El movimiento feminista lleva años reivindicando los derechos de las mujeres, su reconocimiento y legislación, su defensa y aplicación efectiva en todas partes del mundo. Estamos en un momento en el que, poniendo a la crisis como excusa, el poder político, económico y religioso aúna sus fuerzas para imponer una regresión a los derechos de las mujeres, entre los que se encuentra el derecho al aborto. La mayoría de países del mundo han firmado acuerdos, tratados y convenciones internacionales que deben garantizar todos los derechos de las mujeres. Aun así, se vulnera el derecho al aborto y los relacionados con el ejercicio de este, como el derecho a decidir, a la salud, a la dignidad, los derechos sexuales, los reproductivos, e incluso el derecho a la vida.
Como expuso Marta Dolado en el marco del Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, Viena+20, Euskalherria 20131 celebrado en junio en Bilbao, «la restricción del derecho al aborto es una violación de los derechos humanos. […] Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer. […] El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que las restricciones al acceso al aborto legal y seguro pueden llevar a situaciones que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante».
Así ocurre en algunos Estados, como en El Salvador y Nicaragua, donde los gobiernos no dejan que las mujeres aborten en ninguna circunstancia, agravándose la situación al máximo, vulnerando el derecho a la vida. Relegan la vida de una mujer entendiendo que es un mero instrumento para el feto.
La legislación sobre el aborto es muy diversa según el país y el gobierno que esté al frente. No obstante, en la mayoría de Estados continúa estando castigado en el Código Penal. Mientras el aborto esté en el Código Penal, el derecho a decidir será negado y subordinado a la judicatura. Mientras abortar sea delito, habrá una inseguridad jurídica para las mujeres y profesionales que lo realizan. Solo la despenalización y un aborto libre y gratuito respaldan la libre decisión de las mujeres.
Ahora mismo, en el Estado español volvemos a vivir la amenaza del PP con una nueva ley de aborto dentro del Código Penal. Proponen volver a un sistema que solo admite la interrupción voluntaria del embarazo en algunos supuestos, cuestionando el derecho al aborto como derecho y volviendo a ser un delito con excepciones.
Una vez más, se quiere controlar el cuerpo de las mujeres. Estamos abocadas a la maternidad a pesar de que no sea nuestro deseo. Nuestro cuerpo pasa a ser un mero instrumento de gestación y no un ser con derechos. Estos se interpretan de tal forma que, en este pensamiento conservador, impera el derecho de un feto frente al de la mujer.
El gobierno desconoce o ignora los distintos acuerdos, tratados y convenciones internacionales que ha firmado y que deben garantizar todos los derechos de las mujeres. En vez de promover medidas que los cumplan, desarrollan leyes que los violan. Se nos elimina el derecho a decidir si queremos desarrollar nuestra capacidad reproductiva y tomar las medidas necesarias para llevar a término o no un embarazo; esto es, no tenemos autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No tenemos derecho a decidir, se subordina nuestra decisión a la valoración de la medicina y la judicatura, puesto que se interpreta que no tenemos capacidad para ello, tutelando las decisiones de las mujeres.
Cuando hablamos del derecho al aborto hablamos también del derecho a la autonomía. Justa Montero explicaba en el Tribunal que este derecho será efectivo cuando podamos practicar las decisiones tomadas y tener medios y servicios suficientes para ponerlas en práctica. Para ello, además de tener leyes que no restrinjan la libre decisión, el Estado debe garantizar medios suficientes para que podamos interrumpir un embarazo en la red sanitaria pública y castigar a quienes lo obstaculicen. De lo contrario, se estará discriminando a las mujeres.
Asimismo, cada mujer podrá tomar la decisión individual que considere según su moral, credo o circunstancia, pero no debemos admitir que la religión intervenga en la legislación de un Estado laico y aconfesional. Se deben promulgar políticas públicas que, además de respetar las creencias religiosas del ámbito privado, garanticen los derechos de las mujeres en el ámbito público. Hay que hacer frente al pensamiento que considera que las mujeres tenemos el derecho de ser madres y no el de decidir, y que lo principal es proteger al embrión y no a la mujer.
Los grupos antielección que se enorgullecen de hacer esa defensa a ultranza sobre la vida, no cuestionan que tenemos que «sobrevivir» como podamos. Cada día hay más recortes sociales, laborales y económicos avalados por el mismo poder que relega toda la carga de la reproducción social en las familias, que en definitiva recae en las mujeres. Hay que analizar la reforma de Gallardón en un contexto más amplio: no solo se está recortando el derecho al aborto, sino que se imponen una serie de medidas que suponen un retroceso en los avances de los derechos de las mujeres, abocándolas a las posiciones de ama de casa y cuidadoras a tiempo completo.
Es más, cuestionamos que realmente se pretenda proteger la vida, ya que las políticas restrictivas sobre el aborto conllevan a menudo muertes por abortos en clandestinidad de mujeres sin recursos.
A día de hoy, el aborto está criminalizado y estigmatizado tanto legal como socialmente. Hay que diferenciar entre un debate político y uno moral. La política no puede basarse en la moral de quien legisle, sino en la justicia para todas las personas, incluidas las mujeres. Si bien es un tema que se lleva reivindicando muchos años desde el feminismo, sigue siendo un tema tabú y hay que lograr que se genere una conciencia colectiva de la sociedad sobre esta vulneración del derecho. Todas tenemos que sumar fuerzas de los colectivos sociales para hacer frente a esta injustica.
Debemos exigir nuestro derecho a decidir, la despenalización del aborto y que este sea gratuito. En definitiva, que se cumplan los Derechos Humanos de las Mujeres.
