TOTHOM A L’AEROPORT
Octubre de 2019. Se hace pública la sentencia a los líderes políticos del procés y las calles de Barcelona comienzan a arder. Tienen lugar gran cantidad de acciones descentralizadas, coordinadas a través de distintas herramientas digitales.
Se usan tecnologías sofisticadas. La aplicación móvil que articula las acciones se consigue a través de una red de personas de confianza, mediante códigos QR que solo funcionan si las localizaciones de las personas son próximas. Se usa encriptación en varias capas de los procesos, como los pagos en bitcoin, dificultando la búsqueda de responsables. Las webs que tumba la policía rápidamente se replican en otros dominios, cuando no se usan plataformas abiertas y servidores localizados en lo que se vienen a llamar «paraísos digitales», difícilmente intervenibles.
Al mismo tiempo, el Govern desarrolla sus planes para una «república digital catalana». Licita la base tecnológica de un sistema de identidad digital, IdentiCAT, basado en la tecnología blockchain. Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales, llega a aludir a «futuras iniciativas de monedas digitales», así como anuncia una red de fibra óptica de la Generalitat, mejor conectada, para evitar su intervención por parte de la Guardia Civil.
TOTHOM A CROATAN
Pese a su sofisticación, muchos aspectos de este proceso no son originales. Las distintas caras de esta historia (Tsunami Democràtic, los CDR, el Govern, etc.) tienen referentes con los que comparten similitudes, como los planes de desconexión de la troika de Syriza durante la crisis o la coordinación de las protestas en Hong-Kong contra el Estado chino. Escenarios que muestran el inevitable calado de la tecnología en los movimientos soberanistas.
De hecho, de algún modo podemos entender algunas de las prácticas e ideas mostradas en este proceso como manifestaciones particulares de los postulados de la soberanía tecnológica, en su faceta menos antisistémica y sin obviar el contexto y composición del movimiento secesionista, proclive a gestos más cargados de relato que de realidad. La soberanía tecnológica es un concepto que describe prácticas de autogestión de distinta escala, algunas de ellas muy tecnologizadas. Aunque su imaginario es policromático, es destacable la influencia de todo el espectro anarquista, desde la Cooperativa Integral Catalana —un interesante ejemplo de laboratorio de investigación en este área— a ejemplos más relacionados con el anarco-capitalismo anglosajón.
Prácticas contemporáneas, de un amplio espectro ideológico, que convergen en una vieja idea: si no puedes cambiar el mundo, crea uno nuevo. Pero, evidentemente, a medida que se vuelven amenazadoras, cada statu quo se articula para suprimirlas o reapropiarlas.
TOTHOM A PRESÓ
El pasado 31 de octubre se aprobó el Real Decreto ley 14/2019. Pedro Sánchez lo describió como una medida «para poner punto y final a este proyecto del independentismo de la república digital».
En un ejercicio de neolengua descarada el decreto se defiende a sí mismo, entre otras cosas, como una herramienta de defensa de la privacidad y derechos digitales de la ciudadanía:
La hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.
Sin embargo, el resultado natural puede llegar a ser, precisamente, su imagen especular. El decreto plantea la potencial intervención de cualquiera de las distintas capas que componen lo que denominamos internet (servidores y otras infraestructuras de hardware, correo electrónico, páginas web, etc.) sin orden judicial. La ley de telecomunicaciones ya permitía en algunos supuestos la intervención sin orden judicial «de internet», de modo que el decreto la modifica para rebajar sus condiciones a supuestos más laxos relacionados con el orden y la seguridad públicos, abriendo la
puerta a su uso arbitrario. Por otro lado contempla medidas más específicas, como obligar a las Administraciones a tener todos sus servidores y datos en la Unión Europea —para facilitar su intervención— o establecer al DNI como único de sistema de identificación posible dentro del Estado.
De este modo España se une a una tendencia global imparable en la que el espacio radicalmente libre que una vez fue internet se convierte en un lugar cada vez más controlado a través de mecanismos de excepción y cercamientos digitales.
Al menos, hay que reconocerle el mérito a este decreto de haber hecho una instantánea del teatro de relatos de los principales partidos del Estado español durante la reciente crisis política. El texto recibió críticas de PP y Ciudadanos que, sin embargo, apoyaron su aprobación («produce perplejidad que hoy estemos aquí para tragar con este decreto, incluso si puede ser tumbado por inconstitucional»); fue criticado por VOX con declaraciones tan sensatas que suenan oportunistas y falsas en un partido de corte fascista («la Constitución ya tiene mecanismos para este asunto, deberían aplicarla y no un micro-estado de excepción para atajar problemas de orden público»); y, por último, fue criticado también por Podemos que, sin embargo, se abstuvo en la votación. Jaume Asens defendió esta postura como un complicado ejercicio de «ética de la responsabilidad» frente a la «ética de la convicción» al conseguir introducir de este modo modificaciones en un decreto que se hubiera aprobado de todos modos. Sin duda una posición acomodada, pobre de miras y difícil de separar del contexto de negociaciones de gobierno entre Podemos y el Partido Socialista.
TOTHOM ALS CARRERS
El pasado miércoles 15 de enero varias asociaciones y entidades de defensa de las «libertades digitales» presentaron ante el Defensor del Pueblo —paso previo al Tribunal Constitucional— un recurso contra el decreto, dada la grave amenaza que supone contra varios derechos fundamentales.
Aunque no pinta bien, es destacable que una plataforma similar tuvo éxito usando el mismo mecanismo para frenar la reforma que hubiera permitido a los partidos confeccionar bases de datos con información ideológica de los y las votantes.
Si la vía de los recursos legales fracasa solo nos quedará la presión popular para forzar la derogación de un peligroso decreto capaz, junto a la ley mordaza, de hipotecar considerablemente las capacidades de protesta y creación de alternativas de cualquier movimiento antagonista.
