Las direcciones de los centros han recibido un texto en el que la Junta de Andalucía da instrucciones sobre las medidas que deben adoptar para garantizar la seguridad al inicio y desarrollo del curso escolar 2020-21. Quien redacta ese texto tiene que resolver un grave inconveniente ya que, dada la extrema diversidad de contextos educativos, no hay un centro igual a otro y son más de 7 000 en Andalucía. En el Estado hay un total de 18 998 establecimientos escolares, sumando: centros de educación primaria (10 305, de los cuales 9 819 públicos y 486 privados), centros que ofrecen primaria y ESO (2 024, sumando 520 públicos y 1 504 privados), centros con ESO, bachillerato y FP (5 095, con 4 094 públicos y 1 001 privados) y centros que ofrecen todo el abanico: primaria, ESO, bachillerato y FP (5 públicos y 1 569 privados).
¿Cómo pretende resolver quien redacta estas instrucciones tal eventualidad? Pues la inspiración homérica llega en su ayuda y a fuerza de generalizar, clásica estratagema, queda zanjado el asunto. Además, recurre al viejo, o más bien tradicional truco político, de hacer referencia a instituciones como las autoridades sanitarias o los gabinetes de prevención de riesgos laborales de las Delegaciones Provinciales o Territoriales, para ofrecer una imagen de que hay estructura técnico-administrativa suficiente para afrontar cualquier casuística, cualquier eventualidad, porque pretenden mostrar el poder que no tienen.
Algunas direcciones de centros educativos quedan anonadadas ante tamañas generalizaciones, totalmente descontextualizadas de sus entornos educativos y, ante el sinfín de dudas que se van amontonando conforme son leídas, descuelgan los teléfonos para que, bien la autoridad sanitaria o el gabinete de prevención de riesgos laborales de la Delegación de turno, les aporte alguna propuesta útil para sortear las dudas que se agolpan. Porque, ¿cómo garantizar la ausencia de contagios en entornos masificados?
Reciben este mensaje: «Lamentamos informarle que no debe llamar a la autoridad sanitaria hasta que la delegación de Educación se lo indique”. Si la llamada es para el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, atendido de media por dos personas de la Delegación Territorial de Educación, la respuesta es que «se está a la espera de recibir instrucciones para poder asesorar las ya recibidas por las direcciones de los centros».
Pero el tiempo pasa y el cronómetro va marcando una cuenta atrás que terminará con el día D, en el que millones de alumnas y alumnos llegarán de la mano de sus familias a los centros educativos.
Afortunadamente contamos con grupos de expertos en educación que, en su inmensa mayoría, por no decir todos, nunca han enseñado a leer a una niña o un niño, y mucho menos han dedicado algunos años a trabajar con menores de seis años. Tranquiliza saber que sus conocimientos sobre la educación los han conseguido por lecturas y de oídas.
Algunos, muy pocos, han visitado, repetimos: v-i-s-i-t-a-d-o, algún aula; y de ellos, algunos han preguntado, repetimos: p-r-e-g-u-n-t-a-d-o, a las personas que trabajan en la docencia e incluso les han pasado cuestionarios, en eso que se dice «investigaciones». Que sin duda son rigurosas en cumplir con los estándares oficiales de las llamadas Ciencias de la Educación, con el único objeto de que ningún colega las pueda criticar o ridiculizar.
Estos expertos al final llegan a ocupar hasta carteras ministeriales o, peor aún, asesoran a quienes las ostentan sobre todo lo divino y humano de los asuntos educativos. Y así va el asunto. Si a eso añadimos que debatir sobre cualquier tema no requiere mayor trabajo que hacerlo, y en el campo de la política discutir de educación es muy recurrente, la fórmula de hablar y hablar de educación está servida. Y, claro, para que la ciudadanía reciba el espejismo de que se está en ello, político tras político, se dedican a redactar leyes y más leyes, planes de estudio y más planes de estudio, sin que esos cambios formales cambien nada la realidad de las aulas, de las relaciones de docentes y discentes o entre familias y centros educativos.
Es curioso el absoluto silencio de esos expertos cuando se trata de garantizar la prevención de los contagios de la covid-19 al inicio de este curso. De hecho, la tendencia a dejar en manos de las direcciones de los centros cada vez más marrones no acaba de detenerse, incluso se incrementa en estos tiempos de pandemia. De esta forma consiguen hacer inoperantes a estos cargos directivos que deben tragar sapos y culebras, recibiendo el mandato de los políticos de que «justifiquen» lo injustificable a las familias.
La educación en este país tiene que experimentar una transformación profunda y parece que rescatarla de la crisis de políticos ineptos sería un buen comienzo. Autonomía real para los centros educativos, que deben ser públicos.
¿Por qué debe la educación toda ser de titularidad pública? En primer lugar, porque la educación nunca puede ser una mercancía que se compra o se vende en una sociedad verdaderamente democrática. Demostrado está, hasta la saciedad, que la educación en una sociedad competitiva, antidemocrática en su esencia, nunca desarrolla el principio de igualdad de oportunidades reales. Es más, su principal papel es legitimar las inmensas desigualdades que el sistema económico capitalista genera y, con ello, persigue justificar la explotación de unos privilegiados sobre la gran mayoría del pueblo. En segundo lugar, porque casi toda la educación está financiada con dinero público. La financiación pública de iniciativas privadas supone un robo al conjunto de la sociedad. No es legítimo utilizar el dinero de toda la población para que empresas privadas hagan sus negocios y obtengan sus beneficios, incluyendo la reproducción de la ideología dominante de las familias más pudientes sobre el conjunto de la sociedad, creando en los retoños la conciencia malsana de ser superiores.
Este trasvase de las plusvalías obtenidas por el Estado a través de los impuestos es un mecanismo utilizado en el asalto al poder del Estado por la burguesía desde la Revolución francesa hasta nuestros días. Mecanismo que se ha ido perfeccionando, extrayéndose cada vez más, con las privatizaciones de los servicios públicos, ingentes recursos públicos a favor de grandes empresas privadas.
Una sociedad democrática garantiza la educación de toda la población, dando a cada cual según su necesidad y requiriendo de cada cual según su capacidad. En una sociedad así, es legítimo exigir la aportación al común social de todas las competencias que cada persona tenga. Deber ciudadano que es posible demandarlo solo cuando todos los derechos de cada cual estén garantizados. No antes.
El derecho a la educación es uno de esos derechos esenciales que debe estar asegurado en cualquier circunstancia, y todos los recursos económicos del país deben ponerse a ello. Las comunidades educativas no pueden conformarse ni aceptar el discurso de los políticos y «expertos» que siguen planteando, desde instancias burocratizadas o, peor todavía, politizadas, una escuela para ricos y otra para pobres. Una escuela por internet para quien tiene todo y un abandono escolar para quienes nada o poco poseen.
Además, la clave de la polémica sobre el inicio de curso radica en el principio de presencialidad de todos los actores que generan los actos educativos. Varias perspectivas confluyen en este principio. En primer lugar, por la necesidad de interactuar personalmente entre iguales, que es uno de los principales beneficios de la socialización, sobre todo en modelos urbanos donde quedan pocos lugares seguros para que la infancia se reúna. En segundo lugar, porque los actos didácticos también se benefician del cara a cara entre alumnado y profesorado. Muchos matices que inciden profundamente en los aprendizajes no son susceptibles de ser observados mediante conexiones telemáticas. En tercer lugar, porque la escolarización en los centros educativos cumple un papel esencial para liberar mano de obra adulta. Las familias pueden desarrollar actividades, bien de reproducción de fuerza de trabajo y cuidados, como productivas de esta forma, al estar hijas e hijos al cuidado de la docencia en los establecimientos escolares. Parece este uno de los aspectos que desde el punto de vista pedagógico menos importancia tendría, pero en el contexto del actual sistema productivo capitalista es esencial, y el confinamiento producido desde marzo hasta bien entrado junio lo ha puesto de manifiesto.
Tanto por lo que respecta al proceso de socialización, al de enseñanza-aprendizaje, como al productivo, la presencialidad es una condición sine qua non para que el sistema educativo, en particular, y el productivo, en general, funcionen adecuadamente.
Por ello, desde CGT se ha venido insistiendo a las administraciones públicas educativas en la necesidad de abordar cualquier plan de inicio de curso escolar garantizando la presencialidad, tanto del alumnado como del personal de los centros educativos. Este enfoque hubiera requerido un análisis de cada centro educativo y de los grupos de alumnado, lo que habría implicado, para respetar las medidas de seguridad y evitar contagios de la covid-19, la reducción de ratios (número de alumnado por clase), con lo que el aumento del número de profesorado era inevitable en cantidades importantes, así como la adaptación de otros espacios como aulas.
Nada se ha realizado y los políticos irresponsables de Educación se han limitado a trasladar a las espaldas de las direcciones de los centros educativos la diabólica tarea de dar respuestas a los requerimientos de Sanidad para garantizar la prevención del contagio de la covid-19, con los mismos medios y recursos que tenían antes de la llegada del virus. Llegada que los mismos políticos, al saber de la imposibilidad manifiesta, atajaron cerrando los establecimientos escolares. ¿Algo ha cambiado desde marzo de 2020? Se sigue ordenando el distanciamiento en todos los lugares del centro, extremar la higiene, uso de mascarillas y seguimiento de los contagios y aislamiento de las personas que den positivo.
Para mayor dislate, la confusión provocada por noticias contradictorias crea mayor incertidumbre y anima el miedo a lo desconocido. Que si los niños son menos propensos a portar el virus, que si el contagio es poco común, que no son la primera fuente de contagio… Vienen a reforzar la idea de que se pretende comenzar el curso escolar con total normalidad. Porque para los políticos la «nueva normalidad» en materia educativa no existe. Hasta los colectivos de docentes deben recordar a los gobiernos que el artículo 43 de la Constitución establece: «1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.» Igualmente, llama poderosamente la atención que los colegios son los únicos espacios cerrados, tanto públicos como privados, donde no se limita el aforo: ¿por qué?
A la vista de cómo se desarrollaban los acontecimientos, ya en el mes de junio, la CGT anunció convocatoria de huelga al inicio de curso para animar a las administraciones a cumplir con sus obligaciones. Este anuncio no ha servido para eso, así como las múltiples manifestaciones de sectores de las comunidades educativas, de quejas e incluso dimisiones de direcciones de los centros escolares. Ahora la convocatoria de la huelga, a la que ya han manifestado sumarse otros sindicatos, tiene mayor sentido, porque de esta forma permite que al menos el personal de los centros educativos no tenga que estar obligatoriamente en zona de contagio (más que seguro). Colectivos de familias ya están exigiendo que en estas circunstancias no sea obligatoria la asistencia a centros «inseguros». Por falta de voluntad política, que no es otra cosa que no querer aumentar el gasto en educación, los políticos dejan que el tiempo pase y que sea «lo que dios quiera». ¿Alguien asumirá esta grave irresponsabilidad? ¿Qué político pondrá de su bolsillo los cuantiosos costes que supondrán las decenas de miles de aislamientos, horas de trabajo perdidas, aumento del gasto sanitario, etc.? ¿Qué político será acusado judicialmente de hacer imposible el derecho a la educación? Porque de eso se trata, ni más ni menos.
