El pasado junio lxs maestrxs mexicanxs de la ciudad de Oaxaca saltaron las fronteras de las noticias internacionales. Después de una semana de movilización y bloqueos de carreteras, las fuerzas de la policía federal se enfrentaron a lxs maestrxs organizadxs en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dejando un saldo de 11 muertxs, decenas de heridxs y detenidxs.
Por otra parte, hace dos años que el magisterio de este país también trascendió las noticias cuando 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidxs, dentro de un escenario en el que lo único transparente es la brutalidad de los hechos. Las protestas en la que estaban involucradxs en el momento de su desaparición eran cotidianas en el estado de Guerrero, uno de los más castigados por las fuerzas del Estado, debido a su historia insurgente. En este contexto y junto a la cantidad de pruebas que lo afirman, la coordinación del Estado con las mafias parece ser la idea más sensata.
Estos sucesos tienen más relación entre sí que ser protagonizados por maestrxs mexicanxs. Tomando en cuenta sus diferencias y particularidades, ambos tienen la raíz en el profundo y antiguo proceso de descomposición social que vive México, sumado a la tradición de resistencia de una parte del magisterio del país. Sin embargo, es ahora, durante la legislatura del actual presidente Enrique Peña Nieto, cuando el nivel de tensión se reflejó en las noticias. Cuando el actual presidente tomó el Gobierno, empezó a gestionar —en coordinación con los partidos políticos en el marco del acuerdo «Pacto por México»— una serie de reformas estructurales para el Estado mexicano. Estas reformas fueron argumentadas como una manera de romper viejas inercias, estructuras corruptas e ineficiencias ancladas en los aparatos del Estado. Una parte de la ciudadanía y la mayoría de los movimientos sociales observan en estas iniciativas un intento de privatizar los recursos públicos, como por ejemplo el petróleo y los hidrocarburos, la salud y la educación. En este contexto fue aprobada la Reforma Educativa a inicios de 2013.
Como parte de esta reforma, crearon un examen homogéneo al que deben someterse lxs trabajadorxs del magisterio de todo el país. Una gran cantidad de maestrxs organizadxs protestan contra esta prueba, argumentando que su rechazo no es a ser examinadxs, sino a las consecuencias punitivas que derivan del resultado. En un proceso de tres fases, lxs maestrxs que no superen las pruebas serán despedidxs. Consideran que esta reforma es en realidad una reforma laboral disfrazada de interés por la educación.
Una analogía ilustra claramente esta idea. Manuel Gil Antón, de la asociación civil Educación Futura, hace la analogía del sistema educativo mexicano con un autobús descompuesto: «El sistema educativo es un viejo camión (autobús) muy maltratado que tiene cincuenta años de antigüedad, el motor está dañado, tiene los asientos chuecos y las ventanillas están rotas. El camión transita cuesta arriba por un camino lleno de baches y bajo una tormenta. El camino son las condiciones del país, con todos los problemas económicos, sociales, de inseguridad, delincuencia organizada, impunidad, violencia, asesinatos, desapariciones forzadas, corrupción desbordada, tráfico de influencias y cinismo descarado de las autoridades; y la tormenta es el momento político que se vive en un país sumido en el caos.
El chofer del viejo camión es el maestro, al que todo mundo le falta al respeto porque no puede meter bien las velocidades y se la pasa renegando. La gente quiere que el camión vaya más rápido en ese camino lleno de baches, y el gobierno decide ponerle una corbata nueva al chofer para mejorar el servicio. Pero como de todos modos no se avanza rápido, el gobierno le reclama al chofer y anuncia que le va a hacer una prueba para ver si sabe manejar, y si no pasa el examen decide enviarlo a cursos de capacitación y lo amenaza con el despido si no mejora; es decir, en lugar de arreglar la carretera inservible y reparar el autobús destartalado, le echa la culpa al chofer por los problemas del transporte»[1].
La administración de Enrique Peña Nieto significó el regreso en el 2012 del PRI al Gobierno, después de un periodo de 12 años de gestión del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). Antes de eso, el PRI había controlado de manera homogénea todas las estructuras de Gobierno durante 71 años seguidos. Una de las maneras más eficientes del PRI de ejercer influencia y control en todo el territorio fue a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). De alguna manera, este sindicato es fruto de la corrupción y de las prácticas de políticas que se incubaron en este partido durante todas esas décadas. El SNTE ha sido aliado de los partidos, principalmente del PRI, en periodos electorales, intercambiando el voto de la población sobre las que el sindicato tenía influencia a cambio de favores políticos. Esta relación de poder, unida a la descomposición interna del sindicato han contribuido al imaginario de lxs mexicanxs que relata la figura del maestro como tramposo, haragán y corrupto.
En el mismo marco, en 1979, surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, creada por maestrxs disidentes, y con una estructura actual de miles de maestrxs y varias reivindicaciones logradas a sus espaldas. Su trayectoria ha estado vinculada a los movimientos populares y tienen una presencia más fuerte en la Ciudad de México y en el sur del país: Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Estados con un mayor índice de insurgencia y población organizada.
En este momento, el Gobierno negocia las reformas y políticas públicas sobre educación con empresarios aglutinados en Mexicanos Primero y el sindicato SNTE, y tiene una confrontación abierta con la coordinadora CNTE, que se opone abiertamente a esta reforma y que piden ser tomados en cuenta en las soluciones que les competen. Mexicanos Primero es un grupo de empresarios ligados a los medios de comunicación, especialmente Televisa, que influyen enormemente en los gobiernos mexicanos y muy especialmente en la gestión de Peña Nieto.
¿Por qué destruir la escuela pública en lugar de fortalecerla? Porque forman parte de una mentalidad que no se ha formado en lo público, sino en escuelas y universidades privadas; y creen que la excelencia académica es la base del progreso, sin tomar en cuenta muchos otros factores como la desigualdad y la descomposición que sufre el país. Por otra parte, la privatización, ya sea de forma directa a través del fortalecimiento de la escuela privada, o de forma indirecta a través de la contratación de servicios privados en el entorno público, es un negocio muy jugoso en un país de 122 millones de habitantes. Para que esto sea una realidad tienen que desarticular las resistencias que se encuentran con todas las herramientas de las que dispone el poder. Nada extraordinario porque durante muchas décadas el relato del Estado hacia lxs maestrxs ha sido una historia de Violencia.
[1] Cita de Jorge A. Rosales Saldaña, La Reforma Educativa de Peña Nieto y Televisa
