Culminando por el momento una trayectoria de quince años, el pasado mes de marzo la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua celebró en Priego de Córdoba la XII Fiesta Andaluza del Agua. Como conclusión del encuentro se aprobó un manifiesto que fue apoyado por trece importantes organizaciones de ámbito andaluz, además de muchas otras de carácter local. Un gran conjunto que representa a un amplio abanico de perspectivas e intereses sociales, desde el mundo ecologista hasta el agrario, pasando por el sindical y el vecinal. Tras las experiencias de las alegaciones conjuntas al Plan de Sequías y al borrador del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua, este manifiesto representa otra iniciativa muy significativa de coordinación y acción unitaria de sectores sociales diferentes.
La trayectoria de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
En 1995, un pequeño colectivo de activistas malagueños formó el Grupo de Trabajo del Valle del Genal. Su elaboración de discurso (con el libro El Genal apresado. Agua y planificación: ¿desarrollo sostenible o crecimiento ilimitado, de 1998) y su ágil y flexible organización, fue un punto de referencia fundamental para el movimiento andaluz en defensa del agua y está en el origen de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua (Ranca, Málaga, 25 de mayo de 2001), que desde entonces agrupa a colectivos que trabajan en los ríos Genal, Guadiaro, Vélez, Nacimiento y Grande, en la provincia de Málaga; Riopudio, Guadaíra, Corbones y Guadalquivir, en Sevilla; sistema Fuente-Charca y Huerta de Pegalajar y acuíferos de Jódar y de la Loma de Úbeda, en Jaén; ríos Almanzora y Adra y acuíferos del Campo de Níjar y de Dalías en Almería; ríos Hozgarganta, Guadalete, Barbate y la laguna de la Janda en Cádiz; ríos Castril, Guardal, Guadalfeo y Guadiana Menor, en Granada; estuario del Guadiana, Tinto, Odiel y acuífero de Doñana, en Huelva; Guadiato, Hornachuelos y arroyo Bejarano, en Córdoba, entre otros.
Desde su constitución, la Red se fijó como objetivos fomentar iniciativas de encuentro entre colectivos comprometidos en la promoción de una nueva forma de entender la relación social con el agua; presentar proyectos de acción en torno a los problemas más relevantes del agua en Andalucía, sin excluir las conexiones con el conjunto de la península Ibérica; dinamizar la interacción entre el mundo científico-técnico y los movimientos sociales, fomentando el debate y la coproducción de conocimiento (como el mapa colaborativo de los conflictos del agua que acabamos de poner en marcha).
En sintonía con estos objetivos, la Ranca lleva 16 años trabajando en la difusión de los valores naturales, económicos y patrimoniales de los ríos, fuentes, manantiales, acuíferos y zonas húmedas de Andalucía. La Red se articula a través de lista de correos electrónicos, redes sociales y página web; y de la Fiesta del Agua de Andalucía, cuya primera edición se celebró en Ronda en el 2004, tras la que la Red ha recorrido buena parte de los escenarios sociales del agua en Andalucía: Pegalajar, Alcalá de Guadaíra, Coín, Ayamonte, Almería, Arcos de la Frontera, Jódar, Guadalcacín-Jerez de la Frontera, Castril y Priego.
En estos años, los movimientos ciudadanos defensores de los valores de la nueva cultura del agua han conseguido éxitos importantes como la paralización del azud de río Grande en Coín o del complejo urbanístico de Los Merinos, la sentencia contra el dragado de profundización del Guadalquivir o el encauzamiento del Guadalete en Grazalema, pero también quedan muchos conflictos por resolver, como el uso de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana, la proliferación de permisos para fracking (fracturación hidráulica) en Jaén, la recuperación de los ríos Guadalete o Guadaira, o la privatización de servicios públicos del agua, y problemas de fondo que afrontar, como la aplicación definitiva de la Directiva Marco del Agua, lucha contra el cambio climático, etc.
En la etapa más reciente, al calor de procesos globales (crisis, activación del movimiento por el derecho humano al agua) y locales (intensificación de dinámicas de privatización de sistemas de abastecimiento, surgimiento de grupos municipales alternativos) se ha constituido en toda España un movimiento de defensa de la gestión pública del agua (Red Agua Pública) en su dimensión urbana (abastecimiento y saneamiento). Esta corriente, que ya ha tenido eco en las páginas de números anteriores de El Topo, se está materializando en la Red Agua Pública Andalucía. Marea Azul del Sur, con una interesante, e imprescindible confluencia con el movimiento de carácter más rural, territorial y patrimonial de la Ranca, que sintoniza plenamente con la defensa del discurso antagonista frente a la privatización neoliberal. En noviembre de 2017 se celebraron unas jornadas de la Red Agua Pública Andalucía. Marea Azul del Sur, en las que se profundizó en los aspectos discursivos y organizativos de este movimiento.
El Manifiesto de Priego[1]
Con este telón de fondo, en este último encuentro de Priego, se aprobó el siguiente documento:
«El objetivo de la XII Fiesta Andaluza del Agua (Priego de Córdoba 22-24 de marzo de 2019) ha sido contribuir a la construcción de la nueva mayoría social, ambiental, ciudadana, sindical y agraria capaz de cambiar las políticas hidráulicas agotadas, y de impulsar la transición hidrológica, en el marco de la transición ecológica general que los cambios globales (económicos, energéticos, climáticos y laborales) están imponiendo.
El nuevo Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa la necesidad de redactar un Pacto Andaluz por el Agua. Esta iniciativa solo tendría sentido en la medida en que siente las bases para poner freno a una política del agua que favorece la sobreexplotación de recursos a través de dinámicas especulativas que ocasionan la actual situación de degradación de ríos, arroyos, humedales, estuarios, aguas costeras, acuíferos y de los servicios ecosistémicos asociados, agravada por los efectos del cambio climático. Esta situación de deterioro de los ecosistemas y de los recursos hídricos y la urgencia en la adaptación al cambio climático, exigen abordar el reto de la transición hidrológica que deberá ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de las organizaciones sociales que apuestan por la sostenibilidad. El escenario de grave preocupación que ha señalado el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático para 2030 no admite dilaciones.
La aplicación del derecho humano al agua y la defensa de la gestión pública del agua, que han sido ejes fundamentales de la movilización social en Andalucía en la última década para hacer frente a los problemas de pobreza hídrica y de privatización de servicios públicos, son también cuestiones claves para seguir promoviendo modelos avanzados de gestión del agua en nuestros pueblos y ciudades. En este proceso, la declaración de Cádiz de noviembre de 2017 evidenció el compromiso de varios operadores públicos por el cambio de modelo de gestión en unas jornadas impulsadas por las mismas organizaciones que estamos hoy en Priego. En este sentido, el borrador del reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía ha incorporado, fruto del trabajo colectivo desarrollado hasta el momento, importantes avances en esta materia, y ha servido para ampliar y articular el discurso social y ecointegrador del derecho humano al agua. Aunque el reglamento no se ha aprobado en la pasada legislatura y en la nueva haya dudas razonables sobre su aprobación, este trabajo es ya un referente que debemos seguir defendiendo en pro de la gestión pública como mejor garante del derecho humano.
Desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, es necesario atender de manera solidaria a los territorios en los que continúan los procesos de despoblación y empobrecimiento, agudizados por el cambio climático. En estos casos debe contemplarse como criterio prioritario la integración del paisaje en las actuaciones de desarrollo, permitiendo la modernización de territorios deprimidos con el menor impacto posible en el medio. Es esencial la conservación y gestión sostenible de las zonas de sierra y cabeceras hidrográficas de gran importancia para la cantidad y calidad de las aguas que todas las personas necesitamos y usamos. El desarrollo de estas zonas no puede someterse a criterios mercantilistas ni mucho menos debe amenazarse con el desarrollo de negocios agroganaderos esquilmadores, sobre todo de agua y suelo.
Es necesario abrir un profundo debate sobre el regadío que incluya el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional; la denuncia de los procesos de crecimiento abusivos y especulativos; el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica; la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral; las posibilidades de reutilización de aguas regeneradas y la desalación, preferentemente con energías renovables; las tarifas volumétricas, y la aplicación de instrumentos de bancos públicos de agua.
Es necesario también establecer criterios de cohesión y justicia territorial en relación con las políticas de recuperación de costes en los sistemas del ciclo urbano del agua, incluidos los niveles de eficiencia y los sistemas de depuración de aguas residuales que arrastran importantes déficits en Andalucía y que requieren una atención prioritaria.
En estos momentos, tenemos que afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027). Los documentos iniciales de las demarcaciones andaluzas ya están en información pública y las aportaciones de los colectivos y organizaciones implicados en la defensa del agua son fundamentales para garantizar el «control social» de los planes hidrológicos. Además, este proceso coincide con la revisión de la Directiva Marco del Agua que está en pleno debate y la discusión entre defensores de esta norma y un grupo de Estados y sectores con intereses que piden una rebaja de los niveles de exigencia de la DMA.
En el contexto de sobreexplotación y deterioro de las masas de agua en el que nos encontramos, es indispensable la prohibición de los permisos de prospección y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fracturación hidráulica debido al volumen de agua que requieren y al alto riesgo de grave contaminación que implica.
Es necesario que las fuerzas políticas no solo incorporen las adecuadas propuestas a sus programas, sino que además tengan la voluntad real de ponerlas en práctica eficazmente, de forma transparente y con mecanismos válidos de participación proactiva de la sociedad. Es necesario también desarrollar una pedagogía social efectiva para facilitar la transición hidrológica, ya que se trata de una transformación de modelos de pensamiento, para el que el cambio de la educación ciudadana y escolar son básicas.
2018 fue el año del acuerdo social por los ríos y la gestión pública del agua suscrito por más de 150 entidades en toda España. En Andalucía elaboramos las alegaciones conjuntas al Plan de Sequías del Guadalquivir por parte de organizaciones ambientales, consumidores y usuarios, sindicatos y organizaciones agrarias (un hito en los movimientos sociales andaluces relacionados con el agua) y las aportaciones colaborativas de esos mismos colectivos al reglamento del Ciclo Integral del Agua de Andalucía (otro gran hito). Esto nos debe servir de base para seguir ampliando y fortaleciendo los lazos entre organizaciones de la sociedad civil que tenemos, ahora más que nunca, el reto de seguir planteando alternativas a las políticas del agua que garanticen la protección de los ecosistemas, la gestión pública, la participación, la solidaridad y la justicia ambiental.
Estos retos son solo algunos de los que tenemos que abordar durante 2019, para lo que contamos con la experiencia de muchos años de organización y movilización social y la implicación de organizaciones sociales y de personas a título individual desde el mundo académico, técnico y la sociedad en general.
[1] Firmantes del manifiesto: AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), CCOO (Comisiones Obreras), COAG Andalucía (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), EeA (Ecologistas en Acción), FACUA Andalucía, Consumidores en Acción, FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), Fundación SAVIA, ISF (Ingeniería Sin Fronteras), SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), UGT (Unión General de Trabajadores), UPA (Unión Pequeños Agricultores y Ganaderos), Marea Azul del Sur, WWF-ESPAÑA (World Wildlife Fund).
