Bajo este lema, decenas de miles de personas se movilizaron cuando en mayo de 2012 el Ayuntamiento de Tarifa aprobó el Plan Parcial para construir una macrourbanización en este emblemático y paradisíaco paraje situado en el litoral de Tarifa. La campaña para salvar Valdevaqueros del ladrillo se acaba de saldar con un sonado triunfo: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa que aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, procediendo a su anulación.
El Plan Parcial de Valdevaqueros pretendía construir 740 000 m2 junto a la playa y a la famosa duna de Valdevaqueros, con 350 viviendas y 1400 plazas hoteleras, provocando un impacto brutal e irreversible en uno de los litorales más valiosos del sur de Europa. Vulneraba numerosas leyes y planes urbanísticos y medioambientales, lo que no fue óbice para que contara con el incondicional apoyo del alcalde tritránsfuga del PP, Juan Andrés Gil. La aprobación del Ayuntamiento de Tarifa se llevó a cabo con los votos del PP y PSOE y el aval de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que actuó más como representante de los intereses de la empresa promotora que del interés general de toda la ciudadanía. En la especulación urbanística PP y PSOE han ido de la mano.
Tras la aprobación del Plan Parcial, cerca de 100 000 personas firmaron un manifiesto en defensa de este paraje natural, mostrando su oposición a este proyecto en lo que fue una de las primeras campañas contra la especulación urbanística con tan amplia repercusión en las redes sociales. Varios actos y manifestaciones se sucedieron durante el verano de 2012 en Valdevaqueros, con masivo apoyo y participación de los usuarios y usuarias de esta playa virgen.
Pero además de la oposición ciudadana, era preciso dar un paso más, acudiendo a los tribunales para conseguir anular este proyecto especulativo. Si no, las protestas se marchitarían y los especuladores y sus apoyos políticos tendrían las manos libres para desarrollar esta macrourbanización y destruir este paisaje único. Ecologistas en Acción presentó un recurso contencioso administrativo en el TSJA pidiendo la anulación del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Tarifa que aprobó este Plan Parcial. Los procesos judiciales son largos y tediosos para los ciudadanos del común y lo saben quienes se manejan a sus anchas en los tribunales. Pero hemos demostrado que, con justicia gratuita y abogado de oficio, si se tienen claras las ilegalidades cometidas y aportando argumentos rigurosos, es posible ganarles la batalla legal a gabinetes jurídicos de las administraciones y a los costosos bufetes que trabajan para las empresas constructoras. En este caso, el promotor urbanístico era Juan Muñoz, marido de la conocida presentadora Ana Rosa Quintana.
El recurso se basaba en la grave vulneración de la legislación vigente, al afectar a varios espacios naturales protegidos y no haberse sometido a la preceptiva evaluación ambiental estratégica. La sentencia el TSJA viene a ratificar nuestras denuncias y deja en evidencia la complicidad del Ayuntamiento de Tarifa y de la Consejería con la especulación urbanística, y su nulo compromiso con la defensa de los enormes valores ambientales y paisajísticos del litoral gaditano.
Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Valdevaqueros advirtieron que esta operación afectaba a una zona virgen del Parque Natural del Estrecho, incluida en la Red Natura 2000 de la UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. De un total de 741 350 m2 de superficie del Plan Parcial, 222 700 m2 (el 30%) se encuentran en el interior de estas zonas protegidas.
¿Qué hizo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio? A pesar de que es la responsable de la gestión de esos espacios naturales y de la evaluación ambiental de planes y proyectos, el día antes de la aprobación del Plan Parcial de Valdevaqueros, la entonces delegada provincial, Silvia López Gallardo, remitió un escrito al alcalde Juan Andrés Gil, del PP, en el que textualmente asegura que este Plan Parcial «se considera compatible con la normativa ambiental de aplicación». A la señora delegada se le olvidó advertir que este proyecto no había sido sometido al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental, que afectaba a espacios naturales protegidos, que no había sido informado por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho… En la sentencia del TSJA se asegura que esta «autorización» de la Consejería no se adoptó en el curso de un procedimiento regulado en la legislación de evaluación ambiental. O sea, la delegada falsificó un informe para favorecer la aprobación de este proyecto urbanístico ilegal. Y al día siguiente el PSOE votó en el Pleno municipal junto al PP la aprobación del Plan Parcial.
Tras este despropósito, remitimos un amplio informe al entonces presidente Jose A. Griñán proponiendo una serie de medidas para impedir la urbanización de Valdevaqueros. No contestó, pero sí lo hizo el entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas (ahora ministro), comprometiéndose a impulsar un plan de protección del litoral que blindara contra la especulación urbanística al litoral tarifeño. Y lo hizo. Aunque su sucesora, Mª Jesús Serrano, desmontó en gran parte la protección prevista a numerosas zonas del litoral andaluz, se mantuvo la protección al litoral de Tarifa. A esta consejera le demandamos que recurriera el Plan, para sí evitar demandas de indemnizaciones de los promotores, pero no lo hizo, argumentando que el Plan de Protección del Litoral ya impedía el desarrollo de esta urbanización. Cuando propusimos en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTUA) que se recurriera, Nieves Masegosa, Secretaria General de Ordenación del Territorio, nos contestó que un informe del gabinete jurídico de la Junta lo desaconsejaba. Jamás nos facilitaron dicho informe. Ahora Mª Jesús Serrano es diputada y Nieves Masegosa viceconsejera. El Plan de Protección del Litoral ha sido anulado por el TSJA (¡lo aprobó un consejo de gobierno en funciones!), y si no llega a ser por el exitoso recurso presentado por Ecologistas en Acción, el ladrillo y el hormigón estarían devastando Valdevaqueros
Pero hay mucho más, la Junta de Andalucía ha mantenido este proyecto en todos los planes urbanísticos y de ordenación del territorio, incluso tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2010 lo mantuvo cuando aprobó la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa a LOUA, y en diciembre de 2011 cuando aprobó el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar, solo cinco meses antes de la probación del Plan Parcial de Valdevaqueros por el ayuntamiento. El PGOU de Tarifa data de 1990 e incluye crecimientos urbanísticos injustificados y desorbitados, propios de los inicios de la burbuja inmobiliaria. Solo en el litoral hay siete grandes urbanizaciones que suman 5 688 627 m2, lo que multiplicaría por cuatro su actual núcleo urbano. La Junta de Andalucía ha mantenido y apoyado todas estas macrourbanizaciones. Además, para facilitar su desarrollo, las eximió de cumplir los límites de crecimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Cuando se aprobó el Plan Parcial, la delegación de la Consejería lo inscribió en el registro de instrumentos urbanísticos, intentando así darle visos de legalidad. ¡Más complicidad imposible! La sentencia del TSJA también es un varapalo para la Consejería, pues declara ilegales los informes favorables al Plan Parcial y anula esa inscripción.
Si no hubiera sido por la campaña ciudadana desplegada y por el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, las grúas estarían en Valdevaqueros y muchos políticos que ahora dicen aceptar la sentencia que anula esta urbanización, estarían justificándola… o inaugurándola.
La sentencia es contundente al declarar la ilegalidad de este proyecto:
- Resulta controvertido que el Plan Parcial no ha sido sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental, incumpliendo la ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Debe concluirse que, habiéndose omitido durante la tramitación del Plan Parcial el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental, el acuerdo impugnado es nulo de pleno derecho.
- Bastan los antecedentes señalados para advertir la gran importancia de los valores ambientales y naturales presentes en distintas zonas tanto dentro del ámbito del sector como en sus inmediaciones, y que han merecido reconocimiento autonómico, nacional y comunitario, mediante su catalogación, según el caso, como Parque Natural, Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera.
Es de lamentar que los dos motivos de impugnación que el Tribunal no ha aceptado se basen en certificaciones y planes aprobados por la Consejería que han pretendido avalar este proyecto especulativo. Así, no se admitió el motivo de no haber sido informado por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho porque la Consejería certificó que se habían recabado todos los informes preceptivos, lo que es manifiestamente falso. Tampoco se admite que el plan incumple los límites de crecimiento del POTA porque el POT del Campo de Gibraltar eliminó del cómputo de los crecimientos los sectores urbanizables de uso turístico. O sea, la Consejería ha sido la principal baza del ayuntamiento y la empresa promotora para intentar rechazar nuestro recurso, pero no les ha bastado.
Tras la sentencia, Ecologistas en Acción manifestó públicamente su satisfacción, que viene a dar carpetazo a unos de los proyectos más significativos de la era del ladrillo y que sorprendentemente se pretendió desarrollar en plena crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta satisfacción es aún mayor si tenemos en cuenta que una ONG, con el mero trabajo voluntario, ha conseguido ganarle en los tribunales al Ayuntamiento de Tarifa, a una potente empresa promotora y a la propia Junta de Andalucía.
Pero la anulación del plan parcial, aunque muy importante, no es suficiente para garantizar la protección del litoral de Los Lances y Valdevaqueros. Estos suelos siguen siendo urbanizables y son una espada de Damocles para el litoral tarifeño. Para conseguir desmontar las previsiones delirantes de crecimiento urbanístico del actual PGOU de Tarifa, hay que revisarlo, desclasificando los suelos de estas siete macrourbanizaciones.
Ecologistas en Acción presentó en la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, celebrada el pasado 7 de junio, las siguientes propuestas:
• Instar al ayuntamiento de Tarifa a que, en el marco de la revisión del PGOU, proceda a la desclasificación de los suelos considerados como urbanizables por el PGOU vigente, que data de 1990, en la zona de Valdevaqueros-Playa de Los Lances.
• Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la modificación del POT del Campo de Gibraltar para incluir como Zonas de Interés Territorial los suelos entorno a Valdevaqueros y Playa de Los Lances que estaban protegidos con la categorías de Zonas litorales de Protección Territorial 1 en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, prohibiéndose expresamente cualquier desarrollo urbanístico de tipo residencial o turístico.
El primer punto se aprobó por práctica unanimidad tras un acalorado debate. El alcalde de Tarifa, ahora del PSOE, lo apoyó, por entender que era congruente con la opción del actual ayuntamiento por un nuevo modelo de desarrollo turístico centrado en el actual núcleo urbano. El segundo no se pudo votar por los responsables de la Consejería, denotando que siguen eludiendo sus responsabilidades y anclados en las expectativas especulativas, en vez de apostar decididamente por el decrecimiento urbanístico y la protección del litoral.
Nuestro objetivo ahora es que se revisen todos los planes urbanísticos de la época de la burbuja inmobiliaria para desclasificar los millones de metros cuadrados urbanizables. Estas previsiones de crecimiento totalmente desmesuradas siguen vigentes con el beneplácito de ayuntamientos, empresas promotoras y Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción ha exigido también responsabilidades a los y las políticos y técnicos que avalaron este proyecto ilegal. Quienes tanto invocan que «las leyes están para cumplirse», parecen no sentirse aludidos por esta máxima cuando se trata de cumplir con la normativa urbanística.
Esta sentencia es la mejor noticia que puede recibir nuestro litoral y la sociedad ante la incipiente temporada turística, ya que garantizará la preservación de uno de los parajes litorales vírgenes más valiosos y afamados del sur de Europa.
