Una vez más, las putas alzamos nuestras voces en estas páginas. Como siempre desde nuestros tacones, levantando nuestro paraguas rojo y acompañadas por nuestras pilinguis (aliadas), en este caso por Tamara González, investigadora y activista del Colectivo Prostitutas de Sevilla.
Como ya sabréis, el dicho «más callá que una puta» no caracteriza a este colectivo. Otra vez más volvemos sin pelos en la lengua a contar cómo vivimos sin derechos como trabajadoras sexuales ni herramientas para reclamar los derechos que se nos vulneran como ciudadanas.
Aparentemente, el problema de la prostitución es una cuestión de moral y de vulneración de derechos de las mujeres pero, si miras dos veces el impedimento principal para reconocer derechos laborales a las prostitutas, se convierte en una lucha por los intereses económicos de los empresarios del alterne y del Estado, apoyada por el discurso del feminismo abolicionista.
El 94% de las mujeres que ofrece servicios sexuales en España lo hace en espacios cerrados, ya sean clubes, pisos o centros de masajes. Las ordenanzas municipales que multan a las mujeres y la imposibilidad de acceso a vivienda sin tener una nómina, explica este alto porcentaje. El trabajo sexual en clubes es muy diverso, pero no deja de ser trabajo por cuenta ajena en situación de total desprotección legal. Las mujeres que ejercen dentro de clubes no están, por regla general, dadas de alta en la seguridad social, desde que el gobierno de Felipe González regulara el alterne, los clubes cambiaron de estrategia y empezaron a funcionar como lugares de hospedaje cobrando a las mujeres entre 50 y 120 euros por noche. Sin embargo, en la provincia de Sevilla tan solo uno de los clubes tiene licencia para tal actividad. El resto rezan como bares sin cocina, karaokes o salas de fiesta. Según la nueva gestión de clubes, las mujeres que ofrecen servicios sexuales pasan a ser clientas de un supuesto hotel en el que deben limpiar la habitación cada día y tienen hora de entrada y salida, pero ni las asociaciones abolicionistas, ni Facua, han reclamado por los derechos de ellas como mujeres o como consumidoras.
Las experiencias de compañeras que trabajan en estos espacios son muy diversas, pero todas parten de una situación de indefensión frente al empresario. En los clubes se suele trabajar por plaza, periodos de 21 días en los que las mujeres en sus habitaciones deben estar 24 horas disponibles para trabajar. Cuando un servicio es requerido deben presentarse para que el cliente elija, pudiendo ser multadas si se quedan dormidas o llegan tarde.
Además, hay que tener en cuenta que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son migrantes, una parte importante en administrativa irregular. Esta situación hace que en los clubes se produzcan abusos no solo relacionados con el trabajo sexual en sí, sino también con la documentación y la situación legal de las mujeres. La experiencia de las asociaciones y entidades que actúan visitando estos espacios.
y dando asistencia a mujeres, refleja que la mayoría no tienen acceso a sanidad pública principalmente por falta de información, falta de padrón y engaño de los gestores de los clubes. Ante el desconocimiento y el miedo a ser descubiertas sin papeles, las mujeres acceden a pagar seguros de salud que se venden directamente por los gestores de los clubes a precios muy superiores que en el mercado.
Aunque en España disfrutamos del acceso universal a la asistencia sanitaria pública, este solo se puede hacer efectivo si las mujeres están empadronadas, lo que dificulta mucho el ejercicio efectivo de este derecho salvo en ciudades como Barcelona, donde es posible empadronarse en la ciudad sin domicilio fijo.
Otro de los abusos cometidos en los clubes son los controles de enfermedades de transmisión sexual impuestos por los dueños y pagados por las mujeres, también a precios inflados para sacar tajada de esta gestión. Y es que en los clubes de alterne se generan muchos ingresos y puestos de trabajo que no están directamente relacionados con el sexo: en ellos se vende oro, ropa y todo tipo de productos de higiene y de primera necesidad, a los que las mujeres que viven allí no tienen acceso debido a la situación geográfica alejada de los núcleos urbanos que normalmente ocupan estos espacios.
Mientras que el debate sobre la prostitución se polariza y divide el feminismo haciendo casi imposible plantear el discurso entre las dos posiciones ideológicas contrarias, hay 95 000 mujeres ejerciendo en clubes en dependencia de terceros sin derechos laborales ni garantías judiciales. El objetivo abolicionista de eliminar la prostitución en el futuro se está olvidando de la vulneración de derechos que se está produciendo hoy. Por eso el debate en torno a la prostitución no puede ser otro que ¿putas clandestinas o con derechos?
La regulación de la prostitución como una actividad laboral que se pudiera realizar por cuenta ajena es una cuestión bastante controvertida que debería hilarse fino porque están en juego bienes jurídicos muy importantes. Pero de nuevo la realidad se impone y es que de hecho ya hay trabajadoras sexuales ejerciendo en clubes por cuenta ajena contra las que se comente delitos de explotación laboral y no pueden denunciar porque, al no ser consideradas trabajadoras, no se les aplica la normativa laboral ni las garantías previstas en el apartado primero del art. 311 del Código Penal. Aunque la relación de laboralidad y dependencia es clara, y hay sentencia de tribunales de lo social que así lo consideran, en España un contrato de trabajo que tenga por objeto los servicios sexuales es contrario al ordenamiento jurídico. Por lo que tenemos una realidad que es ilegal y a la vez favorecida por las políticas públicas implantadas, pero el problema que más parece preocupar a la vicepresidenta Calvo es que las trabajadoras sexuales se sindicalicen para denunciar los abusos que se producen dentro de esos clubs.
Porque aunque el feminismo abolicionista insista en que la regulación de la prostitución es violencia hacia la mujer, parece olvidarse de que la prostitución ya está regulada en España, concretamente en el Código Penal, en la ley de seguridad ciudadana y en ordenanzas locales, de manera punitiva generando violencia y vulneración de derechos hacia las mujeres que ejercen la prostitución. Parece olvidarse también de que el movimiento proderechos no pide la regulación de la prostitución (al menos no bajo un modelo alemán u holandés); la primera consigna de las mujeres que ofrecen servicios sexuales es la descriminalización, que las mujeres que ejercen la prostitución no sean perseguidas, expulsadas y victimizadas. Son numerosas las fuentes que recogen cómo este modelo regulador, en la práctica, se caracteriza por quitar poder de actuación a las mujeres y abocarlas a trabajar para terceros, que son siempre empresarios en posiciones privilegiadas. Además, la regulación en ese tipo de sistemas implica crear dos categorías de trabajadoras sexuales: las que reúnen los requisitos para poder regularizarse (recursos, asesoramiento, situación administrativa regular, etc.) y las que quedan fuera porque no los cumplen; así se convierten en ilegales con las correspondientes repercusiones administrativas, penales y migratorias.
Ante este panorama, quienes ejercen la prostitución y ofrecen servicios sexuales reclaman, primero, la total descriminalización del trabajo sexual y, segundo, el reconocimiento de derechos laborales a todas las trabajadoras de la industria del sexo. Esta fórmula es la única que concentra toda la autonomía en las manos de las mujeres cualquiera que sea su situación. Esto que parece una utopía está funcionando en Nueva Zelanda, donde en 2018 no se registró ni una sola víctima de trata con fines de explotación sexual.
El Gobierno de coalición que está trabajando en una ley para erradicar la trata no lo está haciendo desde el modelo neozelandés, sino desde el abolicionismo con el horizonte puesto en el modelo nórdico implantado en Suecia que ninguna prueba está dando de ser efectivo y de no empeorar la situación de las mujeres. Y si bien el Gobierno se define abolicionista, como también lo hizo la Audiencia Nacional en la sentencia donde se anula por completo los estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), el marco legislativo español entorno a la prostitución es, cuanto menos, abolicionista. Pudiendo dividirse en dos categorías: la normativa que regula la prostitución ejercida en calle, de clara tendencia prohibicionista, y la normativa que regula el ejercicio en clubes, que se podría categorizar como regulacionista.
En primer lugar, la ley de seguridad ciudadana sanciona la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial y la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal. Esta normativa se traduce en persecución, sanciones económicas y procedimientos de expulsión contra las mujeres. Es importante destacar que el 70% de las multas impuestas lo son a mujeres que ofrecen servicios sexuales frente al 30% que se ha impuesto a los clientes. Una tónica parecida siguen las hasta 26 ordenanzas municipales que regulan de alguna manera el ofrecimiento de servicios sexuales, todas de carácter punitivo.
Por su parte, no hay normativa estatal que regule el ejercicio de la prostitución en espacios cerrados, solo el Decreto 217/2002 y la Orden PRE/335/2003 de Cataluña. En estas se describen los requisitos que han de cumplir los locales de pública concurrencia en los que se ejerce la prostitución. El art. 2 define la prestación de servicios de naturaleza sexual como «la actividad ejercida de manera libre e independiente por el prestador o prestadora del servicio con otras personas a cambio de una contraprestación económica bajo su responsabilidad, sin que haya vínculo de subordinación alguna respecto de la elección de la actividad». Esta comunidad autónoma ha regulado el trabajo sexual como actividad autónoma e independiente, no criminalizada, en el ejercicio de sus competencias en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos de pública concurrencia. El decreto fue impugnado por numerosas asociaciones de mujeres, ya que esta regulación supone la legalización de la prestación de servicios sexuales y siendo esto contrario al ordenamiento jurídico español. Finalmente, el Tribunal Supremo en sentencia 506/2007 se pronunció sobre la legalidad del decreto afirmando que «la regulación administrativa lo único que pretende es minimizar o disminuir los efectos perjudiciales de una actividad que, siendo indeseable, se consiente por los poderes públicos por derivarse de su estricta prohibición unos efectos aún más perniciosos que los que se derivan de su tolerancia».
Es cuanto menos llamativo que el mismo Gobierno abolicionista mantenga dos estrategias tan distintas para el mismo fenómeno. Pareciera que las políticas públicas tienen por objetivo principal eliminar la prostitución de calle y favorecer los clubes. En estos no se multa a los clientes, no hay quejas de los vecinos, ni escraches de asociaciones abolicionistas. Ni siquiera hay impedimento legal para que los empresarios que los gestionan se organicen en una asociación que mire por sus intereses económicos. Es también curioso que el mismo «Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena», adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949 y utilizado para negar el derecho de sindicación a las trabajadoras sexuales, no fuese impedimento alguno para que el Tribunal Supremo ratificase el derecho de MESALINA a constituirse como asociación de empresarios aunque específicamente se refiere a las casas de prostitución en su artículo segundo.
La situación legal actual es contradictoria e hipócrita con el discurso sostenido, pero beneficia claramente a una parte de los agentes involucrados en la prostitución: los clubes y el Gobierno. Los clubes, sin tener que pagar seguridad social, tienen trabajadoras que generan 4100 millones de euros anuales a las que pueden explotar sin miedo a ser denunciados. Aunque el Código Penal castigue el proxenetismo, han encontrado la fórmula para lucrarse con la prostitución de otra persona y, además, gracias a la ayuda del feminismo institucional, no tienen que preocuparse por los sindicatos de trabajadoras que puedan reclamar por sus derechos.
Por su parte, desde 2011, el Gobierno pudo aumentar en un 0,35% el PIB gracias a los ingresos generados por la prostitución, lo que permitió reducir la deuda externa y mejorar las condiciones del rescate bancario de 2012. En última instancia, el Gobierno y las instituciones públicas se están beneficiando de los ingresos que genera la prostitución. Como dirían las putas, estamos todos comiendo pan de coño.
Nota bibliográfica:
ABITS (2017). Informe anual. Dirección de Feminismos y LGTBI del Área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia de la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de
Barcelona
