La precariedad, como el capitalismo, ha ido extendiéndose hacia nuevos sectores, pero aquellas personas que siempre han estado precarizadas han visto agravada su situación hasta niveles insostenibles. La investigación universitaria ha estado marcada desde siempre por la falta de inversión, de estabilidad y de planes estratégicos que aseguraran continuidad y futuro. Si eso es así para muchas investigadoras de amplia trayectoria, imaginaos la situación de quienes están en el último escalón: los investigadores y las investigadoras predoctorales.
Son jóvenes (y no tan jóvenes) que acceden a contratos mientras desarrollan su tesis en universidades públicas u organismos de investigación. Trabajan 37 horas a la semana por unos 1 000 euros al mes y los contratos duran un máximo de 4 años.
En 2019 se elaboró el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) que reguló su situación; sin embargo, el documento no recogía una de las principales reivindicaciones del colectivo: el derecho a recibir una indemnización cuando finaliza el contrato como cualquier trabajador. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón en este tema en una sentencia de 2019, sin embargo, el Tribunal Supremo falló en contra al recurrirse la decisión.
Aunque la indemnización por despido es su caballo de batalla, tienen más frentes abiertos. El colectivo FPU Investiga nos explica que hay otros derechos con los que cuentan el resto de trabajadoras que no tienen todos los predoctorales, por ejemplo, las subidas salariales como empleadas públicas o el reconocimiento del complemento de antigüedad por trienios. «Este cúmulo de despropósitos nos lleva a pensar que somos trabajadoras de segunda, ya que producimos igual que todas pero contando con menos derechos. Esto es una situación anómala y tremendamente injusta», afirman.
También reclaman las prórrogas de todos los contratos predoctorales vigentes durante el estado de alarma del 2020, ya que sus investigaciones fueron paralizadas y se vieron afectadas por el cierre de archivos, laboratorios, etc.
La incertidumbre en la que vive el colectivo es constante, como ellas mismas nos cuentan los continuos retrasos en la publicación de convocatorias y resoluciones ocasionan problemas como la autofinanciación de estancias en el extranjero o falta de planificación en las tareas de la tesis. Posteriormente, esta situación no mejora y es que nunca sabes lo que va a pasar al acabar tu contrato predoctoral. De hecho, la mayoría de compañeras acaban en el paro o en el extranjero. En España no hay una continuidad clara entre acabar la tesis y continuar la carrera investigadora, básicamente porque las convocatorias posdoctorales son irrisorias y las plazas estables para investigar salen con cuentagotas y destinadas a aquellas personas que han ido aguantando y encadenando contratos temporales y precarios. En definitiva, la apuesta por la investigación en este país se reduce a una frase que queda muy bien a nivel publicitario para los políticos pero no se aprecia en medidas reales.
El Pacto por la Ciencia y la Innovación parecía que abría una nueva oportunidad, pero este se firmó en febrero sin recoger sus principales preocupaciones. Ante esto, desde el colectivo FPU Investiga, anuncian que no se van a dar por vencidas: «seguiremos luchando como hasta ahora. No pedimos un trato de favor ni derechos que no tengan otras profesionales en este país, sino un trato en igualdad de condiciones y que nos permita abandonar la precariedad en la que nos hemos instaurado las investigadoras predoctorales». Además anuncian la convocatoria de manifestaciones virtuales a través de las redes sociales (miércoles a las 12:00) mientras dure la situación de pandemia y campañas para que la gente sea consciente «de la situación a la que nos enfrentamos las investigadoras predoctorales y de que, al final, la ciencia es necesaria si pretendemos cambiar el modelo productivo del país. ¿Alguien se ha preguntado, por ejemplo, qué hubiera supuesto que la primera vacuna contra la covid hubiera tenido origen en España?».
