¿El Ayuntamiento de Sevilla regala lo público? Las cesiones de edificios públicos no pueden convertirse en privatizaciones encubiertas. En Sevilla hemos sufrido una pérdida del patrimonio municipal mediante cesiones que encubren auténticos regalos, sobre todo a la Iglesia católica.
Las fronteras entre los bienes públicos y los privados son difusas, por más que el Registro de la Propiedad y el Catastro intenten fijar unos límites cartográficamente precisos y la legislación sobre el patrimonio de las administraciones públicas vele por su «custodia, protección y defensa» mediante numerosas «facultades y prerrogativas» de adquisición, ocupación, expropiación, inscripción, deslinde, recuperación, afectación, adscripción o incorporación. En el mundo del derecho los límites pueden ser claros, pero en el terreno de los hechos no es tan fácil distinguir si un bien es de uso público o si ha sido privatizado.
Intentando superar las formalidades del derecho, debemos partir de que lo relevante es la posesión, más que la propiedad. Lo que más importa no es la titularidad de los bienes (privado-público), sino el uso que se puede hacer de ellos (cerrado-abierto). Porque si una playa es de dominio público, pero tienes que pagarle al «hamaquero», ¿es pública o privada? Una plaza sin bancos y llena de veladores, ¿es pública o privada? Y una oficina municipal con un control de seguridad en la puerta, ¿es pública o privada?
Donde las fronteras entre lo público y lo privado se hacen ya nebulosas, es con las «concesiones del dominio público». Una autopista de peaje es una vía pública, pero la administración puede cedérsela a un «concesionario» para que cobre por su uso. Una playa es un espacio público, pero se le puede dar a un «emprendedor» para que ponga encima un chiringuito. Y una calle es por fuerza pública, pero se le puede dejar a una «hermandad» para que la corte, ponga sillas y cobre a quien se quiera sentar.
Lo más injusto de la concesión es que es muy barata para el concesionario y muy cara para sus propietarios (todos nosotros), mucho más que si tuviera que construir, comprar o alquilar el bien cedido. En el caso de las concesiones que ahora se revisten como «colaboración público-privada» llega a garantizarse su «rentabilidad» asumiendo la administración las posibles pérdidas, y dejándole al concesionario los probables beneficios. De hecho, ni los más liberales o neoliberales se resisten al dulce encanto de una concesión administrativa y a menudo recurren a esta modalidad de mamandurria para «reducir el papel del Estado», al tiempo que favorecen a sus socios.
En la ciudad de Sevilla tenemos numerosos ejemplos de concesiones de bienes públicos desde tiempos tan «inmemoriales» que ya es difícil considerarlos públicos. Grandes y valiosos terrenos como la ribera derecha de la dársena del río han sido objeto de tantas cesiones y concesiones que la han convertido en una sucesión de bares y clubs náuticos. Al igual que con los «mercados gourmet» que invaden las antiguas plazas de abasto, los centros deportivos que se han convertido en gimnasios, tantas entidades «sin ánimo de lucro» que ocupan edificios municipales, y el máximo ejemplo del estadio Ruiz de Lopera, de propiedad municipal, y cedido a una Sociedad Anónima Deportiva de propietarios dudosos.
Con las concesiones públicas a la Iglesia católica la confusión sí es realmente «inmemorial», porque nuestra negra historia se encargó de que la Iglesia y el Estado se mezclasen en formas difusas de poder, sobre todo en la educación y la cultura. La titularidad registral de los bienes de la Iglesia es un caso claro de cómo templos construidos con presupuestos públicos son usados e inscritos en el Registro como bienes de una entidad privada. Y es que en la mentalidad de mucha gente la Iglesia no acaba de ser considerada realmente privada, sino que se arrastra desde la Edad Media y se reforzó en el nacionalcatolicismo su visión como uno de los poderes del Estado.
Hasta fechas muy recientes, los templos católicos eran considerados en el planeamiento urbanístico como equipamientos públicos, al mismo nivel que los colegios o los hospitales. El Ayuntamiento de Sevilla, entre 1999 y 2007, adjudicó 12 derechos de superficie sobre solares municipales calificados como de interés público y social para entidades religiosas. Curiosamente, en 2008 el Ayuntamiento intentó cederle una parcela a la comunidad islámica y entonces el TSJ de Andalucía definió la actuación de la Administración como «fraude urbanístico», añadiendo que «no se puede ceder suelo público para intereses privados». Hasta que no vinieron los musulmanes a pedir un trato igual a los cristianos, nuestros tribunales no reconocieron que la Iglesia Católica no es una entidad pública.
Recientemente, las cesiones de la última corporación municipal a las hermandades —que son una especie de Iglesia dentro de la Iglesia— siguen en la línea de confundir lo público con lo privado. Los Baños de la Reina Mora, las naves de Becas o las obras de Santa Catalina han sido objeto de generosas donaciones municipales, con distintos resultados según los casos. En la cesión de los Baños de la Reina Mora el despropósito es tal que el Ayuntamiento primero le expropió el inmueble a la Hermandad de la Vera Cruz por su estado de abandono, después nos gastamos 1,3 millones de euros en restaurarlo y finalmente se lo ha cedido a la misma hermandad, que gozará del «uso privativo» de este hamán almohade durante 25 años, sin tener que pagar canon alguno. Y sobre las sillas de la «carrera oficial», basta con comparar los 5 millones de euros que se gasta el Ayuntamiento en el dispositivo de seguridad para la Semana Santa con los 4 millones de euros que se embolsa el Consejo de Hermandades, sin pagar el debido canon por ocupación de la vía pública. Y es que en la Semana Santa la confusión nacionalcatólica llega a extremos de absurdo.
Ante tanta canonjía, la nueva corporación que acaba de entrar en el Ayuntamiento de Sevilla tendría que hacer una revisión del inventario de bienes municipales en una especie de «auditoría ciudadana del patrimonio». Y seguro que aparece más de una «entidad sin ánimo de lucro» que «goza en precario» de edificios municipales. Y a partir de ahora habrá que introducir algo de transparencia y participación, para que cualquier cesión del patrimonio público se haga al menos con anuncio, proyecto y concurso público. Así, grandes contenedores vacíos como el Parque de Arte Sacro, las naves de Renfe, la fábrica de Artillería, las naves Singer… podrán ser puestas a disposición de quienes presenten proyectos innovadores y no de quien tenga mejores contactos.
