El pasado 21 de octubre civiles saharauis cortaron el paso de Guerguerat, abierto unilateralmente por Marruecos en el sur del muro militar que construyó en los 80 y que hoy divide en dos el mapa del Sahara Occidental. El Gobierno saharaui comunicó su cierre a la Minurso, la misión de Naciones Unidas para el referéndum, aclarando que en la directiva militar n.º 1 —firmada a finales de los 90 por el Polisario y Marruecos como anexo al plan de alto al fuego— no figuraba esta brecha, por tanto, ilegal. Fuerzas marroquíes se concentraron en la zona. Los cascos azules que vigilaban la protesta «preguntaban cada día a los manifestantes cuándo iban a abrir la brecha, convirtiéndose así en defensores del invasor marroquí y no del referéndum para el que fue creada la misión», declaraba el responsable militar saharaui en la zona, el comandante Mohamed Alal.
Este paso se abrió en 2001 para exportar los recursos que Marruecos extrae de las zonas ocupadas con participación de empresas europeas. Desde entonces, el Polisario ha presentado más de 50 denuncias a Naciones Unidas. En 2016, Marruecos intentó ampliar a través de la brecha la carretera que ya había construido en las zonas ocupadas, al objeto de facilitar el tráfico de camiones y su ocupación hasta la frontera mauritana del bufferzone (una franja desmilitarizada de 5 km situada en la zona bajo control del Polisario según los acuerdos). El Ejército saharaui paralizó las obras, lo que bloqueó el paso. Escaló la tensión, pero finalmente en abril de 2017 se retiró de la zona ante el llamamiento de la ONU.
«El Ejército marroquí no puede intervenir para reabrir la brecha ya que la manifestación pacífica se ubica fuera del muro minado. Además, ello significaría el retorno a la guerra», afirmaba en octubre el intelectual mauritano Ismael Shej Sidía. Pero el 7 de noviembre, tras su discurso anual en conmemoración de la Marcha Verde, Mohamed VI envió al Guerguerat la Tercera Brigada Motorizada. En la madrugada del 13, esta fuerza de élite del ejército marroquí cruzó a la franja desmilitarizada para desmantelar el campamento de protesta. Ese mismo día, el presidente saharaui Brahim Galli envió una carta urgente a la ONU reclamando una condena enérgica de los hechos. Pero no hubo respuesta oficial. «Ante este acto de agresión —escribía—, las fuerzas militares saharauis se han visto obligadas a enfrentarse a las fuerzas marroquíes en legítima defensa y protección a la población civil». Al día siguiente decretaba el fin del compromiso con el alto el fuego firmado en 1991.
Estalló una guerra que actores implicados se empeñan en ocultar, empezando por Marruecos. El Sahara Occidental es una baza para los intereses del sultán alauí, un monarca absolutista que gestiona su feudo con mano férrea y un «maquillaje demócrata» que le aconsejan sus aliados occidentales. Prefiere utilizar la realpolitik, los chantajes y las promesas, que cumplirá o no.
Y por esa vía llegó el tuit de Trump, el cual reconocía la marroquinidad del Sahara Occidental ocupado, y el revuelo internacional. «El presidente Trump ha revelado una vez más su desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos básicos al reconocer oficialmente la ocupación criminal y brutal del Sahara Occidental por Marruecos —declaraba Noam Chomsky tras el anuncio—. Esto fue claramente un regalo para Marruecos a cambio de su aceptación de la solicitud de Trump de reconocer la ocupación criminal y brutal de Israel de la Cisjordania palestina». Similares críticas hicieron James Baker, padre del plan de paz, y John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, que pedía a Biden revertir la decisión y justificaba que el Polisario pudiera optar por regresar al campo de batalla.
Hasta la ministra González Laya pidió respeto a las resoluciones de la ONU. Aunque nuestro país sigue perdiendo peso en el conflicto y, como dice Bolton, refiriéndose a España y Francia como actores que podrían promover su resolución: «If they choose not to say anything, they should remain silent bystanders», invitándolos a quedarse callados.
La actitud del secretario general Antonio Guterres tampoco ha ayudado y con él se va difuminando el compromiso del referéndum de los papeles de la ONU. Escribía Ebnu, poeta y diplomático saharaui, que «el secretario general de la ONU afirme, sin ningún rubor, que una brecha ilegal, hecha por un régimen de ocupación ilegal en un muro ilegal, es un paso para mercancías y personas, es sencillamente vergonzoso (…) ¡Qué vergüenza! Hablar de la libertad de movimiento, hablar de libertad de circulación, cuando en el Sahara Occidental desde hace más de 45 años está prohibida la libertad. ¡Pero ya no importa!»
«Todos somos conscientes de que la independencia del pueblo saharaui no se nos va a dar, hay que quitársela al invasor marroquí —declaraba el comandante Alal desde el frente próximo al Guerguerat—. El estado de ánimo de los jóvenes es muy alto». Paradójicamente, la vuelta a las armas ha abierto una ventana de esperanza para la frustrada juventud saharaui.
Como 45 años atrás, los hombres se alistan en masa y las mujeres asumen la gestión total del refugio: salud, educación, supervivencia, etc. En las zonas ocupadas, la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (Isacom), que aglutina a activistas como Aminatou Haidar y Elghalia Djimi, denuncia una escalada de la represión. Los colectivos de periodistas saharauis que allí trabajan en la clandestinidad para intentar romper el bloqueo informativo, como Equipe Media o Nushatta, son perseguidos policial y jurídicamente según Amnistía Internacional.
«Nadie quiere la guerra, pero nuestros corazones están hechos para liberar el Sahara Occidental», gritan las mujeres saharauis en las manifestaciones que se suceden por todo el Estado español. La resistencia es condición constituyente del pueblo saharaui del siglo XXI, lo que obliga a Marruecos a culminar su genocidio si quiere perpetuar la ocupación. Ha dado un nuevo paso, calculado o en falso, ya que la guerra no tendrá buena acogida entre la castigada sociedad marroquí ni en su maltrecha economía. Sabemos cómo ha empezado, no cómo terminará. Podría convertirse en un conflicto global en el norte de África, porque Argelia —además de recordar su compromiso con el pueblo saharaui— ha denunciado movimientos para desestabilizar su país. No se precisan lo que algunos bolsillos llaman «soluciones realistas» para construir una paz duradera en la zona. Son necesarias y urgentes, justicia y «política de altura».
