El Gobierno ha llegado a un acuerdo, en la línea de los firmados en años anteriores, con la patronal Farmaindustria que representa a las principales industrias farmacéuticas. En este acuerdo, mientras el Gobierno se compromete a un consumo mínimo de medicamentos de estos laboratorios, las empresas farmacéuticas ofrecen algunas compensaciones si el porcentaje de crecimiento de los costes en sus medicamentos supera el del producto interior bruto, es decir, se acepta un techo de gasto. Tanto el Gobierno, que justifica el trato en base a la estabilidad presupuestaria, como los industriales, que dicen que es el fruto de su espíritu de colaboración en tiempo de crisis, se han felicitado por lo firmado ya que «favorece a ambas partes». Además, el Gobierno ha dado un paso más para respaldar ese acuerdo condicionando el apoyo financiero a las autonomías a la aceptación del pacto en sus adquisiciones de medicinas.
Hasta aquí las noticias difundidas por todos los medios de comunicación que abren numerosas consideraciones sobre el consumo de medicamentos en el Estado español y la actuación de la poderosa industria farmacéutica. Estas empresas han financiado a los profesionales médicos y a sus organizaciones con 500 millones de euros destinados fundamentalmente a asistencia y organización de congresos y ensayos clínicos con medicamentos, que se justifican en base a actividades de formación de los profesionales e I+D. Muchos expertos señalan que hay que luchar para que la formación continuada de los médicos sea independiente y no la financien los laboratorios, como ocurre aquí, donde el 95% depende de la industria, porque la colaboración de esta no es desinteresada e incide en la prescripción de sus medicamentos.
Puesto que desde el Gobierno se asume la estabilidad de las cifras de gasto farmacéutico, cabe preguntarse si esta es adecuada dentro de una correcta práctica médica. El Estado español está, a nivel mundial, en el grupo de cabeza de gasto en medicamentos por habitante, alcanzando en los primeros once meses de 2016 la cifra de 13 742 millones de euros en medicamentos financiados (parcialmente por la existencia de copago) por la sanidad pública, y 5712 millones en los que no cubre la Seguridad Social. Estos últimos han experimentado una gran subida porque las multinacionales han aprovechado el cese de la cobertura para incrementar los precios. Es importante tener en cuenta que la sobremedicación es un importante riesgo para la salud. Según Peter Gøtzsche, profesor de Medicina y Farmacología Clínica de la Universidad de Copenhague, el consumo inadecuado de medicamentos es la tercera causa de muerte. Según expone este científico en su libro Medicamentos que matan y crimen organizado, las empresas que fabrican los fármacos corrompen los sistemas de salud y esconden que los fármacos son la tercera causa de muerte del mundo, tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Según el farmacólogo Joan Ramón Laporte, que introduce la edición española, en Europa fallecen al menos 197 000 personas anualmente por esta causa. Varias son las causas del excesivo consumo de medicamentos en el Estado español. Capitalismo y salud casan mal porque las multinacionales farmacéuticas no trabajan para mejorar la salud, sino para obtener los máximos beneficios. El fármaco se convierte así en un objeto más de consumo sujeto a las leyes de mercado. Esta mercadotecnia, apoyada por los inmensos recursos de estas empresas, que son el tercer sector de la economía tras el armamento y el narcotráfico, se ve favorecida por la falta de una educación sanitaria que nunca se ha promocionado desde la administración sanitaria. El creciente uso de las redes sociales e internet para paliar esta carencia no hace, en la mayoría de los casos, sino fomentar el consumo. La receta es, además, un arma defensiva en manos de algunos malos profesionales que recurren a ella bajo presión cuando no pueden hacer bien su trabajo por falta de medios y de tiempo para atender correctamente al paciente. También el recurso a la medicación es consecuencia, con frecuencia, de las penosas condiciones de vida fruto del desempleo, la pobreza y la explotación laboral. Un ejemplo es el elevado consumo de fármacos para combatir la ansiedad y la depresión mediante opioides (como el Orfidal, Trankimazin o Valium), sedantes y estimulantes, en los que el Estado español está a la cabeza de la UE.
Así pues, podemos concluir que el acuerdo asegura los beneficios de un lobby industrial muy poderoso a la vez que perpetua un mal uso de los medicamentos y las carencias de una sanidad pública que suple la falta de una medicina preventiva, de un programa de educación sanitaria y de suficientes recursos, con un uso iatrogénico de la receta.
Si el acuerdo evidencia la connivencia del poder económico con el poder político a su servicio, la exigencia a las comunidades autónomas es la mejor demostración del poder de las multinacionales. Este chantaje tiene por objetivo acabar con la competencia de los fármacos genéricos, que tienen el mismo principio activo pero una vez caducada la patente pueden dispensarse sin marca y son, por ley, al menos un 40% más baratos. Estos medicamentos genéricos, que están teniendo en la práctica un efecto regulador de los precios, cubren ya un 40% del mercado, y su consumo se ha duplicado en ocho años, y representa un ahorro de más de mil millones de euros. Los medicamentos genéricos tienen muy mala prensa y se ha generado en la opinión pública cierta oposición a su uso tras la que se encuentra el poder de las multinacionales, los intereses creados y el fetichismo consumista de la marca. No hay ensayos clínicos, a pesar de la poderosa financiación de estas industrias, que muestren diferencias a favor de los medicamentos con marca. Existen numerosos bulos que intentan desprestigiar a los fármacos genéricos, entre ellos que su consumo es «tercermundista» y que en los países más avanzados se recurre a las marcas. En realidad, su consumo en el Estado español es todavía muy inferior a la media europea que está por encima del 55%. También se afirma que estos medicamentos se fabrican en países sin garantías de calidad pero la realidad es que de cada diez genéricos consumidos siete se han fabricado aquí. Por otra parte, la fabricación de los principios activos en industrias químicas radicadas en países donde los salarios son muy bajos es una práctica habitual de la economía capitalista globalizada que practican las multinacionales farmacéuticas.
El chantaje financiero a las comunidades autónomas compromete, al desviar más recursos para la adquisición de fármacos, a la sanidad pública ya muy deteriorada por los recortes. Con ello, el Gobierno no solo favorece a la industria farmacéutica, sino que además profundiza la crisis de la sanidad pública favoreciendo, una vez más, a la privada.
