Las construcciones de las identidades colectivas pasan necesariamente por reconocerse entre semejantes. Personas con vivencias similares se ven reflejadas en sus iguales.
En el caso de la diversidad funcional ha prevalecido históricamente el afán de clasificarnos por tipos, según las manifestaciones más evidentes y medibles de «discapacidad» que la sociedad pueda detectarnos y pueda cuantificar.
Así, se nos ha venido agrupando a las personas con diversidad funcional física por un lado, por otro a las de las diversidades sensoriales y aparte a las personas con diversidad intelectual. Todas bajo el prisma de un modelo médico que mide hasta qué punto somos o no «capaces» de contribuir al entramado productivo y hasta qué punto representamos una «carga» para la sociedad.
Esta disgregación ha favorecido, sin duda, la falta de conciencia colectiva de un enorme grupo humano, personas que sí tienen algo en común: la discriminación soportada por presentar cuerpos no normativos, ajenos al modelo heteropatriarcal y, por tanto, sospechosas de ser inútiles al mismo.
Se trata de una visión alejada del enfoque de los Derechos Humanos, que nos sitúa en muchos casos en los márgenes de la sociedad y que alimenta al mismo tiempo la visión que sobre nosotras, las personas con diversidad funcional, tiene gran parte del resto de la población. Solo de esta forma se explican la naturalización de las exclusiones en los espacios de participación pública e incluso en el ámbito privado, o la normalizada imposibilidad de acceder a los servicios, algunos tan básicos como la educación o la sanidad, otros tan necesarios como el ocio y la cultura, por no hacer una lista detallada de todos y cada uno en los que las personas crecemos, nos cuidamos, socializamos y nos enriquecemos como tales.
Este enfoque propicia también la profusión de servicios asistencialistas y paternalistas que se han diseñado para nosotras: con la excusa de atender nuestras necesidades básicas, se mantiene un entramado de empresas y entidades que deciden, casi siempre, cómo, dónde y con quién debemos vivir. Muchas de ellas obteniendo importantes beneficios económicos.
Son las que nos llevan, nos traen, nos ofrecen formas de ocupar el tiempo y las que, finalmente, gestionan centros residenciales en los que se nos aparta de la sociedad.
Se trata de todo un sistema cosificador que señala, clasifica y segrega desde la infancia, en mayor o menor medida, dependiendo de factores como el grado o tipo de «discapacidad» o el lugar en el que vivas: no es lo mismo vivir en zona rural o en el extrarradio que en el centro de la ciudad, como no es lo mismo vivir en una planta baja que en un segundo sin ascensor, en caso de usar silla de ruedas, por ejemplo. Del mismo modo, influyen factores como la capacidad económica, aunque la media está muy por debajo de la población en general, o el género. En este último caso, todos los indicadores de exclusión están bastante por encima de los de nuestros iguales hombres.
Estamos hablando de personas que sobreviven con muchos de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, cercenados. Derechos humanos universales que se pueden concretar en dos: a la vida independiente y a vivir incluidas en la comunidad, ambos reconocidos por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 19.
Obviamente, tanta y tan sistemática vulnerabilidad inducida consigue generalmente socavar el estado de ánimo de cualquiera que la soporte.
Es fácil entender que, cuando un grupo tan numeroso de personas se ve sometido a este trato degradante de forma habitual, impedidas de desarrollarse y convivir en plenitud en la comunidad, se merma su capacidad de reacción hacia la opresión. Lo más común es que transiten por la vida intentando sortear los escollos que se les presentan, en un ejercicio de pura supervivencia y agradeciendo, en muchos casos, los alivios puntuales y casi nunca emancipadores que se les ofrecen.
Pero la historia nos enseña que donde hay opresión también suelen surgir movimientos o corrientes en su contra. En este caso, tras siglos de ignominia, surge a finales de los años sesenta el movimiento de Vida Independiente. Nace como respuesta a los anteriores paradigmas sobre la discapacidad y se sustenta en el llamado Modelo social que señala al entorno como responsable de las limitaciones y barreras, no solo las físicas, que se nos imponen. Pone en primer plano la dignidad intrínseca de todas las personas y el derecho a controlar nuestras propias vidas.
De esta forma se ven superados modelos como el de prescindencia (nuestras vidas no tienen valor o tienen menos valor) o el médico-rehabilitador (tu vida tiene valor si consigues corregir «tu discapacidad» o mediante el esfuerzo personal, adaptarte al entorno). Estos tres modelos siguen conviviendo a día de hoy, de ahí las discriminaciones mencionadas. Eso no impide que los postulados de Vida Independiente sigan extendiéndose y se vayan implantando trabajosa y lentamente por todo el planeta.
En España lo introdujo el Foro de Vida Independiente en 2001. De ahí surge un grupo de activistas que, diseminados por todo el Estado, venimos difundiendo desde entonces este modelo, una filosofía asentada en las ideas de dignidad, libertad, igualdad, diversidad humana y derecho a vivir cada cual según sus preferencias. De este Foro surge también el concepto de persona con diversidad funcional, contrapuesto al enfoque capacitista, poniendo el acento en el valor de la diversidad y en las discriminaciones soportadas por funcionar diferente para algunos aspectos de la vida. Siendo conscientes al mismo tiempo de que nadie escapa a la diversidad funcional, sea esta más o menos evidente o catalogada.
En Andalucía, un grupo de personas pertenecientes a FVI, decidimos hace años unirnos para fundar la asociación Vida Independiente Andalucía (VIAndalucía), en un intento de conseguir la implantación del Modelo en nuestra comunidad.
El camino no está siendo fácil: las resistencias institucionales son tremendas a pesar de la profusión de leyes que nos avalan. Tampoco está siendo fácil enfrentar la inercia asistencialista, muchas veces impulsada y mantenida por entidades del sector. O la visión paternalista, la ignorancia o el desprecio a nuestros derechos. Pero ahí seguimos, con el convencimiento de que tiene que llegar el momento en que todas, personas con o sin diversidad funcional, vivamos libres y en pie de igualdad.
