Para clavar el palo de una sombrilla en la playa, no resulta efectivo empujarlo directamente hacia abajo. Si nuestro objetivo es conseguir que el pincho penetre ostensiblemente en la arena, será necesario menearlo alternativamente hacia uno y otro lado, un poco a la derecha y un poco a la izquierda, pero a la vez que se empuja firmemente hacia abajo, consiguiendo así hincar el palo eficazmente en la dirección deseada.
La ilusoria alternancia legislativa
Estas fluctuaciones en uno u otro sentido se reflejan en la mal llamada alternancia de siete leyes educativas desde el final de la dictadura. Estas oscilaciones legislativas son un espejo en el que se materializan las consecuencias del bipartidismo en el Gobierno durante todo este período. Mientras gobierna el Partido Socialista, la legislación educativa que emana tiende a recoger ciertos detalles de malentendida progresía, como quitar cierta importancia a la religión o introducir una asignatura de una hora semanal en tercero de la ESO, como Educación para la Ciudadanía. Por su parte, cuando entra a gobernar el Partido Popular tiende a dictar leyes con una orientación opuesta a la anterior. Este vaivén de movimientos, aparentemente antagonistas, en realidad genera una simbiosis, un todo funcional que cumple con varios objetivos:
- Satisfacer la inclinación ideológica de los hipotéticos votantes de uno u otro partido.
- Conceder argumentos populistas al partido en la oposición y a los medios de comunicación vinculados a este, apuntalando así el sistema bipartidista.
- Verter una cortina de humo sobre la verdadera orientación del cambio que implican estas leyes, que se ha producido siempre en la misma dirección: la venta de los servicios públicos a la empresa privada y la hipoteca de nuestra educación o nuestra salud. En definitiva, la mercantilización de nuestras vidas. El robo, no solo de lo público, sino también de lo común.
Durante los últimos meses, los medios de comunicación vinculados a la izquierda parlamentaria han criticado el proceso de mercantilización de la escuela que subyace a la LOMCE. Convendría, sin embargo, que hicieran un ejercicio de revisión del sucesivo proceso de especulación mercantil que viene sufriendo nuestro sistema educativo desde la Transición, o mejor dicho, la Transacción, pero con especial intensidad desde los últimos veinte años. Hace tiempo que nuestra educación está amenazada por voraces hienas.
El negocio de los derechos fundamentales
En el año 1995, la Organización Mundial del Comercio pone en marcha el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, con el objetivo de allanar el terreno de la educación pública para convertirlo en un campo donde hacer florecer el negocio, privatizando servicios educativos y poniendo la enseñanza al servicio de la demanda de la empresa privada. En 2004, la Constitución Europea ya pasa a definir los servicios públicos, incluida la educación, con las siglas SIEG (Servicios de Interés Económico General), poniendo así de relevancia los jugosos beneficios empresariales que deben surgir de la venta de estos derechos fundamentales.
Solo quieren hacer negocios, y no solo privatizando recursos, sino también con los currículos. Quieren que en las escuelas y universidades se enseñe a desenvolverse en el mundo laboral de acuerdo a las necesidades y requerimientos del que paga. Rezan el credo de la mejora de la «empleabilidad» del alumnado, una de las palabras más repetidas en el texto de la LOMCE, pero ya vitoreada desde hace tiempo desde los más altos púlpitos de las autoridades educativas. Un ejemplo concreto de esta situación es el uso de los créditos ECTS en el ámbito universitario, que ya no mide el volumen de las asignaturas en función de las horas de docencia, sino en base a las horas de trabajo del estudiante, calculado tomando como referencia una jornada laboral de 40 horas semanales. Limitando la concepción del alumno a la de prototrabajador. Sobredimensionando así la dimensión laboral de la enseñanza.
Acercándonos al sistema educativo andaluz, cabe destacar hitos como el Plan de Cultura Emprendedora, donde el Gobierno andaluz invierte 92 millones de euros desde 2011 a 2015 solo en el ámbito educativo, mientras suprime 4500 plazas docentes. Un plan que tiene por objeto «[…] desarrollar la cultura y la actividad emprendedora en la educación primaria, educación secundaria obligatoria… » (BOJA 219/2011).
Sigan exprimiéndonos. Hasta la última gota
En este marco contextual se le da una vuelta de tuerca a este proceso de mercantilización de nuestro futuro, mediante la puesta en marcha de la LOMCE. Mucho se ha criticado durante los últimos meses en los medios convencionales, sobre aspectos de la nueva ley relacionados con la enseñanza de la religión o el tratamiento de las lenguas cooficiales, entre otras cuestiones. Lejos de desacreditar estos análisis, propongo enfocar la atención sobre un asunto que es primordial, no solo por su enjundia, sino también por ser una de las novedades que comienzan a aplicarse partir del inicio del próximo curso: la Formación Profesional Básica (FPB).
El despido por bajo rendimiento llevado a la escuela
Una vez llegado a 2º o a 3º de la ESO, el alumnado que viene acumulando resultados insatisfactorios puede pasar a la FPB. Una medida que pretende ser una vía para la adaptación de la carga lectiva, pero que en la práctica no es más que un itinerario paralelo hacia la exclusión social, bajo la excusa de la atención a la diversidad. Una forma de sacar del sistema educativo al alumnado con peores resultados. Un despido por bajo rendimiento. Una medida comparable a los anteriores PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), encaminada a «facilitar» el currículo al alumnado con peores resultados. ¿Cuál es la principal novedad? Que la FPB no conduce a la obtención del título de graduado en ESO. El alumno abandona la escuela, como suele decirse, «con una mano delante y la otra detrás». Esta segregadora medida tiene por objetivos:
- Generar mano de obra barata y sin titulación, uno de los salmos del credo de la «empleabilidad».
- Maquillar los resultados en las estadísticas, ya que el alumnado con peores resultados no cuenta. Tampoco para eso.
- Recortar los recursos dirigidos a las clases más desfavorecidas, aumentando la brecha social entre ricos y pobres.
Mirando hacia delante
Ante este gélido invierno que ya se otea a la vuelta de septiembre, la única alternativa que nos queda a esta lógica que nos engulle es la de reclamar lo que es nuestro desde ya. Salir a la calle y movilizarnos de manera firme y coordinada. Un ataque como este a los derechos de todas y todos merece una respuesta de unidad en la movilización de todos los sectores de la comunidad educativa.
Por eso, asociaciones de madres y padres, sindicatos, organizaciones estudiantiles y asambleas de centro deben confluir en tempestuosas mareas que hagan temblar los diques de contención. Desde diversos ámbitos de la comunidad educativa se están poniendo en marcha diferentes iniciativas de boicot a la aplicación de esta ley. Medidas de desobediencia que pueden adoptarse desde cada sector (alumnado, familias, profesorado y PAS), pues están vendiendo el futuro de todxs.
Contra esta ley, seremos el pedrusco con el que choca el palo de la sombrilla, pero no debemos quedarnos ahí. Habrá que seguir empujando en la escuela y en la calle para sacarnos ese hierro que tenemos clavado tan hondo en cada aula de nuestros centros educativos.
