En el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) tenemos un doble objetivo: contribuir a la información y conciencia social sobre nuestra situación y demandas, y reivindicar que quienes gobiernan aborden esta realidad con nosotras, diseñando políticas que puedan mejorar nuestras vidas. En ningún momento imaginábamos que tendríamos que dar un giro a nuestros objetivos para atender las llamadas de socorro de compañeras desesperadas desde el comienzo de la pandemia (problemas para afrontar el alquiler, amenazas de desahucios, situación de calle, imposibilidad de cubrir necesidades básica, etc).
Las alianzas y redes de apoyo tejidas en nuestros casi tres años de vida han hecho posible que las necesidades básicas de más de 100 compañeras hayan quedado cubiertas durante el confinamiento. Gracias a la autogestión de colectivos feministas, antirepresivos, movimientos okupas y defensores de los derechos humanos; a través de las redes de apoyo vecinales o de aportaciones económicas de particulares y de partidos políticos de algunas localidades.
El colectivo de trabajadoras sexuales ha quedado excluido de las medidas de protección social implementadas por el gobierno central. La falta de reconocimiento y derechos nos deja sin la posibilidad de acogernos a ningún tipo de subsidio ni prestación por desempleo, mucho menos a los ERTEs.
El 21 de abril el Ministerio de Igualdad publicó la Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis COVID-19 en el que incluían medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. El 1 de junio las mujeres en contextos de prostitución desaparecían de esta ampliación en el BOE. El resultado: la única posibilidad para las trabajadoras sexuales es solicitar el IMV por el umbral de renta, algo casi imposible porque muy pocas cumplen con los requisitos exigidos. También quedan fuera todas las compañeras en situación irregular.
Con la «nueva normalidad» muchas comunidades autónomas cierran los clubes de alterne a petición del Ministerio de Igualdad. Irene Montero aseguraba el 21 de agosto que dicho cierre y perseguir la prostitución «va a ser fundamental para el control de los rebrotes, ya que el rastreo es mas difícil en las mujeres prostituidas y es preciso garantizar sus derechos».
La señora ministra debería saber que no pueden garantizarnos derechos que no tenemos reconocidos, como el derecho a la sanidad para todas nuestras compañeres migrantes irregulares. Derecho que en tiempos de pandemia nos hubiera garantizado el no ser perseguidas como transmisoras.
La ministra Irene Montero parece seguir la misma estela que sus socias de gobierno anunciando que los ministerios de Justicia e Igualdad acordaron endurecer el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual. Dicha reforma se incluirá en la futura ley orgánica de Garantía sobre Ley de Libertad Sexual, la ley del «solo sí es sí». Su intención es incorporar una nueva tipificación de delitos en el Código Penal: el proxenetismo en todas sus formas y la «tercería locativa». En declaraciones públicas la ministra dijo «haremos lo que nadie se atrevió a hacer». Señora ministra, esto ya se hizo. En la reforma del Código Penal impulsada por CIU en 2003 que amplió la definición de proxenetismos y estuvo vigente hasta el 2015.
¿Qué sucederá si el alquiler de habitaciones en clubes pasa a tipificarse como delito? Subidas de alquileres para quienes trabajan a través del hospedaje, dificultades para alquilar pisos y trabajar de independientes. Esto nos empujará a la calle, donde nos persigue la ley mordaza y las ordenanzas municipales, o a trabajar en espacios clandestinos donde el proxenetismo campará a sus anchas. Si nos organizáramos para trabajar juntas varias compañeras en un piso, quien firme el contrato puede ir a la cárcel por proxeneta, como ya ocurre en Argentina. También podrán ser acusados de proxenetismo nuestros hijos mayores de edad y nuestras parejas.
Consideramos alarmante y terriblemente irresponsable por parte del Gobierno el aumento de este tipo de políticas, más aun en el actual contexto. Las trabajadoras sexuales y diversas ONGs (entre ellas Cruz Roja, Médicos del Mundo y Proyecto Esperanza) venimos denunciando reiteradamente la situación de abandono en la que nos encontramos. Tampoco se han tenido en cuenta informes sobre prostitución como los de Amnistía Internacional (AI) que señala las consecuencias de este tipo de políticas punitivas en diferentes países (Uganda, Nigeria, Túnez, Argentina). Estas han empeorado aún más nuestra situación de precariedad además de aumentar la clandestinidad y los abusos y no ser eficaces para luchar contra la trata.
Tanto AI como otras organizaciones se han sumado para apoyar la despenalización del trabajo sexual con consentimiento: Alianza global contra la trata de mujeres, la comisión global sobre VIH y derechos, Human Rights Watch, Onusida, el relator especial de la ONU sobre derecho a la salud, entre otras.
Les trabajadores sexuales estamos sometidas diariamente a una violencia institucional producto de decisiones tomadas y llevadas a cabo a través políticas públicas locales, autonómicas y estatales donde en ningún momento hemos sido el centro. Las putas formamos parte de esos colectivos pobres usados por todos los partidos políticos en todos los programas electorales donde nos han vendido sus buenas intenciones (trabajadoras del hogar o del calzado, vendedores ambulantes, sin techo, migrantes, etc.). Pocas veces han cumplido lo prometido, ni han acompañado las leyes con presupuestos para dar esas alternativas que nos venden para terminar con la pobreza que nos atraviesa a todes.
Desde el comienzo de la pandemia causada por la COVID-19, desde el Ministerio de Igualdad se ha hablado mucho sobre las prostitutas. No se puede decir lo mismo de las veces que se ha reunido con los colectivos de trabajadoras sexuales. El CPS junto a la Apdha solicitamos una reunión que nos fue concedida el 3 de junio y posteriormente cancelada, emplazándonos a otra fecha que aun estamos esperando.
Gestionar estas leyes sin escuchar a los colectivos implicados también es violencia institucional, más dolorosa aún viniendo de partidos políticos denominados de izquierdas.
