«Desgraciao aquel que come / el pan en manita ajena. / Siempre mirando a la cara / si la ponen mala o güena». Popular. Letra flamenca
La economía del revés
La actual economía del revés, aquella que persigue acumular capital exprimiendo vida, es la economía lógica del «mundo del revés» del que escribió Eduardo Galeano en Patas arriba, ese mundo que «premia al revés: desprecia la honradez, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza: la injusticia, dicen, es ley natural».
La economía capitalista, la economía del revés, es la historia de cómo el capital, en grandes cantidades en poder de un número muy reducido de personas, ha logrado su soberanía o dominación a costa de la inmensa mayoría de la población. Tanto que es el capital el que otorga el derecho a la existencia. La mayoría de la gente tiene derecho a vivir si obtiene un salario, para lo que cual debe ser demandada y contratada como mano de obra en el mercado de trabajo. Las personas y la naturaleza convertidas en mercancías comprables y vendibles, con precios necios.
La instauración de la economía capitalista, tanto en Andalucía como en el resto de sociedades, convirtió a los bienes comunes y los medios de producción y vida, en propiedad privada. Desde ese momento, las personas propietarias pasaron a necesitar de otras dispuestas a trabajar para ellas, así como las no propietarias pasaron a necesitar un salario ante la imposibilidad creciente de ganarse la vida de forma autónoma. La imposición del trabajo «dependiente y servil» requirió de una enorme violencia, desde la sufrida por las mujeres en la «caza de brujas» hasta la causada por generaciones andaluzas por guardias poco cívicas.
En Andalucía, y sobre todo en su medio rural, la economía capitalista ha tenido como agente hegemónico al latifundio y la gran explotación agraria. La historia de la economía capitalista en Andalucía se caracteriza por la secular y extrema desigualdad en la propiedad de la tierra y, por tanto, en la apropiación del excedente económico generado. El sistema latifundista propició el que una mínima proporción de la población lo tuviera casi todo, mientras que la mayoría se quedaba sin nada, obligada a «mendigar trabajo». Es en ese momento en el que Andalucía, ejemplo de economía del revés, se convierte en una tierra extremadamente rica poblada por mujeres y hombre pobres.
El PER y las cooperativas agrarias: legitimación para la acumulación del revés
El Estado ha intervenido en esta economía en épocas más liberales y en épocas menos liberales, incluso en las neoliberales. Y lo ha hecho poniendo en marcha herramientas para consolidar y legitimar el gran capital agrario andaluz, el agente hegemónico en gran parte de nuestra historia. Entre las mismas nos encontramos con el Plan de empleo rural (PER) y el cooperativismo agrario. Tanto uno como otro han supuesto perfectas estrategias de acumulación y legitimación del capitalismo agrario andaluz.
El PER ha servido y sirve (con distintos nombres pero similares estructuras) como herramienta para disminuir los costes empresariales (salarios), al tiempo que «ayudaba» a las personas jornaleras a evitar la emigración (y seguir ofreciendo su imprescindible fuerza de trabajo al latifundista). Así, estas políticas estatales han sido muy útiles como mecanismo de control social que ha hecho desaparecer la reivindicación jornalera de la reforma agraria (reparto de la tierra) y ha reforzado la dependencia y marginación de las economías del medio rural andaluz y sus gentes. Es decir, que, antes que un «sistema de protección social» , sería más correcto denominarlo sistema de protección empresarial.
El cooperativismo agrario, por su parte, sirvió como herramienta para mejorar los ingresos de la gran explotación agraria mediante la mejora de los precios de sus productos. Este cooperativismo, con origen mayoritario en el franquismo e impulsado por la Junta de Andalucía en las últimas décadas, ha jugado un papel convergente con el realizado por el PER: mejorar las cuentas y beneficios de la agricultura latifundista, uno por la vía de los ingresos y otro de los costes. La inmensa mayoría de estas cooperativas agrarias consistieron, como dijo M. Haubert, en «empresas asociativas» o «cooperativas de servicios a los propietarios de tierras». De este modo, y en palabras del autor antes citado, «la modernización y la capitalización del campo, en vez de poner en tela de juicio el poder económico, social y político de los caciques, podía reforzarlo considerablemente.»
A pesar de denominarse cooperativas, estas grandes empresas apenas ponen en marcha estrategias de democracia económica. Además, la distribución de las ingentes rentas que generan no repercute de forma equitativa en el campo andaluz, sino que mantienen la injusticia y el mal reparto. Las cooperativas agrarias se han convertido en cooperadoras necesarias del actual capitalismo global, que las utiliza para succionar la riqueza que genera el campo andaluz. De este modo, las grandes cooperativas empresariales refuerzan, en pleno siglo xxi, como diría Haubert, el poder «económico, social y político de los caciques» y son legitimadoras y herramientas clave del capital global que succiona las riquezas del agro andaluz. Al igual que el Estado franquista, la actual administración andaluza, española y europea, favorece estos procesos y, disfrazado de cooperativismo, se afianza la injusta situación secular del medio rural andaluz.
Para ser justos, es necesario indicar que quedan al margen de estas prácticas pequeñas cooperativas agrícolas que sí tienen como objetivo la mejora de sus personas socias y llevan a cabo, o al menos lo intentan, estrategias participativas y democráticas de gestión. Además, y muy alejada de estas dinámicas, se encuentra la experiencia cooperativa de Marinaleda. No se trata de una cooperativa de personas propietarias de tierras, sino de jornaleras que trabajan de forma autogestionada una tierra pública; es decir luchando con el objetivo de que sea un proyecto de propiedad pública, planificación comunitaria y gestión cooperativa.
Movimiento cooperativista transformador
Nos planteamos si es posible poner en marcha un movimiento cooperativo y un sistema de protección social que pongan del derecho, al menos en parte, esta economía del revés. Se trataría de pasar del PER a la renta básica (RB, un subsidio agrario sin peonadas para toda la población), y del cooperativismo agrario a un movimiento cooperativista transformador.
Una RB similar al PER, y un movimiento cooperativista como el actual agrario, no servirán para otra cosa que para continuar legitimando una relaciones económicas que están provocando que el 38,2% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social (datos de la Red andaluza contra la pobreza y la exclusión social). Sin embargo, una RB incondicional, individual y universal y un movimiento cooperativista con otro modo de entender la propiedad, el trabajo y el valor podrían servir para mejorar la realidad socioeconómica de Andalucía. Veamos.
Para intentar volver a poner del derecho a la economía del revés, hoy día se habla con profusión de economía social, valga la redundancia. Y es que, aunque es reiterativo poner el adjetivo social tras el sustantivo economía, la situación a la que ha llevado a esta sociedad la economía capitalista provoca estas situaciones que se acercan a lo absurdo. El movimiento cooperativo forma parte de esta economía, de este conjunto de iniciativas socioeconómicas que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro, de los beneficios. Ahora bien, para que las cooperativas y el resto de entidades de la economía social andaluza tengan vocación transformadora es preciso buscar alternativas a las formas en que la economía capitalista considera el valor, el trabajo y la propiedad. Es decir, difícilmente podremos hablar de economías transformadoras sin buscar alternativas al trabajo asalariado dependiente, al valor de cambio y la propiedad privada, pilares básicos de la economía capitalista.
La economía capitalista convierte el trabajo social, es decir, el trabajo realizado para otras personas, en trabajo dedicado únicamente a la producción y reproducción del capital (y cada vez más contra la vida). Frente a esto, el movimiento cooperativista transformador debe contribuir a eliminar la explotación de unas personas por otras mediante el establecimiento de la cooperación en un proceso laboral común. Además, si como objetivo está la reproducción de la vida, debe atender a otros trabajos sin salario y, de este modo, la explotación específica de las mujeres en la economía capitalista.
La búsqueda de otro trabajo no dependiente está completamente relacionada con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción o de vida en los que se sustenta las condiciones materiales de la gente. La economía social transformadora debe propiciar un nuevo sistema productivo comunitario que busque alternativas a la propiedad privada. En este sentido, es de interés reflexionar sobre la instauración de «fondos colectivos de recursos» donde la propiedad pase a ser colectiva, gestionada democráticamente, participada por múltiples agentes y tenga objetivos vinculados al movimiento transformador y alejados de la economía capitalista.
En tercer lugar, se trata de producir bienes y servicios en función de, hasta donde sea posible, el valor de uso, y que este sea capaz de subordinar al valor de cambio. La economía capitalista tiene como base otorgar a los bienes y servicios el valor que marca la demanda solvente o poder de compra. Si alguien no tiene poder de compra, es decir dinero, no podrá satisfacer sus necesidades y deja de tener derecho a la vida. Se trata, posiblemente, del eje o elemento más difícil de alcanzar por las actuales entidades o unidades productivas pues el contexto en el que se mueven no les permite tener un grado de autonomía demasiado amplio.
Autonomía para otra economía
Por tanto, la economía social que busca la transformación hacia el poscapitalismo requiere de la adopción de alternativas a la propiedad privada, al trabajo dependiente y al mercado o valor de cambio. ¿Hasta qué punto puede la renta básica impulsar este cooperativismo? En principio, hay que tener en cuenta que la renta básica no es una medida que vaya contra la propiedad privada de los medios de producción, ni signifique un cambio en las estructuras esenciales de la economía capitalista. Ahora bien, consideramos que puede servir o tiene un claro potencial para debilitar tanto la propiedad privada como el poder que ejerce el capital sobre el trabajo asalariado. Desde esta perspectiva, la renta básica es una medida que proporciona autonomía a las personas respecto al mercado de trabajo, respecto al trabajo dependiente y, por tanto, al capital. Se trata de una medida que resta poder al propietario de los medios de producción pues deja de otorgar el derecho a vivir.
Por otro lado, la renta básica dota de poder de compra a todo el mundo por lo que convierte la demanda de muchas personas en real. Así, es una medida que pone por delante de la ganancia la satisfacción de las necesidades de la gente y, por tanto, es una medida que subordina el valor de cambio al valor de uso.
Por último, y en relación con el movimiento cooperativo, una RB sería un potente apoyo de rentas para aquellas personas que deseen crear una cooperativa o cualquier entidad de economía social con vocación transformadora. La precariedad y el desempleo han impulsado a muchas personas hacia la economía social más como «actividad refugio» que como forma de trabajo o actividad con potencialidad enriquecedora y de transformación. La renta básica aumenta el grado de autonomía de las personas y de este modo facilita la generación de actividad económica transformadora, con menos precariedad y más capacidad de tomar decisiones.
Cualquier sistema de protección social, como cualquier tipo de economía social, pueden ser tanto agentes de legitimación como de transformación. Tanto el PER como la renta básica, tanto una cooperativa como una fundación o asociación, pueden asentar la actual economía del revés o ser agentes transformadores de la misma. No obstante, el potencial transformador de la renta básica es muy superior a la del PER o sistemas asistenciales similares, del mismo modo que lo es el existente en la nueva economía social andaluza representada por Coop57 o REAS respecto a cooperativismo agrario. Tanto la renta básica como el cooperativismo transformador son medidas útiles para desmercantilizar bienes y servicios prioritarios o estratégicos para la vida. En este sentido, la primera es una herramienta que puede impulsar a la segunda y, entre ambas, avanzar hacia una economía que deje de estar del revés, que deje de estar contra la vida.
