El Movimiento Andaluz por la Vivienda se caracteriza desde sus orígenes por reivindicar soluciones al problema de la vivienda que vayan más allá de las circunscritas al ámbito de las hipotecas. Entiende, en este sentido, que las iniciativas institucionales han sido hasta ahora limitadas e insuficientes.
En Huelva, Almería, Sevilla, Granada, Cádiz o Málaga, como en el resto de las ciudades del estado español, ha habido y hay un problema de acceso a la vivienda. Este problema, que recorre nuestro territorio desde hace mucho tiempo, se ha visto agravado en los últimos años por la crisis económico-financiera que nos envuelve como consecuencia directa del boom inmobiliario anterior. En este sentido, tanto los poderes públicos como los partidos políticos, los movimientos sociales y los colectivos en defensa de los derechos humanos aportan ideas e iniciativas para resolver esta situación desoladora.
Por un lado, los poderes públicos y los partidos políticos promueven leyes y hacen propuestas parlamentarias desde sus interpretaciones de lo que es mejor para nuestra sociedad. En este último año, tanto el gobierno central como el autonómico han aprobado un conjunto de leyes entre las que encontramos el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, o Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social del Gobierno Central. Ambas leyes, a pesar de manifestar en sus exposiciones de motivos objetivos diametralmente opuestos, coinciden en referirse tan solo a la intervención en casos de desahucios por hipoteca, con personas en situaciones muy concretas de exclusión social y ninguna establece un carácter retroactivo, dejando fuera a las miles de personas desahuciadas con anterioridad al año 2013 o con problemáticas diferentes a las del sector referido. También las oficinas de asesoramiento de la Junta de Andalucía ofrecen intermediación personal a los afectados, convirtiéndolo nuevamente en un problema individual y no social y colectivo.
En la misma línea, tanto la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que ha modificado sustancialmente la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos y que se aprobó sin prácticamente ningún debate social, como la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, vienen a reforzar los mecanismos legales por los cuales se protege el derecho de los inversores inmobiliarios, poniendo el valor de cambio por encima del valor de uso, la vivienda como negocio sobre a la vivienda como derecho, como expresan de forma explícita las introducciones a ambas leyes.
Mientras, los movimientos sociales, más conectados a la realidad cotidiana de la población, generan procesos de autoorganización de la ciudadanía que permiten realizar aportes y poner en marcha iniciativas desde una perspectiva colectiva. Salen a la calle para exigir a los poderes públicos que se escuchen sus propuestas, y para que se pongan en práctica las medidas necesarias para acabar con esta lamentable situación.
Durante estos últimos dos años, los colectivos que conforman el Movimiento Andaluz por la Vivienda, han acompañado a muchas familias en situaciones muy duras. Han apoyado, y en ocasiones incluso se ha paralizado, el desalojo forzoso por la policía después de no poder afrontar el pago de sus hipotecas o alquileres. También han estado con las familias que, viéndose en la calle por muy diversos motivos, han decidido realizar realojos colectivos en algunas de las miles de viviendas vacías propiedad de inmobiliarias y entidades bancarias que hay en nuestra Comunidad. Se ha promovido la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) presentada por la PAH para legislar la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la posibilidad del alquiler social, se han organizado puntos de asesoramiento en los que se atiende a personas con cualquier tipo de problema de vivienda y se están llevando adelante negociaciones colectivas con entidades bancarias para la re-negociación de hipotecas.
El pasado mes de marzo, tras valorar la situación como dramática, el Movimiento Andaluz por la Vivienda pide a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que declare el Estado de Emergencia Habitacional en esta Comunidad. Su ejemplo ha sido seguido posteriormente tanto por colectivos madrileños como catalanes. En reuniones posteriores, según fuentes del movimiento, la Consejería se negaría a llevar adelante esta petición, y respondería aprobando en las siguientes semanas el ya mencionado «decreto andaluz por la vivienda».
Pero a pesar de este intento, nada incompatible con la resolución del problema existente, la institución parece no encontrar un lugar común desde el que poder trabajar con la ciudadanía organizada para resolver el grave problema de las personas sin vivienda.
En relación a la tramitación parlamentaria de este Decreto-Ley, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda ha denunciado a través de un comunicado, que «es necesario legislar escuchando al tejido asociativo que defiende el derecho a la vivienda», y continúan: «Nos resulta incomprensible que solo se cursara invitación para comparecer a dos colectivos integrantes del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que, además, tuvieron conocimiento con apenas diez días de antelación, con escaso tiempo para preparar su intervención y mucho menos para intentar reflejar en ella el sentir de todos los colectivos que defienden en Andalucía el derecho a una vivienda digna».
Desde el mes de julio, el Decreto Andaluz se encuentra paralizado por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno del PP, después de haber conseguido, en sus 3 meses de vigencia, paralizar doce desahucios e iniciar la expropiación de 18 viviendas. Por su lado, el PSOE desoye las condiciones de la PAH y presenta como propio el recurso de in-constitucionalidad de la Ley Estatal 1/2013. Mientras, los movimientos sociales continúan con las movilizaciones en las calles, en las puertas de los bancos y en las puertas de las casas, continuando en su lucha por el Derecho a la Vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución española.
