El recién elegido Gobierno anuncia, dentro de los 100 primeros días, compromisos para afrontar la emergencia climática. Sin embargo, seguimos aún muy lejos de reconocer las indicaciones científicas. La magnitud de los cambios necesarios nos debería llevar a una transformación completa del empleo y el trabajo, pero seguimos sin asumir que además de reducir las emisiones hay que reducir el consumo.
La cumbre de cambio climático celebrada el pasado diciembre en la ciudad de Madrid fue el escaparate perfecto para que muchos políticos mostraran su enorme preocupación ante la crisis climática que enfrentamos. El reconocimiento del concepto de «emergencia climática» se ha plasmado en numerosas declaraciones más simbólicas que reales que vienen a reconocer «lo que dice la ciencia». Un concepto que parece restringirse a lo que son los impactos del cambio climático, es decir, el incremento de sequías, fenómenos meteorológicos extremos, grandes incendios forestales… Curiosamente las declaraciones de emergencia olvidan mencionar las reducciones marcadas por la ciencia.
El propio secretariado de las Naciones Unidas no ha querido que esto pase desapercibido, así, el pasado noviembre publicaba un informe que afirmaba con contundencia que las emisiones a nivel global deberían descender del orden de un 7,6% mundial. Un ritmo de descenso de las emisiones mundiales que no tiene en cuenta un principio de justicia climática que indica que los países más emisores históricamente deberían hacer recortes muy superiores, en el entorno del 10% anual. Una comparación de estos indicadores sería la caída de la industria soviética en los años 90 que alcanzó reducciones del 4%.
La realidad es que los compromisos presentados por el actual Gobierno español apenas llegan a alcanzar una reducción anual de un 3,5% de las emisiones. Los representantes políticos aciertan al decir que son objetivos alineados con la UE pues, en efecto, en todos los casos son claramente insuficientes. El camino aún se antoja largo. Muchas de las medidas planteadas en la declaración de emergencia climática aprobada por el Consejo de Ministrxs eran compromisos adquiridos ante la Unión Europea o piezas legislativas que habían quedado pendientes la legislatura pasada. Entre ellas, la ley de Cambio Climático, una normativa que viene existiendo desde 2008 en muchos países de nuestro entorno y que viene siendo prometida desde hace años por gobiernos del PP y del PSOE.
Entre las obligaciones europeas destaca el conocido como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el documento que debe servir como guía para la descarbonización de la economía española. La metodología utilizada para el diseño de horizontes que asumen las máximas de un crecimiento sostenido ya aleja el cálculo de la comprensión real de las repercusiones de la emergencia. Prueba de ello es cómo incluso el 58% de la energía ahorra-da a través de mejoras de la eficiencia será utilizada para nuevos consumos energéticos, reforzando aún más nuestra dependencia de energía y materiales.
Alcanzar un horizonte eléctrico 100% renovable debería ser una máxima de la próxima década. Una sustitución tecnológica que no puede obviar las restricciones territoriales de nuestro país, del mismo modo que no debe seguir dejando en manos del oligopolio energético el desarrollo de grandes infraestructuras energéticas, pues la sostenibilidad del futuro pasa por la descentralización, el autoconsumo y la reducción de escala.
Es preocupante la falta de medidas en sectores tan clave como la movilidad, que es en estos momentos el mayor emisor. Junto a las imprescindibles medidas de «zonas de bajas emisiones», se hace fundamental apuntalar un cambio modal hacia la reducción del vehículo motorizado privado y los transportes por la red de carreteras.
Apenas se aborda en el discurso climático la creciente industrialización del campo, el deterioro de las condiciones de la agricultura comercial en manos de las gran¬des plataformas logísticas o la entrada de productos con una alta huella de carbono, que muestran precisamente la problemática y las potencialidades de este sector en la lucha climática. Fortalecer las redes agrarias locales y de pequeña escala, para ir encaminándonos hacia un modelo agroecológico, no solo reduce el impacto climático, sino que ayuda a frenar el continuo desmantelamiento de la agricultura tradicional que lleva años practicándose en el país e intenta paliar los procesos de vaciamiento rural.
El debate climático es enormemente profundo, las consecuencias de las reducciones necesarias afectan a todos los sectores y, especialmente, a debates como el empleo o la distribución de los recursos. Por ello, Ecologistas en Acción consideró necesario aventurarse a modelizar distintos escenarios de lucha climática y sus repercusiones en el trabajo. Un ejercicio que ayuda a imaginar los efectos que determinadas políticas podrían tener en el binomio de horas de trabajo y emisiones de gases de efecto invernadero. Los ocho autores del informe realizan una modelización de tres escenarios: continuar con las dinámicas actua-les (Bussines as Usual [seguir actuando igual], BAU), uno de los horizontes considerado dentro de la filosofía Green New Deal [nuevo pacto verde] (GND) y, por último, un horizonte que considera una reducción robusta en energía y materia¬les, nombrado como decrecimiento (D).
La modelización realizada arroja varias conclusiones: la más obvia es que el escenario BAU es completa¬mente incompatible con la lucha climática, pues supondría un aumento de las emisiones en un 21% en 2030. Mientras que el escenario GND se sitúa cerca de esa reducción recomendada por la ONU del 7,6% anual, sin embargo, es inca¬paz de alcanzar la contribución justa que sería necesario. Solo el escenario D consigue reducciones cercanas al criterio de justicia climática, con un ritmo de reducción de al menos el 10% anual.
Este ejercicio de abstracción apunta además a cómo, sin la complicidad del cambio del sistema de empleo o de otras cuestiones de carácter macroeconómico, será difícil proceder a la transición necesaria. Especialmente beneficiosas resultan las medidas de reducción de la jornada laboral, así, la reducción a 30 horas de trabajo a la semana y su distribución equitativa. Del mismo modo, ambos escenarios (GND y D) cuestionan el imaginario de un futuro que mantiene una inviable sociedad de consumo.
La respuesta necesaria para afrontar la emergencia climática será sin duda un crisol de soluciones. Las modelizaciones presentadas coinciden en lo obvio, que el camino necesario pasa por una transformación radical del sistema. Declarar la emergencia climática está bien, pero será inútil si se continúa en el error de creernos en el buen camino pensando que sin una transformación radical del sistema habrá un futuro que defender.
