La gestión de la mina de Aznalcóllar, al igual que la de Cobre Las Cruces, constituye un ejemplo paradigmático de la política que lleva a cabo la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma en relación a la minería y que se basa en la creencia errónea de que la explotación minera constituye una salida al desempleo.
Para empezar, hablar de Aznalcóllar es hablar de una entelequia ya que se desconoce incluso la cantidad exacta de mineral que existe en la mina. Según los sondeos realizados en su día por Boliden, podría haber 35 millones de toneladas, con posibilidad de otros 45 millones más. Aún así, el Estado y la Junta han acordado establecer un procedimiento de urgencia para acelerar la reapertura de la mina. Se prevé conceder simultáneamente el derecho de investigación y de explotación. El objetivo de ambas administraciones es volver a explotar la mina en los primeros meses de 2015, tal y como ha manifestado la presidenta andaluza Susana Díaz.
A día de hoy, las multinacionales México Minorbis —formada por la andaluza Magtel y Grupo México— y Emerita-Forbes Manhattan han superado los requisitos exigidos para acceder a la primera fase del concurso internacional para explotar la mina.
Sin embargo, con las dificultades que plantea una mina con bajo contenido en cobre, con pocas toneladas ciertas, con una dificultad enorme para tratar el mineral, sin poder hacer balsas de lodos (ya que eso supondría repetir el desastre de Boliden), su reapertura no se antoja fácil.
En cuanto a la cuestión laboral, es cierto que la minería puede crear puestos de trabajo, pero son transitorios ya que, al tratarse de una industria basada en la explotación de un elemento no renovable, una vez agotado el mineral se acaba el empleo.
Tampoco hay que olvidar que la reapertura de la corta de Los Frailes afectaría al Corredor Verde del Río Guadiamar, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y objeto, por cierto, de las intensas labores de regeneración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
Catástrofe que constituye un episodio sencillamente traumático para la provincia de Sevilla y más aún para la comarca del Corredor de la Plata. Recordemos que como consecuencia de aquel siniestro, la multinacional sueca Boliden-Apirsa abandonó la explotación de Aznalcóllar, que entonces sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar fue necesario un costoso programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros del erario público. De hecho, la Junta de Andalucía sigue reclamando a Boliden el elevado coste de los trabajos.
Otra explotación minera considerada buque insignia de la provincia es Cobre Las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum. Buque insignia que si no ha tenido consecuencias terribles hasta el momento ha sido, en parte, gracias a la presión de Ecologistas en Acción. Durante estos 12 años se ha conseguido la instalación de una planta de ósmosis inversa (que ha evitado parte de la contaminación del acuífero con residuos) con un coste de 32 millones de euros y en la que trabajan 15 personas.
Cobre Las Cruces es un proyecto que comenzó mal desde el principio, al permitirse abrir una mina a cielo abierto. La excusa fue la posibilidad de obtener un 25% más de aprovechamiento del mineral si se hacía en estas circunstancias. Para lograrlo, la empresa llegó a amenazar con la no apertura de la explotación. El permiso fue concedido.
Una vez abierta, continuaron los problemas. El mineral está bajo el acuífero de Gerena-Posadas, considerado estratégico para el consumo humano pero cuyo drenaje es imprescindible para extraer el mineral. Lo que quiere decir que es necesario devolver de algún modo el agua que sacan para que no se vea afectado dicho acuífero. Ante una cuestión tan complicada de resolver, idearon un sistema llamado de drenaje y reinyección (SDR) cuyo cometido era devolver toda el agua extraída y sin contaminar. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) concedió un permiso de extracción máxima de 180 000 m3/año del acuífero, de los cuales 20 000 eran para uso doméstico en las instalaciones de la mina y 160 000 para uso en la actividad metalúrgica.
Sin embargo, el SDR no ha cumplido nunca con los objetivos exigidos en la declaración de impacto ambiental de 2002. En 2008, ante las denuncias de Ecologistas en Acción, se tuvo que cerrar la mina durante un año porque el sistema de drenaje ni evitaba la contaminación con metales pesados del acuífero, ni evitaba la extracción de agua por encima de los 160 000 m3/año previstos y autorizados. Para poder continuar con la explotación minera, la compañía tuvo que invertir casi 40 millones de euros en el llamado Plan Global de Aguas, consistente en añadir sistemas de depuración al sistema de drenaje.
Desde 2009, Ecologistas en Acción ha denunciado que ese Plan Global era un fraude, porque sigue sin evitar la pérdida de casi un millón de m3/año de agua del acuífero.
Cinco años después, se siguen produciendo daños, ante la dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente y de la CHG. A pesar del magnífico equipo de márketing de la empresa, que ha intentado vender la complejidad y utilidad del invento, la realidad de sus defectos se ha hecho evidente.
No obstante, una vez demostrada la falta de eficacia del sistema drenaje-reinyección y de los filtros añadidos posteriormente, la compañía ha sido autorizada por la CHG a recargar el acuífero con el vertido de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerónimo que, según estudios de la propia Confederación, tiene un gran contenido de productos farmacológicos en suspensión. Esta solución conllevaría la construcción de una estación regeneradora de aguas residuales (ERAR) para tratar los vertidos que vienen de la EDAR. Otro intento de matar moscas a cañonazos cuya paralización también ha solicitado Ecologistas en Acción.
Lo que pretendemos decir es que un proyecto considerado modélico por la Administración, es un proyecto que improvisa en cosas esenciales y que aún tiene por delante algunos años para sorprendernos negativamente.
En definitiva, la minería es una economía destructiva cuando el objetivo debería ser la creación de una economía centrada en lo local. La Administración ha de fomentar firmemente la creación de empresas y, a ser posible, de empresas agroalimentarias, que es donde está nuestra verdadera riqueza, destinadas a abastecer los mercados locales, evitando, de paso, el sinsentido de los alimentos kilométricos.
