La prolongada pandemia debida a la covid19 ha revelado la verdadera naturaleza del régimen político en Serbia: su incompetencia e irresponsabilidad para brindar a la ciudadanía unos servicios públicos adecuados, al tiempo que ha puesto todos los recursos públicos al servicio de un objetivo, asegurarse las próximas elecciones presidenciales a principios de 2022.
Hace menos de un año, el Gobierno de coalición del presidente, Aleksandar Vučić, y su Partido Progresista Serbio, declaró el Estado de Emergencia y el toque de queda de manera ilegal e inconstitucional con la intención de controlar la pandemia. Tenían a su disposición instrumentos legales para asegurar el buen funcionamiento del Estado y de los servicios públicos, especialmente del sistema de salud. Sin embargo, impusieron unas medidas que debían ser el último recurso. Pronto las comparecencias del presidente, el primer ministro y el llamado equipo de crisis se convirtieron en acusaciones, se culpaba a la ciudadanía del aumento de contagios porque no respetaban las medidas impuestas. El Gobierno anunció que no se consideraría responsable de un eventual colapso del sistema sanitario.
El Estado de Emergencia se usó indebidamente para lograr un control aun más fuerte sobre el panorama mediático, el cual ya se caracterizaba por enormes interferencias (directas e indirectas) de los partidos gobernantes en las políticas editoriales de los medios públicos y privados. La mayoría de los medios privados en Serbia se han olvidado de los principios del periodismo independiente para garantizar beneficios económicos a través de publicidad pagada por el Estado. En Serbia existen pocos ejemplos de periodismo independiente y con un alcance bastante limitado.
En 2020, Freedom House declaró a Serbia como un país solo parcialmente libre. El deterioro de la democracia ha sido una tendencia gradual desde 2012, cuando el actual Gobierno neoconservador llegó al poder. Durante los últimos años, académicos nacionales e internacionales han aplicado una terminología diversa para describir la situación: «fachada democrática», «autoritarismo electoral», «régimen híbrido» y similares.
Todos coinciden en la identificación de los problemas: el uso indebido de los recursos públicos para la campaña electoral permanente del Gobierno; la presión constante sobre la plantilla de gobiernos locales, instituciones públicas y compañías participadas por el Gobierno cuyos trabajadores deben votar por los partidos gobernantes para conservar el empleo; la exclusión del pluralismo y la representación equitativa de los actores políticos y sociales en los medios de comunicación; el control del poder ejecutivo sobre la Fiscalía, el Poder Judicial y varias instituciones reguladoras independientes; y, en el caso de que la victoria electoral esté en peligro para el régimen, la intimidación a la oposición y sus votantes a través de amigos criminales.
¿Qué esperaba la ciudadanía en el último año? Quería un sistema de salud solvente, capaz de soportar la presión de la pandemia, y medidas de apoyo económico que permitieran quedarse en casa. Quería una solución creativa para el falso dilema de «salvar la salud o la economía», como si ambos no estuvieran relacionados. En cambio, el Estado respondió declarando un Estado de Emergencia, que no evitó ni el alto número de personas contagiadas de covid19 ni las altas cifras de personal sanitario que enfermó o falleció. Además, las ayudas económicas llegaron tarde y se limitaron a un desembolso único de 100 euros a todxs los ciudadanxs adultxs, sin importar sus condiciones socioeconómicas. Estas medidas no ayudaron de manera efectiva a lxs más vulnerables que, a menudo, ni siquiera están identificadxs.
A mediados de mayo de 2020, el Estado declaró «la victoria sobre la pandemia». Se revocaron todas las medidas adoptadas e incluso se permitieron partidos de fútbol con público con el objetivo de escenificar la vuelta a la normalidad. El Gobierno organizó rápidamente elecciones parlamentarias, que los partidos de oposición boicotearon debido a irregularidades constantes. Esto resultó en un parlamento que solo representa a la coalición gobernante. Al mismo tiempo, las elecciones provocaron un aumento del contagio entre la población.
Después de la constitución del nuevo viejo gobierno, se decretó un segundo confinamiento y el portal de medios independiente Balkan Investigative Reporting Network publicó un informe demostrando que el Gobierno había mentido y manipulado las estadísticas oficiales de fallecidos. La ciudadanía se rebeló y llevó su ira a las calles. Reclamaban la verdad y unos servicios adecuados. En cambio, se enfrentaron a la brutalidad policial y la represión. Durante una semana, las calles de Belgrado y otras ciudades se convirtieron en una zona de guerra. Por primera vez desde que asumió el poder hace 8 años, el Gobierno recurría a un aparato represivo estatal y policial y pidió ayuda a criminales para que se ocuparan de los ciudadanos en la calle.
Actualmente, todavía estamos luchando contra la pandemia, que supuestamente ya habíamos contenido con éxito, teniendo aún un alto número de contagios. El presidente y su Gobierno están apostando todo a una carta: la rápida vacunación de la ciudadanía. Su actitud se resume en: «no nos pregunte cuánto cuesta, no nos pregunte si Serbia está en el programa de pruebas de vacunación», pero el resultado es que Serbia se encuentra entre los países europeos que tienen el mayor número de dosis por población.
Parece que el régimen considera la vacunación como la solución mágica para una campaña preelectoral exitosa que los impulse en las presidenciales de 2022. Además, la vacunación funciona como una cortina de humo para cualquier pregunta sobre la naturaleza del régimen, la deteriorada economía y los derechos humanos y el bienestar socioeconómico de la ciudadanía.
