Los debates dentro de la izquierda plantean si es más importante empezar por la lucha de clase, la lucha contra el racismo, contra el patriarcado o contra el desarrollismo. Muchos de estos debates buscan una respuesta unívoca del tipo: «la clase en el centro» o «lo racial es lo determinante». La polarización en los debates obvia algo esencial y es que estas son realidades entrecruzadas, indisolubles que se encarnan en los cuerpos de trabajadores, y que se manifiesta con mayor violencia dependiendo del género y el origen.
Cuando decimos que el neoliberalismo se basa en la explotación del trabajo, asalariado o no, y que esta explotación se realiza entrecruzando diferentes ejes de opresión, como son el género y la raza, no estamos diciendo algo abstracto e intangible. Esta evidencia de la alianza opresiva entre clase-raza-género puede verse, olerse y tocarse a escasos kilómetros de la Sevilla natal de esta publicación: en la macro explotación del fruto rojo de Huelva. Además, esta acumulación de riquezas no solo necesita la explotación del trabajo vivo, sino que necesita también la sobre-explotación de la tierra y los recursos naturales. La agricultura intensiva del fruto rojo en Huelva es un claro ejemplo de todo esto.
Bajemos esta hipótesis de la alianza clase-raza-género-desarrollismo a la tierra de Huelva.
La explotación laboral de la fresa
En Huelva se dedican once mil hectáreas al cultivo del fruto rojo, aunque popularmente se conoce como la fresa. Huelva produce el 100% de la frambuesa española, el 96% de los arándanos y el 97% de la fresa. Durante los meses de marzo a mayo se lleva a cabo la recolección de la fruta, una tarea que, se calcula, necesita más de ochenta mil personas trabajando. Los beneficios que supone el cultivo de este fruto para la comarca onubense ascienden a cuatrocientos millones de euros.
Las empresas que conforman la patronal fresera, al igual que cualquier patronal, tienen dos recursos disponibles para aumentar sus beneficios: la innovación tecnológica y el abaratamiento del salario. La innovación tecnológica en un proyecto empresarial como este es muy limitada. Cultivar bajo los invernaderos, los famosos plásticos, supuso en su día una de estas innovaciones tecnológica que disparó los beneficios porque permitió producir fresas fuera de sus ciclos naturales. Sin embargo, la innovación tecnológica toca techo y, máxime en la recolección y por la propia delicadeza del fruto, no permite usar máquinas. La mata de la fresa no es un olivo al que se pueda zarandear con una máquina para la recolección: se necesitan manos. El único recurso que tiene la patronal para aumentar beneficios es por tanto el salario, es decir, pagar lo menos posible por el mayor trabajo posible, para lo que requiere a las personas que más necesitan el ingreso. Veamos tres estrategias utilizadas para este abaratamiento salarial que revierte directamente en las ganancias de la empresa:
- El Convenio del campo de Huelva es el que establece el salario más bajo para esta labor en el Estado español. En la actualidad el salario día para una jornada de trabajo es de cuarenta y dos euros, un precio por debajo del nuevo salario mínimo interprofesional. Para que pudiera pactarse un salario mayor sería necesario que los sindicatos negociaran con presión frente a la patronal. La realidad es que los sindicatos mayoritarios firmantes del Convenio huyen de esta confrontación y temen romper la paz social de la industria más importante de la provincia. Los sindicatos minoritarios, con una tradición más combativa, tienen poca representación en la comarca principalmente porque la población jornalera es inmigrante con mucha movilidad y difícilmente se quedan a construir sindicatos.
- Otro de los recursos para abaratar el salario lo puso en bandeja la propia ley de extranjería. Esta ley permite la contratación de personas trabajadoras en su país de origen que vendrán directamente para la campaña de recogida de la fruta y se volverán cuando esta acabe. Este año vinieron más de 19 000 mujeres marroquíes a través de esta posibilidad que otorga la ley de extranjería. Las jornaleras desconocen el Convenio y gran parte de sus derechos, viven en situaciones de aislamiento en las fincas y se les ocultan los mecanismos que deben activar en el caso de que sufran algún abuso empresarial. En teoría deben cobrar el salario que establece en el Convenio del campo en la provincia, pero según sus testimonios rara vez lo cobran y sus posibilidades de reclamar judicialmente son escasas porque entre otros motivos serán devueltas en cuanto acabe la campaña. En la parte del salario legal que la patronal no paga a estas trabajadoras está la ganancia empresarial.
- Otro mecanismo histórico que la patronal tiene para abaratar los salarios es tener una mano de obra de reserva dispuesta siempre a trabajar más por menos porque sus necesidades de supervivencia son extremas. Esta función la cumple en Huelva las personas inmigrantes que viven en los asentamientos chabolistas. Más de 1500 personas malviven en estos asentamientos sin agua, luz o saneamientos básicos, en viviendas autoconstruidas, a la espera de poder trabajar algunos días en el campo e ingresar así algún salario. En su mayoría son hombres originarios de Ghana, Malí, Marruecos, Rumanía y Senegal, aunque la población de mujeres comienza a ascender. Esta mano de obra en situaciones de extrema necesidad estará dispuesta a vender su fuerza de trabajo por un salario bajo a cambio de obtener alguna mejora vital. A la vez es un mecanismo de contención para la lucha sindical de otras personas trabajadoras que no se quejarán si sufren algún recorte en sus derechos porque siempre existe una persona inmigrante con extremas necesidades dispuesta a hacer su trabajo por menos dinero.
La explotación racial de la fresa
Como viene exponiéndose, uno de los recursos del capital para obtener mayores beneficios es abaratar salarios y esto será más fácil cuanto más extremas sean las condiciones vitales de las personas trabajadoras. Según el orden económico mundial, las personas hijas de la colonia, es decir, no occidentales, siempre estarán en una desventaja económica respecto a occidente.
El mundo funciona por la sustracción sistemática de recursos materiales y humanos de dos terceras partes de la población mundial hacia una primera parte. Esta ordenación económica, que comienza en el siglo XV con la expansión del capitalismo, situó en la jerarquía de la pirámide social a la población europea blanca y las poblaciones del resto del mundo quedaron convertidas en colonias productoras de materias primas y cuerpos trabajadores baratos en pos del desarrollo de la Europa blanca. Es por esto que el racismo es un factor de ordenación de la riqueza en el mundo y no solo una actitud de intolerancia de los diferentes como suele usarse coloquialmente. Por eso siempre es más barato contratar a personas migrantes: porque son más pobres.
El contrato en origen de personas trabajadoras inmigrantes se empezó a utilizar con población de Europa del Este y las jornaleras eran polacas, lituanas o ucranianas. En el año 2006 se decidió cambiar por población marroquí y el acuerdo se hace desde entonces con el Reino de Marruecos. Esta decisión no fue casual. Las trabajadoras de Europa del Este eran problemáticas, exigían derechos, salían de noche, querían quedarse después de la campaña y hasta se echaban novios onubenses. Las marroquíes se presentaban como una opción más dócil: son musulmanas, salen menos, deben respeto a sus familias y maridos, no se han criado en el comunismo y están naturalmente acostumbradas a servir sin rechistar. Esto es el racismo y el colonialismo como estrategia de explotación a favor de los intereses del capital.
La explotación de género en la fresa
La patronal fresera solo quiere mujeres. Como decíamos al principio, durante la recogida de la fresa se requieren varios miles de personas trabajando. Muchas de ellas son mujeres y hombres autóctonos, pero para los puestos que no se llegan a cubrir con la población autóctona se requiere la contratación de personas inmigrantes. Para esto es para lo que se utiliza la contratación en origen. Al Gobierno marroquí se le hacen llegar las necesidades de mano de obra de cada empresa y se encargarán de una preselección en origen. La patronal les hace llegar el número de personas que necesita y sus cualidades. Hay una cualidad en la que coinciden al 100% todas las empresas: que sean mujeres. Además, se requiere que tengan familia a su cargo en su país de origen, al menos un hijo menor de 12 años. Los empresarios justifican la decisión por la delicadeza que requiere el trabajo de la recogida de la fresa. La realidad que se oculta detrás es que en el imaginario machista se considera que una mujer será menos conflictiva sindicalmente que un hombre a la hora de reclamar sus derechos. Si a esto además se le suma que es una mujer pobre, que por el mismo trabajo de recolección en su país cobra un jornal de siete euros, que tiene hijos a su cargo y una familia musulmana, su docilidad será mayor. Fue viral aquel vídeo del encargado de una finca amenazando a las mujeres con contarle a la familia cómo se portaban. La infantilización en el trato es muy común: incluso en declaraciones públicas, los empresarios hablan de castigos a las trabajadoras en lugar de sanciones laborales. La mujer pobre, musulmana, inmigrante y con hijo a su cargo, se convierte en el sujeto perfecto para abaratar salarios y condiciones laborales, en general, sin temor a una respuesta sindical organizada. Cuando hablamos de la alianza entre el capital y el patriarcado no es solo una consigna, es esto.
La sobrexplotación de la tierra en la fresa
La producción fresera está regada con las aguas subterráneas que nutren las lagunas y los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía reconoce que el 15% de estos riegos son ilegales pero las asociaciones ecologistas que trabajan en la zona mantienen que el 30% de las plantaciones de fresa se nutren de acuíferos ilegales que afectan directamente al Parque Natural. Esto supone que una de cada tres hectáreas de plantaciones de fruto rojo se riega ilegalmente a costa de las aguas subterráneas del Parque. En la actualidad, España se enfrenta a una sanción por incumplir la normativa europea sobre aguas. Sin embargo, la Junta de Andalucía se niega a declarar la zona con acuíferos sobrexplotados en una clara connivencia con los intereses de la patronal fresera. Los expertos insisten en equilibrar la explotación económica con la protección de los recursos naturales de Doñana, pero por ahora el capital va ganando. Este agotamiento de los acuíferos repercute directamente en la perdida de biodiversidad. La supervivencia de varias especies autóctonas de aves, mamíferos, plantas e insectos está en peligro. Esto no va de salvar pajaritos desmontando la economía local y la renta de muchas familias. Esto va de que la pérdida de biodiversidad repercute en la desaparición del ecosistema que nos procura el alimento, el agua y la salud. Estamos cortando la rama del árbol sobre la que estamos sentadas.
De lo aquí contado se puede concluir que la ganancia de la patronal fresera pasa por el abaratamiento de las condiciones de trabajo de las jornaleras y jornaleros. Y que, para que este ataque a los derechos de personas trabajadoras genere la menor protesta posible, se escogen a las personas en una situación de vulnerabilidad mayor. En un sistema-mundo patriarcal y racista las personas en una situación de mayor vulnerabilidad son las personas no-blancas que no habitan en Occidente, la migración y, de entre estas gentes, las mujeres. Pobreza, machismo, racismo e insostenibilidad de la tierra al servicio de la ganancia del capital.
Ante esta realidad tenemos que tomar posiciones. Podemos reivindicar y luchar por una subida del convenio, por el saneamiento de los asentamientos chabolistas, para que acudan inspecciones de trabajo, por papeles para todas y para que la Junta de Andalucía declare la sobrexplotación de los acuíferos. Podemos y hacemos todo esto, pero hace falta más. Hace falta pararse a pensar si es posible que un tipo de economía que requiere esta sobrexplotación de la tierra y las personas entre dentro de un marco donde los derechos de todas estuvieran garantizados. Posiblemente, a pesar de todas nuestras conquistas salariales, la situación seguiría siendo incompatible con la dignidad humana y la salvaguarda del territorio. Tenemos que ir a más y proponer soluciones reales, teniendo en cuenta que este negocio cubre el sustento de numerosas personas autóctonas e inmigrantes. Una nueva economía sostenible, ordenada y local que garantice las cosas del comer a todas, y no solo a la patronal, debe estar entre nuestras prioridades políticas para una salida realista y duradera a esta sinrazón.
