En el primer número de El Topo1 planteábamos algunas claves con respecto al problema de la vivienda en Andalucía. Veíamos cuáles eran las principales medidas legislativas y políticas de las respectivas administraciones, frente a las dimensiones de esta problemática compleja. Ha pasado casi un año y nos preguntamos cómo ha evolucionado la situación.
La realidad de la calle
Sevilla capital, con alrededor de 700 000 habitantes, tiene unas 100 000 desempleadas según el SAE. Más de 200 000 viven por debajo del umbral de la pobreza. Una de las consecuencias es el número de desahucios que sufre la población: más de 1000 durante el pasado 2013. Estas cifras han aumentado en un 11% en lo que va de año. Durante el periodo de esta crisis/estafa casi se alcanza la cifra de 10 000 desahucios. Detrás de estos números, hay familias sin vivienda, en situación de infravivienda o repartidas entre familiares y amigos. La respuesta de las administraciones (municipal y autonómica) ante este estado de emergencia habitacional, es la de mantener vacíos los pisos de protección oficial y para personas en riesgo de exclusión social que tienen entre ambas, sin ni siquiera plantearse el ampliar el número de plazas en albergues municipales o alojamientos temporales.
En el caso del ayuntamiento de Sevilla, las cifras de las que dispone Asuntos Sociales (el organismo adjudicatario) y Emvisesa (la empresa municipal de la vivienda) es de 878 viviendas vacías2 (528 del Ayuntamiento y unas 350 de la empresa pública). La empresa municipal —que en los años de bonanza del ladrillo llegó a tener 50 000 solicitudes— se convirtió en una inmobiliaria más, olvidando su función social originaria. Como consecuencia, en la actualidad, un alto porcentaje de solicitantes renuncia a la vivienda adjudicada por sorteo, ante la imposibilidad de afrontar el precio de venta o de alquiler. El empecinamiento en vender las casas, hacer negocio y «recuperar la inversión», en vez de en alquilarlas a precios accesibles, genera este excedente de viviendas vacías. Otras 700 familias mantienen desde hace meses una espera interminable por acceder a una vivienda social3. Actualmente, son unas 300 las personas baremadas por Asuntos Sociales (condición indispensable para la adjudicación de viviendas a personas en riesgo de exclusión social y extrema necesidad). La respuesta que obtienen de las unidades de trabajo social es que actualmente no hay pisos vacíos propiedad del Ayuntamiento. La situación ha llegado a un punto en el que la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha elevado una queja de oficio ante la pasividad del Ayuntamiento para dar solución a esta demanda ciudadana, teniendo medios para hacerlo. Por parte de la administración autonómica, no hay datos exactos sobre las viviendas de promoción pública de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que quedan vacantes; pero en todo caso, son insuficientes para atender a todas las familias baremadas. A estas cifras, hay que sumar las 125 000 viviendas vacías propiedad de los bancos que se estiman hay en la provincia; bancos que —no lo olvidemos— fueron rescatados con dinero público. En el año 2012, la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla exigía la declaración del estado de emergencia habitacional4, adjuntando documentación, donde se presentaba un estudio de la situación y las soluciones al problema: expropiación de las viviendas vacías propiedad de bancos —1 000 000 en toda la comunidad— , creación de un parque de viviendas en régimen de alquiler social, cese de los desalojos, mantenimiento de los servicios básicos —agua, luz, gas—, despenalización de la okupación, así como el amparo legal para la aplicación de estas medidas (la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía). Esto, y la presión social en la calle, provocaron que el Gobierno andaluz hiciera un tímido intento de solución con la Ley de Función Social de la Vivienda. Esta ley fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, paralizando un instrumento que difícilmente podría acabar con las tragedias de miles de familias—por su escaso contenido y por su falta de presupuesto—.
Ante la inoperatividad de la Administración para dar una solución y la necesidad de las familias desahuciadas, la ocupación de viviendas vacías ha aumentado de manera generalizada, ya sea colectivamente (en Sevilla y su provincia existieron en torno a 15 Corralas y en al menos 5 de los casos con un resultado satisfactorio en la negociación con los bancos), ya sea de manera individual (no hay datos, aunque se estima que es numerosísima): las familias han recurrido a la ocupación de viviendas vacías propiedad de los bancos o de constructoras que la crisis del ladrillo llevó a la quiebra. La respuesta de la Administración ante estas acciones de las familias es aplicar el Código Penal, que castiga el delito de usurpación con penas de 6 a 18 meses de cárcel (hasta el año 1995 se resolvían por lo civil, pero fue cambiado a delito penal por el PSOE en ese año).
Las consecuencias sobre las personas
Los Monstruos de la Noche
«Son las 03:00 de la mañana, y de nuevo, los monstruos vienen a robarme el sueño. Otra noche en vela pensado cómo salir adelante, de dónde sacar para pagar esto y aquello, pensado en la familia, en la ayuda que me dan y que no hay manera de devolver. Eso son mis monstruos que vienen de noche, cuando la ciudad duerme, cuando el silencio mata, cuando la oscuridad te deja ciega de soluciones. Suena el despertador, son las 06:30 y toca levantarse, reconstruirse como un puzle para que el desánimo y la sensación de fracaso no pueda con una».
Gracias al estudio elaborado en Granada sobre El estado de la salud de la población afectada por un proceso de desahucios podemos conocer sus efectos en la población granadina, y por extensión en la andaluza. El origen de este estudio es la solicitud de colaboración que la Plataforma de Stop Desahucios Granada hizo hace unos meses a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, ante la constatación del sufrimiento y afectación a la salud de las personas que se encuentran en este proceso. El resultado evidencia las graves consecuencias psicológicas por las que pasan las familias afectadas por desahucios. «El porcentaje de personas con niveles muy altos de ansiedad, depresión, estrés percibido, estrés postraumático y riesgo de suicidio es alarmante, con niveles psicopatológicos y de sufrimiento emocional inaceptables».
Si hablamos en números, las alarmas se desatan. «Los niveles de ansiedad [están presentes en] el 88,2% de la población entrevistada. Un 65,2% presenta un diagnóstico de insomnio, un 91,1% presenta niveles severos de trastornos de depresión, un 16,6% presenta un riesgo de suicidio alto y un 16,6% presenta un riesgo moderado, frente al 44% de las personas que no presentan riesgo de suicidio. Un tercio (33,2%, una de cada tres personas) presenta riesgo de suicidio de moderado a alto».
La situación actual está acabando con las ganas de vivir de miles de personas, y lo que es peor, acabando con sus vidas. Detrás de estos números hay familias que ven cómo la pérdida de sus viviendas puede ocurrir en cualquier momento. La vivienda, el techo, el refugio donde nos sentimos seguros, donde nos resguardamos del frío, del agua, del calor, donde nos queremos, criamos y amamos a nuestra familia… ese techo, ese hogar, se lo lleva un monstruo; perdón, un banco.
Las noches se hacen largas pero, cuando amanece, vuelven las ganas de combatir, de salir a calle, de defendernos de los monstruos con desobediencia, diciendo ¡basta! a tanto abuso. La lucha parte de los barrios, delante de las puertas de las viviendas evitando desahucios, en las manifestaciones, en las oficinas de los bancos, en las okupaciones colectivas. A través de los PIVES (Puntos de Vivienda y Encuentro), las PAH (Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca), Stop Desahucios, hemos sido capaces de organizarnos, defendernos, y lo más importante, de apoyarnos emocionalmente y compartir las experiencias que cada cual está viviendo, perdiendo la vergüenza y superando el desánimo. En estos casos, han sido más las mujeres las que han acudido a buscar soluciones y a unirse a los colectivos, liderando así la lucha por la vivienda. Las experiencias vividas son muchas y diversas, pero en todas, la lucha por la permanencia en las viviendas, y la defensa de los suministros para todxs, han sido el eje fundamental. Volvemos a recuperar la capacidad de buscar soluciones propias en las largas noches en vela.
Y mientras tanto, las instituciones competentes…
Al final del curso pasado, los movimientos sociales por la vivienda llegaron sin aliento, y con sensaciones contradictorias tras el desalojo de la Corrala Utopía y el proceso de realojo —lento y accidentado, cuanto menos–— de las vecinas. Como contrapunto, la vuelta al cole nos trajo algunas noticias positivas para quienes luchan para que las viviendas vacías se pongan en uso. En Sanlúcar la Mayor, la PAH Sevilla ganaba el pulso a DISEAN (la empresa propietaria de un bloque de 41 viviendas), después de permanecer en una acampada frente a las viviendas durante 43 días. En Sabadell, la lucha de la PAHC daba sus frutos: la Sareb5 confirmaba la cesión a la Consejería de Vivienda de Catalunya del Bloc de 40 viviendas, habitado desde abril de 2013 por 146 personas de la Plataforma. A continuación, las vecinas de la Corrala Esperanza, en Sevilla, firmaban un alquiler social con Caixa Bank, para permanecer en el edificio durante los próximos dos años.
En Andalucía, la vuelta al cole de la Junta nos regalaba una nueva normativa que debería subvencionar, en parte, el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas. Así, la Consejería de Vivienda facilitaría la puesta en uso del parque público (municipal o autonómico) que permanecía vacío, o bien, posibilitaría la permanencia de quienes tuvieran dificultades para pagar el alquiler. Hay que destacar que el 1 de octubre terminó el plazo.
Por otra parte, los intentos realizados desde dicha consejería para que la Sareb haga, como en Catalunya, una cesión de las viviendas, con las que cuenta en Andalucía, no han tenido éxito. Eso sí, el 20 de octubre se anunciaba la sanción por parte del Gobierno andaluz: 120 000 € por no comunicar cuáles y cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb en nuestra comunidad5.
A la espera de la definitiva concreción de la política global de vivienda—que llegará con la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía—, seguimos sin saber, por ejemplo, cómo será y quién tendrá espacio de participación en el Observatorio de la Vivienda y la Ciudad. Quizá, para cuando estén leyendo estas páginas, ya hayan sido aprobados. Quizá, quizá, quizá…
GLOSARIO
Vivienda protegida: cumplen determinadas condiciones (uso, calidad, precio, superficie, etc.) y se destinan a núcleos familiares de ciertas características (ingresos mensuales y otros). Las administraciones subvencionan su construcción y la compra o alquiler. La casi totalidad de estas viviendas se hacen para venderlas y, aunque «la calificación» dura diez años, acaban en el mercado libre. Desde 1990, las empresas privadas son las que se han dedicado a promover, construir e incluso adjudicar casi todas las viviendas protegidas.
Parque público de viviendas: aquellas viviendas que son de propiedad pública, autonómica o municipal. Son, por tanto, viviendas en alquiler.
Alquiler social: no reconocido por la legislación. Existe cierto consenso que establecería su máximo en un 30% de los ingresos familiares. Por ahora, no garantiza permanencia más allá de dos o tres años.
Registro Municipal de Demandantes de Viviendas: instrumento de adjudicación de las viviendas protegidas, tanto de iniciativa pública como privada. Definidos en la Ley Andaluza de Derecho a la Vivienda (2010), el proceso de adjudicación (salvo emergencia o excepcionalidad) pasaría a los municipios a través de sus empresas públicas de vivienda. En realidad, el filtro son los bancos que conceden las hipotecas o no.
Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana (2013-2016): focalizaría el fomento del alquiler, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana (3R). Pretende contribuir a que personas hipotecadas (por compra de vivienda protegida) puedan hacer frente al pago de los préstamos, así como al crecimiento del parque público de vivienda en alquiler. Como novedad destacable, no financiará la construcción de vivienda protegida en venta.
Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (en borrador): propondría ejes contra los desahucios, para la vivienda protegida, para el fomento del alquiler, nuevas propuestas de carácter habitacional (como las cooperativas en cesión de uso y la autoconstrucción) y la gestión y rehabilitación del parque público residencial.
Observatorio Andaluz de la Vivienda y la Ciudad (pendiente de aprobación): la Junta de Andalucía propone su creación como instrumento de «diagnóstico y auditoría pública» de la situación de la vivienda y la ciudad.
1 – En los artículos Viviendo la vivienda en Andalucía. Más allá de la hipoteca y Cuando la realidad desborda los tiempos.
2 – Datos actuales.
3 – Datos a principios de año.
4 – Documento disponible en: https://granadastopdesahucios.files.wordpress.com/2013/04/emergencia-habitacional-stop-desahucios-15m-granada-1.pdf
5 – Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria o «banco malo». El capital de la Sareb es en un 45% público, cuenta con alrededor de 200 000 viviendas.
