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a pie de tajo – EL TOPO

Categoría: a pie de tajo

nº49 | a pie de tajo

Interinidad de alto riesgo

Topa Vulgar Investigaciones S. Coop.

Pocos días después de iniciado el curso escolar en septiembre, muchas docentes interinas de colegios e institutos de la provincia de Cádiz recibieron un mensaje en sus teléfonos móviles donde se les comunicaba el cese de su baja por incapacidad temporal. Más de treinta mujeres han tenido que incorporarse a su vacante en la provincia sin ningún tipo de revisión médica ni de interés por su salud,  a pesar de haber obtenido la incapacidad temporal por su médicx de cabecera. Esto también ha ocurrido en Málaga, Jaén y Córdoba, pero el número de casos ha sido mucho menor. Según nos cuenta Gabriel Muñoz de USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía), afortunadamente, «a día de hoy muchos de los casos se han revertido y estamos buscando responsabilidades».

Ante la obligación del alta forzosa, muchas afectadas han recurrido, aunque no por ello han podido quedarse en casa. Muñoz afirma que

lo peor es que no se han considerado los síntomas derivados del embarazo, como la ciática o cualquier otro tipo de dolencia, ni de las madres ni de sus bebés. A pesar del diagnóstico, el servicio de inspección avisa por mensaje de texto del alta sin haber revisado el caso. Entonces, la docente tiene dos opciones: o se incorpora o la echan de la bolsa, por eso no le queda otra que incorporarse, aunque le pueda repercutir a su salud o a la de la criatura. Las docentes interinas están en una situación de mucha vulnerabilidad porque sus derechos no valen lo mismo que los de las otras funcionarias. El personal interino está mal en general pero, en concreto, la situación de las mujeres es mucho peor. Las embarazadas no pueden vivir su embarazo con normalidad, con todos sus derechos laborales. Incluso hay casos en los que no se generan los permisos de maternidad: dependiendo del tiempo que hayan trabajado, les corresponderán más o menos días. Por ejemplo, si una profesora da a luz a final de curso y no le dan vacante en el curso siguiente, se queda en el paro, y entonces el permiso se parte y se pierde.

Celia Albusac ha sido una de las afectadas por las altas masivas de profesoras interinas en Cádiz. A pesar de que su embarazo ha sido diagnosticado por su médica de cabecera como de «alto riesgo» y ha presentado los informes pertinentes, la inspección médica le ha transmitido que el motivo de su baja es fraudulento porque no contaban con esos informes. Desde entonces, ha presentado más documentos de diferentes profesionales que corroboran su situación, pero ninguno se ha considerado válido para conseguir la baja aun siendo, como indican los informes, «gestante de alto riesgo y con amenaza de aborto». Durante todo este tiempo ha estado de permiso sin sueldo y, a día de la escritura de esta pieza informativa, continúa a la espera de que consideren válido el último informe que ha presentado, donde se especifica que su diagnóstico precisa baja laboral.

Aunque no es raro que con el comienzo de curso se den de alta a personas sin revisar su estado de salud, es la primera vez que se dan tantos casos al mismo tiempo. Albusac nos cuenta que

en dos semanas nos dieron a todas el alta por mensaje. Si al menos nos hubieran llamado, nos hubieran visto o nos hubieran pedido informes… pero fue sin pedirnos nada, solo que en tres días teníamos que estar incorporadas. Esto no puede ser. Además, si no nos incorporamos perdemos la plaza. En algunos casos, a algunas les han vuelto a aceptar la baja pero los días que estuvieron trabajando ahora no cuentan como que han estado dadas de alta.

Ante el sistema laboral abusivo, el sistema capitalista opresivo y el sistema heteropatriarcal asesino en el que vivimos (considérense los adjetivos calificativos como intercambiables y válidos para los tres sistemas), parece que todo encaja: los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas en régimen de interinidad precaria vulnerados nada importan; la vida y la salud de las mujeres embarazadas y de sus criaturas descuidadas nada importan. Este hecho es un ejemplo, un reflejo de las arduas e invisibilizadas luchas y cargas cotidianas de las mujeres por seguir adelante a pesar de… (no nos quedan caracteres para la retahíla, seguro que se te ocurren un porrón de ejemplos).

nº48 | a pie de tajo

Estibadores eventuales, vivir esperando

Topa Vulgar Investigaciones S. Coop.

El de Algeciras es uno de los puertos más grandes de España y también uno de los que mueve más volumen de mercancía. En plantilla 1 840 trabajadores de la estiba se encargan del transporte, la colocación y sujeción de los contenedores, esos que se apilan en cargueros que surcan el horizonte de la costa andaluza. En 2017, los estibadores colmaron la prensa por las huelgas que se llevaron a cabo cuando el Gobierno exigió la liberalización de la actividad del sector a nivel nacional. En España hay unos 7 000 estibadores y si se unen pueden parar la actividad del país. En 2018 volvimos a oír hablar del sector, ya que se incorporaron por primera vez 60 mujeres estibadoras con la apertura de la última bolsa de empleo en Algeciras. Esas mujeres entraron como eventuales: así accede toda persona que comienza a trabajar en el puerto. Actualmente, en Algeciras, además de la plantilla fija, hay 460 estibadores y estibadoras eventuales que ofrecen su fuerza y maña en el manejo de las toneladas, las máquinas y las barras, cuando hay sobrecarga de trabajo y los fijos no son suficientes. Cuando haga falta ampliar plantilla, se tira de eventuales. Aunque el trabajo que realizan es el mismo, las condiciones son muy diferentes.

Los estibadores fijos están contratados por el Centro Portuario de Empleo (CPE), pueden elegir cuándo trabajan, cuándo doblar y son prioritarios en el nombramiento de turnos. Los eventuales son contratados por una ETT que oferta jornadas de trabajo según demanda del puerto y los da de alta y de baja en cada jornal. Estas jornadas van a depender del volumen de trabajo y de la disponibilidad de la plantilla fija. Así, los eventuales quedan a la espera de los días de mucho trabajo y días que los fijos descartan, acumulándose sus jornadas en festivos y vacaciones, o, como ha ocurrido este invierno, cubriendo los días de cuarentena del personal fijo durante la pandemia. Los eventuales, por su situación inestable y precaria, siempre aceptan el trabajo ya que no saben cuándo van a volver a trabajar. El nombramiento de trabajadores se informan por una aplicación que deben consultar para comprobar si les toca acudir a su puesto. El mayor problema se da en el turno de las 14 h, que en ocasiones se anuncia solo con media hora de antelación, por lo que los que tienen turno de mañana se enteran al final de su jornada si tienen que doblar y las personas que viven lejos del puerto tienen que prepararse sin saber si van a trabajar o no. Algunas acuden por si acaso y si no hay trabajo se vuelven a casa.

Los eventuales nunca tienen garantía de si trabajarán o no y, como ha ocurrido siempre, tienen que conformarse con esta irregularidad laboral que tampoco les permite tener otro empleo. Los que tienen paro van supliendo los días que no son requeridos en el puerto tirando de la prestación. Cuando los fijos doblan turno sobra muy poco trabajo. Se ha conseguido que el 20% de los turnos dobles se deje a los eventuales para garantizarles un mínimo de actividad, ya que se ha dado el caso de personas que en un mes y medio han trabajado solo un día. Mientras, esperan, consultan la aplicación y comprueban que, turno a turno (el de las 8 h, las 14 h, las 20 h y las 2 h), no les han nombrado para acudir. Pero, si hay mucha carga de trabajo, para los eventuales doblar turno es obligatorio. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario del sector portuario en Algeciras, no considera esto como una aberración a la vida, sino como una característica laboral.

El puerto es una ciudad que no descansa. Cafeterías abiertas 24 h y movimiento de amarradores, portuarios, pescadores, estibadores y diferentes cuerpos de seguridad a todas horas, haciendo que esas luces blancas y amarillas que iluminan la costa de forma espectacular tengan sentido. Existe una relación muy directa entre la población de la comarca del Campo de Gibraltar y el puerto, tanto a nivel visual y ecológico como en lo cotidiano, pues muchas personas y sus familias están ligadas a los trabajos y los horarios dispares de este lugar siempre alerta para recibir cualquier carga, a costa de la precariedad de quien aguanta esta inestabilidad laboral hasta, quizá en algún momento, conseguir un puesto fijo.

nº47 | a pie de tajo

VASCXS DE PIEDRA BLINDADA

PALABRAS DESDE EL CORAZÓN DE UNA HUELGA

Unx trabajadorx anónimx

Este artículo se escribió con anterioridad al 6 de julio, día en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó el ERE con el que la empresa despedía a 129 trabajadores, obligándola a readmitirlxs. ¡Enhorabuena, la lucha sigue!

Desde luego, no suele ser el sueño de ningún niño o niña trabajar en una acería, entre chispas y metales al rojo. Pero hay algo de idealista y romántico en seguir los pasos de nuestros padres y madres formando parte del sector metalúrgico que ha forjado a fuego el paisaje, el carácter y la vida de todo Euskal Herria. Como en el caso de Tubacex que, desde su fundación en 1963, ha sido uno de los principales motores del valle de Ayala. Lo que comenzó como una pequeña fundición satélite del gigante Aceros de Llodio se convirtió, con los años y el esfuerzo de generaciones de trabajadorxs, en una multinacional que opera en más de una veintena de países. 

Históricamente, la siderurgia ha conocido profundas crisis y reconversiones, todas coyunturales y pasajeras, pero que han laminado de forma irreversible las condiciones de trabajo en las factorías. Desde hace décadas hemos asistido a sucesivas deslocalizaciones, a la creciente precariedad y a la altísima siniestralidad en un trabajo declarado tóxico y peligroso, todo para alimentar largas etapas de gran rentabilidad y dividendos millonarios. La patronal ha potenciado esos males con su voracidad insaciable, sin olvidar la connivencia de ciertos agentes políticos que han visto los consejos de administración de estas empresas como agencias de colocación. 

El actual conflicto de Tubacex no es más que un nuevo síntoma de la enfermedad incurable que asola la sociedad capitalista: la codicia sin límites. Los malos resultados del pasado ejercicio, consecuencia de la profunda crisis global en la que nos sumió la pandemia, han servido de excusa perfecta para intentar acometer otra reconversión encubierta, destruyendo los puestos de trabajo y el futuro de ciento veintinueve familias para proceder, acto seguido, a su subcontratación. Se trata no de asegurar, como vende la dirección, el porvenir del grupo empresarial, sino de abaratar los costes laborales y disparar sus beneficios a costa de la plantilla, acostumbrada a pagar la cuenta de banquetes ajenos. 

Sin embargo esta vez, todxs a una, convencidxs de la justicia de nuestras reivindicaciones, los trabajadores y trabajadoras dijimos «¡BASTA!» el jueves 11 de febrero, convocando la huelga indefinida. Contra su ambición desmedida, con las manos desnudas nos enfrentamos a ellos mediante nuestras mejores armas: la movilización sindical y la acción directa. El 21 de junio se cumplirán ciento treinta días de lucha, fecha en la que se celebrará el juicio por el expediente de regulación de empleo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Un juicio en el que lo que está en juego no es solo la pérdida de ciento veintinueve empleos, sino el gradual desmantelamiento de todo el tejido productivo y la consecuente sentencia de muerte a nuestra industria, nuestro valle y nuestro entorno. Ciento treinta días dan para infinidad de historias. Detenciones, autobuses de esquiroles, abusos policiales, barricadas, multas, amenazas, comunicados capciosos de la dirección, indiferencia de políticxs y periodistas… Pero ante todo han dado para más de dieciocho semanas de participación, de camaradería, de fuerza obrera. Más de cuatro meses de amor propio, en los que para sobrevivir entre todxs hemos aprendido a aportar lo mejor de cada unx. Incluso a sabiendas de que nuestra principal debilidad es la económica, han surgido decenas de iniciativas para crear un fondo solidario, una caja de resistencia a la que aquellos compañeros y compañeras en peor situación pueden recurrir para poder seguir en la brecha, sin rendirse. 

Mientras escribimos estas líneas permanecemos todavía en la batalla, sumidxs en la misma incertidumbre con la que comenzamos, pero también con la misma fe en nosotrxs mismxs, con la misma unidad y con el mismo orgullo de defender nuestra dignidad, el pan de nuestras familias, el mañana de nuestrxs hijxs. A ellxs podremos contar que lucharemos a brazo partido y hasta el último aliento para lograr la victoria. Porque no somos héroes, pero somos currelas. Porque no somos un pueblo de bueyes, sino vascxs de piedra blindada. Jo ta ke, irabazi arte!

nº46 | a pie de tajo

Arde, otra vez, la Bahía de Cádiz

Nate @naterismos

Si algo está impreso en el ADN de los habitantes de la Bahía de Cádiz es que sin lucha no hay trabajo. Toda la historia del astillero (de Puerto Real, Cádiz y San Fernando) transcurre en paralelo a la pelea por evitar su cierre en las diferentes crisis económicas que han atravesado. Quien sea de Cádiz y peine canas recordará las historias de frigoríficos cayendo por las ventanas contra los antidisturbios, las pelotas de goma y los cortes en la carretera nacional. Solo así ha perdurado una industria amenazada por fenómenos como el neoliberalismo, la globalización y la deslocalización industrial. Ahora es el turno de Airbus, que toma el relevo de la lucha en la calle por la amenaza de cierre de la factoría de Puerto Real. 500 trabajadores directos pero sobre todo los miles de empleos de alrededor están en peligro. La plantilla de Airbus será indemnizada o trasladada, pero los aproximadamente 1 500 del sector auxiliar (es decir, las subcontratas) se quedan con una mano delante y otra detrás. Y, lo que es peor a largo plazo: un nuevo palo a una provincia cuyo desempleo marca récords mundiales y con una juventud condenada al exilio.

La lucha está en la calle. Desde el Gobierno de Sánchez al de Moreno Bonilla solo llegan mensajes de resignación. Los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas, las más afectadas, van a agotar todas las vías reivindicativas posibles. El 10 de abril  una gran manifestación recorrió las calles de Cádiz exigiendo trabajo y futuro. El día 14 fue la plantilla de Airbus la que prendió fuego a la Nacional IV y cortó los accesos a la capital de la provincia por sus dos puentes. Largas retenciones y barricadas hechas con neumáticos ardiendo nos recordaron a otros tiempos donde esta medicina sí logró frenar la desindustrialización. En esta ocasión está más difícil, aunque la provincia no va a quedarse quieta. Las movilizaciones siguen y cuentan con el calor y el apoyo de toda la población que sabe que se están jugando el pan de toda la zona. La  plantilla de la industria auxiliar presiona al comité de empresa de Airbus que no está por la labor de calentar demasiado el asfalto por un presunto acuerdo ya negociado a hurtadillas entre los grandes sindicatos, el Gobierno y la patronal. Un acuerdo de cierre que, verdaderamente, no le sirve a nadie.

Por lo pronto las movilizaciones obligan a que los políticos se muevan. El presidente de la Junta ha virado desde asumir el cierre a unirse a la plantilla para exigir al gobierno central que haga algo. La posición de Moreno Bonilla es puramente partidista, sobra decirlo, pero obligarle a recular es un primer paso  para que ahora el Gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz tengan que posicionarse en defensa del empleo. Mientras, las convocatorias para pelear continúan. El día 15 de abril, después de la gran movilización que paró Cádiz al completo, el preparadísimo rey de España se fue a Getafe a inaugurar una ampliación de la planta de Airbus allí. Los trabajadores de la factoría madrileña se manifestaron en la puerta en favor de la gente del sur en un verdadero ejercicio de solidaridad de clase. Si la factoría de Puerto Real cierra, Andalucía de nuevo saldrá perdiendo en pos del centralismo español y del resto de industrias en Europa que acogerán sus encargos laborales, pero eso no impide que la plantilla madrileña se solidarice y luche junta por sus compis del sur. El estado de alarma impidió que los currelas de Cádiz llegaran en autobús a Getafe. La covid19 sirve de excusa perfecta para impedir que ejerzan su derecho legítimo y fundamental a manifestarse y un ejército de antidisturbios armados con ametralladoras hasta los dientes les frenaron y detuvieron en carretera. Le toca mover ficha al «gobierno más progresista de la historia de la democracia» al que le crecen los enanos entre tanto ERE, tanto paro y tanta desesperación. En El Topo lo seguiremos contando, mientras nos dejen, a pie de tajo.

nº45 | a pie de tajo

PREDOCTORALES QUE DICEN BASTA

La Maca

La precariedad, como el capitalismo, ha ido extendiéndose hacia nuevos sectores, pero aquellas personas que siempre han estado precarizadas han visto agravada su situación hasta niveles insostenibles. La investigación universitaria ha estado marcada desde siempre por la falta de inversión, de estabilidad y de planes estratégicos que aseguraran continuidad y futuro. Si eso es así para muchas investigadoras de amplia trayectoria, imaginaos la situación de quienes están en el último escalón: los investigadores y las investigadoras predoctorales.

Son jóvenes (y no tan jóvenes) que acceden a contratos mientras desarrollan su tesis en universidades públicas u organismos de investigación. Trabajan 37 horas a la semana por unos 1 000 euros al mes y los contratos duran un máximo de 4 años.

En 2019 se elaboró el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) que reguló su situación; sin embargo, el documento no recogía una de las principales reivindicaciones del colectivo: el derecho a recibir una indemnización cuando finaliza el contrato como cualquier trabajador. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón en este tema en una sentencia de 2019, sin embargo, el Tribunal Supremo falló en contra al recurrirse la decisión.

Aunque la indemnización por despido es su caballo de batalla, tienen más frentes abiertos. El colectivo FPU Investiga nos explica que hay otros derechos con los que cuentan el resto de trabajadoras que no tienen todos los predoctorales, por ejemplo, las subidas salariales como empleadas públicas o el reconocimiento del complemento de antigüedad por trienios. «Este cúmulo de despropósitos nos lleva a pensar que somos trabajadoras de segunda, ya que producimos igual que todas pero contando con menos derechos. Esto es una situación anómala y tremendamente injusta», afirman.

También reclaman las prórrogas de todos los contratos predoctorales vigentes durante el estado de alarma del 2020, ya que sus investigaciones fueron paralizadas y se vieron afectadas por el cierre de archivos, laboratorios, etc.

La incertidumbre en la que vive el colectivo es constante, como ellas mismas nos cuentan los continuos retrasos en la publicación de convocatorias y resoluciones ocasionan problemas como la autofinanciación de estancias en el extranjero o falta de planificación en las tareas de la tesis. Posteriormente, esta situación no mejora y es que nunca sabes lo que va a pasar al acabar tu contrato predoctoral. De hecho, la mayoría de compañeras acaban en el paro o en el extranjero. En España no hay una continuidad clara entre acabar la tesis y continuar la carrera investigadora, básicamente porque las convocatorias posdoctorales son irrisorias y las plazas estables para investigar salen con cuentagotas y destinadas a aquellas personas que han ido aguantando y encadenando contratos temporales y precarios. En definitiva, la apuesta por la investigación en este país se reduce a una frase que queda muy bien a nivel publicitario para los políticos pero no se aprecia en medidas reales.

El Pacto por la Ciencia y la Innovación parecía que abría una nueva oportunidad, pero este se firmó en febrero sin recoger sus principales preocupaciones. Ante esto, desde el colectivo FPU Investiga, anuncian que no se van a dar por vencidas: «seguiremos luchando como hasta ahora. No pedimos un trato de favor ni derechos que no tengan otras profesionales en este país, sino un trato en igualdad de condiciones y que nos permita abandonar la precariedad en la que nos hemos instaurado las investigadoras predoctorales». Además anuncian la convocatoria de manifestaciones virtuales a través de las redes sociales (miércoles a las 12:00) mientras dure la situación de pandemia y campañas para que la gente sea consciente «de la situación a la que nos enfrentamos las investigadoras predoctorales y de que, al final, la ciencia es necesaria si pretendemos cambiar el modelo productivo del país. ¿Alguien se ha preguntado, por ejemplo, qué hubiera supuesto que la primera vacuna contra la covid hubiera tenido origen en España?».

nº44 | a pie de tajo

Cuando tu jefe es el hombre más rico del planeta

Raquel González

Hace un año trabajé en Amazon para la campaña de navidad. Eché el currículum porque dos amigos ya curraban allí y me dijeron que en esa época es una locura y cogen a todo el mundo. Yo —que hasta entonces solo había trabajado en el mundo sociosanitario— trabajando en un almacén. Igualito a un pez cuando lo sacan del agua.

No voy a negar que fue interesante conocer cómo funciona el engranaje tan medido y eficiente de un sistema de trabajo como el de Amazon. En la mañana los turnos comienzan a las 7:00 y 7:30am; esto es así para que no se colapse el aparcamiento y poder aprovechar al máximo los espacios y el tiempo, así como para que no coincidan ambos turnos de descanso, que son breves y escasos. Apenas has podido despertar y la sensación es la de que pasas de un espacio a otro cual robot, en una secuencia tipo cochera: taquillas, escáner, torno, escaleras, paneles de ubicación, línea de producción.

Por la mañana hay una pequeña charla por parte de algún encargado contando algún rollo motivante, que a esas horas de poco sirve. Después vas al panel a ver en qué número de línea y puesto te han ubicado para pasar el resto de tu día. En cada descanso, con los minutos contados, tienes que fichar y pasar por tornos —también por los agentes de seguridad con el detector de metales, para asegurarse que los trabajadores no roban—. El ambiente es bastante hostil y carcelario.

Yo trabajaba en la sección de devoluciones del cliente, donde en varias cintas transportadoras van llegando montones de paquetes de clientes insatisfechos; y, mediante un sistema informático, respondes preguntas, reetiquetas, escaneas y mandas a su nuevo destino. Este destino en muchos casos es el de destruir. Podría seguir hablando sobre la complejidad de este macabro engranaje, pero lo que más recuerdo son las sensaciones que me invadían: cómo, a pesar de procesar productos en perfecto estado, el programa informático los deriva a destruir. Y no hay nada que puedas hacer.

Trampeas al sistema y te pillan por otro lado, viene una persona encargada a decirte que X producto no es reenvasable; que a ese muñeco le falta un pelo; que esa manta ya no se puede doblar para que entre en su funda original; que ese abrigo tiene un botón descosido; o que este libro tiene una marca minúscula en el interior de la tapa y que por eso ya no se puede vender. Se manda a destruir. No se puede vender, ni donar, ni regalar, nada. Se destruye. Y así, cientos y miles de productos de todo tipo. Y entonces, un dolor se anudaba en mi pecho.

Recuerdo que la primera semana fue dura, porque la lógica me decía que algo no andaba bien. El planeta me gritaba al oído, gritos de auxilio, una voz que parece que solo yo oía. Y mientras, este sistema feroz masticaba y escupía plástico por toneladas. Por otro lado, veía cuántas cosas devuelve la gente, no por que estuvieran realmente en mal estado, sino por la infelicidad que nos acompaña. No compramos productos, compramos felicidad. Y se nos olvida que la felicidad es una actitud, un posicionamiento vital. El sistema gira tan deprisa que se nos olvida que con el muñeco se juega, que la manta abriga al sin techo, que los botones se cosen, y que lo que importa del libro es el contenido.

Pero como todo en esta vida, con la costumbre y si es lo que hace la mayoría, el dolor se mitiga. Al final te adaptas al sistema, buscando el fallo y enviando a destruir sin pena ni gloria cualquier cosa que pasa por tus manos, siendo partícipe de la infelicidad de las personas en esta rueda imparable de consumo, que no se sostiene, pero es como un alud que empieza siendo una pequeña brizna de nieve.

Detrás de cada paquete que llega a nuestras manos, hay un ejército de personas fabricando, distribuyendo, procesando, empaquetando y transportando los productos hasta la puerta de tu casa. Consumiendo recursos naturales de forma abusiva.

Detrás de cada paquete que llega a tus manos, está el esfuerzo de tu trabajo. No es solo el dinero que gastas, sino el tiempo que invertiste en ganarlo. Como los recursos, la vida es limitada. Nuestro tiempo es limitado. La comodidad de un clic tiene un precio elevado.

nº43 | a pie de tajo

Destapando el campo andaluz: La hilá perdía

Comando autónomo de jornaleras

Entre terratenientes y manijeros, y la PAC por sombrero

Nunca es demasiado insistente empezar un artículo sobre la situación del campo mostrando nuestro apoyo al campesinado andaluz, tan históricamente pisoteado y ultrajado por exigir vivir dignamente y servirse, cuando considera oportuno, de ciertas ayudas por parte del Estado español, para sobrevivir al productivismo y al modernismo que llegaron a nuestras tierras como la cruz llegó a América en manos de los colonizadores a base de fuerza y clasismo.

La historia pasada y reciente de latifundios y terratenientes no ha variado mucho en los últimos años en nuestra tierra —su aliada la PAC tampoco—, pero hoy queremos sacar a relucir otra figura, a veces olvidada, pero que es clave para entender los entresijos del campo andaluz y que ha marcado nuestra propia experiencia: los manijeros. Dícese del que coordina o monta cuadrillas disfrazado de jornalero, haciendo de intermediario entre las trabajadoras y la gran empresa, beneficiándose del trabajo ajeno.

Cual jornaleras infiltradas nos colamos en una cuadrilla de dimensiones considerables compuesta por andaluces, pero también gentes de Rumanía y América Latina, por 20 días. Éramos cinco compañeras entre hilá y hilá viviendo en primera persona las condiciones laborales bajo las que se somete a buena parte de las jornaleras de nuestra tierra.

Este artículo no es otra cosa que un grito desesperado por destapar las miserias de nuestra tierra para con sus trabajadoras del campo. Ante el gesto cínico de la patronal y de Asaja, de llevarse las manos a la cabeza cuando la ministra de trabajo mandaba una orden general de inspección en busca de esclavitud en el campo, no nos queda otra que escupir desde adentro toda la experiencia vivida a pie de tajo. Después de esos 20 días trabajando en el verdeo sevillano queremos compartiros nuestras verdades.

Condiciones a pie de tajo

El convenio colectivo del campo de la provincia de Sevilla recoge muy claramente que el salario para el verdeo debe ser de 48.44 € por jornal, así como que las esperas durante los trabajos no correrán por cuenta del trabajador. La jornada laboral debe durar seis horas y media. El desgaste de herramientas también se debe pagar, así como un plus por kilometraje a partir del sexto kilómetro desde el pueblo de partida. Redondeando, una trabajadora se tiene que ir a su casa con 50 €. Pero la realidad es bien distinta. Cuando nos ponemos en contacto con el manijero nos dice que tenemos que llevar nuestro propio material. Que no pagaban el jornal, sino que se trabajaba a destajo, y que por cada espuerta de 25 kilos se nos pagaba 4.40 € (que luego se convertiría en 4.30 o 4.20 según conviniese al manijero). Lo que sugiere que, para poder alcanzar el salario mínimo establecido por convenio, habría que recoger más de 11 espuertas, lo que supone una cifra de 280 kilos de aceitunas recogidas a mano al día. A sabiendas de esto, el manijero con el que tratamos no para de decir que hay mucha aceituna y que se pueden coger muchos kilos, sugiriendo todo el rato que será fácil llegar a los 48 euros. Nada más lejos de la realidad.

Necesitaríamos varias páginas de este periódico para poder describir con detalle el cúmulo de incidencias que se cometen a pie de tajo. Quizás, el mayor problema al que nos enfrentamos fue el de la desorganización y la falta de medios para poder trabajar con fluidez. Todo era una cadena de trabas que impedían volver a casa con un salario digno. Debido a la gran desorganización, nos era imposible acabar nuestra hilá; siempre aparecían por la otra punta otro grupo de trabajadoras, por lo que teníamos que ir de hilá en hilá durante toda la peoná cargando las pesadas escaleras —de hierro— a distancias considerables, lo que suponía una pérdida de tiempo infinito. A esto había que sumar las largas esperas para que llegase el tractor y vaciara las espuertas. Te veías obligada a parar a veces durante horas. Cabe decir también que, de los extranjeros que nos acompañaban, NINGUNX estaba dadx de alta. Nunca conseguimos superar el número de 6 espuertas al día, es decir, ni 30 euros, en más de 6 horas y media.

Si te suena todo esto… y quieres okuparte de tu tierra, estamos empezando un proceso de denuncia colectiva, contáctanos en fasinpat<en>riseup.net.

nº42 | a pie de tajo

Sindicalismo estudiantil

Aprender luchando

Jesús M. Castillo

Muchas personas comienzan a activarse políticamente en sus años de estudiante. Algunas además se organizan en sindicatos estudiantiles. Entrevistamos a Alejandro, estudiante de Biología en la Universidad de Sevilla y militante del Sindicato de Estudiantes, y a Hada que estudia Literaturas Comparadas en la Universidad de Granada y participa en la Unión Sindical Estudiantil.

Hada comenzó en el sindicalismo estudiantil cuando «se estaban llevando a cabo campañas contra recortes. Yo sabía que las condiciones de mi centro no eran las mejores y había gente que peleaba. Poco a poco, me acerqué al sindicato y entendí que conjuntamente podíamos lograrlo. Al final, esa experiencia de lucha fue la que me convenció de la necesidad de estar organizada». Alejandro también comenzó en el instituto: «el Sindicato había hecho muchas asambleas, desde la lucha contra la LOMCE hasta contra la guerra imperialista en Siria. Empecé a participar activamente contra la LOMCE, haciendo pancartas con mis compañerxs de clase. Varixs nos dimos cuenta de que no era suficiente con luchar, había que organizarse».

Desde que se organizaran sindicalmente, Hada y Alejandro han participado en numerosas movilizaciones. Alejandro comenta que «durante 2016 participé en la lucha contra la LOMCE. Hicimos tres huelgas educativas (dos de ellas en unidad con profesorxs), lo que fue toda una escuela política. Las reivindicaciones eran claras: No a la LOMCE, más profesorxs y recursos para la pública, fin de la concertada y echar atrás las reválidas que pretendían vetarnos la entrada a la Universidad a hijxs de clase obrera. Quisieron aplicar las reválidas al final de curso, a modo de prueba. Las boicoteamos. Aunque no conseguimos acabar con la LOMCE, conseguimos acabar con las reválidas». Entre las luchas en las que ha participado, Hada destaca que «el pasado noviembre, un estudiante de secundaria nos contactó porque no estaban cubriendo plazas de personal en su centro, ni tenían materiales e infraestructuras suficientes». Tras elaborar una tabla reivindicativa, comenzaron a hacer «asambleas estudiantiles, notas de prensa y convocamos una huelga». La lucha fue apoyada por sindicatos de profesorado. «Finalmente, se cubrieron las plazas del sector laboral, se modificó el régimen interno del centro, y conseguimos que en un centro donde no había sección sindical se tomase conciencia de la necesidad de organizarse».

Mirando hacia el futuro, Hada piensa que «las políticas educativas no son nada halagüeñas. Los recortes en educación no dejan de darse. Y los ataques no se dan solo en materia económica, sino que vienen de la mano de propuestas segregadoras, homófobas, machistas y xenófobas (como el pin parental). Ante esto, el estudiantado no ha dejado de movilizarse, aunque no de manera coordinada. Por eso, nuestro sindicato considera que debemos tener una hoja de ruta común que nos permita conseguir más victorias para la educación pública». Respecto a este contexto de recortes en plena pandemia, Alejandro ve que «hay mucho descontento en el alumnado, hay ataques del trifachito contra la universidad pública. Hay muchas ganas de luchar, pero hay que ponerse las pilas, atender a las demandas de las bases, tener un plan de lucha y huelgas contundentes». Hada añade que «las políticas de recortes llevan años masificando las aulas, si en un curso normal no se respetaba la ratio, ¿cómo pretenden, sin contratar más personal y sin las infraestructuras pertinentes, respetar las medidas higiénicas necesarias?».

La lucha es la mejor escuela. Por ejemplo, Alejandro ha aprendido «que luchando unidxs podemos cambiar las cosas, hay descontento pero hay que convertirlo en organización. Es fundamental la unidad entre profesorado y estudiantes, entre clase obrera y juventud. Lo principal que he aprendido, es que tenemos que acabar con el capitalismo de una vez por todas». En esta línea, Hada piensa que «el aprendizaje básico es darse cuenta de que pelear junto a otras personas de manera organizada es la única manera de conseguir mejoras». Tanto Alejandro como Hada se organizarán en sindicatos en sus lugares de trabajo.

nº41 | a pie de tajo

Sindicatos: la lucha es el único camino

Jesús M. Castillo

La lucha en los centros de trabajo no suele ser fácil. Ahí es donde se producen las riquezas y quien intenta repartirlas es protagonista de la lucha de clases. Esta labor la desarrollan, cada día, miles de sindicalistas, algunos desde sindicatos alternativos, solidarios y combativos que encuentran una resistencia especial en los empresarios. Entrevistamos a Faly, trabajador y delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) en el hotel Hesperia de Sevilla.

Faly viene de una familia con tradición sindical. «Mi padre estaba sindicalizado en UGT y las luchas obreras, huelgas, solidaridad, etc. eran el pan nuestro de cada día, y yo soy una prolongación de todo eso. Lo mío viene de cuna». Desde estos inicios, Faly y sus compañerxs del sindicato llevan años luchando por mejores condiciones laborales.

La clave ha sido no doblegarse ante las adversidades, sintiendo y luchando junto con cada trabajador/a que lo necesitaba, no mirar la sindicalización del compañero/a para ir juntos, y estar al lado del más precario/a, denunciando cualquier irregularidad laboral.

Este trabajo de hormiguita, durante años y años, llevó al SAT a ganar las últimas elecciones sindicales en el hotel, consiguiendo la totalidad de delegados del comité de empresa.

Las labores sindicales son muchas e importantes, pero la pandemia lo ha alterado casi todo. Por ejemplo, durante la crisis sanitaria del coronavirus, «el comité de empresa ha llevado a cabo una labor de información y asesoramiento a toda la plantilla. También nos volcamos en ayudar a compañeras que, al no cobrar a tiempo, necesitaron ayuda alimentaria». Además, hemos colaborado con la plataforma estatal de camareras de pisos, la cual puso denuncia por el despido fraudulento ante el Defensor del Pueblo. Las reivindicaciones de este colectivo altamente feminizado y precarizado son muchas pero, principalmente, sobrecarga laboral, externalización y elevada eventualidad.

Las cosas han empezado a cambiar desde que el SAT ganara las elecciones en el hotel Hesperia: aún llevamos solo unos meses, de los cuales tres son en ERTE. En este tiempo hemos ido informando puntualmente a la plantilla de todas las incertidumbres por esta crisis sanitaria. Cosas básicas, como entrega de documentación que no se estaba llevando a cabo desde hace más de dos años, control de descansos, altas en las cotizaciones, llamamientos, transparencia en las horas sindicales, y comunicación al instante de todas las reuniones del Comité de Empresa con la Dirección. Además, tenemos una política de tolerancia cero a cualquier tipo de acoso.

El futuro de la sección sindical del SAT en el hotel Hesperia, como el de muchas otras, está lleno de retos si se quieren mejorar las cosas.

Uno de los nuevos cambios que nos quedan por cumplir es eliminar contrataciones eventuales. Para ello, dedicaremos todos nuestros esfuerzos en pasar el mayor número de personas de fijas discontinuas a personal fijo, y la plantilla eventual a fija discontinua o, directamente, a fija.

Para minar la imprescindible labor sindical, la clase dirigente impulsa desde sus medios de comunicación campañas de desprestigio contra los sindicatos, y mucha gente las repite como papagayos, sin conocer la realidad de los tajos. Faly nos comenta que el sindicalismo está siendo muy criticado, ya que las burocracias de los sindicatos mayoritarios están haciendo de cortafuego y su sindicalismo es el del pactismo a base de pérdidas de derechos con muy pocas respuestas. Los sindicatos alternativos somos una herramienta clave en lucha de la clase obrera. Aunque hoy en día no hayamos crecido como debiéramos, no me cabe la menor duda de que hoy «somos cientos, mañana seremos miles».

Mirando al futuro con la fuerza y la constancia que le caracterizan, Faly analiza que se nos vienen tiempos difíciles. La patronal tendrá toda la maldad para recortarnos en derechos tras la crisis sanitaria. Este comité de empresa no solo luchará para no perder derechos, sino que trabajará para recuperar derechos perdidos y bienestar. La lucha es el único camino.

nº40 | a pie de tajo

Desde el tajo ante la pandemia

Jesús M. Castillo

La gestión de la pandemia de la covid-19 bajo las reglas capitalistas está generando una crisis socioeconómica profunda que se suma a la crisis estructural preexistente. En este contexto de crisis sistémica, entrevistamos a dos trabajadoras del sector de la hostelería afectados por ERTEs, Inma y Riccardo, que nos cuentan cómo la están viviendo.

Inma trabaja en un hotel llevando la administración y la recepción. «Sirvo, pa un roto y pa un descosío». Riccardo curra de camarero en un restaurante del centro histórico.

Cuando les preguntamos si alguna vez pensaron que algo como esto podía pasar, Inma contesta que «jamás. Esto era de película. La realidad supera la ficción. Pasé la anterior crisis con muchas dificultades, teniendo hijos que dependen de mí. Después de mucho tiempo encontré la estabilidad. Siempre temí volver a una situación económica como la que sufrí, pero nunca imaginé que iba a ser por esto». Riccardo nos comenta que «siempre he creído que hay que aprovechar los momentos porque, de repente, las cosas pueden cambiar; pero nunca llegué a imaginar esto. Estaba convencido que la hostelería no iba a verse afectada en Sevilla donde el turismo ha crecido exponencialmente. Lo que antes de la covid era nuestra mayor fuerza, ahora es nuestra mayor debilidad».

Respecto a cómo ha respondido su empresario ante esta situación, Riccardo comenta que «no me siento en condición de poder juzgarlo en la extraordinaria crisis sanitaria […] Qué hubiera pasado si el Gobierno no hubiera decretado el cierre de los negocios…». Inma opina que «en la empresa han hecho un ERTE necesario porque el hotel está cerrado. Lo que no sé, es si será posible el compromiso de seis meses de contrato mínimo después del ERTE».

En relación a cómo están respondiendo los gobiernos central y autonómico, Inma cree que «no es momento de echar culpas. En este momento hay que actuar a favor de obra. Cuando todo esto pase ya tendremos tiempo de hablar». Pero de los anuncios gubernamentales a la realidad va mucho, como nos explica Inma: «en teoría tendría que haber cobrado el 10 de abril, pero aún no he recibido ingreso alguno. Entiendo que están desbordados pero hay mucha gente que no puede esperar. Y por favor, ¡menos burocracía! Para intentar pedir la moratoria de la hipoteca te piden [los bancos] cuarenta papeles que no puedes tener ahora». Sin embargo, Riccardo cree que los gobiernos han respondido mal: «no han tomado las precauciones a tiempo. Al principio, el Gobierno ha querido subestimar un problema que ya estaba devastando Italia y, en vez que aprender de los errores italianos, ha preferido seguir para no afectar la economía. La única cosa buena es que ha permitido ERTEs y no despidos pero, las condiciones del sector (trabajan 40 horas semanales y el contrato es de 20) no permiten sobrevivir».

De cara al futuro, Riccardo ve las cosas difíciles: «no sé cuándo podremos sentarnos a tomar una cerveza en el bar bajo casa, imagínate cuando podré volver a trabajar con turistas. Muchas actividades no podrán aguantar y cerrarán». Inma ve su futuro profesional «muy negro. Ya me estoy planteando emigrar para mantener a mi familia. Pero ¿a dónde? A luchadora no me gana ni dios». Riccardo opta también por resistir: «mi trabajo ha existido y siempre existirá. Ahora hay que aguantar como sea». Inma ofrece algunas ideas para avanzar: «son necesarios los test. Si ya has pasado el puto virus y lo sabes, puedes hacer mucho por la sociedad. Ahora no somos Antonio, Lucía o Rosa. Ahora somos todas las personas. Tenemos que actuar coordinadas y con empatía».

Finalmente, las dos entrevistadas se despiden de forma positiva. «Gracias a todas las personas que se exponen, como basurerxs, conductorxs de autobús, trabajadorxs de supermercados y sanitarixs que se juegan la vida por el resto», agradece Inma. Riccardo saca lecciones de la pandemia: «este virus nos ha recordado que no lo sabemos todo, que hay que aprender de los errores. Nos ha recordado que vivimos en un sistema frágil, que hay que agradecer a lxs campesinxs, no a Cristiano Ronaldo. Que es importante dedicarnos tiempo a nosotrxs, a apreciar nuestra libertad. Y, sobre todo, nos ha recordado la importancia de apreciar la vida y querer con todo el corazón a la gente que está a nuestro alrededor, porque un día están, pero al siguiente…».

nº39 | a pie de tajo

Transformando el imaginario temporero

Gazpacha negra

La palabra precariedad se deriva de prex, precis (ruego, súplica). Del neutro plural del adjetivo precaria viene nuestra palabra patrimonial plegaria. Si la definimos como lo hace la RAE entenderemos por ella pobreza o falta de recursos. Si ahondamos en su significado vemos como viene a definir algo de poca estabilidad o duración, o que se tiene sin título por tolerancia o inadvertencia del dueño.

Vamos a intentar desmontar esta palabra y re-significarla a nuestro antojo con cierta ironía para vislumbrar otras maneras de relacionarnos con el trabajo y reafirmar así nuestros reparos con el Homo asalariado. Para el neoliberal sevillano que se haya topado con este artículo y se esté frotando las manos pensando que las jipis y anarquistas nos arrodillamos por fin ante su maldita flexibilización del mercado laboral, avisamos que este no es un artículo neoliberal, sino libertario. Lo que quiere decir que no nos vamos a referir a la temporalidad enmarcada en la desregulación del mercado laboral, sino a la temporalidad del campo y de la tierra, entendiendo esta como el propio ciclo vital de la fruta que recolectamos durante las peonás.

Estas palabras se escriben para dignificar, no al trabajo, sino a las gentes que conscientemente apuestan por el trabajo temporero arraigado a la tierra y al campo. A quienes no sufren por la temporalidad, puesto que la eligen como forma de vida alejada de la rutina y el esclavizador trabajo asalariado; a quienes se enfrentan al circo del mercado laboral con ingenio y decrecimiento; a quienes deciden currárselo para vivir y no vivir para currar; a quienes han superado los discursos de fobia urbana al trabajo en el campo; a quienes han aprendido de verdad a vivir mejor con menos.

Los discursos sobre la precariedad siempre han estado copados por la izquierda rancia que sigue pidiendo pan y trabajo al Estado y su gobierno. Estamos huérfanas de otros discursos que pongan en valor otro tipo de relaciones con el mercado laboral. Esto es un alegato por la superación de los conceptos tradicionales que no reparan nunca en una posible ruptura de verdad con el mercado laboral y sus miserias.

Existimos las que apostamos por construir otras maneras aprovechando la siempre presente desigualdad norte-sur. Las que nacimos en el sur del norte, estamos acostumbradas desde pequeñas a ver como los pueblos, a medida que se acerca el verano, se van vaciando. Autobuses llenos de temporeras salen en dirección Europa desde que la modernidad llegó al campo. Casi un siglo después, los pueblos se siguen vaciando, pero las ciudades han visto como nacía un nuevo grupo social que imita las maneras de siempre pero reactualizadas con tintes libertarios.

Somos muchas las que apostamos por el lujo de tener el tiempo a nuestra disposición. Las que decidimos desde el privilegio de poder elegir, vender nuestra vida solo un par de meses al año y vivir el resto como diosas. Quienes hacemos de nuestra vida un viaje constante en busca de la libertad que nos da poseer el tiempo en nuestras manos.

Si definimos una vida digna de acuerdo con convenciones y estándares de la sociedad capitalista, la nuestra por seguro que no lo sería. Hemos convertido la precariedad en un lujo vital, de manera resiliente y, por qué no, oportunista, nos aprovechamos de los desmanes capitalistas. Si antes se miraba al norte más cercano, cuando miramos ahora al norte miramos mas al norte todavía. Francia y Alemania van dejando paso a Suiza, Noruega, California o Canadá.

Nos lanzamos a la aventura cada vez que comienza el verano o el otoño, sin seguridad alguna de lograr los objetivos económicos, pero con la certeza de que volveremos con algo en las manos. Desde el privilegio de poder elegir, elegimos vivir al margen del tiempo. Según lo que venga improvisaremos durante el año. La clave es siempre la misma: colectivizar la vida y decrecer. Es lo que nos permite de verdad vivir mejor con menos.

A las de siempre, gracias por resistir con alegría. Nos cruzaremos en los caminos pa’l norte pa encontrarnos en el sur nuestro, libres como el viento.

nº38 | a pie de tajo

La sanidad pública andaluza en lucha

Jesús M. Castillo

Usuarios y profesionales del Sistema Andaluz de Salud (SAS) vienen movilizándose durante años contra los recortes, especialmente en la atención primaria. Morir en Andalucía es un 38% más probable que en Madrid. En este contexto entrevistamos a Ruth, médica de familia en Lebrija, que nos cuenta algunas cosas que quizás no conozcas cuando vas a tu centro de salud.

«Ahora mismo en Lebrija estoy bien porque comparo con mi situación anterior. Antes, el centro de salud donde estaba, como la mayoría, atendía también urgencias: 52 pacientes diarios, más unos 10 pacientes por urgencias. Además, era la época dura de presión por objetivos. La gerente del distrito amenazó con quitarme la comisión de incentivo. Sufría persecución. Esos objetivos siguen vigentes pero, desde el año pasado, la lucha de varias plataformas, como Basta Ya en Andalucía, ha conseguido frenar el acoso en algunos centros. Mi directora de la unidad de gestión actual mira por el bienestar de los profesionales, está más preocupada por tener al personal a gusto que por trasladar directamente las presiones desde arriba. Ahora soy de las privilegiadas que tiene 40-50 pacientes, 7 minutos por paciente, cuando lo normal es tener 5-6 minutos, que son menos cuando entran urgencias. Aun así, 7 minutos es poco.»

Preguntamos cómo han cambiado las cosas con el nuevo Gobierno andaluz. «El nuevo Gobierno andaluz —del PP y Cs— continúa con la mala gestión del
Gobierno anterior. El Gobierno de Susana Díaz no nos escuchó e hizo fuertes recortes. En fin, la administración anterior fue canalla. Y la de ahora, como llegó al poder cuando estábamos movilizados, se reunieron con nosotros e hicieron muchas promesas, pero todo queda en buenas palabras. Al final, los acuerdos se firman en mesa sectorial con los sindicatos —CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Médico—. Por nuestra movilización, estos sindicatos nos echan ahora algo más de cuenta pero realmente ninguno defiende a los médicos de atención primaria. No nos sentimos representados por ningún sindicato. Desde la Plataforma Basta Ya pedimos 10 minutos por paciente, cobertura de bajas, etc. En mi centro somos 15 médicos y tenemos 3 plazas que no están cubiertas permanentemente, una jubilación y dos bajas largas. No se cubren las bajas por falta de voluntad política y porque los contratos son muy precarios y la gente prefiere irse a otras comunidades, a la privada o al extranjero. Están ofreciendo contratos de un mes, 50 o más pacientes diarios, muchas guardias, cambios de centros para no pagar productividad, etc.»

Conforme Ruth nos va contando, nos vamos haciendo una idea de lo injusto y contradictorio del llamado «sistema de incentivos» al que someten al personal médico. Por ejemplo, «los objetivos de atención primaria chocan con los de atención hospitalaria. Al personal médico de atención primaria nos presionan para que no derivemos pacientes a especialistas, incluso cuando está justificado. Y a los especialistas les penalizan por revisar mucho al mismo paciente. Entonces, le dicen que el año que viene lo vuelva a enviar el médico de cabecera. Esto genera conflictos entre diferentes sectores del sistema sanitario.»

Relacionado con los recortes disfrazados de excelencia, preguntamos a Ruth sobre la influencia del contexto socioeconómico en la salud: «El contexto influye mucho en la salud de los pacientes. Lo que importa para la salud no es tanto el número de médicos sino las condiciones sociales. Por ejemplo, lo he notado mucho en el cambio desde Las Cabezas de San Juan a Lebrija. En mi cupo en Las Cabezas, un pueblo con mucho paro y bajo nivel educativo, había muchas patologías cardiovasculares por mala alimentación, altos niveles de obesidad infantil, mala salud bucodental, etc. En Lebrija la situación es mejor. Todo lo que no sea atender las necesidades sociales trae problemas de salud.»

«Hay que movilizarse. Si faltan profesionales, cierran por las tardes… hacemos una plataforma de usuarios; hablamos con la dirección del centro, del distrito y pedimos explicaciones por escrito; nos movilizamos para poner en evidencia lo que está pasando. El SAS dice que está reforzando la plantilla y eso es mentira.»

nº37 | a pie de tajo

Lo que hay detrás de Metro de Sevilla

Jesús M. Castillo

La plantilla del metro de Sevilla (unos 174 trabajadores y trabajadoras que cobrar unos 1200 euros al mes) ha estado movilizada los últimos meses, primero por un convenio colectivo digno que se firmó en septiembre tras varias huelgas y, ahora, para hacer frente a la represión empresarial. La punta del iceberg de esta represión son dos despidos arbitrarios y muchos expedientes injustificados. Entrevistamos a Antonio, delegado sindical de la CGT, para que nos cuente qué hay detrás de este transporte público tan conocido y, al mismo tiempo, tan opaco a la ciudanía.

Le preguntamos a Antonio quién gestiona la empresa Metro de Sevilla y nos llevamos la primera sorpresa, pues a pesar de ser un servicio público, «la Junta de Andalucía tiene un 12%, la mayor propietaria de Metro Sevilla es una empresa privada Globalvía cuyos propietarios son 3 fondos de inversión». En la página web de Globalvía podemos leer que sus accionistas son, desde marzo de 2016, como dice Antonio, los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido). «Desde el punto de vista geográfico la presencia de Globalvia se desarrolla en España, EEUU, Irlanda, Portugal, Andorra, México, Costa Rica y Chile». En el Estado español tiene las concesiones de 7 autopistas y túneles, el Tranvía de Parla, los Transportes Ferroviarios de Madrid, la línea de Metro al aeropuerto de Barajas, Metros Ligeros de Madrid, los Tramvia Metropolità y del Besós en Barcelona, y el Metro de Sevilla. Antonio nos explica que «le hemos requerío a los partidos políticos que Metro de Sevilla esté gestionao por la administración pública, por la Junta de Andalucía, ya que es un servicio público». El Gobierno andaluz del PsoE fue el principal responsable de la privatización de este servicio público, «y ahora con el nuevo Gobierno andaluz de las derechas estamos notando incluso un poco más de dejadez».

Tras conocer quién gestiona nuestro Metro, le preguntamos a Antonio sobre su rentabilidad y volvemos a llevarnos las manos a la cabeza: «Metro de Sevilla es la corona de Globalvía porque es donde obtiene más beneficios. El 80% de los beneficios de Metro de Sevilla son subvenciones públicas que van directamente a Globalvía. Y el billete es uno de los más caros de España. Hay una gran cantidad de dinero público transferido a los fondos de pensiones privados de Globalvía que, al mismo tiempo, nos maltrata a la plantilla».

¿En qué se plasma este maltrato? «Desde que llegó Globalvia han recortado en las subcontratas de limpieza y seguridad. Nosotros, desde el comité de empresa, estamos en contacto permanente con el personal de limpieza porque han ido recortando su plantilla exigiéndoles cada vez más a quienes quedan y, claro, falta personal y la limpieza se resiente». Esta subcontrata y la de seguridad (que ha recortado cerca de un 70% de plantilla) están gestionadas por Ilunion del Grupo Social ONCE. Además, hay conductores, compañeros, que están tomando antidepresivos por el acoso de la empresa. Un caso que está provocando estrés y ansiedad, especialmente tras los últimos dos despidos y la apertura de los expedientes represivos. La empresa ha ido directamente a masacrar a la plantilla y a entrar en una política del miedo que no vamos a consentir, nos comenta Antonio golpeando una y otra vez la mesa de la cafetería donde nos hemos sentado para la entrevista.

¿Cómo hacéis frente a este terrorismo patronal, Antonio? El comité de empresa es multicolor. Estamos seis sindicatos y la parte del colegio de trabajadores, sin contar con la gente de oficinas. Somos una piña contra los dos despidos y los expedientes que acaban de hacer para atemorizarnos. Nos apoyan compañeros de CGT desde otras empresas como Tussam y Adif, que también son un servicio público. Estamos convocando concentraciones, denunciando en inspección de trabajo y planteándonos volver a la huelga. Le pedimos a los y las usuarias del Metro que comprendan que estamos luchando por la mejora de este servicio público, aunque a veces le inoportunen nuestras movilizaciones. Pedimos que lxs usuarixs se sumen y apoyen nuestra lucha que es la lucha por un transporte público accesible, democrático y de calidad».

nº36 | a pie de tajo

¿ES QUE HAY QUE ELEGIR?

Equipo de El Topo

A veces hay decisiones imposibles como aquel «qué dedo de la mano prefieres que te corte?»; pero, en la mayoría de los casos, lo que encontramos es el capitalismo poniéndonos por delante con total naturalidad opciones inmorales como «¿qué prefieres: trabajo o salud?»   La respuesta es inevitablemente otra pregunta: ¿es qué hay que elegir?   Un nuevo episodio de este dilema se vivió el pasado junio en el Campo de Gibraltar, cuando un incendio en una nave de almacenamiento de la fábrica de productos plásticos de Indorama, en San Roque, provocaba el pánico en la población local. No solo por la gigante columna de humo negro con ocasionales llamas que surgía del polígono de Guadarranque, sino porque en los primeros momentos se desconocía si el humo era tóxico o no, pese a la activación del plan de emergencias en la zona.   Este nuevo accidente ha puesto el foco en un debate que se sucede cada cierto tiempo: hasta cuándo tenemos que aceptar que nos den a elegir entre generar puestos de trabajo o una industria que no ponga en riesgo nuestra salud y la de nuestro entorno.   Desde el Campo de Gibraltar denuncian que el alto índice de cáncer en la zona, muy superior a la media nacional, está directamente relacionado con la industria petroquímica. Según el mapa de mortalidad elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, San Roque aparece teñida de rojo, lo que significa que tiene uno de los mayores porcentajes de casos de cáncer, especialmente de pulmón o de vejiga en la población masculina y de mama en la femenina. Las localidades que le rodean también están en índices elevados. Chipiona, Puerto Real o San Fernando, no se salvan de aparecer teñidas en este mapa. No solo eso, otros estudios alertan de cómo la contaminación provocada por la industria petroquímica afecta a ecosistemas locales y a la propia bahía.   Nos encontramos con zonas históricamente deprimidas que se ven sometidas a un chantaje tramposo: aceptar las industrias que nadie quiere instalar en su patio trasero a cambio de la promesa de empleos. La desigual relación centro-periferia fuerza a municipios o comarcas afectadas por altos niveles de paro y una precariedad agudizada por la crisis a tolerar en sus territorios las industrias contaminantes que los centros económicos no quieren en sus ciudades, aunque dependan de su energía y sus productos. La población de la zona, sin embargo, no se resigna a tener que negociar entre la salud o precariedad y pocas semanas después del incendio más de treinta organizaciones y colectivos convocaban una manifestación en San Roque para reclamar «Salud, clima y dignidad». Los convocantes reclamaban una diversificación de la industria de la zona que acabe con la concentración de industrias contaminantes y empiece a caminar hacia un nuevo modelo productivo con visión ecológica, partiendo de la economía social y que sea capaz de tener en cuenta las reivindicaciones ecofeministas que apuestan por poner la vida en el centro.   La respuesta del Gobierno andaluz, en cambio, apunta a más de lo mismo y así, apenas un mes después del incendio, aprobó una ampliación de fondo de barril de la refinería Cepsa de San Roque. La comisión delegada para Asuntos Económicos ha declarado dicho proyecto de interés estratégico para Andalucía, lo que permitirá una tramitación preferente a pesar de que el proyecto había estado en suspenso ante la falta de la declaración de impacto ambiental. No parece, por tanto, que el actual Gobierno andaluz esté tomando medidas por el camino que le indica la sociedad civil, que reclama, en primer lugar, una moratoria para la industria petroquímica y una apuesta por las energías renovables.   Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran la asamblea Ecofeminista, Marea Violeta, Extinction Rebellion, Ecologistas en Acción y muchas otras, han resumido sus reivindicaciones en una petición: «un cambio de modelo energético que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que respete nuestro medio ambiente y que no ponga en peligro nuestro futuro».    

nº35 | a pie de tajo

«Hay que ir a los sindicatos, informarse y luchar para perder el miedo»

Jesús M. Castillo

Muchas luchas laborales consiguen sus objetivos y empoderan a las plantillas que participan en ellas. Una de estas luchas victoriosas fue la de algunas camareras de piso del hotel Barceló Sevilla Renacimiento a finales de 2018. Lucía, Ángela y Lola, kellys en este hotel y organizadas en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), nos lo cuentan.

«De un día para otro el hotel decide, por una denuncia a inspección de trabajo, echar a la subcontrata para la que trabajábamos. Un día, de repente, nos dijeron que dejáramos el uniforme y no volviésemos más a trabajar», empieza Lucía cuando le preguntamos por qué comenzaron su lucha. En aquellos momentos, antes del despido, estas camareras de piso sufrían fuertes niveles de precariedad: «echábamos unas 8 horas al día y, por ejemplo, hacíamos 10 habitaciones y cobrábamos a destajo por habitación hecha, unos 2 euros por habitación», sigue explicando Lucía.

Tras el despido, «fuimos solo 8 compañeras a la lucha de unas 32 trabajadoras porque las demás tenían miedo. Cuando ganamos nos favorecimos solo las 8 que luchamos y que firmamos el acuerdo con la empresa con el apoyo de la CNT», comenta orgullosa Lucía.

«Decidimos ir con la CNT porque sé que es un sindicato por y para las trabajadoras, no como otros sindicatos», expone Lucía; y añade: «Es importante que un sindicato no se deje gobernar por nadie». Así, asesoradas y apoyadas por la CNT,

no hizo falta llegar a la huelga. Cuando estábamos despedidas, estuvimos concentrándonos en la puerta del hotel durante un mes tras meses intentando que la empresa entrara en razón y nos readmitiese. La empresa cedió cuando estábamos planificando una manifestación por el centro de Sevilla,

expone Lucía. Ángela añade que durante las movilizaciones

tuvimos el apoyo de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), la Asociación Élite del Taxi, grupos de kellys de Huelva, Málaga, Granada, compañeros y compañeras de CNT de otras secciones sindicales, partidos políticos como IU y Participa, que presentaron una moción de apoyo que se aprobó en el pleno municipal.

También les apoyaron familias y amigos. «Decían que lo íbamos a conseguir. Creo que nosotras éramos las que menos nos creíamos que íbamos a ganar», comenta Ángela esbozando con una sonrisa.

Ahora tenemos mejores condiciones laborales porque la nueva subcontrata cumple el convenio. Entramos y salimos a la hora marcada, la carga de trabajo no está regulada del todo, pero es mejor que antes, más controlada. Ahora cobramos unos 1000 euros al mes,

expone Lucía. «También hemos mejorado porque ahora estamos dadas de alta de manera continua. Antes, los días que no trabajábamos nos daban de baja, no teníamos antigüedad, ni vacaciones, nada», añade Lola. Desde entonces, estas trabajadoras siguen en contacto con las kellys de otras zonas. «Hemos ido a Jerez a apoyar a Manuela Vargas porque su empresa no quería pagarle. Hemos apoyado también a los compañeros de CNT en los autobuses del Consorcio de Transporte en Sevilla y en otras empresas», comenta Lola. La combatividad de estas trabadoras llevó, por ejemplo, a que el último 8M, cuando había convocada una huelga general feminista, la empresa diera descanso a todas las trabajadoras que estuvieron en lucha.

«Ahora tenemos menos miedo. Algo que es mío que no me lo quiten. No estoy pidiendo más de lo que he trabajado y que se me valore», dice Ángela. «No se valora nuestro trabajo, porque en un hotel sin las camareras de piso no hay nada», añade Lola. «Hay que ir a los sindicatos, informarse y luchar para perder el miedo», apostilla Lucía. «Nosotras teníamos muchísimo miedo la primera vez que fuimos a CNT y ahora no. Me pasa cualquier cosa en el trabajo y protesto. Antes nos castigaban sin contratarnos, nos faltaban al respeto. Ya no», explica Ángela.

«Nos deberían contratar directamente. Muchos de los problemas que tenemos es por culpa de las subcontratas, como que no se nos reconozcan muchas enfermedades laborales como las esqueléticomusculares y el estrés. Vamos a seguir, esto no se acaba aquí, esto es solo el comienzo».

nº34 | a pie de tajo

El curre del top manta en Sevilla

Jesús M. Castillo

Seguro que has visto más de una vez a trabajadoras y trabajadores del top manta vendiendo sus productos en la calle. Posiblemente les hayas comprado algo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué venden en la calle? ¿De dónde vienen? ¿Cómo han acabado trabajando ahí? ¿En qué trabajaban antes de hacerlo en la venta ambulante? Vamos a intentar contestar a estas y otras cuestiones entrevistando a Mbay, uno de los representantes de la nueva asociación de manteros de Sevilla.

Nos cuenta Mbay que «los manteros que trabajan en Sevilla proceden mayoritariamente de Senegal, aunque también hay gente de Guinea, alguna de Latinoamérica y personas españolas». «Cerca de un 15% son mujeres que prefieren los mercadillos al Nervión Plaza, donde hay que correr mucho por la policía».

¿Qué pasa con la policía? «Tenemos muchos problemas con la policía que nos roba las mercancías frecuentemente. Otras veces te cogen el número de identificación y te denuncian como a un peligro público.»

¿Qué ocurre si te denuncian? «Te pueden poner seis meses de multa, cada día seis euros, o seis meses de cárcel. Todo esto puede pedir el fiscal.»

¿Qué hacíais en Senegal antes de emigrar? ¿Por qué decidís jugaros la vida migrando a miles de kilómetros? «La mayoría de los inmigrantes de aquí son pescadores. Mi país tiene muchos pescadores, pero las multinacionales están arruinando la pesca artesanal.»

¿Qué niveles de estudios tiene la gente que curra en el top manta, Mbay? «La mayoría sabe leer y escribir y muchos tenemos estudios básicos, algunos universitarios.»

¿Cómo llegan los manteros a Europa? «La mayoría llegamos ilegalmente con pateras. Muchos son pescadores y saben navegar. Ahora en pateras desde Marruecos, antes en cayucos directamente desde Senegal.»

El que al llegar se os catalogue de ‘personas ilegales’, ¿qué consecuencias tiene? «Si tuviéramos papeles dejaríamos el top manta. Cada vez hay menos manteros porque muchos se legalizan y trabajan en la agricultura, por ejemplo en Huelva. Aun así, hay gente que lleva doce años en el top manta y aún no tienen papeles. Aunque la media es de seis meses a un año vendiendo.»

¿Cómo os organizáis? «Hay mucha solidaridad y ofrecemos vivienda y dinero a la gente que llega nueva para comprar mercancía para el top manta.» «Ahora nos hemos organizado en asociación de trabajadores y trabajadoras del top manta para tener voz y que la gente nos conozca mejor.» «Queremos legalizarnos, vivir legalmente y pagar impuestos como todo el mundo. No queremos seguir vendiendo en la calle.»

¿Os apoyáis entre manteros de diferentes ciudades? «Estamos en contacto con otras asociaciones y sindicatos de manteros, como con los hermanos del top manta de Barcelona. Queremos organizarnos y tener más fuerzas para reivindicar nuestros derechos.»

¿Os conoce bien la gente de Sevilla? ¿Tenéis problemas de racismo con la clientela? «Nunca hemos tenido problemas, porque comprenden nuestra situación.» «No sufrimos mucho racismo en Sevilla. La gente es buena y cariñosa. Se llevan muy bien con nosotros.»

Una vez que llegáis aquí y encontráis trabajo, ¿hay mucha gente que quiera volver a Senegal? «La mayoría quieren volver a Senegal para ver a la familia o para trabajar allí o aquí. En Senegal no hay trabajo y nosotros mandamos dinero para ayudar a nuestras familias. No estamos aquí solo para disfrutar de esta ciudad, estamos aquí para trabajar.»

¿Cómo ves tú futuro Mbay? «A mí me gustaría vivir en Sevilla. Ahora estoy haciendo una formación profesional de mantenimiento de edificios y me gustaría tener un trabajo y estabilidad en mi vida, y seguir ayudando a mis compañeros para que hagan lo mismo. El curso que hago lo organiza Cáritas y he pasado una selección para hacerlo. Gracias a Dios espero que la cosa va a mejorar.»

Frente al discurso de odio racista de la ultraderecha, ahora que conocemos un poco mejor a estas personas, conciudadanas y compañeras del top manta, cuando las veamos por la calle quizás las miremos con otros ojos. Quizás, incluso, les compremos por solidaridad y nos acerquemos más a ellas fuera de su trabajo. Podemos disfrutar de la multiculturalidad que la inmigración trae a nuestra ciudad y escuchar un concierto de música africana, comer thiéboudienne en un restaurante senegalés, charlar con algún amigo africano, apoyarles en sus reivindicaciones contra el racismo institucional…

nº33 | a pie de tajo

La precariedad laboral te guía por Sevilla

Jesús M. Castillo

El turismo no para de aumentar en nuestra ciudad y con él la precariedad laboral. Los ingresos del sector turístico se concentran en unas pocas manos mientras las calles sevillanas están inundadas de precariedad laboral con cara de mujer joven, graduada y sonriente. Para este artículo hemos hablado, en las cercanías de la Giralda, con dos trabajadoras que venden paquetes turísticos en la calle. Ambas prefieren ser conocidas en este artículo como Rosario y Sara.

Las dos están contratadas por una de las múltiples empresas del sector turístico sevillano. Quizás alguna vez, alguna de ellas, pensando que eras turista, te ha ofrecido un tríptico con sus servicios cuando paseabas por el centro. Sara es graduada en Turismo y trabaja a media jornada (4h al día) por 520 euros netos al mes, más una comisión por ventas «difícil de conseguir». Rosario es graduada en Restauración y Conservación de Bienes, y trabaja a jornada completa descansando un día a la semana y un fin de semana al mes. De las 40 horas semanales que trabaja, solo le dan de alta una hora. Su salario es de 600 euros al mes por 33 horas semanales, más una comisión del 15-20% de las ventas de paquetes turísticos en las 7 horas hasta completar las 40 horas.

A Sara le apasiona su trabajo porque «me gusta el contacto con la gente y, especialmente, en un entorno como este», aunque a veces es duro trabajar en la calle con «frío y lluvia en invierno, y mucho calor en verano». Como no hay muchas posibilidades de empleo en el sector de la restauración y conservación de bienes, a Rosario le gustaría seguir trabajando en el sector turístico «y tener mis ratos para restauración». Aunque ya llevan varios años en sus empleos actuales, avanzar profesionalmente para ambas significaría encontrar otro trabajo con mejores condiciones laborales.

Más allá de la imagen de relajación de los y las turistas que pasean disfrutando de los alrededores de la catedral sevillana, existe un fuerte nivel de competencia entre las empresas que venden allí mismo paquetes turísticos. Esta competencia se traslada a una guerra entre las plantillas de diferentes empresas. «Aunque parezca que no, tenemos el terreno muy marcado. No te pases porque cada uno tiene su territorio», comenta Sara. Existen puntos geográficos claves para la venta de productos turísticos, zonas que por su belleza animan a los turistas a comprar, enclaves por los que deambulan miles de viajeras cada día.

Pese a la precariedad laboral que inunda el sector turístico, no ha habido luchas colectivas significativas por mejoras laborales en los últimos años en las plantillas de turoperadores; «si dices que no, vienen otros detrás», nos espeta Rosario. Sin embargo, sí ha habido y hay luchas colectivas y una sucesión de conflictos laborales individuales en otros sectores relacionados con el sector turístico, como la hostelería y la restauración. Incluso la lucha del sector del taxi contra la liberación de su mercado de manos de los vehículos VTC podría enmarcarse también en las luchas laborales relacionadas con el aumento del turismo. De vuelta a las cercanías de la Giralda, tanto Sara como Rosario ignoran el convenio colectivo que les acoge y comentan que no hay sindicatos en la empresa. Como vemos, el sector de la venta de productos turísticos cuenta con plantillas relativamente nuevas sin tradición de autoorganización y lucha, como muchos otros en Sevilla. Todo un reto para el sindicalismo alternativo, combativo, solidario y asambleario que busca apoyar a trabajadoras precarias.

De cara a la huelga general feminista del 8 de Marzo, Rocío comenta que «normalmente me entero de las huelgas cuando llego a mi casa de trabajar». Ambas desconocían la convocatoria del 8M; «no nos sentimos discriminadas por ser mujer, en el sector del turismo si vendes todo va bien».

Desde ahora la Giralda, el símbolo por excelencia de la ciudad de Sevilla, tiene un nuevo significado para quien firma este artículo y quizás apara algunas de sus lectoras. La Giralda como símbolo de la precariedad inhumana que se vive a sus pies, símbolo de la explotación laboral de unos pocos empresarios sin escrúpulos, de una inspección de trabajo inexistente, de un Ayuntamiento hipócrita, de un turismo que solo tiene ojos para los monumentos. Precariedad laboral y vital a la sombra de una «Sevilla internacional» y sonriente.

nº32 | a pie de tajo

Automoción y luchas desde abajo en la Sevilla del siglo XXI

Jesús Castillo

Mucha gente que vive en Sevilla no sabe que en su ciudad hay una fábrica de la multinacional Renault en la que trabajan unas 1300 personas (unas 300 eventuales) que producen cajas de cambio. Como en muchos otros centros de trabajo, la plantilla de esta fábrica se ha autoorganizado en sindicatos frente a la explotación del empresariado. A finales de 2018, se convocaron huelgas a petición de la plantilla en asamblea. La primera de estas huelgas fue de 4 y 8 horas con concentración en la puerta de la factoría, y la segunda de 8 horas con manifestación por el barrio de San Jerónimo, junto a la fábrica. Desde la sección sindical de CGT en Renault-Sevilla nos comentan que los motivos que les llevaron a la huelga fueron el «incumplimiento en materia de salud laboral: techos de amianto sin intención de quitarlos; las temperaturas de las naves donde trabajamos están fuera de toda normativa, nos asamos en verano y nos pelamos en invierno; los suelos llenos de aceite que son auténticas pistas de patinaje; ritmos de trabajo insoportables… ¡Hay compañeros que trabajan corriendo!». Además, sufren «humillaciones por parte de los mandos». Por si esto fuera poco, había desacuerdo entre la plantilla y la empresa en «la organización de descansos en turnos, sobre todo en los de la noche que no facilitaban la conciliación familiar».

Desde CGT se critica a las burocracias de CCOO y UGT por no ofrecer suficiente información desde la presidencia y secretaría del comité de empresa, y por «ponerse al lado de la empresa haciéndole el trabajo, malogrando el camino de la unidad, partiendo las jornadas de huelga». Las movilizaciones han conseguido algunos avances pero «por parte de CGT las movilizaciones hubieran seguido hasta conseguir totalmente las reivindicaciones; aunque visto el seguimiento desigual de la misma plantilla que pidió las movilizaciones, no queremos sacrificar a los que sí las secundan». Y es que «la unidad de la plantilla se mantuvo hasta que los burócratas de UGT y CCOO pidieron a sus afiliados desmovilizarse argumentando que no era el momento de llevar a cabo las huelgas que sus propios afiliados pedían». 

Estas huelgas parciales recibieron «apoyo de otros centros de trabajo, como los de Renault en Valladolid y Palencia, EADS CASA en Sevilla, diferentes centros de telemarketing, otros sindicatos de clase y asociaciones vecinales». Desde la sección sindical de CGT se intentan superar a las burocracias sindicales con la autoorganización desde debajo de forma asamblearia y combativa. Además, promueven que se amplíe la solidaridad desde otros centros de trabajo, los barrios y los movimientos sociales de Sevilla.

Son muchos los retos a los que se enfrenta el sector de la automoción en un siglo XXI en el que el cambio climático se agrava cada día. Desde la sección sindical de la CGT ven venir una gran reconversión del sector hacia coches eléctricos y temen la pérdida de puestos de trabajo por «la automatización masiva de las fábricas». «Nos tememos que haya despidos masivos y que algunos sindicatos hagan su agosto con los ERE». Este contexto cambiante genera incertidumbre en las plantillas: «hace años el gasoil era supercontaminante; a renglón seguido se subvencionó para que se vendiera, y actualmente se decantan por el coche eléctrico que podría derivar en la destrucción de miles de puestos de trabajo». En un contexto capitalista donde priman los beneficios de unos pocos por encima de la calidad de vida de la mayoría y el medio ambiente, los avances tecnológicos no son neutros, «estas son las virtudes de las nuevas tecnologías, nada que ver con el medio ambiente, se trata de dinero puro y duro». Un futuro lleno de contradicciones y de oportunidades que desde la CGT en Renault-Sevilla enfrentan organizando desde abajo para el mantenimiento de sus empleos y la mejora de sus condiciones laborales.

Tenemos por delante grandes retos a la hora de acabar con la alienación laboral, repartir riquezas, conservar nuestro entorno y gestionar democráticamente nuestra sociedad, incluyendo el uso de los recursos naturales y la organización de nuestras ciudades y el transporte. Establecer puentes entre las luchas laborales en sectores claves de la economía y los movimientos ecologista, vecinal y otros movimientos sociales es fundamental para avanzar en estos retos.

nº31 | a pie de tajo

Agonía y muerte de ‘El Correo’

Mar Pino

El pasado 24 de septiembre salió a la calle la última edición en papel de El Correo de Andalucía. El decano de la prensa andaluza puso fin a 120 años de historia dejando en la calle a 26 personas tras sufrir un ERE que afectó prácticamente a la totalidad de la plantilla. El final de un medio de comunicación local con tanta historia es lamentable. El maltrato que ha sufrido durante años la plantilla de este periódico lo es mucho más, pero la historia de oscuros intereses económicos y políticos que hay detrás de su desaparición es un cuento de terror.

La de El Correo ha sido una muerte anunciada desde hace una década y una consecuencia más de la crisis estructural que envuelve a los medios. La mayoría de los periódicos forman parte desde hace años de opacos entramados empresariales, sin nada que ver con el periodismo que, de forma más o menos explícita, influyen en su línea editorial. El País, por ejemplo, pertenece a Prisa cuyo principal accionista es una sociedad de inversión estadounidense, Liberty Acquisition Holding. La historia de El Correo, que también perteneció a PRISA, siguió una línea similar. La diferencia es que las operaciones empresariales de las que ha formado parte han sido mucho más burdas. El Correo de Andalucía nació con la Iglesia, creció en la transición con un papel relevante como medio local «progresista» y ha tenido una década de agonía tras su compra y venta por parte del grupo Alfonso Gallardo, primero, y Morera y Vallejo después. Todo ello mientras su plantilla sufría recortes y despidos y las lectoras de prensa local convencional le daban la espalda decantándose por ABC y Diario de Sevilla. 

Pero detengámonos en los últimos y determinantes episodios. En 2007 Prisa vende la mayor parte de sus acciones del periódico por 19 millones de euros al grupo del empresario extremeño, Alfonso Gallardo. Un industrial que en aquel momento estaba empeñado en instalar una refinería de petróleo en Tierra de Barros con el beneplácito del entonces presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra. Para que la refinería pudiera ponerse en marcha requería, al estar en interior, una terminal marítima y un oleoducto de 200 km desde Huelva a Badajoz que pasaría por Doñana. El proyecto, como se recordará, se encontró de frente con ecologistas, agricultores y gran parte de la población, pero contaba con el apoyo de los Gobiernos socialistas de Extremadura y de Andalucía. La compra de El Correo, sugerida al parecer por el propio PSOE, responde a la necesidad de apoyo mediático para crear opinión favorable sobre refinería y oleoducto. En esa etapa figuró como presidente del Consejo Editorial José Rodríguez de la Borbolla. El proyecto de la refinería fue rechazado en 2013 por el Ministerio de Industria tras un largo proceso.

Durante todo este tiempo, las condiciones de trabajo y, por consiguiente, de la información, se fueron deteriorando: bajadas de sueldos o nóminas sin pagar durante meses, un ERE y un ERTE que dejaron la plantilla a la mitad en cuatro años. Con el carpetazo de la refinería, Gallardo deja de tener interés en un periódico deficitario que ya no le sirve y lo vende a Morera y Vallejo por 1 euro y una deuda de más de 1,5 millones de euros, en una operación llena de sombras y posibles acciones fraudulentas que darían para otro artículo.

La adquisición fue celebradísima en el Gobierno de Susana Díaz, que prometió apoyos al nuevo dueño. Algún tiempo después y a raíz de un conflicto por la licencia de emisión de la televisión local de El Correo, las buenas relaciones y los apoyos esperados desaparecen.

Así, resumiendo mucho, nos encontramos en 2018 con un medio en números rojos dirigido por un empresario de seguros, convertido en algo muy diferente a un periódico de actualidad; una plantilla con el ánimo por los suelos haciendo todo lo posible por sacarlo adelante; el gremio periodístico lamentando lo que estaba a punto de ocurrir, y las instituciones mostrando su apoyo simbólico a la causa (algunas con sentimiento de culpa, quizá). Pero ya era tarde: el ERE salvaje presentado por Morera y Vallejo en septiembre se hizo efectivo a pesar de las negociaciones y los apoyos más o menos impostados, dejando a 26 personas en la calle y cerrando el último capítulo de un periódico histórico víctima de la injerencia política y empresarial. Un camino por el que están transitando muchos otros medios. ¿Será que la prensa tal y como la conocíamos ha muerto? No lo sabemos con certeza. Lo que queda claro es que necesitamos más que nunca una prensa libre.

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LA PLANTILLA MUNICIPAL DEFIENDE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

Huelga de los Servicios Sociales y del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla 

Noelia Calvo-Rubio Jiménez

El pasado 18 de octubre la plantilla de los Servicios Sociales y de la Mujer llevamos a cabo una huelga sin precedentes. La primera jornada de 24 horas de huelga propia que surgía directamente desde la plantilla. La huelga fue ampliamente secundada y recibió el apoyo de otros colectivos.

Los Servicios Sociales y de la Mujer tienen atribuidas funciones para atender situaciones de riesgo y/o dificultad social en diferentes ámbitos y sectores de población tales como menores y familias, mujer, mayores, dependencia, discapacidad, chabolismo, personas sin hogar, actuación en zonas con necesidades de trasformación social, etc.

Las empleadas y empleados municipales denunciamos el deterioro de estos Servicios. Lejos de avanzar en la configuración de un sistema público de la calidad, es inaceptable el estado en el que se encuentran los recursos sociales de nuestra ciudad. Por ejemplo, la mayoría de los Centros de Servicios Sociales no podemos garantizar la atención a las demandas de la población en tiempo adecuado, con listas de esperas de mes y medio, e incluso de más tres meses, expedientes en espera de tramitación, sobrecarga laboral, etc.  La plantilla municipal de estos Servicios sentimos frustración ante esta situación de colapso, y que pese a nuestro esfuerzo profesional no podemos solucionar. Y es que los Servicios Sociales y de la Mujer vienen soportando durante años la falta de medios y una dotación de personal insuficiente, inestable y precaria. Existen centros donde el personal estructural no es superior a tres profesionales. Del total de la plantilla, en torno a un 40% depende de programas con jornadas reducidas y parciales. En el porcentaje restante ha de incluirse al personal interino que ocupan plazas estructurales.  Más de la mitad de la plantilla es inestable. Así, la temporalidad a través de la interinidad ha sido la tónica de funcionamiento. Las categorías con profesiones técnicas primordiales en el desarrollo de los Servicios Sociales (Trabajo Social, Psicología, Educación Social, Graduado Social) llevan más de una década sin oposiciones. En algunas de estas categorías se han ofertado plazas sin que las mismas llegarán a convocarse nunca, caducando las ofertas de empleo.

Esta situación de precariedad no solo afecta a la plantilla. Va contra la consecución de un sistema público de servicios sociales de calidad. A fin de ejemplificar la evidencia de cómo esta situación afecta a los derechos ciudadanos podemos señalar la situación en la queda la atención a la dependencia y tramitación de aspectos previsto en la Ley 39/2006, cuando dos días después de la huelga finaliza el contrato de las 26 profesionales que venían ocupándose de esta labor; el incumplimiento de la figura del profesional de referencia recogido en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía para garantizar el carácter integral de los itinerarios de atención y su continuidad; las dificultades para la ejecución del Decreto-Ley andaluz 3/2017, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía que requiere el seguimiento de las personas beneficiarias a los 6 meses, siendo el contrato de las 13 compañeras y compañeros para tal fin inferior a 4 meses y con jornada de 5 horas y media; el desarrollo de las competencias municipales establecidas por la Ley Andaluza 7/2018 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género mediante centros escasos con plantilla inestable también sometida a reducción de jornada, etc.

El actual gobierno municipal reconocía desde la oposición la necesidad de estabilidad e incremento de la plantilla. Sin embargo, lejos de revertir la situación, existe un sentimiento generalizado en el personal técnico de empeoramiento, habiéndose acentuado la saturación del sistema.  El incremento del presupuesto para ayudas sin aumento de personal o genera un modelo basado únicamente en la gestión de recursos. En garantía de los derechos subjetivos de la ciudadanía se intensifican las funciones y competencias a desarrollar desde estos Servicios. Para poder afrontar tales funciones, con la calidad que merece la ciudadanía, se requiere de un ejercicio de responsabilidad pública por parte del gobierno municipal para que ponga fin a medidas “parches” y acabe, de una vez, con la inestabilidad y temporalidad. Hay que establecer medidas de estabilización y consolidación de las plazas existentes y aumentar notoriamente la plantilla estructural de los Servicios Sociales y del Servicio de la Mujer.

nº30 | a pie de tajo

AMAZON EN LUCHA:

BATALLANDO DESDE DENTRO CONTRA LA AVIDEZ DE BENEFICIOS DE LAS MULTINACIONALES.

Colectivo Amazon en Lucha

Amazon es una empresa estadounidense que se instaló en el Estado español en 2012 con la apertura del centro de distribución central de San Fernando de Henares. En la actualidad, cuenta con más de veinte centros operativos en todo el territorio.

El centro de San Fernando de Henares ha establecido sus condiciones laborales con un convenio propio de centro que finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2017. Con el fin de renovar este convenio, iniciamos negociaciones con la empresa en noviembre del 2016. Una negociación muy lenta y pausada por parte de la empresa, que daba la sensación de no tener interés alguno en llegar a un acuerdo. Tras veinte meses de negociación, se originó el conflicto actual cuando la empresa decidió de forma unilateral romper las negociaciones y dejar de aplicar el convenio actual para aplicar el convenio sectorial y algunas mejoras que consideraron unilateralmente. En la práctica, esta decisión conllevó algunos recortes en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del centro. Recortes en complementos de incapacidad temporal, aumento de jornada —perdiendo quince minutos de tiempo de bocadillo como trabajo efectivo—, desaparición de categorías profesionales y rebaja en el complemento de nocturnidad. Por otro lado, plantean recortes de salarios en algunas categorías profesionales que la empresa pretende hacer desaparecer, realizando estos trabajos el personal de categoría inferior, a salarios inferiores.

Lógicamente, la representación de la plantilla no puede permitir que Amazon recorte derechos  con el objeto de seguir enriqueciéndose y ganando en productividad a costa  de nuestro esfuerzo y de nuestra salud. Este conflicto se originó en marzo de 2018, y desde entonces hemos convocado  dos huelgas, una en marzo con una duración de dos días y otra en julio, de tres días. Ambas huelgas han contado con una gran participación de la plantilla, consiguiendo la primera que parase un 98% del centro de trabajo. La plantilla en huelga hemos recogido una gran muestra de apoyo, de cariño y solidaridad por parte de la ciudadanía y de destacados grupos y asociaciones de ámbito nacional e internacional, así como el apoyo incondicional de los sindicatos.

Debemos destacar la lamentable actuación de la policía en la última huelga de julio, que realizó cargas totalmente desmesuradas en contra de la plantilla que estaba ejerciendo su derecho a la huelga. A fecha de hoy, no hemos recibido explicación alguna por parte de las autoridades sobre esa intervención.

En la actualidad el conflicto sigue abierto. Tras las últimas jornadas de huelga, la empresa multinacional volvió a reabrir la mesa de negociación para ofrecer una solución con un calendario que llega hasta finales de agosto. La representación de la plantilla sigue buscando soluciones que den por finalizada una disputa iniciada por la avaricia de la empresa, y que dura ya demasiado tiempo.

Este conflicto nos debería hacer reflexionar sobre la actuación en materia laboral de estas grandes empresas que realizan grandes inversiones de inicio en los países donde se implantan: intentan no reconocer las normas laborales nacionales e imponer aquellas que les favorecen. A largo plazo buscan precarizar el trabajo en sus instalaciones y romper las normas que mantienen una mínima estabilidad en el empleo del mercado laboral. Además, estas multinacionales terminan  hundiendo a las pequeñas empresas locales que no pueden competir exitosamente en un mercado altamente desregulado.

Deberíamos empezar a desconfiar de aquellas grandes multinacionales que prometen crear empleo a toda costa, sin importarles las condiciones y la salud de las plantillas. El tiempo dirá si el esfuerzo y nuestra lucha, la de los trabajadores y trabajadoras de Amazon en San Fernando de Henares, le pone freno a estos depredadores comerciales que cuentan con el apoyo del Estado y su policía. Puede parecer David contra Goliat, pero quienes hacemos que la empresa funcione día a día somos la plantilla con nuestro trabajo. Nuestra lucha es una lucha más que debe confluir con las de otras plantillas que se enfrentan también a la precariedad en otras multinacionales como Inditex, Globo, Deliberoo, Telefónica y sus subcontratas, etc.

¡El pueblo unido, jamás será vencido!

| a pie de tajo

¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES, MATARILE?

Otro ejemplo de la odisea del profesorado interino en este caso en la Comunidad de Madrid

Fabiola Maqueda

Si escribes en la barra de un navegador “recurso contencioso- administrativo”, te arrepentirás, empequeñecido súbitamente por tomar conciencia inmediata del muro que se alza ante ti como ese viejo “castillo” del poder del Estado que has de escalar sin casco. Pensarás con santo temor que tu “caso” se sentenciará el día en que tu hija sea la madre talluda de un adolescente.

A los magistrados de esta sección no les gusta lo colectivo en ningún sentido: “a mí que me lo desglosen y me lo sirvan trinchado” con la guarnición aparte; al fin eso somos los interinos de la educación pública en ese menú del indigesto chuletón congelado, que suelta venenoso clembuterol espumeante en la sartén del magistrado. Este tendría que enfrentarse al hecho de que el bien jurídico que se vulnera -el acceso a la función pública en igualdad de oportunidades- se falsea a través de un procedimiento que desprecia su necesidad de tutela. Lo que se regula en negrita se revela en negro.

Pero ¿cuál de las partes puede probarlo: los interesados en ganar la plaza por méritos propios, es decir los denunciantes, o los miembros de los tribunales de oposiciones que los juzgan a través de una plantilla oculta, que deben aplicar en sus correcciones bajo amenaza de expediente administrativo? Las normas que ilustran este proceso son transparentes, el procedimiento es, sin embargo, fraudulento hasta la médula. En efecto, un interino puede acreditar el pago de derechos de examen, aportar el DNI y permitir a la Administración educativa que compruebe en sus bases de datos que no es un delincuente sexual, pero no se le puede exigir que sea vidente. Como alfabetizado y profesional de su disciplina, sabrá interpretar enunciados y sus puntuaciones y deberá redactar con sentido sus respuestas sin cometer faltas de ortografía, pero no le será dado divisar la cara oculta de la luna. 

¿Qué finalidad se persigue en todo este simulacro? Pues que a los políticos de la Educación madrileña les salgan las cuentas del empleo público. Ante los Medios declararán su compromiso de reducir el porcentaje de interinidad que demanda Bruselas, se sentarán en la mesa técnica con los “agentes sociales” y publicarán un número de plazas abultado para completar la representación escénica. En interiores, la tramoya de Recursos Humanos y sus sicarios de la Comisión de pruebas teórico-prácticas pergeñarán trucos de trileros, respuestas secretas, exigencias de un guión cuyo entramado tampoco revelarán a los tribunales-títere designados cada vez. No es necesario ensayar este “auto de fe” tras seis años de representación continuada. Hay que castigar a los interinos hasta que entiendan que la purificación de su alma mediante la humillación es preceptiva para alcanzar la titularidad de una plaza. No puede olvidarse que los artífices de esta estafa son enmascarados y que los tribunales que componen el coro de esta tragicomedia son cómplices necesarios: sus miembros voluntarios, mileuristas, cometerán la fechoría, gustosos, los demás asumirán su papel como presbíteros de la vieja Fe.  

¿A qué sujeto de esta sociedad de mercado le importa un procedimiento destinado a la legitimidad de odiosos funcionarios? Esta sensación de extrañamiento que lastra la Instrucción pública es el argumento principal para la demolición del edificio educativo, pero esa estrategia ya no es necesario airearla, está arraigada en el cuerpo social. Así pues, aunque deberíamos estar debatiendo sobre reforma de currículos, integración de las disciplinas del conocimiento y, específicamente, de la cohesión de los participantes -Sociedad y Estado en el propósito de desterrar la mala educación- lo hacemos sobre el profesor, el maestro, que cargará con las culpas de que se malogre este proyecto.

¿Qué hacer? Pues enviar el chuletón a la cocina del forense para que analice la naturaleza de la ponzoña y se averigüe el ADN de sus envenenadores.  

nº29 | a pie de tajo

El movimiento del profesorado «interinucho»

La Interinucha

La palabra interina hace referencia —para la mayoría de personas— a una profesora o maestra que, en vez de ser funcionaria con unas vacaciones y un horario dignos, sufre inestabilidad laboral continua. Y es que el profesorado interino depende de una Administración que hace uso de nosotrxs no para cubrir bajas temporales, sino también para cubrir plazas anuales (vacantes) que existen durante varios cursos, por ejemplo, por jubilaciones o aumento del alumnado. Tenemos que desplazarnos a cualquier centro educativo público del territorio andaluz y tenemos 48 horas para incorporarnos y no ser expulsadxs de la bolsa, con todo el desgaste emocional y económico que implica. Tenemos que dejar atrás familia, hijxs, amistades, pernoctar en hostales, pagar dos alquileres, luz, agua, etc. De ahí que hayamos renombrado interinx por interinuchx.

La vía para conseguir la estabilidad es mediante una prueba subjetiva injusta que no elige al buen profesional evaluando su desempeño en el aula, sino a quien mejor oposita, persona que ha de estar años encerrada memorizando teoría y práctica para ser mejor que el o la compañera. Esto nos empuja a la competitividad en lugar de a compartir recursos. Además de injusto, este sistema es incoherente porque una vez aprobado el examen y prestando servicio de profesorado, nos obliga a superar la oposición cada dos años, ya que las notas caducan. Nuestra vida se paraliza para dedicarnos plenamente a las oposiciones, pues nuestros puestos de trabajo dependen de esos resultados a cara o cruz de un sistema de acceso injusto.

En este curso 2017/2018 la cifra del colectivo interino ha ascendido a un 28% de la plantilla, porcentaje que según sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destapa un abuso de la temporalidad por parte de Administración desde el año 1997. Así, la UE pide al Gobierno reducir la elevada tasa de interinidad al 8% en los próximos años, consolidando los puestos de trabajo de su plantilla interina.

Ante esta situación extraordinaria, la solución ha sido sacar tres ofertas públicas de empleo (entre 2018-2022) en las que se incluirán muchas de las plazas no ofertadas durante la crisis. Esto encubre un ERE masivo, debido a que se van a consolidar los puestos de trabajo pero no al profesorado que está demostrando su validez diaria en el aula.

De ahí que surja el problema de la extinción del actual interinuchx. En este contexto, ha surgido un movimiento de interinxs a nivel andaluz, extendiéndose a otros territorios y otros sectores profesionales (como la sanidad y la justicia). El objetivo de este movimiento es un Plan de Estabilidad permanente, hasta conseguir un buen sistema de selección profesional que seleccione al mejor docente. «Estabilidad = calidad»,  «Quienes están, se quedan», «estabilidad interina» y «no somos de usar y tirar», entre otros lemas, han inundado las calles de Andalucía. Nacido como un movimiento asambleario con el apoyo de CGT, USTEA, Docentes por la Pública y CNT, creó un comité de huelga con interinos e interinas de distintas especialidades, englobando desde el cuerpo de infantil hasta la universidad, junto con representantes de asociaciones y sindicatos. Creamos grupos de trabajo provinciales y nos movilizamos con encierros, escraches a políticos y plenos parlamentarios, reunión con grupos políticos en parlamento, sentadas en las plazas de los pueblos, cadenas de coches verdes, ocupaciones… Multitud de movilizaciones en distintas provincias en el marco de una huelga que perseguía la negociación con la consejera de Educación, Sonia Gaya. A día de hoy esta consejera no se ha reunido con el colectivo interino por no considerarlo un interlocutor válido.

De ahí que sigamos frustrados y con fuerzas para seguir luchando. Contamos con la base de la unión, no solo entre las distintas especialidades, sino con otros colectivos. Por lo tanto, bajo el lema de «el pueblo unido jamás será vencido» vamos a seguir mejorando la organización y representación para poder conseguir un plan de estabilidad y un sistema de selección del profesorado que garantice la calidad que se merece la educación pública. ¡Venceremos!

nº28 | a pie de tajo

Pensiones públicas y defensa de lo público y lo común

 Jesús Galván Sánchez

Tanto la huelga feminista del 8 de marzo como la movilización de los pensionistas del 17 devuelven a los colectivos sociales un protagonismo que venía decayendo poco a poco desde los momentos álgidos del 15M.

Las personas pensionistas, organizadas transversalmente a partidos y sindicatos, han conseguido aglutinar en torno a sus Plataformas en Defensa del Sistema Público de Pensiones las reivindicaciones del colectivo y de la sociedad en contra del 0,25% de incremento de las pensiones que venía llevándose a cabo desde el año 2014 por quinto año consecutivo; reivindicaciones para la defensa del sistema público de pensiones, frente a los intentos para desmantelarlo con las sucesivas reformas impuestas desde el año 2011.

Los recortes en las pensiones públicas, que entraron en vigor en 2013; el aumento progresivo de la edad de jubilación, hasta llegar a los 67 en 2027; las restricciones a la jubilación anticipada a los 61, limitándola a los despidos por crisis empresariales; y el aumento de los años necesarios de cotización para esas jubilaciones, pasando de 30 a 33 o 35 años, entre otras reformas, han endurecido tanto el acceso a la jubilación como a la pensión resultante, marcando los aspectos más duros; a los que hay que añadir el famoso índice de revalorización, fórmula sin parangón en ningún otro país —que desliga las actualizaciones anuales de las pensiones tanto del IPC como de cualquier otro dato ligado a la situación económica, como salarios o PIB— y sin aspecto de que vaya a cambiar.

Aun así, el sistema de pensiones presenta un déficit creciente, poniéndose en peligro si no se articulan políticas estables de financiación, además de los ingresos por cotizaciones sociales. En la defensa de ese sistema público de pensiones, su sostenibilidad y su financiación, se centran las movilizaciones que no se van a dar por finalizadas con el anuncio por parte del Gobierno de la asunción de parte de las reivindicaciones —incremento del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas—, puesto que son medidas puntuales para el año 2018 y no cambian la legislación de la Seguridad Social. Se pretende volver a un sistema de actualización de las pensiones en base al IPC y que derogue los aspectos más negativos de las reformas de 2011 del PSOE y 2013 del PP.

Es una cuestión política determinar el gasto público que se debe asignar a las pensiones y una cuestión ideológica conseguir los recursos económicos mediante una política fiscal adecuada, la persecución del fraude fiscal, el aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas y las empresas, la proporcionalidad en el IRPF a los ingresos percibidos y, en suma, una política fiscal justa.

El modelo del Pacto de Toledo, basado en la autofinanciación de las pensiones con las cotizaciones sociales, ya no es posible. La precariedad instalada tras las reformas laborales ha dinamitado tal concepción de la autofinanciación; contratos temporales y a tiempo parcial, junto a los bajos salarios, son responsables directos del déficit de la Seguridad Social. Sin salarios dignos y estabilidad en el empleo peligran las pensiones también.

Es necesario abrir un nuevo proceso que desemboque en el blindaje de las pensiones en la Constitución y en la financiación del déficit de la Seguridad Social vía presupuestos del Estado, como se hace con las pensiones de los funcionarios civiles y militares de la Administración Central del Estado y del Poder Judicial. 

Los problemas del sistema público de pensiones no pueden desconectarse de la defensa de lo público: la sanidad, la enseñanza, la dependencia y, en general, la defensa de los sectores públicos esenciales para la comunidad. La privatización de lo público también es algo que comienza a plantearse en el ámbito de las pensiones, con los proyectos de la Unión Europea de potenciar los planes privados mediante nuevas desgravaciones fiscales y abriendo la puerta a los fondos de inversión y especulativos, para lo cual se hace necesario la debilitación previa de los sistemas públicos. Por estas razones, se hace necesario más que nunca mantener las movilizaciones sociales.

nº27 | a pie de tajo

Entre la precariedad laboral y el militarismo

Jesús M. Castillo

Los políticos del sistema venden el sector aeronáutico andaluz como una muestra de un nuevo modelo de desarrollo, impulsado con fuerza tras la crisis económica que comenzara en 2008. Según la Junta de Andalucía, el sector aeronáutico ha triplicado su facturación en los últimos 10 años, hasta los 2400 millones anuales; empleando a unas 14 500 personas directamente y a unas 45 000 de forma indirecta. Sin embargo, la realidad está muy lejos de los discursos de la casta política y los empresarios de la aeronáutica.

La precariedad laboral y la represión sindical se extienden por la aeronáutica andaluza como un cáncer. Manuel, trabajador y delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) en el sector aeronáutico nos explica que «sufrimos mucha precariedad. El sector está plagado de empresas de trabajo temporal (ETTs), intermediarios cuyo único cometido es ceder trabajadores de una empresa a otra y cobrar por ello. […] Las subcontrataciones son el gran problema del sector. […] Hay trabajadores subcontratados hasta tres y cuatro veces. Por ejemplo, Airbus subcontrata a la empresa Alestis, y esta subcontrata a LTK… Y todas incurren en cesión ilegal de trabajadorxs: solo mercadean con nosotrxs».

Esta política de subcontratación esconde una estrategia empresarial para dividir plantillas a las que intentan explotar impunemente, entre beneficios corporativos multimillonarios. Manuel nos explica: «Pasé seis años cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional y presionado para echar horas extras a cinco euros la hora. Jornadas a doble, y en algunos casos a triple turno en las que irte a tu hora podía significar pie y medio en la calle». A salarios indignos y jornadas laborales interminables se suman «contratos temporales de pocos meses continuados, y de obra y servicio durante más de cinco años». Además, el acoso y las amenazas laborales están a la orden del día: «Te acosan por exigir a la empresa lo que es su obligación: darte equipos de protección individual, uniforme o por notificar errores en la nómina». Y en este contexto de precariedad y explotación fuera de la ley, la inspección de trabajo mira para otro lado, cuando no colabora estrechamente con los empresarios.

Pero las plantillas se están organizando en defensa de sus derechos. Manuel afirma que «la unidad es la única vía para luchar. Por ejemplo, hace un mes la empresa quiso reubicar a 12 compañeros, nosotrxs interpretamos que eran despidos enmascarados por lo que decidimos convocar huelga indefinida. Tras cuatro días de movilizaciones, tres asambleas y cuatro reuniones con la empresa, conseguimos que seis trabajadores temporales (trabajaban 16 horas a la semana y ganaban unos 450 euros) pasaran a trabajar a jornada completa, a cambio de cambiar de centro de trabajo; siempre respetándoles la antigüedad y con una cláusula de no-despido. Otros seis compañeros cambiaron voluntariamente de centro de trabajo a menos de dos kilómetros del anterior». Estas luchas desde abajo van poniendo coto a los abusos empresariales y generando confianza en la lucha colectiva.

Toda esta precariedad y abusos laborales se dan, además, en un sector aeronáutico orientado, fundamentalmente, a la industria militar. Manuel piensa que «las administraciones públicas deberían buscar alternativas: programas civiles como los A320, A380, tecnología espacial… Bajo ningún concepto desarrollar una industria basada en quitar vidas». En este contexto, el apoyo por parte de los movimientos sociales antimilitaristas a las plantillas del sector en su lucha contra la precariedad es clave. Este apoyo construiría poder popular y permitía plantear, conjuntamente, alternativas de diversificación del tejido productivo. «La clave pasa por eliminar tantas subcontrataciones (normalmente los intermediarios son familiares de directivos de Airbus que crean su empresa y prácticamente se autocontratan) y con el dinero ahorrado generar empleo de calidad, invertir en I+D, y usar el tejido industrial aeronáutico para el desarrollo de programas propios de carácter civil».

nº26 | a pie de tajo

Prostitutas de Sevilla en lucha

Colectivo de Prostitutas de Sevilla 

El pasado día 19 de septiembre el Ayuntamiento de Sevilla lanzó “la campaña para el Día Internacional contra la Prostitución, la Trata y el Tráfico de Personas con Fines de Explotación Sexual”, introduciendo fraudulentamente el término “prostitución” en la denominación de dicho día.

La única interpretación razonable de dicha tergiversación es que el Ayuntamiento de Sevilla intenta confundir a la opinión pública, haciéndola creer que la prostitución es una actividad delictiva equivalente a la trata.

No es sólo una campaña de odio. Es un ataque directo a la única forma de supervivencia que tenemos muchas mujeres en la ciudad de Sevilla.

Expulsadas las que trabajamos en la calle a lugares inhóspitos y peligrosos, donde somos víctimas fáciles de abusos policiales y agresiones de todo tipo, el Ayuntamiento se propone con el nuevo plan ir a por las que trabajamos en pisos, creando una atmósfera de odio entre los vecinos para conseguir de forma ilegal lo que la ley no permite, es decir, lograr nuestra expulsión organizando el acoso sistemático a unas mujeres que ni incumplen ninguna ley ni se meten con nadie.

El Ayuntamiento de Sevilla se ve apoyado en sus sucias maniobras por lo más hipócrita de la sociedad sevillana, anidado en la derecha, el centro y la izquierda del espectro político. Esa es la auténtica causa común de las fuerzas políticas de la ciudad: hacer la vida imposible a las prostitutas.

Las prostitutas hemos dicho basta. El pasado día 8 de diciembre constituimos el Colectivo de Prostitutas de Sevilla y lanzamos nuestro Manifiesto, que leímos públicamente dos días más tarde en la manifestación convocada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) con motivo del Día de los derechos humanos.

El manifiesto consta de seis puntos y tres reivindicaciones. Lo seis puntos son:

  • La prostitución no es delito. Las prostitutas no somos delincuentes.
  • Las prostitutas somos mujeres dignas.
  • Las prostitutas reivindicamos la totalidad de nuestros derechos sexuales como mujeres.
  • Las prostitutas somos trabajadoras sexuales.
  • La prostitución no es trata ni violencia de género.
  • Las prostitutas no pedimos ayudas para salir de la prostitución: exigimos la abolición de la pobreza.

Y las tres reivindicaciones son las siguientes:

  • Derogación inmediata de la Ley Mordaza y de las ordenanzas antiprostitutas del Ayuntamiento de Sevilla.
  • Reconocimiento por el Estado de la naturaleza laboral del trabajo sexual y aplicación inmediata del Estatuto de los Trabajadores y otras normas que garantizan los derechos de las trabajadoras.
  • Cese de la campaña de odio contra las prostitutas del Ayuntamiento de Sevilla y asignación inmediata de los fondos destinados a esa campaña a la lucha contra la pobreza entre las mujeres de la ciudad de Sevilla.

La herramienta elegida para devolvernos a las prostitutas y a las familias que dependen de nosotras a nuestra previa situación de precariedad es la penalización de nuestros clientes, acusados de ser nuestros violadores. Es para defendernos, dicen los fariseos. Multando y atacando a nuestros clientes nos penalizan a nosotras.

Para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no hay mejor defensa que la de dotarnos a las prostitutas de derechos y el apoyo de las instituciones; derechos que permitan defendernos de todo tipo de agresiones que podamos sufrir en nuestro trabajo, derechos que nos den la condición de ciudadanas y trabajadoras de primera como cualquier otra persona y apoyo de las administraciones para poder ejercer nuestros derechos.

Las prostitutas somos mujeres valientes y luchadoras. Hacemos frente a un feroz estigma que injustamente lanzan contra nosotras, desde lejanos tiempos bíblicos, los que venden mentiras y humo en lugar de sexo. Debemos ocultarnos: somos el último colectivo marginado que todavía debe ocultarse sin haber hecho nada, castigadas con una culpabilización torturante por la misma sociedad que tolera tantos abusos reales.

Y vamos a hacer frente también al Ayuntamiento de Sevilla, a sus falacias abolicionistas y a sus injustas ordenanzas. ¡Las prostitutas hemos empezado a hablar y ya no vamos a callar!

nº24 | a pie de tajo

Deliveroo:

huelga en tiempos de la ‘gig economy’

Maka Makarrita

Cuando llega el día en que en lugar de ser despedida eres desconectada de la plataforma para la que colaboras, significa que el futuro distópico de nuestras pesadillas ha aterrizado de lleno en el ámbito de lo laboral.

Si ya tuvimos que sufrir la transformación de las luchas para adaptarnos al precariado como forma permanente de estar en la economía y en la vida, la llegada de la mal llamada economía colaborativa o gig economy (economía de bolos, en referencia a las condiciones precarias en las que habitualmente se mueven músicos o actores) ha convertido las relaciones laborales en vínculos difusos que dificultan aún más la respuesta a los múltiples abusos con que el neocapitalismo nos sorprende.

Deliveroo es una multinacional británica que ejerce de intermediaria entre restaurantes que quieren servir comida a domicilio y «colaboradores» que buscan un «trabajo flexible» realizando los repartos. Por este servicio de intermediación a través de su aplicación y plataforma en línea, Deliveroo se queda con un 30% del precio del pedido.

Deliveroo defiende —como otras iniciativas de capitalismo extremo que se camuflan bajo un falso modelo P2P— que simplemente pone en contacto a gente con necesidades con otras que pueden satisfacerla. Bajo este manto lo que se esconde son condiciones laborales fijadas unilateralmente y que llevan al límite la precarización de los derechos de las trabajadoras.

Las trabajadoras denuncian que Deliveroo mantiene una relación mercantil con ellas y deben darse de alta como trabajadores autónomos (es decir, como falsos autónomos). Estos se inscriben en una plataforma y anuncian su disponibilidad horaria. La empresa les asigna segmentos en los que deben estar disponibles por si surge algún reparto. Al principio, Deliveroo les aseguraba 2 pedidos mínimos a la hora, que se abonaban aunque no se realizaran, sin embargo, tras la creación de la sección sindical por parte de las trabajadoras («riders» en el neolenguaje de Deliveroo), la empresa ha anunciado por correo electrónico que si no hay repartos durante los turnos asignados, no se cobra nada.

Las trabajadoras han decidido unirse a través del colectivo Riders x Derechos, con el que exigen ser reconocidas como trabajadoras de la empresa, garantizar un mínimo de 20 horas a la semana, cobrar entre 8 y 8,5 euros la hora, contar con un seguro en caso de accidentes y bonificaciones por conducir de noche o con lluvia.

En una acción inimaginable en un principio, por la desarticulación existente —en este tipo de relaciones (más que líquidas, gaseosas)— entre las propias trabajadoras y entre estas y la empresa, las trabajadoras convocaron una huelga conjunta en las principales ciudades donde actúa Deliveroo. La convocatoria y la difusión contaron con una mucha visibilidad gracias a las redes sociales.

La empresa anunció a través de un comunicado un nuevo contrato de trabajo autónomo, el llamado Trade (para aquellos repartidores que acrediten que el 75% de su factura proviene de una misma empresa). Sin embargo, esto no satisface las demandas del colectivo ya que si en las horas de trabajo no hay pedidos que repartir, no se cobra.

Las trabajadoras continuaron con un calendario de movilizaciones tras la primera convocatoria de huelga a la que siguieron paros parciales y totales durante el fin de semana. Además, varias trabajadoras han denunciado las condiciones a la Inspección de Trabajo.

La empresa ha contraatacado ofreciendo acuerdos individuales a trabajadoras, contratando a nuevos empleados y despidiendo a las más activas (en el neolenguaje: desconectándoles de la plataforma por la que se asignan los turnos).

Por el momento, la empresa está siendo investigada por la Inspección de Trabajo para determinar si los riders son falsos autónomos y si existe fraude por el impago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto ha supuesto la apertura de un debate sobre los factores que determinan cuándo existe una relación de «laboralidad» con estas nuevas empresas.

La plataforma Riders x Derechos ha continuado con su campaña de difusión y estableciendo alianzas con otros riders europeos de ciudades como Londres o Berlín.

nº23 | a pie de tajo

De la captación de talento investigador al abandono

(Ex)investigadorxs Talentia Postdoc y Talent Hub

Las becas Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub fueron unas ayudas postdoctorales, cofinanciadas con cerca de 6 millones de euros por la Agencia Andaluza del Conocimiento, y el restante 40% por el Programa Marie Curie Personas de la UE. Estaban llamadas a ser la punta de lanza del sistema científico andaluz mediante la captación de 66 “investigadores excelentes”, tanto nacionales como internacionales, de alta cualificación en diferentes ámbitos de investigación para “generar conocimiento y transformar este conocimiento en tecnologías y servicios útiles para la sociedad”. En octubre de este año habrán finalizado estos contratos y la Junta de Andalucía no ha establecido ningún mecanismo para la posible estabilización de ese personal y líneas de investigación. El nuevo Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación (PAIDI) dice literalmente “prestar una especial atención a los recursos humanos, evitando la descapitalización y la fuga de cerebros que se viene produciendo en los últimos años debido, entre otros factores, a las restricciones en la contratación y a la limitada tasa de reposición en la Administración Pública [así como la necesidad de] poner en marcha fórmulas de contratación que faciliten la trayectoria investigadora y la atracción y captación del talento, como establece la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

Para más de la mitad de los investigadores han pasado ya los dos años de contrato y ni la Junta de Andaluc.gastos de investigación, lario,inistraciones pertinentes y la opinimiento, seal, r todo el territorio.en unirse. Sobre todo, reía ni la mayoría de los centros de excelencia andaluces que nos han acogido han tomado medidas para retener ese talento y afianzar esas líneas de investigación. Tan sólo la Universidad de Sevilla tiene un acuerdo de gobierno para la estabilización de jóvenes investigadoras postdoctorales. Ahora que podríamos empezar a devolver a la sociedad andaluza lo que ha invertido en investigación, en forma de nuevos proyectos y transferencia de resultados, el Sistema Andaluz de Conocimiento se desentiende. Sin ese apoyo, las tecnologías importadas o desarrolladas en el marco de estos contratos de investigación con el objetivo de aportar valor añadido a la ciencia andaluza, en la mayoría de los casos se perderán o quedarán abandonas. Así, no sólo se deja morir la apuesta andaluza por la excelencia, sino que detrás de las cifras y buenas palabras en ámbito institucional, quedan personas, con familias, que se cansan de emigrar: jóvenes con perfiles extremadamente valiosos, cuya formación y desarrollo como investigadoras se ha desarrollado mayoritariamente en ámbito público, que hemos trabajado y tejido redes con centros de investigación nacionales e internacionales de reconocido prestigio, produciendo decenas de artículos en revistas científicas y nos esforzamos por comunicar y transferir los resultados a la sociedad, que dirigimos proyectos de investigación atrayendo cuantiosos fondos, o incluso representamos a España en paneles internacionales de expertos. Jugamos con las normas del sistema (a pesar de sus innumerables defectos) para dar el mejor uso posible a la inversión pública que la sociedad hace en nuestro trabajo, hasta que nos toca volver a enfrentarnos a la emigración, el paro o el cambio de empleo

La situación de la mayoría del personal en las universidades andaluzas es sumamente precaria: porcentajes de interinidad escandalosos (e ilegales), profesoras que llevan años con dedicación completa a cambio de sueldos ínfimos y sin derecho a vacaciones pagadas, cargas docentes excesivas y escasos medios para la investigación… En este contexto es urgente e imprescindible la regularización y dignificación de las condiciones de empleo de Profesoras Interinas, Asociadas, Ayudantes Doctoras y Contratadas Doctoras sobre todo para garantizar la supervivencia y calidad de la universidad pública andaluza. Desde las universidades públicas y los centros públicos de investigación en Andalucía, la generación de jóvenes investigadoras y profesoras hacemos frente común para luchar porque las bonitas palabras del PAIDI y la apuesta andaluza por la “excelencia” no se las lleve viento y la sociedad andaluza goce del sistema de conocimiento y formación que merece.

nº22 | a pie de tajo

Patchana, de la autosuficiencia a la dependencia

Mamoudou Traore

Patchana es una hermosa zona de Casamance que pertenece a tres países: Guinea Bissau, Guinea Conakry y Senegal. Varias etnias componen la población, principalmente peules y badjaranques; mandingas, bámbaraso y basaris son etnias con menos presencia.

La peule es oriunda del este del continente africano: una tribu nómada, ganadera y sabia de los animales. Su piel es más clara que la de otras etnias y es de mayoría musulmana.

La badjaranque es autóctona de la zona: agricultores y pescadores de río, también tienen una larga tradición de herrería (antiguos herreros de la guerra y realeza). Se les considera sabios de la naturaleza y curanderos tradicionales. Son tribus de familias muy numerosas y muy unidas entre sí. De piel muy oscura, baja estatura y constitución fuerte. La mayoría son animistas o musulmanes, con minoría cristiana.

En Patchana la tierra es rica. Durante generaciones, las cosechas han permitido la autosuficiencia de las familias. Los cultivos tradicionales son el mijo, la yuca, el arroz, el maíz, el cacahuete y la alubia. Lo que en Europa se llama «ecológico» para nosotros es tradición: a base de semillas cultivadas generación tras generación, con abono sostenible gracias al ganado que pastaba en las tierras antes de la siembra, respetando los ciclos estacionales y aprovechando las lluvias. Ha sido desde nuestros ancestros una tierra que ha permitido la supervivencia de miles de hijxs de Patchana.

La historia de nuestra tierra cambia en 1973, según nuestrxs mayores, cuando llegaron las empresas multinacionales como Sodefitx (sociedad empresarial de algodón), Sonacos (empresa explotadora de cacahuetes) y Sodagri (empresa de transformación de arroz). Desde entonces, las explotaciones agrícolas fueron cambiando, aparentemente para mejorar las condiciones del duro trabajo en el campo, facilitando, gracias a la maquinaria y las herramientas, las labores del campesinado.

Los agricultores fueran cambiando las técnicas de producción a cambio de «multiplicar» la producción y los beneficios. Se implantaron nuevas semillas modificadas, abonos químicos, fumigaciones y maquinaria agrícola. Nada de esto era gratis: las grandes multinacionales «facilitaban» los aperos de labranza, semillas, productos de fumigación… a cambio de créditos y parte de la cosecha.

La realidad fue muy diferente a lo que pregonaban: se abandonaron los cultivos tradicionales, el campo dejó de autoabastecer a la población (lo que les hizo depender de las cosechas de poblaciones vecinas), aparecieron nuevas enfermedades (sobre todo en lxs niñxs), también los animales enfermaron «inexplicablemente». Lxs mayores sabiamente lo relacionaron con el uso de fumigaciones químicas: el agua se contaminó, transmitiéndose a través de los insectos nuevas enfermedades.

Una vez implantado el nuevo proceso de explotación, estas grandes multinacionales fijan sus precios de compra, limitando la venta de la sobreproducción y, por tanto, los beneficios económicos de los agricultores. Esto imposibilita en muchas ocasiones devolver los créditos concedidos por las empresas para modernizar la producción. Como consecuencia, se ha empobrecido una población que antaño podía considerarse «clase media». Por esto, lxs jóvenes se han visto obligados a emigrar a zonas urbanas o a otros países para poder mejorar la situación de sus familias y devolver los créditos, haciendo depender la supervivencia de una población tradicionalmente agrícola del aporte económico de lxs inmigrantes que trabajan en otros países. Se da también un empobrecimiento mental, en el que las nuevas generaciones piensan que para sobrevivir es necesaria la ayuda exterior, mientras que fue esta ayuda la que ha provocado la situación de pobreza de muchas familias.

Lxs jóvenes que emigran, en gran parte de los casos, se encuentran en situaciones de dificultad, en  lugares que les son ajenos a su cultura y sus tradiciones. Se estima que cuatro de cada diez jóvenes están en Europa o en el camino clandestino. Han dejado de cultivar la tierra que les pertenece para trabajar en explotaciones agrícolas en tierras que no son las suyas, para enriquecer a terratenientes europeos y poder mandar algo de dinero a sus familias.

Es necesario volver al origen del problema, recuperando el valor de la tierra para enriquecer a los propios productores, equilibrando la modernización con la tradición a través de la sensibilización, recuperando la fuerza de lxs jóvenes con la sabiduría de lxs mayores, para explotar la tierra y devolverla a las nuevas generaciones.

nº21 | a pie de tajo

La lucha de la marea blanca en Andalucía

Jesús A. Castillo

Desde 1997, en el que el PSOE aprobó, con el apoyo de la derecha, la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la sanidad pública está siendo privatizada «por el método del poro en la vasija llena»: si rompes la vasija, provocarás alarma; si le abres pequeños agujeros, el vaciado progresivo pasará desapercibido.

En momentos como el de la fusión hospitalaria en Granada, el charco nos moja los pies y evidencia lo que estamos perdiendo. Desde 2007, con la crisis económica, la desigualdad ha aumentado porque la crisis la estamos pagando los y las de abajo con el aumento de la precarización del empleo, la caída de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. A este retroceso se está sumando el deterioro de los servicios públicos por los recortes ocasionados por la priorización de la deuda, fuertemente incrementada por el rescate bancario, y los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y aceptados por el bipartidismo.

En Andalucía se hace una gestión privada de algunos hospitales públicos (como el de Marbella), se han cedido hospitales para su explotación a empresas privadas (como el de San Juan de Dios [Sevilla]), se han privatizado servicios (como los de mantenimiento y hostelería de hospitales) y se externalizan —contratación de asistencia pública en la privada— cada vez más procesos.

Pero la peor privatización es la que está ocurriendo porque, ante la falta de una respuesta adecuada del SAS, quienes pueden pagarlo se ven obligados a acudir a la privada, mientras que quienes no pueden ven dificultado el acceso a especialistas, sufren interminables listas de espera, soportan saturación en urgencias y en medicina primaria, y ven resentida su precaria economía con el pago de medicamentos.

En Granada, quienes disfrazan los recortes de plantilla y recursos como «mejora de gestión» han tenido «un error de cálculo» y han roto la vasija. El despertar de esa marea blanca allí ha sido el pistoletazo de salida para la movilización en toda Andalucía de profesionales y usuarios unidos en defensa de la sanidad pública que nos están arrebatando.

En este espacio complejo que es la marea blanca, el proceso ha tenido de inicio importantes contradicciones como la presencia del PP —que impulsa la privatización alegando que en Andalucía el problema es solo de gestión— y de Vox —cuya posición xenófoba es manifiesta—. Es necesario una caracterización de qué sanidad pública defendemos que deje fuera estas posiciones. Pero si una defensa de la sanidad pública no puede abrir sus puertas a los políticos que la agreden, sí tiene que estar abierta necesariamente a los votantes de todos los partidos de una forma transversal. Sería un error que el movimiento cayera en personalismos o intereses de algunas organizaciones. Incluso los partidos que están inequívocamente por la defensa de la sanidad pública no deben instrumentalizar el movimiento.

El primer triunfo importante de la marea blanca andaluza, demostrando una vez más que una respuesta masiva en la calle de usuarias y profesionales es el camino, no son las dimisiones de algunos gestores, sino el haber conseguido echar atrás una ley que priorizaba lo económico sobre lo asistencial, continuando por el camino de los recortes.

Para que la movilización por la sanidad pública continúe es necesario establecer otros objetivos concretos, entre los que deberían estar: el reforzamiento de la plantilla y la recuperación de las plazas amortizadas, la equiparación de los índices de profesionales por habitantes con otras comunidades, el cese de los contratos basura que han llevado a la precariedad y la pérdida de derechos, la reapertura de centros de salud y servicios de urgencia cerrados, la habilitación de quirófanos y consultas en la sanidad pública que evite la contratación sistemática con empresas privadas, la apertura de hospitales como el de Morón o el antiguo Hospital Militar, la transparencia en los objetivos exigidos a los profesionales eliminando los que van en detrimento de la calidad asistencial (como las restricciones a derivaciones a especialistas), la publicidad de las listas de espera para evitar su manipulación, el fin del repago de medicamentos y la revisión de los servicios de urgencias, de atención geriátrica y de salud mental.

nº20 | a pie de tajo

Ikea:

la república independiente de… la precariedad laboral

Antonio

Cada vez es más común que las grandes empresas subcontraten servicios. Muchas veces, esta subcontratación se da a través de «falsos autónomxs» que son obligadxs a darse de alta de manera fraudulenta cuando deberían estar contratadxs directamente por la empresa. Otras veces se subcontrata a empresas menores creadas solo para realizar un servicio, bajo el control de la gran empresa. En cualquier caso, el proceso de subcontratación conlleva aumento de precariedad laboral, pues las plantillas subcontratadas no tienen estabilidad, cobran menos y no disfrutan de muchos derechos recogidos en el convenio colectivo de la empresa que subcontrata. Es decir, grandes empresas y administraciones públicas utilizan la subcontratación como una manera fraudulenta, y muchas veces legal, de evitar obligaciones para con sus plantillas y aumentar sus beneficios a costa de aumentar la tasa de explotación. Ikea, más allá de sus llamativas campañas de publicidad, no es una excepción.

En Ikea de Sevilla éramos 16 personas trabajando en una subcontrata solo para la multinacional sueca. Nos dedicábamos a recoger la «línea de caja», ordenando bolsas y productos descartados, reponiendo «herramientas de compras» (lápices, cuadernos, metros…), recogiendo carritos en el parking, etc. Algunxs de nostrxs llevábamos más de 8 años en nuestro puesto de trabajo y, aun así, sufríamos una gran precariedad: un salario de miseria con algunas jornadas superando las 12 horas, sin distinción entre días laborables y festivos, sin coger vacaciones en algunos casos, encadenando contratos en fraude de ley y sufriendo abusos de poder por parte de algunxs jefes… Con esta situación, Ikea incumplía su código ético interno, según el cual debería controlar que todxs sus «colaboradorxs» tuvieran una situación laboral digna.

En junio de 2016 nos avisaron desde Ikea que iban a cambiar la empresa subcontratada y pensamos que contarían con nosotros como manda la ley y la justicia social. Pero no fue así y se saltaron la subrogación. Entonces, fuimos coaccionados por algunos jefes para que no denunciáramos, ofreciéndonos trabajo que nunca llegó. Nuestra subcontrata carecía de otros centros de trabajo donde reubicarnos e Ikea lo sabía, trabajábamos exclusivamente bajo sus órdenes y con sus herramientas.

A raíz de nuestros despidos hemos denunciado a Ikea por cesión ilegal de trabajadores y estamos movilizándonos organizados en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las empresas se aprovechan del alto desempleo y la precariedad laboral que sufrimos: «Si tú no haces este trabajo en estas condiciones, vendrá otrx y lo hará». Además, aprovechan las últimas reformas laborales para exprimir aún más a las plantillas. Sin embargo, esta dinámica de abusos patronales puede romperse mediante la solidaridad, la movilización y la unidad en la lucha. Desde que comenzamos a denunciar nuestra situación hemos recibido apoyo de mucha gente y hemos apoyado otras luchas como la del SAT en La Algaba contra el despido de un compañero en Five Technologies o la movilización de la plantilla excluida de la regularización de la bolsa de empleo de Lipassam.

Pensamos que es muy importante crear unión y solidaridad. Así, vemos que las Marchas de la Dignidad son un espacio clave para unir las luchas: «Pan, Techo, Trabajo y Dignidad» significa derogar la reforma laboral, prohibir los desahucios, estatalizar bajo control obrero los sectores claves de la economía, etc. Las Marchas de la Dignidad han acordado a nivel estatal convocar manifestaciones descentralizadas el 25 de febrero y una gran manifestación en Madrid el 27 de mayo de 2017.

Vayamos de las luchas locales a la lucha global para transformar el sistema. Hay que unir las luchas y golpear juntos. Si nos unimos podemos echar al gobierno, como acaba de hacer la gente trabajadora en Corea del Sur mediante movilizaciones masivas. Nuestro horizonte debe ser construir una huelga general desbordando a las burocracias sindicales para echar al gobierno y empezar a obligar a los capitalistas que paguen su crisis, al tiempo que construimos el poder popular que será el mundo del mañana.

nº16 | a pie de tajo

Extruperfil:

una plantilla que lucha por la dignidad laboral

Joaquín Flores 

Aunque parezca mentira, en nuestra Andalucía todavía queda alguna fábrica de esas de plantilla con monos azules. Extruperfil es una factoría situada en Dos Hermanas, donde fabricamos carpintería de aluminio para la edificación, tanto para perfiles como para cerramientos. Unos productos especialmente importantes, por ejemplo, para aislar bien nuestros edificios y ahorrar así energía en la mitigación del cambio climático.

La lucha de la plantilla de Extruperfil viene de lejos. Ya en febrero de 2014 decidimos (en asamblea de trabajadores) convocar huelga tras la negativa de la empresa de abonar cinco salarios pendientes. Tras dos semanas de huelga, la empresa presentó un calendario de pago de los salarios debidos. Sin embargo, a los pocos meses, la empresa incumplió el calendario de pago y presentó un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) de reducción de la jornada laboral de un 50% y reducción salarial de un 60%. Frente a este abuso, fuimos de nuevo a la huelga y tras 28 días conseguimos que la empresa retirase la reducción salarial del 60%, dejase la reducción de la jornada laboral en un 25%, abonase dos nóminas a la firma del acuerdo, respetase el calendario de pago y abonase la mitad de los días de huelga.

En septiembre de 2014, la empresa volvió a sorprendernos presentando esta vez un ERE extintivo de 23 puestos de trabajo, todos de la sección sindical de CC. OO. Tras un buen trabajo junto a los servicios jurídicos, conseguimos tumbar el ERE por un defecto de forma, y la empresa amenazó con que «si no se firmaba presentaría un ERE de mayores consecuencias». En octubre, la empresa cumplió su amenaza y presentó un nuevo ERE de extinción de 41 puestos de trabajo. El comité de empresa decidió convocar una huelga parcial diaria de dos horas por turno de trabajo, y la empresa dejó de abonar las nóminas.

En enero de 2015, la empresa ejecutó los despidos, y desde la plantilla fuimos a huelga indefinida, exigiendo la reincorporación de los compañeros y el abono de los cinco salarios atrasados. Tras 64 días de huelga llegamos a un principio de acuerdo con el pago de las nóminas atrasadas y la readmisión de los 41 compañeros despedidos. Para subsanar la poca liquidez que argumentaba la empresa, los trabajadores entraríamos en un ERTE de suspensión de cuatro meses de trabajo, divididos en dos turnos, y la empresa, en contraprestación, se comprometía a no presentar más despidos. Sin embargo, en septiembre de 2015 de nuevo la empresa volvió a incumplir lo acordado: presentó otro ERE de extinción de 30 puestos de trabajo y la reducción de la jornada en un 25% al resto de plantilla. Por lo que el 17 de noviembre vamos de nuevo a una huelga indefinida que dura hasta hoy, cuando escribo este artículo.

Durante las negociaciones con la empresa hemos descubierto, por ejemplo, una trama financiera que vende por debajo de costo a otras empresas del mismo dueño, causando descapitalización, desaparición de material de los inventarios, etc. Ahora, estamos a la espera de que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla se pronuncie sobre el ERE. Creemos que nos dará la razón, pero no nos fiamos de esta justicia que solo apoya a los grandes capitales y empresarios, en contra de la clase trabajadora. Por eso aún mantenemos la huelga hasta que no se anule el ERE y se respete el empleo en nuestra fábrica.

Nuestra lucha siempre se lleva de forma asamblearia, desde abajo, buscando la unanimidad de la plantilla y la unidad sindical, al mismo tiempo que actuamos de forma dialogante y combativa, por ejemplo, con acampadas permanentes a las puertas de la fábrica. Quizás por esta manera de movilizarnos, y por nuestras justas reivindicaciones, estamos recibiendo una gran solidaridad por parte de colectivos sociales, trabajadores de innumerables empresas, diferentes partidos políticos, etc.

Estamos demostrando que la lucha sirve, que tenemos dignidad, que no podemos dejarnos pisar el cuello por los que se creen que pueden jugar con nuestras vidas.

nº15 | a pie de tajo

#NosVanADarPeroBien

Mar Pino

Bajo esta etiqueta se agruparon los miles de tuits generados tras la «exclusiva» lanzada por A3 Noticias el pasado enero, según la cual se había descubierto la prueba definitiva de la relación entre Podemos, la CUP, ETA y el gobierno de Maduro. Los presentadores del informativo, Álvaro Zancajo y Sandra Palo, fueron «cazados» en un vídeo off the record comentando entre risas las consecuencias que tendría para A3 la emisión de esa noticia: «Nos van a dar, pero bien». Y así fue. Les dieron (en redes sociales) porque el juego sucio de la empresa en la que trabajan fue el ejemplo perfecto de la máquina del fango de la que habla Eco1.

Leí ese hashtag muchas veces esa mañana y comprendí que no solo describía un caso flagrante de instrumentalización de los medios por parte del poder, sino que representaba a la perfección la situación actual de la profesión periodística. Nos van a dar, pero bien.

Dudo mucho que Zancajo y Palo hayan sufrido la precariedad del sector, pero a la mayoría nos están dando desde los mismos orígenes de la profesión. Nos han dado con el cuento de la vocación y el romanticismo. Nos han dado con los egos y la competencia. Nos han dado por posicionarnos y por no posicionarnos. Nos dan las instituciones (la Ley Mordaza afecta especialmente a periodistas) y nos dan los movimientos sociales que no siempre se fían de nosotrxs. Nos dan porque se tiende a la metonimia y se toma a la periodista por la empresa que le paga. Nos dan por corporativistas y por no ser capaz de agruparnos. Nos han dado tanto, que el periodismo es la segunda profesión más afectada por la crisis (tras la construcción) y como las empresas responsables son las mismas que deberían contarlo —esas que ponen en marcha actuaciones como la realizada por A3 Media— pues prácticamente no se dice. Otro golpe bien dado.

Según el último Informe anual de la profesión periodística2, el número de empleos destruidos en medios de comunicación de 2008 a 2015 asciende a 12 200 (no todos de periodistas, pero sí la mayoría), un periodo en el que se han cerrado 375 medios entre diarios, revistas, televisiones, digitales y agencias. La inestabilidad es tal que no sorprende que el 75% de lxs entrevistadxs en ese estudio reconozca que cede a presiones para modificar una información. Esta cifra asciende al 80% si se trata de autónomos, situación a la que se ven abocadxs cada vez más profesionales.

En cuanto a ganancias, entre 2010 y 2015 los salarios de lxs periodistas amparados por convenio han caído un 17%. Pero si miramos a lxs contratadxs en los últimos años, con los convenios renovados y las condiciones deterioradas, nos encontramos por ejemplo con un 30% de mujeres y un14 % de hombres (aquí también hay brecha salarial) que cobra menos de 600 € al mes por un trabajo con un alto grado de responsabilidad social. Y estos son datos sobre relaciones laborales medianamente serias. El número de periodistas trabajando en negro o contratadxs con otra categoría inferior es imposible de calcular y, teniendo en cuenta lo poco que se valora la profesión, son muchxs lxs que forman parte de ese grupo. La Asociación de la Prensa de Sevilla denunció recientemente una oferta para redactores con unas condiciones que suenan a broma, pero no lo son: artículos de 320 palabras por 1,5 €. La empresa se llama RC Canales Interactivos y no es un caso aislado.

Con este panorama, ¿cuál será la primera preocupación de lxs periodistas? ¿Que se cumpla la función social inherente al periodismo?, ¿la independencia de los medios?, ¿la máquina del fango? No. Cuando no tienes asegurado tu puesto de trabajo, lo primero que te preocupa es conservarlo. El 60% de lxs encuestadxs en el informe considera la precariedad como su principal preocupación.

Sin embargo, entre tanta desolación aparece un dato esperanzador: el número de medios creados por periodistas que se unen para sobrevivir y ejercer su trabajo de forma digna se ha incrementado. Alrededor de 460 empresas con estas características fueron creadas (y siguen en activo) entre 2008 y 2015.

Este tipo de medios —independientes de corporaciones y respetuosos con el trabajo de lxs periodistas— pueden ser una buena forma de recuperar la confianza en la profesión. Por otro lado, periodistas que asuman su condición de trabajadores y exijan sus derechos, así como colectivos profesionales que hagan fuerza para defenderlos son la única vía para que alguna vez dejen de darnos por todos lados.

1 Número Cero. Umberto Eco. Traducción de Helena Lozano. Lumen. Barcelona, 2015.

2 El Informe Anual es elaborado por Asociación de la Prensa de Madrid desde 2004 a través de encuestas a periodistas de todo el Estado.

nº14 | a pie de tajo

Abengoa o el arte del trilero

Trabajadora de Abengoa Research

Burocracias sindicales buscando la bolita

El pasado 25 de noviembre se anunció la entrada en preconcurso de acreedores de Abengoa, una de las multinacionales punteras en tecnología más importantes del Estado español en cuanto a ingeniería y proyectos de energías renovables. De origen andaluz y con sede principal en Sevilla, el Grupo Abengoa posee un entramado de 682 sociedades, 20 empresas asociadas y alrededor de 26 000 trabajadores y trabajadoras, casi 4000 en Sevilla.

No analizaremos la gestión y la responsabilidad de los que han ido hundiendo Abengoa paso a paso; no juzgaremos al Sr. Benjumea, quien se ha asegurado una indemnización que ronda los once millones de euros y, al mismo tiempo, permite el cierre de filiales, plantas y el despido de personal; tampoco vamos a reflexionar sobre lo que significa para Andalucía la pérdida de tanto talento. No, no vamos a hacerlo. Es más importante profundizar en las consecuencias de la caída de un gigante con pies de barro, en la pérdida de miles de empleos en Andalucía (una de las regiones con más paro de Europa), en la cantidad de proveedores de mediano y pequeño tamaño, de empresas auxiliares y de servicios que tienen a Abengoa como principal cliente y que llevan meses sin cobrar lo que les adeuda y que tendrán que echar el cierre si esto no se arregla. Podríamos estar hablando de un punto y medio de incremento directo en la tasa de paro en la provincia de Sevilla, teniendo en cuenta el número de empleos directos e indirectos.

¿Y cuál es el papel de las burocracias sindicales en todo esto? Pues prácticamente ninguno, empezando por el pequeño detalle de que en la sede principal de Abengoa ni siquiera hay constituido un comité de empresa. Bueno, algo sí han hecho las burocracias de UGT y CC. OO.: pedir tranquilidad a la plantilla y confianza en que todo se arregle negociando, al mismo tiempo que sufríamos despidos.

Años de opresión laboral, de optar por contratar en precario, de becarias y becarios explotados, de temporalidad infinita, de miedo a moverse por los derechos propios y ajenos… En definitiva, años de represalias ante cualquier intento de unirse de la plantilla han llevado a que los sindicatos prácticamente no pasen de la puerta del Campus Palmas Altas, conocido como Palmatraz por la plantilla en recuerdo a la cárcel de alta seguridad.

No se entiende que las burocracias de los sindicatos mayoritarios que se han puesto a la cabeza como interlocutores de la plantilla hayan desaprovechado la situación preelectoral para visibilizar y hacer presente las reivindicaciones de los y las trabajadoras de Abengoa mediante movilizaciones.

De haber contado en Abengoa con una representación sindical digna, hubieran sido harto difíciles las horas extras porque sí, las expatriaciones (traslados al extranjero) forzosas, los contratos por obra y servicio eternos en el tiempo, el control rayando lo obsesivo de hasta el más mínimo movimiento o la obligatoriedad de almorzar en el restaurante de la empresa, entre otras situaciones propias de las fábricas del siglo XIX o de la literatura de Dickens.

Es hora de que la plantilla rompa con el miedo y fuerce a todos los sindicatos a tomar como prioridad este conflicto, iniciando un proceso que asegure unos derechos laborales justos y creando, al mismo tiempo, instrumentos de representación que den lugar a compromisos serios sobre el futuro y la dignidad laboral de su plantilla.

Se esperan más despidos masivos y la dirección de Abengoa continúa con su hermetismo calculado. Sus empleadas y empleados no podemos esperar más, nos están echando sin tan siquiera avisarnos con los quince días que marca la ley, las indemnizaciones se conceden de manera cicatera esperando que las afectadas reclamen en el juzgado… Si trabajas en el extranjero y te despiden no esperes que te paguen el billete de vuelta para ti y tu familia, tal como está establecido. A día de hoy, no se sabe con seguridad si habrá liquidez para abonar las nóminas de diciembre. El tiempo de actuar es ahora y el momento es ya.

La plantilla debe empoderarse para conseguir que una empresa vital para la economía andaluza y con una tecnología clave en la lucha contra el cambio climático siga adelante. Esta toma de control de la plantilla organizada debe romper con el modelo actual de Abengoa. Debe significar condiciones laborales dignas para todas, al mismo tiempo que construimos justicia ecosocial acabando con el neocolonialismo de Abengoa en países como México, Brasil o Panamá.

Si no nos movemos ahora y Abengoa sobrevive, continuará con su alarmante explotación laboral y seguirá aprovechándose de privatizaciones para gestionar servicios públicos esenciales allá donde pueda. Tenemos que aprovechar esta crisis como una oportunidad para que Abengoa esté, realmente, al servicio de los y las andaluzas, de la gente trabajadora y de su plantilla, y no al de unos pocos ladrones de altos vuelos y sus políticos clientelistas del Régimen Andaluz del PSOE.

NOTA

Más información en: https://m.facebook.com/abengoaenlucha

nº13 | a pie de tajo

El caso del Coño Insumiso:

una demanda para la represión sindical

Miguel Sevillano

El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la declaración como imputados ante la juez del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla de varios miembros del sindicato CGT, en lo que se conoce ya como el caso del Coño Insumiso. Durante el desarrollo de la vista, más de un centenar de personas de diversos colectivos quisieron solidarizarse con el sindicato anarquista, participando en la concentración convocada para tal fin ante la puerta de los juzgados del Prado. En dicha protesta no podía faltar la imagen objeto de controversia, que estuvo acompañada por una performance que rememoraba en tono de burla el pasado criminal de los santos verdugos de la Inquisición española, y del buen hacer de la ruidosa banda de pitos y tambores de CGT-Sevilla, cuya presencia se dejó notar en las dependencias donde se estaba realizando la declaración de los imputados, a los que la acusación particular les pide nada menos que tres años de cárcel. En la protesta no faltaron grupos laicistas, feministas, de género, políticos, así como otros sindicatos, que defendieron el derecho a la libertad de expresión y rechazaron públicamente un proceso judicial dirigido a reprimir a aquellas que luchan por sus derechos, ya sea mediante huelgas en los tajos o manifestaciones en las calles, ya sea con pancartas o con coños insumisos por delante.

El disparatado caso, admitido solo por el juzgado sevillano y previamente archivado tanto en Madrid como en Málaga, llegó al culmen del surrealismo —dada la ingente cantidad de imágenes de cristos y vírgenes habitualmente presentes en las paredes de los despachos de los juzgados de la capital hispalense— cuando inesperadamente sonó el teléfono de una funcionaria presente en la vista con música de Semana Santa. Ante semejante escena, cabe la pregunta de cuáles son los intereses personales de los protagonistas de este singular sainete judicial, que bien podría dar origen a una desternillante comedia, si no fuera por la situación en la que se encuentran las y los compañeros acusados.

La asociación tapadera que impulsa el caso pertenece al grupo de asociaciones-pantalla vinculada al grupo ultraderechista El Yunque, nacido en México en la década de los cincuenta, pero con demostrada presencia en el Estado español entre grupos de integristas cristianos como Hazte Oír, a Contracorriente o los autodenominados Provida. Ese es el único sentido de la denuncia, en un nuevo intento de emplear la justicia y los artículos más retrógrados y controvertidos del Código Penal español como arma política contra sus adversarios que luchan por un mundo más justo. Esto es, contra grupos de mujeres, de género, sindicatos de clase, ateos, laicos, etc.

No es casual que se ataque a la CGT en un momento como este, y que los juzgados le den cabida a una demanda disparatada como esta, cuando las luchas laborales juegan un papel clave en modelar una salida de la crisis que favorezca a la gente trabajadora y no nos condene a trabajar en la pobreza, sin condiciones laborales dignas y con servicios públicos privatizados. Desde CGT anunciamos que este tipo de ataques represivos no nos van a acobardar, sino todo lo contrario: nos dan energía para seguir luchando por los derechos de los y las trabajadoras. Derechos que van desde la libertad de expresión hasta la autoorganización desde abajo en cada tajo.

Desde el sindicato CGT estamos organizando charlas, encuentros, conferencias en espacios públicos, donde participen personas y grupos que están sufriendo este tipo de acoso por motivo de sus creencias, para denunciar la práctica sectaria de estos grupos integristas, cuya última cruzada conocida ha sido la denuncia contra los médicos gallegos, que finalmente desconectaron a una paciente menor de edad, en fase terminal, cuyos padres tuvieron que llegar a los juzgados para garantizar el derecho a una muerte digna.

nº12 | a pie de tajo

Por amor al arte

Fran Torres

Ilustra David Gonzalez

Cada año a mediados de febrero se celebra la fiesta de los Premios Goya, donde los y las profesionales de la interpretación muestran una imagen fantástica al resto de la sociedad: vestidos caros, grandes sonrisas, lujo, emociones desbordadas… Todo muy bonito, épico incluso. Pero no nos llevemos a engaño, la realidad del mundo de los actores y las actrices es bien distinta, el panorama es bastante gris. Según un estudio confeccionado por AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) sobre la situación sociolaboral de este colectivo:

  • Más de la mitad de las profesionales trabajó menos de dos meses en el último año y en torno al 16% no tuvo ningún trabajo.
  • El 15% no recibe ningún tipo de ingresos por lo que se encuentra en una situación límite.
  • Más de la mitad no alcanza el nivel del salario mínimo interprofesional en sus ingresos por trabajos en el sector. Si no tuvieran otros ingresos o el apoyo familiar, estarían situados por debajo del umbral de la pobreza.
  • Algo más de dos terceras partes de los trabajadores y trabajadoras del sector se encuentran en situación de precariedad laboral (paro o subempleo).

A esto habría que sumarle que actualmente los actores y las actrices formamos parte de un sistema de producción sostenido cada vez más por el dinero público, al mismo tiempo que crece la industria audiovisual donde actores y actrices tenemos mucho menos poder que el que tradicionalmente hemos ostentado.

Toda esta precariedad está creando un entorno laboral bastante complicado y desprotegido. Además, la situación general presenta un panorama de desunión entre profesionales y sus asociaciones de representación ante las necesidades importantes del sector. Se están volviendo demasiado habituales las situaciones de abusos laborales, poniendo en riesgo los derechos mínimos exigibles: sueldos precarios, ensayos sin remunerar, incumplimiento del convenio colectivo, necesidad de insistir eternamente para cobrar, etc. Esta situación está generando que muchos actores y actrices se encuentren solas en sus reivindicaciones, sin saber qué hacer o adónde acudir.

Desgraciadamente, no existe una tradición de lucha por los derechos laborales en este gremio, exceptuando la huelga de actores de febrero de 1975 que supuso una movilización histórica. Entre otras cosas, pedían un mejor salario, el pago de las dietas y los gastos de desplazamiento, el cobro de los ensayos y el cobro de sueldos cuando se suspendía un espectáculo. Las causas que argumentaron las huelguistas entonces fueron «la agobiante situación de paro en la que se encuentra nuestro sector, junto con el incumplimiento de la reglamentación laboral por parte de las empresas…» (nos suena, ¿verdad?). Algunas de las huelguistas fueron ingresadas en prisión acusadas de pertenecer al FRAP y ETA. Finalmente, los actores y actrices tuvieron que parar la huelga a cambio de la liberación de los encarcelados.

Desde entonces, las movilizaciones han sido casi inexistentes, quizás por el poco peso que tenemos en la sociedad. ¿Os imagináis una huelga donde se cierren los teatros? ¡Qué tragedia! Se me viene a la cabeza la movilización de los futbolistas hace unos meses, solo la amenaza de huelga atemorizó a todo el país. Saquen conclusiones…

Y es que nos mostramos tan hambrientos de trabajar por la pasión de interpretar que dejamos de lado la conciencia laboral de lo que aportamos socialmente y de los beneficios económicos que producimos. No nos creemos que seamos imprescindibles en la creación de una obra de ficción o de cualquier otra índole.

Creo sinceramente que es posible e imprescindible luchar desde abajo por nuestra dignidad y para mejorar nuestras condiciones laborales. Esta lucha debe hacerse de una manera asamblearia, combativa y solidaria, ya sea desde las organizaciones existentes (como la actualmente renovada Unión de Actores de Sevilla) o bien mediante la autoorganización, de hecho, este escrito es una llamada al apoyo mutuo. Escríbeme un email si eres actor o actriz y quieres dar un paso adelante para defender tus derechos de forma colectiva.

Me gustaría terminar con un caso verídico (como diría el famoso humorista) que me ocurrió hace poco: recibí una llamada de una agencia de publicidad ofreciéndome la oportunidad de participar en la grabación de un spot publicitario; al solicitar las condiciones económicas, me ofrecieron una cantidad, de la cual la agencia se quedaría el 33% y el resto sería para pagar mi sueldo y mis seguros sociales; al escuchar esto le hablé de que existía un convenio colectivo que… pi-pi-pi… Y me cortaron la llamada en las narices. No volvieron a llamarme… y es que siempre ha habido muy mala comunicación en este gremio.

Lo que les digo, ¿por amor al arte?

nº9 | a pie de tajo

Trabajadores del INFOCA:

la lucha contra el incendio de los recortes sociales

Trabajadores de INFOCA acampados frente al Parlamento Andaluz

Ilustra INFOCA

Somos trabajadores del INFOCA (Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza) con una antigüedad en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) de 8 años de media y venimos luchando por nuestra estabilidad laboral desde el primer día en que comenzamos nuestra relación con AMAYA.

Tras sufrir el despido en junio de 2012, decidimos comenzar una huelga de hambre en agosto de 2013, en la que conseguimos activar la bolsa de trabajo INFOCA y que fuesen llamados para incorporarse a sus puestos de trabajo 11 compañeros de casi 100 que pertenecíamos a dicha bolsa. Antes del comienzo de la campaña de 2014, y con la amenaza de que no íbamos a ser llamados para trabajar durante el verano, volvimos a acampar en la puerta de la Consejería de Medio Ambiente entre abril y mayo durante 32 días, acción con la que forzamos a AMAYA a cubrir las bajas con personal de la bolsa y conseguimos que todos los trabajadores/as se incorporaran.

Decidimos acampar, de nuevo, el 13 de octubre de 2014, esta vez frente al Parlamento de Andalucía, considerando que había que subir un escalón en nuestra justa movilización. En esta acampada, el objetivo principal era conseguir la estabilidad laboral que nos pertenece. Tener la seguridad de que vamos a ser llamados para cubrir la campaña de extinción de incendios durante los 4 meses de verano. En esta ocasión, la estrategia a seguir consistió en intentar unificar el máximo de luchas posibles contra las políticas de recortes del Gobierno andaluz. Asistimos a las manifestaciones convocadas por el movimiento estudiantil, enlazando nuestra lucha obrera con las luchas de estudiantes. También mostramos nuestro apoyo a las plantillas de la Seguridad Social, de quienes recibimos todo lo que estuvo en sus manos. Esta fue nuestra línea de trabajo durante los 118 días que estuvimos acampados, llevar la solidaridad obrera a diferentes luchas, como hicimos con los compañeros de Extruperfil, apoyando las Marchas de la Dignidad, las protestas de enfermos por hepatitis C, etc. Una infinidad de luchas con las que hemos estado en contacto y de las que recibimos apoyo.

Mientras los días transcurrían, todo iba saliendo según lo esperado, el conflicto INFOCA estaba siendo apoyado por diferentes colectivos y la prensa se hacía eco. Pero las dificultades de vivir en la calle (por ejemplo, sufriendo robos y agresiones), lejos de nuestras familias y padeciendo las inclemencias del tiempo, a la vez que veíamos como AMAYA solo nos ofrecía migajas y los partidos políticos burgueses eran fieles al sistema que los alimenta y no a las y los trabajadores, hizo que nuestros propios compañeros dejaran de creer en esta forma de ejercer presión, hasta el punto de vernos solos tres compañeros en la acampada. Esto nos hizo replantearnos la lucha, hacer autocrítica y entender que no podíamos reprochar nada a nuestros compañeros por no apoyar presencialmente una «batalla» tan dura que, en parte, nos separó de la plantilla. Una vez entendido, empezamos a dar los primeros pasos para trabajar en lo más valioso que cualquier lucha que tenga lugar en una empresa pueda conseguir: la unificación de la plantilla de forma asamblearia, solidaria y combativa.

Con este objetivo, estamos organizando un encuentro en Antequera para crear un bloque sólido en la plantilla en el que las decisiones emanen de la asamblea y decidamos entre todos la línea a seguir para poder alcanzar los derechos laborales que nos pertenecen: el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, eliminar la precariedad del dispositivo, evitar su desmantelamiento, etc.

nº8 | a pie de tajo

¡Se puede, se debe, luchar contra los ERE!

Jesús M. Castillo

Ilustra Raulo

Sin duda, nos sonará el acrónimo «ERE». Posiblemente, por el enorme caso de corrupción de ayudas de la Junta de Andalucía —que investiga la jueza Alaya— en el que ciertas personas se enriquecían ilegalmente en procesos de despidos masivos.

El expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento administrativo mediante el cual una empresa busca suspender de empleo o despedir a gran parte de su plantilla. Desde que comenzara la crisis económica, el número anual de trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERE (ya sea de reducción de jornadas, suspensión de empleo o despido) aumentó enormemente. Pero, en 2014, el número de ERE ha bajado en cerca de un 50%: hay 129 709 personas afectadas en los diez primeros meses del año. Es aún una cifra muy elevada, tras la que se esconde el sufrimiento de cientos de miles de personas.

El ERE, un mecanismo que permite hacer recaer sobre las plantillas las consecuencias de la crisis, se vio especialmente impulsado por la reforma laboral que facilitó las causas para iniciar un ERE (económicas, técnicas, organizativas o productivas) y eliminó la autorización administrativa inicial.

Sin embargo, decenas de ERE han sido frenados por la movilización de las plantillas, ya sea durante la fase de negociación o, posteriormente, en los juzgados (más de un 50%). Y esto a pesar de la labor pactista y derrotista de las burocracias sindicales, deseosas en muchas ocasiones de firmar acuerdos con las empresas. Acuerdos gracias a los que las burocracias cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones por despido y hacen que las plantillas paguen una crisis que no han provocado. De hecho, tras la llegada de la crisis, muchas empresas empezaron a hacer los ajustes y recortes que llevaban pensando desde hacía años con el objeto de aumentar la tasa de explotación y ahorrar costes salariales en pro de la sacrosanta «competitividad».

Entre los ERE anulados más famosos —por la combatividad de sus plantillas— están, por ejemplo, los de Coca-Cola, Panrico y Atento. Como ejemplo de combatividad, la plantilla de Panrico de la planta de Perpètua de Mogoda (Barcelona) fue a la huelga durante 8 meses hasta que consiguió parar el ERE y volver al trabajo. Pero la lucha contra los ERE va mucho más allá de los casos más sonados. Si en 2013 los jueces solían aprobar cerca del 50% de los ERE, en 2014, por ejemplo, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha parado la mayor parte de los ERE impugnados, obligando a readmitir a cerca de cinco mil trabajadoras. Y la lucha sigue, una vez la judicatura, sensible a la movilización social, frena los ERE. Por ejemplo, tras la anulación del ERE de Coca-Cola, la empresa se niega a abrir las fábricas cerradas y quiere mandar a 350 personas afectadas a otros destinos. En esta lucha, un boicot creciente a esta multinacional ha venido apoyando la lucha de la plantilla.

En la mayoría de los casos, los jueces se agarran a defectos de forma, pero detrás hay fuertes luchas de plantillas movilizadas exigiendo sus derechos en un contexto de fuerte movilización, ya sea en el plano social, como las marchas de la dignidad, o en el plano electoral. Y todo esto ocurre en un momento en el que las cifras de la macroeconomía apuntarían a una supuesta recuperación que no experimenta la gente trabajadora en su día a día. Y es que, a pesar de tener un Gobierno central con mayoría absoluta, se trata de un Gobierno débil. Las luchas han forzado la dimisión de dos ministros claves —Gallardón y Mato—, la retirada de la reforma de la Ley del Aborto y la dimisión del fiscal general.

Como vemos, el clima de movilización general está estrechamente relacionado con movilizaciones concretas en los centros de trabajo. Sin duda, para parar los ERE son necesarias plantillas movilizadas, combativas y asamblearias. Pero sus luchas llegan más allá en un clima general ofensivo de la gente desde abajo. Tenemos frente a nosotras una «ventana de oportunidad», no solo en el plano electoral, sino también en las luchas sociales. ¡Aprovechémosla, abrámosla de par en par y saltemos hacia un mundo más justo!

nº6 | a pie de tajo

Al otro lado del teléfono también estás tú

Sección sindical de CGT en Atento-Sevilla

Ilustra Azagra

«Telemarketing» es una palabra que no está registrada en el diccionario de la Real Academia Española. «Teleoperador» o «teleoperadora» tampoco. Lo acabamos de buscar, no te molestes en hacerlo. Y no es casual. El diccionario respalda al sistema: no refleja una realidad que el capitalismo ha creado para que funcione siempre bajo la alfombra; ya sabes, donde van las migas de pan y las pelusas cuando vienen las visitas.

Sin embargo, tú nos conoces bien aunque el nombre te suene raro. Pasas con nosotros y nosotras mucho tiempo a lo largo de tu vida; si haces cuentas, te asustarías: cuando llamas a tu compañía telefónica, o a la de electricidad, o a la línea de atención de un banco; también para comprar un billete de tren, incluso cuando llamas para que te asesoren sobre la declaración de la renta y cuando pides cita para el médico, o cuando tienes una emergencia. Todas esas personas a las que confías la solución de tus peticiones y problemas, somos teleoperadoras.

Respondemos en nombre de las mayores empresas y organismos públicos, pero no estamos contratados por ellas, y tanto las empresas matrices como las subcontratas se cuidan de que esa información no trascienda, haciendo creer al usuario que se trata de plantillas propias. Tenemos un convenio que en CGT nos negamos a firmar porque perpetúa la precariedad para los más de 60 000 de trabajadores y trabajadoras del sector. Y otra gente que ni siquiera pueden acogerse a él pues trabajan en «empresas piratas». O más piratas todavía, habría que decir.

La subcontratación es un cáncer que se ha apoyado en la privatización de lo público para hacer su metástasis (Telefónica, Iberia, la antigua Renfe, etc.). De hecho, muchas de las empresas para los que damos nuestra voz son o han sido públicas recientemente. El argumento de que la subcontratación significa más eficiencia nos daría risa si no fuese porque nos lo tomamos muy en serio. El capitalismo usa nuestro trabajo para atacar a la clase obrera por todos los flancos posibles. Y eso te incluye a ti aunque nunca te hayas puesto unos cascos, el símbolo de nuestro día a día. Mucha gente se extraña porque las empresas pisotean sus derechos, roban con descaro y no solucionan sus problemas. Pues bien, la próxima vez que hables con nosotras recuerda que eso no es casualidad. No se trata de incompetencia, ni de fallos evitables: se trata de una estrategia perfectamente diseñada.

En primer lugar, se desarma a las plantillas subcontratadas de las condiciones laborales de la empresa matriz. De las económicas, puesto que podemos llegar a cobrar una tercera parte menos. Pero también del resto de condiciones de trabajo y salud laboral. Se divide a la clase trabajadora estimulando una competencia artificial entre trabajadores y trabajadoras, pues las grandes empresas siguen ganando lo mismo. El trabajo que antes era estable pasa a ser precario y temporal fraudulento; hay contratos que duran más de 10 años y siguen siendo «temporales».

En segundo lugar, las plantillas somos víctimas de dos objetivos contradictorios e irreconciliables: el de las ventas del producto que ofrece la empresa matriz y la hipócrita pretensión de que el servicio que ofrece sea de calidad, frente a las exigencias diarias de la empresa de telemarketing para que la llamada dure lo menos posible, puesto que estas empresas obtienen su beneficio en función de las llamadas que reciben.

Para estas empresas no sois usuarios, sois clientes. Se nos da la menor formación posible, por lo que a veces nos es imposible solucionar vuestras peticiones. Hacer bien nuestro trabajo para nuestros jefes significa justo lo contrario de lo que esperáis al llamar: si es un servicio de información de una empresa, el objetivo será vender todo lo que se pueda en el menor tiempo posible, independientemente de la razón de la llamada. Si es un servicio público, será informar en menos que canta un gallo. Se nos exige que la llamada, sea de lo que sea, no dure más de 5 minutos. La presión está servida, nuestros centros de trabajo reciben constantes visitas de ambulancias e inspecciones de trabajo por ataques de ansiedad y problemas de salud graves. Para que os hagáis una idea, es habitual que las llamadas nos entren automáticamente y no haya ni un segundo de pausa entre una y otra. A cambio, recibimos un salario que ronda los 800 euros, si llega, pues la norma son los contratos a tiempo parcial. Nuestro puesto de trabajo está siempre en el alambre.

A esto hay que sumarle que el telemarketing es un sector en el que las empresas vuelcan todos los ataques que les permiten las leyes laborales: ERES, ERTES, modificaciones sustanciales y demás calaña. El último en Atento, empresa fundada por Telefónica, y en la que más de 600 personas que trabajaban para los servicios de Movistar han perdido su empleo en agosto.

La tercera pata del telemarketing son las consecuencias que sufrís, que sufrimos todas. Las empresas han encontrado su castillo inexpugnable desde el que pisotear los derechos de sus clientes con impunidad. Eso sí, si se presenta una queja, la empresa cargará de responsabilidad al teleoperador.

Este año, una mayoría de trabajadores de las dos principales subcontratas de Telefónica-Movistar, Atento y Extel, hemos hecho un calendario de huelgas conjuntas promovido por CGT para mejorar nuestras condiciones, que también repercuten en las de la gente que nos llamáis.

A comienzos de año empezará la negociación del nuevo convenio colectivo y lucharemos contra la patronal y la casta sindical en la que se apoyan. Cuando nos llames, estaremos luchando. Únete a nuestra lucha. Es la de tod@s.

Por Sección sindical de CGT en Atento-Sevilla.
nº4 | a pie de tajo

La lucha contra la precariedad laboral en la Universidad

Rosa M. Giráldez

Ilustra Pau Badia

Los y las profesoras e investigadoras sustitutas interinas (PDI-SI) de la Universidad de Sevilla (US) formamos parte del grupo con la situación más precaria de la Universidad. Una figura creada para hacer sustituciones por necesidades sobrevenidas que está muy mal pagada y peor considerada. Aunque mucha gente piensa que el profesorado universitario tiene muy buenas condiciones laborales, sufrimos nóminas que no llegan en muchos casos a los 300 euros (al ser trabajos a tiempo parcial). En caso de estar contratados a jornada completa, somos a duras penas mileuristas. Además de impartir clases, realizamos actividades como tutorías, gestión académica, trabajos fin de grado, máster, etc. Es decir, al final asumimos funciones que van más allá de sustituir simplemente la actividad docente. Dicha labor docente es reconocida documentalmente por la propia Universidad, aunque luego no se valora en los méritos acreditados para poder participar en igualdad de condiciones —por mérito y capacidad— en los concursos de las distintas figuras docentes.

Gran parte del PDI-SI también realiza una actividad investigadora, con publicaciones y participación en proyectos de investigación. Las acreditaciones que tenemos lo demuestran. El reconocimiento de esta actividad es clave para nuestra carrera profesional. Sin embargo, ni el rector de la US ni el convenio colectivo nos reconocen nuestros méritos investigadores (ni económica ni profesionalmente), negándonos la posibilidad de continuar una carrera profesional decente.

Nuestro colectivo debe realizar un esfuerzo continuado para la actualización de la formación didáctica y la adquisición y el incremento de las competencias necesarias para la actividad docente. También participamos en experiencias investigadoras y formadoras: cursos, congresos, jornadas y estancias en instituciones de reconocido prestigio internacional. Por toda esta actividad, el PDI-SI merece poder optar a una carrera profesional mediante la elaboración de un plan de estabilidad que posibilite el acceso a figuras más estables dentro de la US, teniendo en cuenta el reconocimiento de la actividad investigadora y docente, las acreditaciones y la vinculación contractual.

Un agravante de la situación que sufrimos es que el rector de la US se niega, incluso, a valorar plenamente nuestra docencia en los concursos de acceso a plazas. Además, carecemos con frecuencia de espacios adecuados para el desarrollo de nuestro trabajo. Necesitamos disponer de un lugar decente para atender al alumnado en las tutorías; además, obviamente, necesitamos contar con los materiales necesarios para la preparación de las clases. En otros ámbitos, sería impensable tener despachos vacíos y cerrados mientras el personal interino no tiene condiciones mínimamente adecuadas. ¿No sería más lógico poder utilizar el espacio y los dispositivos asignados a la persona que está siendo sustituida? Esto ya ocurre en cualquier otra administración pública.

Otro tema en el que insistimos es la importancia de una mayor transparencia en los concursos de acceso a las plazas de sustitutos para evitar situaciones injustas creadas por la falta de información.

La ausencia de convocatorias a plazas de profesorado laboral —debido al bloqueo del Gobierno andaluz— está provocando la utilización abusiva de esta figura contractual. Esto genera situaciones de injusticia, precariedad, inestabilidad profesional y laboral, siempre bajo la coartada de la crisis como justificación de todas las administraciones implicadas.

Somos un grupo vulnerable que está siendo marginado por los dirigentes de nuestra Universidad y por muchos compañeros. Sin embargo, hemos convertido el factor de mayor debilidad del grupo —su heterogeneidad— en nuestra mayor virtud, al unir intereses, organizarnos en una asamblea de base, formar comisiones de trabajo y elaborar unas reivindicaciones comunes que aúnan al grupo y luchan por la dignificación del colectivo.

Vamos a seguir denunciando nuestras pésimas condiciones laborales y salariales a todos los agentes responsables de nuestra situación. Exigimos que se reconozcan nuestros derechos. Como en tantos otros ámbitos, reivindicamos unas condiciones salariales y laborales justas. Nuestra lucha es también la del alumnado que tiene que abandonar sus estudios debido a unas tasas de matrícula excesivas y al recorte de becas. También es la de los compañeros y compañeras de la limpieza de la US, un servicio subcontratado en condiciones precarias. Luchamos junto a otros y otras compañeras del profesorado de la Universidad que tienen bloqueada la promoción. Estamos luchando junto a los más de 5000 profesores y profesoras interinas despedidas en educación secundaria. Esta lucha no es solo por la dignidad del PDI-SI de la Universidad, sino también por la defensa de una educación pública de calidad para todos y todas, por el despertar de las conciencias dormidas y para que la crisis la paguen quienes la han provocado.

Por Rosa M. Giráldez. Profesora e investigadora interina en la Universidad de Sevilla
nº3 | a pie de tajo

Un Ferrocarril de todos, negocio de unos pocos

Roberto Delgado

Ilustra AZAGRA

En el año 2005, el gobierno del PSOE aprueba la Ley del Sector Ferroviario, una ley que había preparado el anterior gobierno del PP y a la que no se le cambia ni una coma. La primera consecuencia fue la división de Renfe en dos empresas: Adif (empresa responsable de la infraestructura) y Renfe Operadora (gestora de los trenes de viajeros y mercancías). Ambas empresas partían con una deuda de 0 €.

En 2013, ocho años más tarde, la deuda de las dos empresas públicas es: en el caso de Adif, de 14 000 millones de euros; en el de Renfe, de 5000 millones de euros. En ese mismo periodo, las empresas constructoras y fabricantes de material ferroviario obtienen grandes beneficios.

Los sindicatos que componen el comité general de Renfe (CC. OO., UGT, SEMAF, SF y SCF) firman la división de la empresa en dos. Todos salvo CGT, que convoca movilizaciones en defensa de un ferrocarril único, público y social, alertando a la ciudadanía de las intenciones privatizadoras (liberalización) del Gobierno y la pérdida de puestos de trabajo que supone la firma de los ERE entre la empresa y los sindicatos del sistema.

La destrucción de empleo en el ferrocarril facilita la entrada de empresas privadas (contratas) que de nuevo obtienen grandes beneficios, introduciendo la precariedad en el empleo y convenios colectivos a la baja.

En septiembre de 2013, el gobierno del PP aprueba la división de Renfe Operadora en cuatro sociedades anónimas: Renfe Viajeros SA, Renfe Mercancías SA, Renfe Fabricación y Mantenimiento SA, y una cuarta (ROSCO) que se dedica al alquiler del material ferroviario.

Entre todas ellas se reparten la deuda de 5000 millones de euros. Se les pone un precio de venta y un número de acciones que posibilita, en un futuro, su compra por parte de las empresas privadas.

Antes de finalizar el año 2013, el Consejo de Ministros aprueba la división de Adif en dos empresas: Adif Alta Velocidad (Adif rico) y Adif convencional (Adif pobre). Adif Alta Velocidad hereda la deuda de 14 000 millones, mientras que prácticamente la totalidad de la plantilla queda en Adif convencional. Este artificio contable permite que no compute la deuda de la empresa (14 000 millones) en el déficit público, ya que Adif pertenece al Ministerio de Fomento. Además, dos de las actividades que generan beneficios —aparcamientos en las estaciones y alquiler de la fibra óptica— salen en licitación para su explotación por la empresa privada.

La segregación de Renfe Operadora en cuatro sociedades anónimas y de Adif en dos empresas abre la veda de la privatización en el servicio ferroviario español: prima el beneficio económico y deja a un lado el carácter social del ferrocarril. El gobierno del PP apuesta así por el sistema de privatización del ferrocarril en Inglaterra, cuyo fracaso no cuestionan hoy en día ni los más conservadores en Europa y cuya recuperación está costando más cara a los ciudadanos ingleses que si hubiera permanecido como empresa pública, con un gran coste social y de puestos de trabajo1.

La apertura a la competencia que propicia el Ministerio de Fomento para este año 2014 pone en clara desventaja al ferrocarril español, permitiendo la entrada a la competencia del ferrocarril alemán (DB), del ferrocarril francés (SNCF) y de empresas privadas europeas y nacionales.

Otras empresas ferroviarias, como la francesa y la alemana, aplazan la apertura a la competencia exterior al 2019, y apuestan por un ferrocarril unificado y no dividido. Sin embargo, como hemos manifestado, Renfe inició la segregación en el año 2005.

Las empresas privadas no vienen con la intención de invertir en el ferrocarril, su infraestructura y su seguridad. Tampoco de mantener todos los trenes, ya que lo que buscan es la obtención de un beneficio económico rápido. El beneficio social no se puede medir con parámetros exclusivamente económicos. El carácter vertebrador y de cohesión territorial —verdadero fin del ferrocarril— no tiene ningún sentido para la empresa privada: si no obtienen un beneficio inmediato de los trenes que explote, sencillamente desaparecerán. Entendemos que la privatización del ferrocarril va a suponer menos trenes, menos seguridad y precios más altos. Primará la alta velocidad que une grandes ciudades y se suprimirán muchos trenes de media distancia que son los que verdaderamente cohesionan y vertebran el territorio, ya que unen los núcleos de población medianos con las grandes ciudades.

Además, el proceso de segregación de las empresas ferroviarias y la licitación a la baja de las diferentes contratas supone para este año 2014 la pérdida de más de 1300 empleos en el ferrocarril.

Desde CGT proponemos el apoyo al ferrocarril público y social a toda la ciudadanía para:

  1. Impedir el robo del patrimonio de la ciudadanía, el cierre de líneas, la supresión de trenes y servicios, las privatizaciones, impulsando la participación de la sociedad en el debate y la defensa del servicio público.
  2. Imponer criterios de rentabilidad social, medioambiental, de gasto energético y de servicio público del ferrocarril, contrarrestando el único valor que consideran que no es otro que la rentabilidad económica.
  3. Tratar de hacer públicos todos los empleos privados, integrando las plantillas de las contratas en las empresas públicas en igualdad de condiciones laborales y sociales.

Todos juntos podemos evitar la estafa social que supone la destrucción de lo público, de la sanidad, de la enseñanza, del ferrocarril.

1 Para más información sobre la privatización del ferrocarril inglés, ver la película de Ken Loach La cuadrilla. El guión de esta película fue escrito por un ferroviario inglés.

3 A PIE DE TAJO 1
Por Roberto Delgado. Coordinador del Sector Ferroviario de CGT
nº2 | a pie de tajo

La plantilla de eventuales de LIPASAM en lucha

Carmen Martínez

Ilustra Pau Badía

Las calles no se limpian solas, las limpiamos currantes y currantas todos los días. Y cuando dejamos de hacerlo todo se llena de basura, como estamos comprobando últimamente en las huelgas del servicio de recogida de muchas ciudades. Pues en Sevilla, en la empresa pública de limpieza y protección ambiental, LIPASAM, hay un colectivo en la plantilla desconocido por la ciudadanía: el colectivo de eventuales.

Más de 400 personas, de las que dependen otras tantas familias, configuramos la bolsa de eventuales. Personas que en algunos casos tienen una vinculación de 12 años con la empresa. Se nos contrata mediante contratos regulares y cíclicos que se suelen dar en verano, semana santa, feria y navidades, además de cualquier otra situación especial que requiera nuestro servicio. Nuestro trabajo no está debidamente respetado ni protegido, ni por la dirección del comité de empresa ni por la empresa, si bien gozamos de los mismos derechos por convenio que el resto de la plantilla. Sufrimos una enorme incertidumbre en cuanto al mantenimiento de nuestros empleos y poca carga de trabajo anual, lo que nos empuja a la precariedad, especialmente dura en la situación actual de crisis.

El origen de nuestra situación comenzó hace unos dos años, cuando desde la empresa empezaron a aplicarnos un año en el desempleo, de manera injustificada, con la promesa de volver a contratarnos. Este hecho conllevaba, legalmente, nuestra desvinculación de la empresa, lo que entendimos como despidos encubiertos. La respuesta del comité de empresa, controlado por CC. OO., fue nula, reflejando una actitud de conformismo.

Así que un grupo de trabajadores y trabajadoras decidimos autoorganizarnos en pro de nuestros derechos y lo hicimos utilizando como herramienta sindical al SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores/as, por ser un sindicato de base, asambleario, solidario y combativo. Desde que nos organizamos no hemos parado de movernos, involucrando a la plantilla, explicándole nuestra situación y la importancia del apoyo mutuo entre currantes fijos y eventuales. Y todo esto soportando calumnias, injurias e incluso amenazas. Los primeros pasos fueron asambleas de plantilla y reuniones con la empresa, siempre con el apoyo de la Unión Local de Sevilla del SAT y sus secciones sindicales. Puesto que la empresa no mostró intención en resolver el conflicto, decidimos interponer una demanda judicial en favor de nuestro paso a plantilla fija discontinua, y organizamos una marcha por el mantenimiento del empleo. Estas medidas dieron resultado pues no se nos ha vuelto a aplicar el año de parón. No obstante, la empresa no admite nuestra calidad de fijos discontinuos.

Con respecto a la última huelga en LIPASAM de inicios de 2013, dos fueron los motivos principales que la provocaron y los dos tenían consecuencias en el personal eventual. Por un lado, una rebaja salarial y, por otro, el aumento de jornada laboral en forma de días completos de la plantilla fija, lo que influiría muy negativamente en la contratación de eventuales. La huelga finalizó con la firma de un acuerdo que se nos vendió como ventajoso por el comité de empresa, en especial a los eventuales, vendiendo una regularización de la bolsa que aseguraría nuestros puestos de trabajo. Más tarde, ya desconvocada la huelga, cuando leímos el acuerdo, vimos que nos habían mentido sobre nuestra bolsa, y que el acuerdo nos expone a un proceso selectivo discriminatorio y que muchos podríamos no superar debido al nivel de estudios y a la avanzada edad de muchos componentes de la plantilla eventual. Para contrarrestar estas medidas, pedimos que nos invitaran en la negociación y creamos unas propuestas alternativas para la regularización de la bolsa de eventuales. Desde entonces, hemos repartido entre la plantilla numerosos panfletos informativos y de concienciación y más de 1000 copias de los acuerdos de huelga, ya que mucha gente, aunque parezca mentira, no lo había podido leerlo.

En cuanto al juicio por el paso a fijos discontinuos, en un primer momento, tuvimos que pedir su suspensión ya que la empresa no entregó la documentación que le requería la jueza. Ahora estamos a la espera de una nueva fecha para su celebración. Mientras tanto, el pasado mes de noviembre organizamos una concentración en apoyo a nuestras reivindicaciones, tanto por nuestro paso a fijos discontinuos como por la calidad y el mantenimiento del empleo.

La empresa ha convocado recientemente plazas para peones en LIPASAM, peones que ocuparían nuestras plazas. Por esto y porque una empresa como LIPASAM es un bien público de gran valor, pensamos que la ciudadanía debe conocer la existencia de un colectivo, el de los eventuales, que defendemos nuestros puestos de trabajo y la calidad del servicio público de recogida de basuras, limpieza viaria, etc. Defendemos la creación de empleo pero no a costa de la destrucción de otros empleos. Sabemos de primera mano la necesidad de creación de empleo para garantizar un servicio digno en una ciudad que aumenta día tras día y con una plantilla fija muy por debajo en número de lo que debería ser incluso por convenio. Vemos en nuestras mismas familias la necesidad de luchar contra el paro, para lo que no confiamos en los políticos de turno, y ofrecemos todo nuestro apoyo a las luchas que desde abajo se den en este sentido.

Como trabajadores y trabajadoras buscamos día tras día poder llegar a hacer del sindicalismo lo que en su día fue, una herramienta útil y efectiva que dé como resultado la mejora de nuestros derechos y garantice nuestra dignidad y calidad de vida frente a un sistema que no deja de agredirnos y nos deja en último lugar. Pero para poder conseguir esto es imprescindible recuperar valores como la solidaridad, el compañerismo, el apoyo mutuo y, sobre todo, la conciencia de pertenecer a una clase trabajadora que solo obtendrá sus derechos mediante la lucha y la ilusión por un mundo nuevo y más justo para la mayoría. Este cambio no solamente es posible sino que es imprescindible.

Por Carmen Martínez. Trabajadora y delegada sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en Lipasam
nº1 | a pie de tajo

Luchando contra la precariedad en la hostelería sevillana

Jesús M. Castillo

Con niveles de paro del 34 %, en general, y del 60 % entre la juventud, son muchos los empresarios que se aprovechan de las circunstancias: «Si tú no trabajas en estas condiciones, habrá otro que lo haga y más barato». Estos abusos están muy extendidos, por ejemplo, en el sector de la hostelería en Sevilla. En muchos bares y restaurantes no se cumple el Convenio Colectivo de Hostelería de la Provincia de Sevilla. No se cobra lo que se tendría que cobrar, no se pagan las horas extras ni la nocturnidad, no se respetan los descansos legales (mínimo de 12 horas entre turnos), se acosa a la gente para que dejen el empleo sin cobrar el finiquito, etc. Y para colmo, muchos currantes desconocen sus derechos y lo que dice el convenio colectivo. Además, en muchos bares, un o una camarera lleva ahora muchas más mesas que antes cobrando lo mismo o menos. Con las «vacas gordas» se llevaban los beneficios los empresarios; ahora, con las «vacas flacas», las plantillas sufren las pérdidas. Esta situación es especialmente grave en plena crisis, cuando muchas familias dependen de un solo sueldo, y muchas veces ese único sueldo viene de la hostelería. De hecho, el papel de zona subdesarrollada otorgado a Andalucía desde los inicios del siglo XX por los terratenientes andaluces y las burguesías vasca, madrileña y catalana, vació nuestra tierra de fábricas, condenando a gran parte de la población a la precariedad del sector servicios y del campo. Esta tendencia se está agravando ahora en plena crisis económica. Una crisis que está sirviendo de excusa para los recortes sociales de la austeridad. Recortes para los y las de abajo que significan más dinero para los de arriba a la vez que se asienta nuestro papel de patio trasero de Europa y se incrementa la precariedad a todos los niveles, también en el laboral. En este sentido, es especialmente grave la nueva reforma laboral que nos deja a los pies de los caballos de los empresarios, facilitando y abaratando el despido. En estas condiciones, mucha gente se calla porque desconocen sus derechos o porque tiene miedo a perder el empleo si los reclaman. Sin embargo, cada vez son más los y las camareras, cocineras, pinches, repartidores, etc., que alzan la voz, como ha sucedido en los últimos meses en las Pizzerías Orsini, en Telepizza, en la heladería La Ibense-Bornay, en el bar Levies, en el restaurante de la Torre de los Perdigones, en La Sureña… Todos estos negocios no cumplen o no cumplían el convenio de hostelería y en todos ellos alguien dijo hasta aquí hemos llegado. Y las plantillas han conseguido victorias… Por ejemplo, el restaurante de la Torre de los Perdigones no pagaba a tiempo a sus trabajadores y trabajadoras, a las que debía mucho dinero. Con esta estrategia se pretendía que gente que llevaba muchos años en la empresa no tolerara más la situación de impago y pidiera el despido renunciando al finiquito. Y cuando abandonaran estas trabajadoras, se contrataría a gente nueva en condiciones mucho más precarias. Esta situación intolerable, utilizada por muchos empresarios, se prolongó hasta que una trabajadora montó una sección sindical, en este caso del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT). La sección sindical informó a la empresa de que si no cumplía con el convenio colectivo y no pagaba a tiempo, el sindicato actuaría con todas sus consecuencias. Desde ese momento, la situación cambió radicalmente y se abonaron los atrasos. No muy lejos de este restaurante, en el nuevo bar de La Sureña en la Alameda de Hércules, el mismo sindicato consiguió la readmisión de una trabajadora despida por exigir sus derechos. Estas victorias, por pequeñas que sean, muestran que es posible luchar contra la precariedad laboral en el sector de la hostelería, y ganar. Tradicionalmente, los sindicatos mayoritarios burocratizados no se han centrado en defender los intereses de las plantillas más precarias, especialmente en centros de trabajo con pocos currantes. Son tajos que requieren mucho esfuerzo sindical para organizar a pocos trabajadores en condiciones muy frágiles… Así, las denuncias en el sector de la hostelería en Sevilla están siendo apoyadas ahora, especialmente, por sindicatos alternativos como la CNT y el SAT. Este último cuenta con una campaña específica por el cumplimiento del Convenio Colectivo de Hostelería. No es fácil luchar en una empresa donde hay apenas unas pocas personas en plantilla. Sin embargo, la cosa cambia cuando se recibe apoyo exterior de un sindicato asambleario y combativo, pues se cuenta con gente para movilizaciones y para impulsar campañas de boicot a los negocios explotadores, además de con un gabinete jurídico para denunciar en los tribunales todos los incumplimientos patronales. Además, también es especialmente importante la solidaridad del tejido asociativo y los vecinos y vecinas del barrio, ya que pueden colaborar en la denuncia de la precariedad e impulsar el boicot. En sectores donde los y las trabajadoras estamos tan divididas en pequeños centros de trabajo, tenemos que aprender de luchas pasadas en las que la gente se organizó desde el tajo, pero territorialmente, para sumar fuerzas. Contamos con muchos de estos ejemplos: desde la Comuna de París en los inicios del movimiento obrero (1871) hasta hoy en día en El Alto (Bolivia). La lucha en la hostelería sevillana avanza. Esperemos que se establezcan asambleas de barrio de currantes de hostelería que agrupen a las diferentes plantillas de una zona para coordinarse en la mejora de sus condiciones laborales y contra el abuso patronal. De estas asambleas territoriales de hostelería podrían surgir también iniciativas de autoempleo, por ejemplo, mediante el impulso de cooperativas de hostelería que aseguren condiciones laborales dignas, gestión democrática de la empresa y consumo de productos ecológicos locales. Se abre así un horizonte lleno de posibilidades, y frente a la precariedad actual en la hostelería en Sevilla surge la posibilidad de barrios más sanos, ecológicos, dignos, democráticos y combativos en los que colaboren los movimientos sociales y vecinales con el movimiento de los y las trabajadoras.

nº40 | a pie de tajo

Desde el tajo ante la pandemia

Jesús M. Castillo