En los últimos años se ha producido un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Las personas de origen migrante, las refugiadas, las peticionarias de asilo, les hijes de familias migrantes nacides en este territorio, las heterogéneas comunidades «no blancas» violentadas en su cotidianidad por el racismo institucional y social, han adquirido un mayor protagonismo en la lucha por la transformación y la justicia social.
Este cambio viene precedido de históricas resistencias migrantes. El legado recogido es un compromiso político contra las lógicas del colonialismo, el capitalismo y el machismo: exotización, deshumanización, persecución, criminalización, encierro, explotación y exterminio. En último término, es un acuerdo comunitario para proteger nuestros derechos y garantizar una vida digna para todas.
El movimiento #RegularizaciónYa se puede enmarcar en esta génesis de lucha política. El papel de las mujeres migrantes en este movimiento, ha sido (es) fundamental, como fuerza impulsora y organizadora de la práctica totalidad del trabajo que ha llevado a cabo el movimiento durante estos meses. Esta participación ha implicado que, a la interna y externa del movimiento, se pusieran en marcha prácticas políticas antipatriarcales y de cuidados.
Nuestro movimiento ha introducido en el debate público la necesidad de llevar a cabo una regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas. La regularización extraordinaria es una vía que se complementa con dos de nuestras principales reivindicaciones: la derogación de la ley de extranjería y un cambio de paradigma de la política migratoria que priorice la protección y promoción de derechos de las personas migrantes en España.
La migración incide en cada dimensión de los derechos humanos, derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos y el ejercicio de ciudadanía, por lo tanto la política migratoria debe poner en el centro el cuidado de la vida, de condiciones dignas de trabajo, de igualdad de oportunidades, del derecho a la vida en familia, de protección de las infancias y juventudes que migran, de la participación social y política y no solo las necesidades de la economía. El Estado español es responsable de garantizar los derechos de todas las personas que habitan en su territorio y de desarrollar políticas adecuadas para este fin.
En este sentido, elaboramos una campaña de incidencia para que una de las medidas estrellas de este gobierno progresista, el ingreso mínimo vital, no dejara fuera a las personas migrantes en situación administrativa irregular. Finalmente, unas de las partes más vulnerabilizadas de nuestro país, aquellas cuyo trabajo fue considerado esencial durante el confinamiento, se quedó fuera de esta medida, siendo discriminada institucionalmente, al convertir este derecho en un privilegio, primando su situación administrativa frente a la salvaguarda de sus derechos fundamentales. Esto demuestra en sí que «fuerzas progresistas o de izquierdas» no es sinónimo de compromiso con los derechos de las personas migrantes, ni tampoco de llevar a cabo políticas igualitarias y mucho menos antirracistas.
A pesar de que se ha constatado que el trabajo jornalero ha sido esencial para sostener nuestras vidas durante el confinamiento, el abandono institucional de los jornaleros migrantes en situación administrativa irregular ha seguido siendo la política de Estado llevada a cabo por el Gobierno. Esta práctica visibiliza el pacto entre las patronales del campo y algunas administraciones. Es una cuestión que viene dándose desde hace más de 15 años y, que, en sí, pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las jornaleras que sufren las consecuencias de la alianza colonial entre el racismo, el patriarcado y el capital.
El movimiento buscó responder a otras vulneraciones de derechos que se dan en España contrarias a todas las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos y salud pública emitieron sobre la situación de las personas migrantes privadas de libertad. Las personas encerradas en el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Melilla, llevaron a cabo una serie de protestas; algunos de ellos se pusieron en huelga de hambre, para denunciar las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban. La respuesta del ministro del Interior, Grande Marlaska, fue la de presionar para que se expulsara, en el menor tiempo posible, a las personas de origen tunecino, las mismas que estaban encabezando las protestas.
Gran parte de nuestro trabajo se ha concentrado en conseguir un hito histórico: que se debata por primera vez en el pleno del Congreso de las Diputadas una proposición no de ley (PNL) elaborada por un movimiento autoorganizado migrante y organizaciones antirracistas.
Esta PNL construida desde las bases de #RegularizacionYa y Coordinadora Obrim Frontera, apoyada por más de 1 500 entidades, es un nuevo esfuerzo de nuestro movimiento de presionar a este gobierno progresista para que no deje fuera a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Sus demandas son medidas integrales que se enfocan en reconocer y garantizar el acceso a derechos.
Nuestra PNL se discutirá en el pleno del Congreso de las Diputadas en las próximas semanas, en nuestros cálculos entra que no se apruebe, desde el principio marcamos que nuestro objetivo era llevar el debate al Congreso para presionar a los diferentes grupos parlamentarios y visibilizar la posición de aquellos que dicen hacer políticas para no dejar a nadie atrás, que plantean que tenemos una constitución antirracista e incluso difunde en sus redes mensajes de apoyo al movimiento #BlackLivesMatters, cuando en nuestro contexto implementan políticas que excluyen, criminalizan, explotan, expulsan y matan a personas negras.
Después del debate en el pleno, seguiremos luchando y construyendo este sujeto político migrante, autónomo, de base, porque uno de nuestros grandes logros es que hemos asentado el cambio de paradigma que se venía dando en los últimos años. No necesitamos a nadie que nos represente, que hable por nosotras, que nos de voz, que nos diga qué estrategia política debemos seguir. Hemos demostrado, una vez más, que las comunidades migrantes estamos cargadas de historia, de dignidad revolucionaria y de vida. No pararemos hasta conseguir la regularización inmediata, permanente, sin condiciones y amplia, se lo debemos a nuestras ancestras y ancestros y a las vidas de hermanas y hermanos que se quedaron por el camino.
