Es patente que nuestras ciudades envejecen y nosotrxs con ellas. Todas las personas, en algún momento de nuestra vida, vemos reducirse nuestra capacidad de movilidad, ya sea de manera transitoria o paulatina, cuando nos vamos haciendo mayores, es cuestión de tiempo. Pero no todas las personas vivimos en lugares adaptados a estas circunstancias. Es más, un porcentaje importante de la población, la mayoría mujeres, padece serios problemas para salir de su casa e ir a la calle, y de manera paradójica, su hogar acaba convirtiéndose en una cárcel sin rejas ni cerrojos simplemente con escaleras.
En el periodo 1962-1976 el denominado Plan Nacional de Vivienda (PNV) supuso la gran expansión urbana de muchas ciudades. Proliferaron barrios residenciales compuestos, en su mayoría, por bloques de viviendas (en altura) donde se alojarían muchas familias obreras migradas desde el campo en busca de una nueva vida.
En Sevilla, el proceso de construcción de vivienda social se vio intensificado por la riada de 1963, que dejó a miles de personas en la calle. Este déficit de viviendas, que se calculaba en unas 28 000 en el año 1968, justificó la concesión de facilidades constructivas, aminorando al máximo los espacios de convivencia y los equipamientos para que las actuaciones fueran más rentables. Así, se construyeron miles de edificios de vivienda social, ubicados principalmente en la periferia urbana, cerca de las áreas industriales y centros de producción, en bloques mayoritariamente de entre tres y cinco alturas que carecían de ascensores. De esos barros, estos lodos.
Según datos del INE del Censo de Población y Vivienda de 2011, en la ciudad de Sevilla un 76,58% de las viviendas se encuentran en edificios de cuatro o más plantas, de las cuales un 51,76% carece de condiciones adecuadas de accesibilidad. En relación al número de edificios, en Sevilla existen un total de 15 872 edificios de cuatro o más plantas, de los que 7 948 carecen de ascensor.
Un ejemplo de esta situación es la barriada de El Carmen en el distrito Macarena, en la que una plataforma vecinal se ha organizado para realizar un censo de personas con dificultades de accesibilidad en sus viviendas. Según los datos que han recopilado puerta a puerta en 30 bloques, se han identificado 103 casos de personas con graves problemas de movilidad: 44 personas de más de 65 años y 19 personas con diversidad funcional, presentando el resto alguna circunstancia temporal de movilidad reducida y que representa algo más del 20% de las viviendas de estos edificios (496 en total). Se dan casos de personas que llevan años sin poder pisar la calle y que subsisten gracias a la solidaridad vecinal.
Este no es un problema aislado y por ello el Defensor del Pueblo Andaluz realizó en 2010 un informe especial titulado El parque de viviendas sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad. En él se afirma que en torno al 9% de la población de Andalucía está afectada por alguna discapacidad, siendo en total 499 600 las personas discapacitadas en Andalucía que tienen problemas de movilidad, de las cuales un 65% son mujeres, la mayor parte de ellas mayores de 65 años. Y es que, además de la mayor longevidad de la mujer, parece que determinadas enfermedades que inciden en la movilidad afectan más a las mujeres. El informe explica que «a partir de una determinada edad, se está produciendo lo que se ha llamado una cierta “feminización” de la discapacidad y del envejecimiento poblacional», y continúa afirmando que «claramente en Andalucía hay un número superior de personas mayores que viven en edificios de tres o más plantas sobre rasante sin ascensor, que en aquellos que sí poseen esta instalación».
Se da además la circunstancia de que, con frecuencia, en muchos de los inmuebles que carecen de ascensor residen familias de bajo nivel adquisitivo que no poseen los medios económicos para afrontar el gasto de su instalación. En este sentido, el informe señala que si bien «existen una serie de ayudas destinadas a apoyar la dotación de estas instalaciones (…) No nos engañemos, estas son extraordinariamente limitadas para la demanda existente y aún más para la que presumiblemente va a haber dentro de muy poco años, dado el imparable aumento del porcentaje de personas mayores sobre el total de la población».
Por otra parte, la legislación es bastante clara en relación a esta cuestión. Como ejemplo, la ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía exige para que una vivienda pueda ser considerada digna y adecuada que reúna determinados requisitos y, entre ellos, que sea accesible. Sin olvidar que el Texto Refundido de la ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que la vivienda accesible debe ser una realidad antes del 4 de diciembre del presente año. Es decir, el tejido legislativo tendente a garantizar la accesibilidad en el propio hogar es amplio y además tiene fecha de caducidad.
En Sevilla, si bien ha habido algunos avances, estos han sido del todo insuficientes. El Ayuntamiento aprobó en 2007 la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial, con el objetivo de facilitar las condiciones para la instalación de estos aparatos. Sin embargo, en estos diez años, no se ha realizado siquiera un diagnóstico municipal para poder dimensionar el problema y realizar una planificación adecuada.
No obstante, el pasado julio salió una línea de subvenciones para actuaciones de mejora de la accesibilidad e instalación de ascensores en edificios residenciales, con un presupuesto total de 1,1 millones de euros para los próximos tres años, cantidad importante, aunque insuficiente, para resolver el problema en toda su magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que esta cantidad no alcanzaría a acometer ni medio centenar de intervenciones. Además de la falta de presupuesto, el plazo de presentación de solicitudes, como ya es costumbre, se ha limitado a un solo mes y en verano (del 6 de julio al 6 de agosto). A pesar de ello, se han presentado 132 solicitudes, la mayoría en Macarena (24 solicitudes), San Pablo-Santa Justa (24) y Cerro Amate (22), lo que ha llevado al gobierno municipal a tener que asumir la necesidad de abrir nuevas convocatorias próximamente.
Está claro que se trata de un problema silenciado y escondido, como las gentes que lo padecen, y que por su magnitud y su calado precisa de un diagnóstico que permita caracterizarlo tanto cuantitativa como cualitativamente, de modo que puedan planificarse acciones también a medio y corto plazo, medidas transitorias para los casos más graves y difíciles de solucionar, así como los medios materiales y humanos para gestionar el problema de los denominados «pisos cárcel». Será una tarea compleja pero que deberá acometerse no solo por justicia sino también por humanidad.
