuífero.

Cinco años después, se siguen produciendo daños, ante la dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente y de la CHG. A pesar del magnífico equipo de márketing de la empresa, que ha intentado vender la complejidad y utilidad del invento, la realidad de sus defectos se ha hecho evidente.

No obstante, una vez demostrada la falta de eficacia del sistema drenaje-reinyección y de los filtros añadidos posteriormente, la compañía ha sido autorizada por la CHG a recargar el acuífero con el vertido de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerónimo que, según estudios de la propia Confederación, tiene un gran contenido de productos farmacológicos en suspensión. Esta solución conllevaría la construcción de una estación regeneradora de aguas residuales (ERAR) para tratar los vertidos que vienen de la EDAR. Otro intento de matar moscas a cañonazos cuya paralización también ha solicitado Ecologistas en Acción.

Lo que pretendemos decir es que un proyecto considerado modélico por la Administración, es un proyecto que improvisa en cosas esenciales y que aún tiene por delante algunos años para sorprendernos negativamente.

En definitiva, la minería es una economía destructiva cuando el objetivo debería ser la creación de una economía centrada en lo local. La Administración ha de fomentar firmemente la creación de empresas y, a ser posible, de empresas agroalimentarias, que es donde está nuestra verdadera riqueza, destinadas a abastecer los mercados locales, evitando, de paso, el sinsentido de los alimentos kilométricos.

Decir de lo que es, que no es, o que lo que no es, es, es falso; mientras que decir que lo que es, es, y lo que no es, no es, es verdadero. Aristóteles

A primeros del año pasado nació la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) con el fin de oponerse al uso de esta técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas natural) por sus graves efectos reales y potenciales en el medio ambiente (aire, superficie, ríos, acuíferos, subsuelo) y, consecuentemente,  en la salud de las personas, en la flora, en la fauna y en la actividad económica tradicional rural.

El fracking también está fatalmente acompañado por la sismicidad inducida y la especulaciónen formato de burbuja económica que de esta técnica se derivan. Sin embargo,su uso está siendo promovido por políticos liberales e industria: por un lado, puede sustituir —aunque sea parcialmente y por un tiempo muy limitado— a los yacimientos convencionales de gas y petróleo, que ya están agotándose; por otro, ya se sabe que una burbuja económica es muy útil para enriquecer a los más listillos, empobreciendo al resto.

Si nos centramos en la situación del gas en Andalucía, a lo largo de la cuenca del Guadalquivirexisten licencias para almacenes de gas, para explotaciones de gas convencionales y para  investigaciones de gas por fracking. Se encuentran en las siguientes fases: 3 almacenes en explotación (18 500 ha) y 2 más en investigación (108 000 ha), 9 concesiones de explotación de gas convencional (98 500 ha), 5 permisos de investigación de fracking en marcha (105 000 ha) y 10 solicitudes, aún no otorgadas, de permisos de investigación de fracking (207 000 ha).

De los 5 permisos de investigación de fracking en marcha, 3 corresponden a la Administración autonómica  (67 000 ha en Jaén y Sevilla) y 2 a la Administración estatal (38 000 ha en Cádiz). Los operadores a los que se ha concedido estos permisos son empresas dedicadas al fracking (la española Oil& Gas Capital y la norteamericana SchuepbachEnergy). La autorización de los 10 permisos de investigación defracking aún no otorgados (207 000 ha en Sevilla, Córdoba y Jaén) corresponden a la Administración autonómica.

Durante el año y medio de trabajo de la PALF, se han impartido decenas de charlas y jornadas de formación —para sensibilizar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales—sobre los riesgos del uso de esta técnica, se han realizado todo tipo de manifestaciones y concentraciones en su contra, y se ha incidido políticamente en partidos y grupos parlamentarios.

Estas acciones han tenido sus frutos:en este corto período de tiempo se han extinguido 8 permisos de investigación de fracking (457 000 ha en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén) por renuncia o desistimiento de sus operadores, además de sucederse declaraciones contra el frackingpor parte de partidos políticos y administraciones públicas andaluzas.

Las declaraciones contra el fracking

Decenas de ayuntamientos andaluces y mancomunidades afectadas han declarado su municipio libre de fracking y se han comprometido a impedir, desde sus competencias municipales, el uso de esta técnica. Las diputaciones de Sevilla, Huelva y Jaén también se han unido. Además, el Parlamento andaluz ha aprobado un par de declaraciones —en formato de proposición no de ley— en sendas comisiones parlamentarias (en junio y octubre del año pasado), que declaraban a Andalucía como «tierra libre de fracking», a la vez que pedían la suspensión de los permisos en marcha, la no concesión de nuevos permisos y el desarrollo de una ley de prohibición del fracking.

En todas estas declaraciones, PSOE, IU, PA y EQUO se han manifestado a favor y PP (con alguna excepción municipal) en contra. Del mismo modo,Gobierno andaluz se ha pronunciado en contra del uso del fracking en Andalucía[1]. Por el contrario, ha habido múltiples manifestaciones del Gobierno estatal a favor del uso de esta técnica.

En mayo pasado, días antes de las elecciones europeas, cerca de 20 partidos políticos —entre ellos, PSOE, PCE, EQUO y Podemos— firmaron una nueva declaración en el Congreso de los Diputados de Madrid. Contrajeron la obligación de prohibir la técnica de extracción de gas natural del subsuelo por fracturación hidráulica en caso de contar con la mayoría parlamentaria suficiente en futuras elecciones. Días después, la Izquierda Plural presentó una propuesta de ley de prohibición del frackingque fue apoyada por el PSOE y que no salió adelante por la mayoría popular de la cámara.

Pasando de la palabra a los hechos

Algunas comunidades autónomas—como Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña— han legislado, en uso de sus competencias, la prohibición del fracking en su Comunidad y la suspensión de los permisos vigentes. Todas estas leyes han sido recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que ha declarado su suspensión cautelar. La primera de ellas, la cántabra, acaba de anulada en junio pasado, al considerar que vulnera la Ley de Hidrocarburos y que una ley autonómica no puede vaciar las competencias del Estado en materia de hidrocarburos.

El Gobierno de Cantabria (por cierto, del PP) ya ha anunciado que seguirá oponiéndose al uso de esta técnica ya que, si la sentencia cierra puertas, abre algunos resquicios en las ventanas. Usarán las potestades legislativas cántabras en materia de medio ambiente, protección de la salud y ordenación del territorio y urbanismo. Y no solo en la Administración autonómica, también en las Administraciones municipales.

En Andalucía se da el único gobierno de mayoría de izquierdas (PSOE e IU) de las Administraciones autonómicas del Estado. Aquí, el mes pasado, IU registró una proposición de ley en el Parlamento andaluz para la prohibición del frackingy la suspensión de los permisos en vigor, pasando así por primera vez, en Andalucía, de las palabras a los hechos.

¿Cuál ha sido la reacción del PSOE ante este hecho? Pues se ha desdicho de sus compromisos, se ha manejado con su habitual ambigüedad y ha anunciado otra proposición de ley que plantea una moratoria de dos años, «que podrá ser prorrogada mientras no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general» [sic].

En este contexto, es importante que la ciudadanía andaluza sea consciente de que, en cualquier momento, las investigaciones de fracking en curso podrían demostrar rentabilidades económicas suficientes a los operadores como para pedir la concesión de explotación —que concede, según la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno del Estado—, lo que garantizaría su autorización inmediata y el comienzo del fracking en Andalucía.

Solo la continua sensibilización y la movilización ciudadana pueden garantizarnos un futuro libre de fractura hidráulica, una técnica aberrantemente cara, peligrosa y contaminante.

[1]    Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano: «El Gobierno Andaluz no permitirá bajo ningún concepto efectuar extracciones de hidrocarburos o prospecciones de gas utilizando la fractura hidráulica», 4 de Abril 2014.

* El documental Gasland, disponible en internet, ofrece amplia información sobre la técnica de fractura hidráulica y sus consecuencias en el entorno.

Durante el año 2013, la Junta de Andalucía ha impulsado un proceso de aportaciones ciudadanas para la tramitación de una Ley de Participación Ciudadana. Un primer anteproyecto se presentó en el 9º Congreso del Voluntariado en mayo de 2013.

Una Participación Ciudadana «de ley»

La democracia consiste en repartir el poder. Una sociedad es más democrática cuanto más distribuido está el poder, cuanta más gente «tiene parte» en la construcción de los objetivos y las decisiones, cuanta más gente interviene en los procesos comunitarios, en la gobernanza, cuanta más gente participa. Este principio, cada día más evidente, todavía no ha penetrado a fondo en nuestros marcos mentales dominantes, todavía no ha conseguido derribar las rígidas arquitecturas de una ideología autoritaria, patriarcal… profundamente arraigada en nuestras cabezas y nuestros corazones.

La Participación Ciudadana, la transparencia y, por extensión, las propuestas de procesos participativos que implican las llamadas nuevas formas de gobernanza, están en el centro del debate público. Esto es posible gracias, en gran medida, al estallido social del 15M, que desbordando las tradicionales organizaciones sociales, sitúa la participación como un eje clave en las nuevas formas de respuesta a las necesidades sociales.

En el marco de nuestra comunidad, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, desde la Dirección General de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, ha impulsado la redacción de una Ley de Participación. Nos parece bien. Valoramos positivamente todos los esfuerzos por mejorar los mecanismos de incidencia de las personas en la gestión pública, pero —como hemos apuntado— existen muchos aspectos que no dependen de la redacción de una ley concreta, que responden más a un modelo cultural, de pensamiento, de valores; íntimamente relacionado con el sistema actual del capitalismo financiero, sus consecuencias sobre la mayoría de la población y los valores que proyectan desde las diversas instituciones.

Entendemos la participación como un medio —lleno de valores y contenido— para conseguir la transformación de la realidad por parte de quienes se sienten afectadas por ella, y por tanto, como un instrumento para la autonomía personal y colectiva.

La participación ciudadana en Andalucía. Cómo vemos la cosa

Asistimos a una realidad paradójica en materia de participación en nuestros contextos más cercanos. Mientras los recursos públicos descienden de manera abrupta, mientras las necesidades de la gente no son una prioridad frente al pago de una deuda ilegítima, mientras asistimos al progresivo desmantelamiento de programas sociales… aparecen respuestas vinculadas a la economía social y solidaria, a la lucha por el derecho a la vivienda, por los derechos sociales, que han recreado, en forma de mareas, el tsunami del 15M.

Y, paralelamente, coexisten organizaciones de voluntariado, de cooperación al desarrollo, etc., que siguen cumpliendo un papel muy importante, no solo por sus actividades de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales más vulnerables, sino porque aportan tramas relacionales al tejido social, a la cohesión y la convivencia colectiva.

Ahora, más que nunca, es necesario contar con procedimientos y herramientas para el protagonismo ciudadano. Ahora bien, su impulso ha cambiado de lugar: mientras el protagonismo del Estado empieza a languidecer, el apoyo público a las iniciativas ciudadanas prácticamente desaparece y los tímidos intentos por avanzar hacia una democracia participativa —mediante propuestas como los presupuestos participativos— se convierten en testimoniales (no hay recursos, no hay voluntad política…), los movimientos sociales, las organizaciones solidarias o la economía social descubren el espacio del procomún y juegan un papel principal. Este papel requiere de mayores y mejores capacidades para la movilización ciudadana, para la construcción de convergencias y sinergias, para el diseño de otro mundo posible.

Desde nuestra óptica, las políticas públicas en materia de participación se han utilizado a menudo para legitimar decisiones ya tomadas, o para generar relaciones de dependencia —cuando no de clientelismo—, o para vender —como humo— una blanqueada imagen democrática de las instituciones… pero solo en contadas ocasiones han servido para favorecer la respuesta autónoma de la gente, la creación de espacios de diálogo horizontal entre gobernantes y gobernadas que modifiquen las reglas del juego de la representación política.

Algunas consideraciones sobre la Ley de Participación

El sujeto de la ley es la Administración y, el objeto, la participación. Debemos huir de la tentación de legislar la libre asociación de la gente y, por tanto, la Ley de Participación se centra en las obligaciones de las administraciones. Se realiza un esfuerzo por incluir aportaciones diversas mediante espacios de recogida de aportaciones[1], tanto de forma presencial como virtual, pero es un proceso al revés, pues parte de que primero es la ley y después la realidad.

Desde una estructura administrativa enormemente burocratizada, donde prevalece la compartimentación de competencias, es ilusorio pensar que una ley pueda cambiar una lógica de funcionamiento tan contraria a los principios de autogestión ciudadana y de reparto de poder. Bajo nuestro punto de vista, la ley es el final del proceso, pues solo cobra sentido si cuenta con una movilización suficiente de personas que la reclame.

¿Es necesario hacer «leyes de participación»? ¿Es lo primero que debiéramos hacer? ¿O acaso es un síntoma — el que se hagan leyes de participación — de que la democracia está poco «interiorizada» en nuestra sociedad, incluyendo a la clase política y a los poderes fácticos? ¿Una ley de participación «garantiza» que la participación es de ley, de calidad, que se aplica en la práctica? ¿Tal vez deberíamos empezar por la educación para la participación?

Hay muchas leyes que no se cumplen (la lista no cabría en este artículo). Aunque, ¿quién va a negarlo?, las leyes son expresión —al menos— de derechos, de pautas para la convivencia colectiva. Pero lo cierto es que, de acuerdo con el borrador de la Ley de Participación, no pasa nada si no se cumple, no se contemplan mecanismos de compromiso público. Es, al fin, una ley de buenas intenciones. Por ello, el mayor de los problemas es, más allá de su propio contenido, el riesgo de convertirse en papel mojado, o de que no responda a las cambiantes condiciones de las dinámicas sociales.

Como ejemplo de ello, merece una mención especial lo concerniente a la transparencia en la gestión pública, que queda relegada a una ley específica que, como hemos comprobado en estos días, se ha quedado a medias en sus pretensiones y hace cojear los anhelos puestos en la Ley de Participación.

Porque la participación no es solo una cuestión de mecanismos; recordemos el escaño 110 en el Parlamento como un buen ejemplo de ello. Una propuesta que posibilita la intervención directa de la ciudadanía que nadie usa. ¿Nadie se ha preguntado por qué? ¿Cuestión de información, de motivación, de falta de legitimidad de las propias instituciones? No es suficiente con crear la estructura, hay que dinamizarla. Foto de Payoner

Herencia recibida de la transición

Ante la amenaza de desalojo de la Corrala Utopía, el defensor del pueblo andaluz convoca una mesa de negociación con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento e Ibercaja —titular del edificio—, pero sin la presencia de las propias familias ¿Habría permitido la Ley de Participación que las vecinas de la Corrala Utopía hubieran formado parte de la negociación final ante su desahucio? Creemos que esta es una pregunta pertinente, pues alrededor de casos concretos podemos calibrar el aporte de esta ley. La respuesta es «no». En una situación donde las personas directamente afectadas se ven fuera del diálogo sobre su futuro, se vuelven a poner en funcionamiento los mecanismos paternalistas, por un lado, y discriminatorios, por otro, desterrando posibilidades de respuestas a las problemáticas sociales, donde sean las personas que las sufren en primera persona quienes se conviertan en sujeto colectivo con capacidad de interlocución.

Y es que la realidad es muy tozuda. Vivimos en un contexto donde al final siempre gana la banca. Es una realidad con truco: puedes movilizarte, puedes generar discursos, puedes enfrentarte a corporaciones, construir una amplia red de apoyo alrededor de una causa justa, pero no puedes tener voz propia, a no ser que la amoldes, la pases por el filtro de una entidad o partido político. Esto significa la negación por parte de las administraciones —todas— de la condición ciudadana de las personas. A eso se le llama «legalidad». Si estás en situación de exclusión social, ello te inhabilita como ciudadana con plenos derechos, pasas a ser una usuaria de los servicios sociales, entras a formar parte de los expedientes pero no de los espacios en donde se deciden tus condiciones de vida.

Es la intermediación que impone el modelo representativo. No se supera fácilmente si no es con un compromiso claro de transformación de las estructuras actuales. Porque al final, lo que está en juego es la calidad democrática de las instituciones, que si bien son enormemente flexibles para introducir cambios en contra de la mayoría de la población —como en el caso de la reforma de la Constitución para el pago de la deuda—, se convierten en una roca a la hora de ser permeables a la incidencia de las personas en las políticas públicas.

Encontramos un ejemplo en las resistencias a implantar modelos donde exista un control e incidencia permanente de la ciudadanía en la acción parlamentaria y de gobierno, tal como se defiende desde iniciativas como Demo4.0 (http://demo4punto0.net/es) o las que contiene el Informe del Grupo Democracia Digital de Andalucía (http://openkratio.org/index.php/portfolio/ley-andaluza-de-participacion-ciudadana/): tecnológicamente viables, políticamente pertinentes, rompen con la falta de diálogo entre representantes y representados. Se sigue sin dar cabida, al menos, a espacios deliberativos que posibiliten el debate social sobre aspectos clave para nuestras vidas como la salud, la educación, la vivienda o los recursos necesarios para vivir con dignidad. El voto se convierte en una verdadera carta blanca para los representantes políticos, que en ningún caso se ven ante la posibilidad de ser revocados por sus electores, como en el caso de incumplimiento de programas electorales.

De nuevo, la realidad es muy tozuda; puede más el miedo a la participación que el impulso a su desarrollo, herencia de la cultura de la transición hoy en crisis.

Retos a enfrentar colectivamente

La tarea es ingente. No nos faltan los retos. En esto de la Participación Ciudadana, tampoco. Entre otros muchos, mencionamos algunos:

Desde la Administración:

• Superación de una vez por todas de las formas de gobierno de autoritarismo blando y paternalismo populista.
• Mecanismos y hábitos de diálogo horizontal y transparente con la ciudadanía.
• Asumir la crítica como parte de la democracia, como un valor a preservar. Es bueno que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el control social de las políticas.
• Ejercicio de la participación y transparencia por parte de los propios partidos políticos. Predicar con el ejemplo. Hacer lo que se dice, no lo que se hace.
• Entender a la población como aliada, no como amenaza o comparsa de intereses propios.

Desde las organizaciones solidarias:

• Una mayor apuesta por extender la base social, no vale con hacer solo cosas bien, es preciso hacerlas con la gente.
• El reto de la autonomía a tope. Construir relaciones de independencia e interdependencia, no de dependencia.
• Desarrollar el vínculo con los sectores de la economía social y solidaria. La sostenibilidad y la independencia de las OO. SS. está directamente ligada a esta conexión o mestizaje.
• Pasar de representar a personas, grupos y sectores para darles voz. No ser portavoces, sino altavoces. Reforzar el empoderamiento y el protagonismo de las personas y los colectivos sociales.
• Incluir nuevas formas de participación no formales. En la acción, en los proyectos y actividades, pero también en la organización, en las formas de trabajo y en la comunicación y el trabajo en red, en la interconexión con otros actores de los procesos de cambio social.

Desde los movimientos sociales:

• Tomar decisiones sobre qué tipo de relaciones se quieren tener con el poder. Reelaborar los significados del poder.
• Huir de sectarismos, afrontar el reto de la diversidad. Apostar por movimientos sociales incluyentes, capaces de sumar, de incorporar a más y más sectores y actores.
• Servir de escuelas de participación. Aprende a participar. Aprender a hacerlo colectiva y cooperativamente. Desarrollar y practicar nuevas formas de participación, de diálogo, de construcción colectiva…  
• Analogizar lo virtual, viralizar lo cotidiano. Aprender a conectar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de cambio social, aprender a desarrollar todas sus potencialidades participativas.

[1]      Ver Documento de Aportaciones del Colectivo de Educación para la Participación – CRAC en http://redasociativa.org/crac/2013/02/18/aportaciones-a-la-ley-andaluza-de-participacion/ El conjunto de aportaciones se pueden consultar en http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html

Para hacer realidad este título sería necesario transformar —hacia el concepto de transarme¹— la realidad andaluza a diferentes niveles, como son el territorial y el económico, pero sobre todo el mental e ideológico. Es un hecho sabido que Andalucía padece una severa militarización de su territorio: grandes bases militares, la Legión en Ronda y Almería, importantes fábricas de armas, las plantas de montaje del costosísimo avión de guerra A400M, los astilleros militares para los buques de «acción marítima» —en Sevilla y Cádiz respectivamente—, las sofisticadas instalaciones para el diseño y la construcción de drones de guerra en Huelva, las baterías de misiles en las costas de Cádiz, las maniobras navales en la zona del Estrecho, el atraque de submarinos nucleares en Rota y Gibraltar, etc. Pero este fenómeno es algo más que un rosario interminable de instalaciones de «prohibido el paso, zona militar».

Se ha avanzado mucho en el conocimiento historiográfico del caciquismo en Andalucía, los movimientos obreros y jornaleros, la Guerra Civil, etc. Sin embargo, se ha hecho poco en lo que se refiere al conocimiento histórico de la militarización de Andalucía, si dejamos a un lado los congresos y seminarios sobre historia militar que —aunque aportan datos valiosos al respecto— imponen una senda interpretativa sujeta a criterios políticos gubernamentales. El reclutamiento, la ocupación militar del espacio, las consecuencias que acarrean las servidumbres militares, la tensión simbólica permanente entre el autoritarismo militar y el espíritu poco obediente de los y las andaluzas, etc., son temas muy poco investigados en nuestra comunidad autónoma.

Se ha militarizado Andalucía desde el siglo XVIII hasta nuestros días como el que hace pan, de una manera cotidiana, prácticamente incontestada y como si fuera lo más natural del mundo. A veces, para reprimir militarmente los levantamientos sociales; a veces, para organizar ataques —o repelerlos— desde las costas andaluzas. Este proceso de militarización continúa igual hoy en día. En el mapa que acompaña a este texto se puede ver la intensa presencia de las diferentes fuerzas armadas que conforman el aparato militar: la Guardia Civil, los tres ejércitos españoles y sus zonas de experimentación, las fábricas de armas, además de los invitados: EE. UU. y Reino Unido. Faltaría por representar y valorar debidamente las relaciones entre militarización y policialización del territorio andaluz, con las diferentes policías: municipal, autonómica y nacional, las cuales se han quedado fuera por falta de espacio e información.

La intensa servidumbre militar que se sufre aquí es un fenómeno que tiene una doble dimensión conocida: el territorio de Andalucía posee un alto valor geoestratégico por ser llave entre el Mediterráneo y el Atlántico y, al mismo tiempo, Andalucía es una comunidad autónoma con fuertes necesidades sociales y niveles de desempleo muy altos. Como decimos aquí, medio en broma medio en serio, «se junta el hambre con las ganas de comer». Es decir, la militarización tan severa es posible porque un importante sector social de Andalucía se agarra a un clavo ardiendo, como los pocos puestos de trabajo que crea la militarización, para poder sobrevivir.

Para los intereses militares, que Andalucía esté sumida en la desesperación económica es un aval seguro y una gran oportunidad de negocio. La Junta de Andalucía, por su parte, aunque se llena la boca hablando de Cultura de Paz, ha sucumbido al negocio de las armas financiando directamente una parte del polo aeronáutico militar en Sevilla, apoyando el escudo antimisiles en Rota, etc. La Junta de Andalucía está dinamitando, con frialdad e hipocresía, las profundas raíces de Paz de nuestra cultura. Esto, que a muchas personas no nos pasa inadvertido, es un asunto económico y político de enorme relevancia, pero también de un intenso simbolismo que afecta negativamente a nuestra esencia identitaria y cultural.

Por supuesto, los conflictos están asegurados en este contexto aquí someramente descrito. A pesar de la ferocidad con que se despliegan los intereses militares en la zona, no es poca la conciencia colectiva ante el problema, como lo demuestran la multitudinaria respuesta de la ciudadanía contra la presencia del Tireless (el submarino nuclear averiado en Gibraltar), las marchas anuales contra las bases militares, las numerosas protestas de los ayuntamientos contra las servidumbres que provocan las instalaciones militares o los negocios especulativos de Defensa, etc.

Los militares son aquí algo mucho peor que los terratenientes, son los que deciden ahora si grandes cantidades de dinero se destinan o no, por ejemplo, a Navantia —en los astilleros de la bahía de Cádiz— o a Airbus Military —en Sevilla—. Son la gallina de los huevos de oro y tienen una gran influencia en el aparato político-judicial que sustenta el poder de la Junta de Andalucía y el poder económico en la Comunidad.

Muchas veces se ha dicho que Andalucía es pacífica y festiva. Yo mismo lo he dicho refiriéndome a nuestro carácter alegre, en general. Pero la militarización del territorio andaluz es mucho más densa aún que el salmorejo y que los caballeros legionarios. Muchos detalles no se conocen y las autoridades gubernamentales no los exhiben demasiado para no llamar la atención. Pocas personas saben que aquí, en un aeródromo de Villamartín (Cádiz), se prueban los drones que hace ELIMCO para el Ministerio de Defensa, o el helicóptero Pelícano. Pocas saben que en el campo de tiro y maniobras de Médano del Loro (Huelva) se ensayan, por ejemplo, los misiles Mistral, Aspide y Amram, Roland, Hawk, Patriot y Nasam. Pocas saben que, aparte de que en Sevilla esté el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en la base militar de El Copero (Dos Hermanas, Sevilla) está la sede del Regimiento de Guerra Electrónica número 32, el Regimiento de Artillería Antiaérea 74 y un batallón de helicópteros de maniobra entre otros costosos juguetes.

En Andalucía hay bastantes fábricas, industrias auxiliares y subcontratas que surten de armas a distintos ejércitos del mundo. La propia Junta de Andalucía fomenta la proliferación y el desarrollo de estas industrias. Lo hace a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA). La Junta de Andalucía está entregada en cuerpo y alma al Polo Aeronáutico de Sevilla, donde se fabrica el costosísimo avión carguero estratégico A400M. EXTENDA tiene previsto, por ejemplo, organizar para mayo de 2014 —y ya lo hizo en 2012 también— unos encuentros de negocios internacionales de la industria aeroespacial y de defensa.

Andalucía no solo padece grandes bases militares como las de Rota, Morón y Gibraltar, no solo sufre ya la instalación del llamado escudo antimisiles, sino que también es tierra de fabricación de armamento de todo tipo.

Camuflando la deuda militar en tiempos de devastación social

El Gobierno sabe que ha llegado el momento de salvarle la cara a su política militarista —escudo antimisiles, inmensos gastos militares, intervenciones en todas las guerras ordenadas por EE. UU., etc.— y ha decidido, preparando el terreno a nuevas concesiones de créditos al Ministerio de Defensa vía real decreto, maquillar ante la ciudadanía la colosal deuda militar, cifrada en más de 30 000 millones de euros.

El PP, en un ejercicio retórico de peligrosa huida hacia adelante, emplea su inconsistente artillería argumental: que la Defensa es necesaria por eso del «lugar que España debe ocupar en el mundo»; que nuestro gasto militar es inferior a otros países de la zona occidental; o que las empresas militares generan muchos puestos de trabajo.

Pero la tozuda realidad es que los gastos militares constituyen una devastadora losa sobre las cuentas públicas y que los intereses de las industrias militares no solo no dan trabajo y generan una deuda multimillonaria, sino que, al dirigir la política de Defensa, colocan a España y a Andalucía en el disparadero de todas las «crisis» —Irak, Afganistán, Líbano, Somalia, Malí— que EE. UU. y sus aliados van «gestionando».

No hace mucho tuvo lugar una sesión de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados en la que se hicieron públicos los planes del Ministerio de Defensa para acometer la deuda de 30 000 millones de euros que tiene contraída por la adquisición de armas para las guerras.

En principio, el gobierno se esfuerza al máximo por tratar de convencer al auditorio de que ahora también Defensa está «sufriendo» recortes…, pero ciertos periodistas especializados ya han reflexionado con toda lógica del modo siguiente desvelando la maniobra gubernamental: «El Ministerio de Defensa asegura que la renegociación de los programas de armas supondrá un ahorro de 7000 millones. Pero ese ahorro depende de con qué cifras se compare. El último techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros para los 19 grandes programas, en 2009, era de 26 695 millones de euros. Y el departamento que dirige Pedro Morenés se propone someter al Gobierno un nuevo techo de gasto de 29 495 millones de euros. Por tanto, la factura se incrementa en 2798 millones» (Fuente: El País).

Ante el anuncio —de cuya certeza, efectivamente, hay que dudar— de que se han restado al parecer 3850 millones de euros a los Planes Especiales de Armamento —según se ha escrito en prensa—, ha habido numerosas reacciones que conviene tener muy en cuenta —más incluso que el baile de cifras—. Llaman la atención las del PSOE-Andalucía, UGT-Andalucía y CC. OO.-Andalucía: criticar los supuestos recortes porque podrían tener una consecuencia de merma en los puestos de trabajo… sin importarles nada que aquí lo que se está haciendo, no lo olvidemos, es fabricar armas para las guerras organizadas por los gobiernos y los grandes intereses de las multinacionales.

¿A nadie le importa la Paz en esta comunidad autónoma? Luego se llenarán la boca con bellas palabras sobre los Derechos Humanos, la «alianza de civilizaciones» y cosas así. Si las industrias militares y los gastos militares son una sangría para la sociedad que no solo no produce, sino que destruye, ¿cómo no se pide la reconversión en industrias de carácter civil?

La provincia de Cádiz sigue siendo la lanzadera de misiles que es, la escala de buques nucleares británicos y norteamericanos que es, el aeropuerto militar más grande de toda la región del Estrecho, el apeadero de todo tipo de personal internacional y material militar destinado a todas las guerras que en el mundo son, la gran zona de maniobras navales, el lugar donde radicar todo tipo de radares y baterías de misiles, la zona de producción de armas a bajo coste —eje Sevilla-Cádiz— y la gran lanzadera para operar en África.

El ejército promueve su nuevo modelo de Cultura de Defensa, buscando el apoyo ciudadano que nunca ha tenido pero que ahora necesita para poder seguir sosteniendo grandes gastos en armas e intervenciones militares en Afganistán, Somalia o Malí. Esto, claro, además de sonreír ante la opinión pública, apretando los dientes, por la inmensa deuda militar generada por el ministerio con colosales compras de armamento que seguimos pagando, y que ahora más que nunca está afectando tan negativamente sobre el empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, etc. Conseguir el apoyo de la ciudadanía donde están las grandes infraestructuras militares es, en sí mismo, un objetivo militar. En la era de la sofisticación tecnológica de las armas de guerra, no hay nada más valioso que la opinión ciudadana. Aunque resulta sorprendente, el Ejército se ha dado cuenta de esto.

Y en estos momentos tenemos ya un anunciado «contrato del siglo» —ya veremos si real o no— con la venta de 3000 millones de euros en forma de tanques a producir en la fábrica de General Dinamics de Sevilla, con destino a las fuerzas armadas del gobierno dictatorial de Arabia Saudí. El mismo Juan Carlos recibió al ministro de Defensa de Arabia Saudí, el príncipe Salman bin Abdelaziz, para tratar la venta de más de 200 carros de combate Leopard. (Fuente: Público, 08/06/2012).

Tanta producción y comercio de armas abruma, es cierto. Pero este fenómeno de militarización social no ha conseguido afectar sustancialmente a los parámetros pacifistas, de diálogo y de solidaridad, que constituyen la esencia de la cultura andaluza. Podemos plantarnos frente a este comercio de la muerte. Solo hay un secreto para llevar a cabo nuestra difícil empresa: determinación confiada en que los poderosos no podrán organizar más guerras fratricidas si empezamos o seguimos denunciando su comportamiento y no colaboramos con los gastos militares y las guerras. Podemos hacerlo y debemos hacerlo.

1 Véase el concepto de «transarme», que compartimos, en: http://www.utopiacontagiosa.org/tag/transarme/

El pasado diciembre, la Fundación Nueva Cultura del Agua organizó en Lisboa la VIII edición del Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. En este tipo de foros se suelen tratar distintos problemas asociados a la gestión de los recursos hídricos, desde la dificultad para acceder a una fuente de agua limpia en ciertas regiones del mundo hasta el impacto ambiental que generan cierto tipo de actividades sobre los recursos hídricos como ríos o acuíferos. Nos ha llamado la atención que, con el paso del tiempo, los problemas que se discuten han adquirido un nivel mayor de sofisticación. La llegada (¡y la instalación casi permanente!) de la crisis económica ha traído consigo nuevos problemas asociados a la gestión de los recursos naturales y de los servicios sociales. Y, claro está, también ha salpicado (nunca mejor dicho) a la gestión del agua. ¿A qué nos referimos con eso de privatización y financiarización? Vamos a verlo.

La privatización de las empresas del agua

Comencemos por el principio. Privatizar una empresa pública significa que su propiedad pasa de manos públicas (generalmente, de un ayuntamiento o gobierno regional) a manos privadas (de una sociedad anónima o limitada, por ejemplo). Este proceso se justifica de varias maneras, generalmente, por la gestión más eficiente que hace de una empresa una entidad privada que una pública. ¿Por qué? Los motivos que se esgrimen son varios. Pero, principalmente, se argumenta que las empresas privadas tienen ánimo de lucro mientras que las empresas públicas no, y por eso responden mejor a la lógica de mercado y se adaptan mejor a las exigencias de los consumidores. Es decir, que cuando se dice que una empresa privada es más eficiente en la gestión de un servicio, en realidad se hace referencia a la eficiencia económica, dando por sentado que el mecanismo de mercado lleva a la prosperidad social.

Una justificación que casi nunca se hace pública, pero que tiene mucho peso en este tipo de decisiones, es que las empresas públicas son un bien que tienen los gobiernos y que pueden vender para hacer dinero en un momento difícil. Con la crisis económica, muchos gobiernos tienen menos ingresos y encuentran una buena forma de ganar un dinero extra vendiendo empresas públicas.

Los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua los provee a la ciudadanía el ayuntamiento o la mancomunidad correspondiente a través de empresas que hace unos años solían ser públicas, como Emasesa. A cambio, las ciudadanas y ciudadanos pagamos una tarifa. Las tarifas pueden regularse para que la población tenga garantizado el acceso a un mínimo de agua o no, pero esa es otra historia… La parte de los gastos que no queda cubierta por lo que las personas usuarias pagan en sus facturas de agua es lo que crea el déficit de las empresas y, en el caso de las públicas, debe ser asumido por parte de los ayuntamientos o las mancomunidades o, en general, por la administración que sea la «dueña» de la empresa.

En los últimos años, con la disminución de ingresos fiscales que ha traído la crisis económica, muchos ayuntamientos han decidido vender estas empresas que gestionan el agua. ¿Qué beneficios consiguen vendiendo? Por un lado, el año que la venden, los gobiernos aumentan sus ingresos y tienen que declarar menos déficit. Por el otro, se aseguran que se siga dando el servicio de abastecimiento y tratamiento de agua. Para las empresas es muy rentable por dos motivos. El primero es que a las empresas privadas solo se les pide que se encarguen de gestionar el suministro del agua, mientras que la infraestructura (presas, canales de transvase y tuberías) se financia con dinero público y se les da ya construidas para garantizar el acceso de la población al agua. El segundo motivo es que las empresas pueden ejercer su actividad sin competencia. Esto es así porque las concesiones para explotar las infraestructuras y ejecutar el servicio de abastecimiento o tratamiento se dan en exclusividad. Y porque ninguna empresa podría costear la infraestructura necesaria para competir con otra que ya opera en la misma zona. De hecho, las inversiones iniciales que se requieren son tan elevadas, que ninguna empresa privada se hace cargo de ellas y, generalmente, es realizada por la administración pública. El acceso al mercado del agua queda por tanto muy limitado, asimilable a un estado de monopolio, y aunque esté regulado, deja cierta libertad a las empresas para poner sus precios al agua y no les obliga a suministrar un mínimo social.  Esto va en contra del principio de acceso universal al agua, reconocido desde hace dos años por la ONU como derecho humano.

Sirva como ejemplo la privatización de la compañía Aguas del Ter y Llobregat (ATLL), abastecedora en alta de la mayor parte de la población de la región metropolitana de Barcelona (RMB). Con una deuda de 700 millones de euros, ATLL fue vendida en el 2012 a un consorcio que tiene como accionista mayoritario a Acciona Agua. ¿Qué ha pasado con la deuda? Se la ha quedado el gobierno catalán (es decir, los catalanes) a cambio de unos 260 millones de euros que pagó el consorcio y que sirvieron para relajar el déficit de la Generalitat en el ejercicio fiscal de 2012. Además de eso, el consorcio debe pagar unos 1000 millones de euros como canon durante la duración de la concesión: 50 años. El caso no deja de ser otro ejemplo de visión cortoplacista, que ha resultado en subidas de la tarifa de agua previstas a partir del 1 de enero de 2014 de hasta un 15% en algunos municipios de la RMB.

La financiarización de las empresas del agua.

La financiarización es el proceso de transformación de cualquier tipo de capital actual (como pagos por sueldos) o futuro (como la promesa del pago de las deudas de las tarjetas de crédito o las hipotecas) en valores financieros (capitales usados para aumentar los títulos o el valor financiero de una empresa). Este proceso lleva a un aumento inmediato del capital disponible. Es decir, las empresas consideran los valores financieros como si fuera capital que ya han cobrado (los sueldos que han ingresado) o los que tienen que cobrar (tarjetas de crédito). La compraventa de valores financieros y las ganancias que se generan con ellas es lo que llamamos especulación. Como la financiarización se basa en los ingresos esperados en el futuro, cuanto más predecible sea el pago, tanto mejor. De esta forma, las empresas pueden aumentar su volumen de negocios rápidamente.

Desde los años 70, en España se ha producido un proceso de financiarización de algunos sectores económicos, incluidas las empresas de la construcción o del agua. Estas últimas son especialmente interesantes porque el recibo del agua es perfecto para la especulación: los consumos de agua son muy predecibles y los precios muy estables. La privatización de las empresas que gestionan el suministro del agua es necesaria para que puedan salir a bolsa. En este sentido, la privatización es una herramienta de mercado muy utilizada y cada vez más controlada por el sector financiero. En España, Agbar (aguas de Barcelona) es líder de las empresas de agua en la bolsa[1].

El proceso de financiarización está muy relacionado con el desarrollo de la economía real. Cuando el crecimiento económico se estanca, la forma de mantener el valor de la economía constante es aumentar la emisión de valores financieros en forma de deuda. Así, las empresas mantienen su valor y, por tanto, la economía también. En este contexto, la privatización y financiarización de las empresas de abastecimiento y tratamiento de agua son dos caras de la burbuja financiera que mantiene artificialmente el poder adquisitivo de la economía. El problema es que las burbujas especulativas crean un aumento del valor de las actividades económicas que no se corresponde con la capacidad productiva real. En otras palabras, la única finalidad de la financiarización de las empresas es la acumulación monetaria por parte de sus gestores.

En una situación de crisis en la que muchas familias no pueden hacer frente al recibo del agua o, simplemente, reducen su uso doméstico disminuyendo los pagos a la empresa gestora, la burbuja puede explotar en cualquier momento. En definitiva: las empresas del agua se privatizan para mantener el nivel de ingresos a escalas regionales y se financiarizan para mantener el volumen de beneficios empresariales. La estrecha relación que existe entre los agentes financieros, las empresas y los gobiernos facilita ambos procesos.

[1]

(http://labolsa.com/mercado/AGS/; http://www.eleconomista.es/indice/MAD-AGUA-Y-OTROS/resumen/Mejores).

En países como Francia y Alemania, hace años que ha comenzado un debate sobre la remunicipalización de servicios urbanos de agua, especialmente en aquellas áreas más sensibles. En nuestro país, el Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total) concluye que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria, cuesta mucho menos que su externalización.

El modelo de gestión privada se caracteriza en España por resultar costoso para el ciudadano (que ve incrementada su tarifa: en Huelva, un 65% en los últimos tres años), oscuro (no existen órganos reguladores, indicadores de calidad de gestión o datos y estadísticas fiables) y medioambientalmente insostenible (a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio y cuanto menos se depure, menores son los costes, como ha denunciado Ecologistas en Acción en Sanlúcar de Barrameda). Además de todo esto, la privatización supone una auténtica pérdida del control de las administraciones públicas sobre el servicio.

Estas cuestiones han hecho que el proceso de remunicipalización esté vivo en Andalucía desde inicios del año 2000. Los primeros casos conocidos fueron Medina Sidonia y los 22 municipios dependientes de agua del Huesna. Casos motivados por los numerosos incumplimientos de los pliegos de explotación y que se hicieron por la vía de la negociación, permitiendo acceder a fondos y cerrar acuerdos con entidades financieras para invertir en aquellas áreas que el sector privado había desatendido. En ambos casos, el control de lo público y el compromiso de lo político estaban en la base de la remunicipalización.

Ahora vivimos un resurgir de la calle del que la remunicipalización también se impregna. Ya no es solo una élite técnico-política la que está al frente del fenómeno; ahora es la sociedad civil organizada la que está forzando a los grupos políticos a posicionarse ante esta cuestión. El caso más ilustrativo lo tenemos en las pedanías de Jerez de la Frontera.

Recientemente, el Pleno de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz ha dado luz verde al proyecto de agua pública de tres entidades locales autónomas de Jerez, Guadalcacín, Torrecera y Estella. Las tres pedanías cierran así un convenio a diez años de gestión pública de su agua urbana, a espaldas de la privatización realizada para el resto del municipio de Jerez, que mantiene dicha gestión concesionada a Aqualia. Lo interesante ha sido que el catalizador del proceso ha sido fundamentalmente la sociedad civil agrupada a través de una Coordinadora de más de veinte colectivos. La Coordinadora ha sido capaz de mediar y dar soporte técnico —sin duda, con el apoyo de instancias como Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) — a una operación donde cuatro mil familias jerezanas se puedan acoger a un servicio público que —además de partir con una factura mucho más barata— supone un referente de lucha para demostrar que desde lo público se puede, a la vez que representa un muro de contención para que en adelante la empresa privada no pueda hacer —como mayoritariamente sucede en España— subidas descomunales de los recibos, ni bajar el listón de alta eficacia que ya poseía el sistema público de Jerez, dejando de conservar su calidad.

Cuando la realidad desborda los tiempos administrativos y las buenas intenciones, los movimientos sociales van por delante de los gobernantes, de sus leyes, sus decretos, incluso por delante de sus discursos. Se organizan creando redes solidarias, autorganizándose y proponiendo soluciones colectivas y reales a un conflicto social como es el de la Vivienda, que no nace con esta última crisis.  

Se viene reivindicando, desde hace más de una década, que el Derecho a la Vivienda debe garantizarse a todas las personas afectadas bajo cualquier circunstancia, pero faltan los mecanismos de diálogo necesarios para una participación efectiva de la sociedad civil organizada en la definición de las políticas públicas que lo hagan real.  

Frente a la solicitud de Declaración del Estado de Emergencia Habitacional, realizada por el Movimiento Andaluz por la Vivienda en marzo de este año, y que supondría la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias para solucionar la problemática de la vivienda en todas sus facetas y aspectos, la Consejería plantea semanas después el denominado «Decreto Andaluz», donde se reconoce la función social de la Vivienda, la existencia de gran cantidad de viviendas vacías y el alquiler social como mecanismo de resolución. Sin embargo, este mecanismo solo se podría activar en el caso de familias que se encuentren inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria y que reúnan ciertos requisitos. De este modo, la Administración continúa obviando otras muchas circunstancias como la dificultad generalizada de acceso a la vivienda, el hacinamiento, la precariedad de personas que sobreviven con los suministros de luz y agua cortados, o que habitan en infraviviendas y en edificios necesitados de obras de rehabilitación.  

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El Movimiento Andaluz por la Vivienda se caracteriza desde sus orígenes por reivindicar soluciones al problema de la vivienda que vayan más allá de las circunscritas al ámbito de las hipotecas. Entiende, en este sentido, que las iniciativas institucionales han sido hasta ahora limitadas e insuficientes.  

En Huelva, Almería, Sevilla, Granada, Cádiz o Málaga, como en el resto de las ciudades del estado español, ha habido y hay un problema de acceso a la vivienda. Este problema, que recorre nuestro territorio desde hace mucho tiempo, se ha visto agravado en los últimos años por la crisis económico-financiera que nos envuelve como consecuencia directa del boom inmobiliario anterior. En este sentido, tanto los poderes públicos como los partidos políticos, los movimientos sociales y los colectivos en defensa de los derechos humanos aportan ideas e iniciativas para resolver esta situación desoladora.

 Por un lado, los poderes públicos y los partidos políticos promueven leyes y hacen propuestas parlamentarias desde sus interpretaciones de lo que es mejor para nuestra sociedad. En este último año, tanto el gobierno central como el autonómico han aprobado un conjunto de leyes  entre las que encontramos el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, o Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social del Gobierno Central. Ambas leyes, a pesar de manifestar en sus exposiciones de motivos objetivos diametralmente opuestos, coinciden en referirse tan solo a la intervención en casos de desahucios por hipoteca, con personas en situaciones muy concretas de exclusión social y ninguna establece un carácter retroactivo, dejando fuera a las miles de personas desahuciadas con anterioridad al año 2013 o con problemáticas diferentes a las del sector referido. También las oficinas de asesoramiento de la Junta de Andalucía ofrecen intermediación personal a los afectados, convirtiéndolo nuevamente en un problema individual y no social y colectivo.  

En la misma línea, tanto la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que ha modificado sustancialmente la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos y que se aprobó sin prácticamente ningún debate social, como la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, vienen a reforzar los mecanismos legales por los cuales se protege el derecho de los inversores inmobiliarios, poniendo el valor de cambio por encima del valor de uso, la vivienda como negocio sobre a la vivienda como derecho, como expresan de forma explícita las introducciones a ambas leyes.  

Mientras, los movimientos sociales, más conectados a la realidad cotidiana de la población, generan procesos de autoorganización de la ciudadanía que permiten realizar aportes y poner en marcha iniciativas desde una perspectiva colectiva. Salen a la calle para exigir a los poderes públicos que se escuchen sus propuestas, y para que se pongan en práctica las medidas necesarias para acabar con esta lamentable situación.

Durante estos últimos dos años, los colectivos que conforman el Movimiento Andaluz por la Vivienda, han acompañado a muchas familias en situaciones muy duras. Han apoyado, y en ocasiones incluso se ha paralizado, el desalojo forzoso por la policía después de no poder afrontar el pago de sus hipotecas o alquileres. También han estado con las familias que, viéndose en la calle por muy diversos motivos, han decidido realizar realojos colectivos en algunas de las miles de viviendas vacías propiedad de inmobiliarias y entidades bancarias que hay en nuestra Comunidad. Se ha promovido la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) presentada por la PAH para legislar la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la posibilidad del alquiler social, se han organizado puntos de asesoramiento en los que se atiende a personas con cualquier tipo de problema de vivienda y se están llevando adelante negociaciones colectivas con entidades bancarias para la re-negociación de hipotecas.

El pasado mes de marzo, tras valorar la situación como dramática, el Movimiento Andaluz por la Vivienda pide a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que declare el Estado de Emergencia Habitacional en esta Comunidad. Su ejemplo ha sido seguido posteriormente tanto por colectivos madrileños como catalanes. En reuniones posteriores, según fuentes del movimiento, la Consejería se negaría a llevar adelante esta petición, y respondería aprobando en las siguientes semanas el ya mencionado «decreto andaluz por la vivienda».

Pero a pesar de este intento, nada incompatible con la resolución del problema existente, la institución parece no encontrar un lugar común desde el que poder trabajar con la ciudadanía organizada para resolver el grave problema de las personas sin vivienda.

En relación a la tramitación parlamentaria de este Decreto-Ley, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda ha denunciado a través de un comunicado, que «es necesario legislar escuchando al tejido asociativo que defiende el derecho a la vivienda», y continúan: «Nos resulta incomprensible que solo se cursara invitación para comparecer a dos colectivos integrantes del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que, además, tuvieron conocimiento con apenas diez días de antelación, con escaso tiempo para preparar su intervención y mucho menos para intentar reflejar en ella el sentir de todos los colectivos que defienden en Andalucía el derecho a una vivienda digna».  

Desde el mes de julio, el Decreto Andaluz se encuentra paralizado por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno del PP, después de haber conseguido, en sus 3 meses de vigencia, paralizar doce desahucios e iniciar la expropiación de 18 viviendas. Por su lado, el PSOE desoye las condiciones de la PAH y presenta como propio el recurso de in-constitucionalidad de la Ley Estatal 1/2013. Mientras, los movimientos sociales continúan con las movilizaciones en las calles, en las puertas de los bancos y en las puertas de las casas, continuando en su lucha por el Derecho a la Vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución española.