El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la declaración como imputados ante la juez del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla de varios miembros del sindicato CGT, en lo que se conoce ya como el caso del Coño Insumiso. Durante el desarrollo de la vista, más de un centenar de personas de diversos colectivos quisieron solidarizarse con el sindicato anarquista, participando en la concentración convocada para tal fin ante la puerta de los juzgados del Prado. En dicha protesta no podía faltar la imagen objeto de controversia, que estuvo acompañada por una performance que rememoraba en tono de burla el pasado criminal de los santos verdugos de la Inquisición española, y del buen hacer de la ruidosa banda de pitos y tambores de CGT-Sevilla, cuya presencia se dejó notar en las dependencias donde se estaba realizando la declaración de los imputados, a los que la acusación particular les pide nada menos que tres años de cárcel. En la protesta no faltaron grupos laicistas, feministas, de género, políticos, así como otros sindicatos, que defendieron el derecho a la libertad de expresión y rechazaron públicamente un proceso judicial dirigido a reprimir a aquellas que luchan por sus derechos, ya sea mediante huelgas en los tajos o manifestaciones en las calles, ya sea con pancartas o con coños insumisos por delante.
El disparatado caso, admitido solo por el juzgado sevillano y previamente archivado tanto en Madrid como en Málaga, llegó al culmen del surrealismo —dada la ingente cantidad de imágenes de cristos y vírgenes habitualmente presentes en las paredes de los despachos de los juzgados de la capital hispalense— cuando inesperadamente sonó el teléfono de una funcionaria presente en la vista con música de Semana Santa. Ante semejante escena, cabe la pregunta de cuáles son los intereses personales de los protagonistas de este singular sainete judicial, que bien podría dar origen a una desternillante comedia, si no fuera por la situación en la que se encuentran las y los compañeros acusados.
La asociación tapadera que impulsa el caso pertenece al grupo de asociaciones-pantalla vinculada al grupo ultraderechista El Yunque, nacido en México en la década de los cincuenta, pero con demostrada presencia en el Estado español entre grupos de integristas cristianos como Hazte Oír, a Contracorriente o los autodenominados Provida. Ese es el único sentido de la denuncia, en un nuevo intento de emplear la justicia y los artículos más retrógrados y controvertidos del Código Penal español como arma política contra sus adversarios que luchan por un mundo más justo. Esto es, contra grupos de mujeres, de género, sindicatos de clase, ateos, laicos, etc.
No es casual que se ataque a la CGT en un momento como este, y que los juzgados le den cabida a una demanda disparatada como esta, cuando las luchas laborales juegan un papel clave en modelar una salida de la crisis que favorezca a la gente trabajadora y no nos condene a trabajar en la pobreza, sin condiciones laborales dignas y con servicios públicos privatizados. Desde CGT anunciamos que este tipo de ataques represivos no nos van a acobardar, sino todo lo contrario: nos dan energía para seguir luchando por los derechos de los y las trabajadoras. Derechos que van desde la libertad de expresión hasta la autoorganización desde abajo en cada tajo.
Desde el sindicato CGT estamos organizando charlas, encuentros, conferencias en espacios públicos, donde participen personas y grupos que están sufriendo este tipo de acoso por motivo de sus creencias, para denunciar la práctica sectaria de estos grupos integristas, cuya última cruzada conocida ha sido la denuncia contra los médicos gallegos, que finalmente desconectaron a una paciente menor de edad, en fase terminal, cuyos padres tuvieron que llegar a los juzgados para garantizar el derecho a una muerte digna.
