Andalucía se ha convertido en la campeona del turismo a escala estatal. Tras un periodo de cierto estancamiento por la crisis internacional, desde 2013 se produce un fuerte incremento anual de la entrada de turistas en Andalucía. En el momento previo a la crisis, en 2007, Andalucía recibió 25 millones de visitantes y, en la actualidad, han llegado a los 30 millones. ¿Cuáles han sido las razones de este incremento? ¿Qué repercusiones tiene el turismo en Andalucía? ¿Hasta qué punto Andalucía debería apostar por un modelo económico casi exclusivamente basado en este sector? Esbozamos algunas de estas preguntas a continuación: prepárense que vienen curvas.
Se mezclan una serie de factores que nos han llevado a la actual situación de bonanza en la que se habla del turismo como uno de los principales motores de la economía andaluza. Un contexto internacional, en el que destinos que tradicionalmente han sido focos de atracción de turismo extranjero se han visto debilitados, unido a un corpus normativo garantista hacia la actividad y que ha cercenado la seguridad del inquilinato, a lo que se le suma la irrupción de las plataformas de alquiler de viviendas con fines turísticos y animados por una política de bajo coste de combustible para las empresas low cost, dibujan el boom de una actividad que bate récords, no solo en el Estado español o Andalucía. El 2018 cerró con 1326 millones de llegadas de turistas a aeropuertos internacionales, lo cual supone un crecimiento del 7% con respecto al año anterior y el mayor crecimiento en siete años, desde 2010, según datos de la Organización Mundial del Turismo.
En el Estado español, el incremento del turismo durante la «recuperación económica» ha sido empujado por el mercado extranjero. Lo cual muestra una progresiva debilidad del mercado interno como motor de la economía y refleja la tendencia internacional de incremento de los viajes. El peso del turismo extranjero ha subido hasta superar el 40% del total y además supone la mayoría de las pernoctaciones, 29 millones frente a 23 de españoles, invirtiendo la tendencia previa a la crisis (Balance del año turístico en Andalucía, Junta de Andalucía, 2017). Esto se debe a un cambio en la preferencia de otros destinos internacionales que, acuciados por crisis socio-políticas, han dejado de tener el peso que tenían anteriormente. Un cambio que, por otra parte, refleja la volatilidad del mercado turístico internacional, el cual puede cambiar sus preferencias influido por factores que escapan a la calidad de la oferta de destinos o a las políticas de promoción que puedan realizarse.
Los ingresos por turismo se calculan en 20,6 miles de millones de euros, lo que representa el 12,8% del PIB, con una tasa de crecimiento del 5,5% alimentado por el creciente flujo de turistas. Los rubros que más aportan al PIB andaluz son, por este orden, los restaurantes, comercio, hoteles y actividades inmobiliarias (Balance del año turístico en Andalucía, Junta de Andalucía, 2018). Esto es resultado de una economía que desde la década de los setenta depende del sobredimensionamiento de un complejo turístico-inmobiliario, iniciado en el franquismo con la explotación de la Costa del Sol para el turismo europeo, que tiende a marginar otros sectores de la economía. Así, desde los años ochenta, el sector servicios, ha pasado a suponer más de tres cuartas partes del PIB, donde la combinación entre el sector turístico y el inmobiliario-financiero son determinantes, mientras el peso de las actividades estrictamente productivas (industria y agricultura) no ha parado de reducirse. El comercio, hostelería y transportes y el sector de la construcción y servicios inmobiliarios, llegaron a sumar un 45% del empleo en Andalucía (censo de 2001). La crisis económica afectó especialmente al sector de la construcción y servicios inmobiliarios, que entre 2001 y 2011 pasó de suponer un 21% de los contratos a apenas un 10%. Esto ha implicado una mayor dependencia directa del sector turístico, lo que se evidencia principalmente en el crecimiento del rubro del comercio-hostelería y transportes, que supone más de una cuarta parte del empleo en Andalucía.
Pero el turismo también le cuesta dinero a las arcas públicas, aunque la Junta de Andalucía no incluya esta inversión en su Balance anual (¡qué curioso!). El gasto, o inversión según se mire, que la Junta destinó a la promoción del turismo en 2018 fue de unos 120 millones de euros. A esto, hay que sumarle las inversiones que ciudades y mancomunidades de municipios destinan por separado para la promoción de sus destinos. En Sevilla, por ejemplo, el gasto operativo en promoción turística en 2018 fue de más de 3 600 000€, según datos del presupuesto municipal.
Por otro lado, el empleo que genera el turismo es de baja calidad. El empleo administrativo en el sector turístico es apenas un 7,6 % y el de profesionales y el de personal técnico apenas supera el 8%, con lo que la mayor parte del trabajo responde a peones manuales con baja cualificación. Un 28% son empleos a jornada parcial, una tendencia que se ha incrementado enormemente desde 2008. De estos, tres cuartas partes lo están no como una elección propia, sino por no haber encontrado trabajo a jornada completa. Cerca de un 50% de los contratos del sector son temporales, frente algo más del 35% en el total de la economía. La tendencia, especialmente desde la «recuperación económica», ha sido al incremento del peso del trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales y el cuentapropismo (ver Balance del año turístico en Andalucía, Junta de Andalucía, 2018).
Una serie de reformas legislativas han posibilitado esta situación. Una vez que la burbuja inmobiliaria explotó en 2008, el sector se contrajo a relamerse las heridas mientras se tejían las urdimbres necesarias para reactivar el negocio. Por ello, la ley de flexibilización de mercado del alquiler, desarrollada en 2013, no solo redujo los derechos de las personas inquilinas bajo el pretexto de dinamizar el mercado, sino que, además, transfirió las competencias legislativas de las recién aparecidas viviendas con fines turísticos a las diferentes comunidades autónomas. Esto, que en Andalucía se tradujo en el decreto de viviendas turísticas de 2016, dibuja un escenario en el que el sector inmobiliario se sentía como en los viejos tiempos de los pelotazos urbanísticos. En Andalucía, lejos de ejercer una función protectora del derecho a la vivienda, el decreto ha propiciado un aumento paulatino de registros de este tipo de viviendas desde su creación. Algo que choca frontalmente con la exposición de motivos, en la cual se reconoce el impacto que tiene este tipo de alojamientos en el territorio, sobre la convivencia en las comunidades vecinales y sobre el medio ambiente; de ahí la necesidad de regularlo.
¿Cómo ha afectado esto a la oferta de plazas de camas destinadas a fines turísticos? Andalucía contaba en 2017 con 39 651 establecimientos y 643 015 plazas de alojamiento turístico reglado. Esto supone un crecimiento de plazas del 12,5%, ligado principalmente al incremento de las viviendas con fines turísticos y las viviendas turísticas de alojamiento rural. Sin embargo, las viviendas registradas en el Registro Andaluz de Viviendas con Fines Turísticos (VFTs), distan mucho de las que realmente están siendo ofertadas en los diversos portales existentes para tal efecto. Andalucía cuenta con 117 385 viviendas en plataformas de VFT según los datos de DataHippo. De las cuales probablemente encontremos algunos anuncios que se duplican. No obstante, dista mucho de las 44 628 viviendas registradas en el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. Así, si vamos a las cifras de viviendas de los principales portales, Airbnb y Homeaway, en Andalucía hay 74 157 y 28 143 respectivamente. Haciendo zoom en algunas provincias, Málaga superaba los 48 000 establecimientos en febrero de 2019, siendo la segunda provincia del Estado con mayor número de establecimientos. También, siendo la zona de Andalucía en la que más se incrementó el precio de las viviendas según datos del portal Idealista. En Cádiz se llega a las 17 240 viviendas, Sevilla y Granada superan los 10 000, Almería los 7000 y tan solo Huelva y Jaén se quedan por debajo de cifras de 5000 establecimientos. Cabría por otra parte pararse a realizar un análisis de la distribución de estas viviendas sobre el territorio. La mayor parte de la oferta se concentra, sin lugar a dudas, en la zona costera. La costa andaluza, y no exclusivamente los centros urbanos de los pueblos costeros, está repleta de VFTs. A pesar de una supuesta ley de costas que tendría que proteger el litoral de los efectos devoradores de los intereses inmobiliarios, hemos alicatado gran parte del litoral del estado. Se calcula que entre 1985 y 2005 se han urbanizado 2 hectáreas al día de los 500 primeros kilómetros de costa. Andalucía es la tercera región del estado con la costa más degradada con un 15,4%. Casi la totalidad de espacios que no tienen una figura de protección ambiental ha recibido los efectos de la presión inmobiliaria. Tenemos localidades como Marbella, por ejemplo, que tienen el 90% de su costa urbanizada y cuya tendencia no cesa.
Si miramos a la concentración de estos anuncios en pocas manos, se desdibuja esa imagen tópica sobre el “modelo de negocio” que se vende de airbnb, como una forma de economía colaborativa que complementa los ingresos familiares de personas con una o dos propiedades. En Sevilla, el 5,8% de anunciantes acumulan el 33,6% de la oferta (según datos de Datahippo) En Málaga, hay un 6,4% y, en Marbella, 4,3% acumulando un 37,5, un 31,7 y un 24,7% de las viviendas ofertadas. La nacionalidad de los propietarios también desdibuja la imagen tópica de la familia que saca un ingreso extra. El 37% de las VFT, registradas en Andalucía pertenece a propietarios extranjeros que han invertido al albur del pelotazo colaborativo. En el caso de Málaga, superan el 50%.
Al incremento del turismo costero andaluz, hay que añadirle la incidencia del denominado turismo cultural sobre los centros históricos. Muchos de los centros históricos más importantes de Andalucía pasaron por procesos de declive durante la segunda mitad del siglo XX, perdiendo gran parte de su población y de su patrimonio edilicio. La reinversión de estos espacios se produjo, en muchos casos durante los dos últimos ciclos inmobiliarios alcistas, en algunos casos provocando procesos de incremento de la población y de rejuvenecimiento, así como de gentrificación. El impacto de los pisos turísticos ha desembocado en dinámicas de fuerte competencia por el suelo con el mercado residencial, que están conduciendo a nuevos procesos de desplazamiento. Esto no sucede en todos los casos. Cádiz no ha parado de perder población en ningún momento desde los años noventa y el Albaycín de Granada no ha parado de ganarla. En otros casos este proceso sí es evidente. Durante la primera década del siglo XXI centros históricos como el de Sevilla, Córdoba (excluyendo la Judería), Málaga o Granada (excluyendo el Albaycín) ganaron población, en la mayoría de los casos incluso durante el periodo de crisis. Sin embargo, en el contexto de «recuperación económica», desde 2014, con el impacto del incremento del turismo y de los apartamentos turísticos, todas estas zonas pasan a perder población todos los años. En algunos casos estas pérdidas son considerables, como en Sevilla, que había ganado cerca de 6000 habitantes en el periodo previo pero que ha perdido 2000 desde 2014 (datos extraídos de SIMA, IAECA).
Así pues, el turismo es hoy día un elemento con un impacto incuestionable en la ordenación territorial andaluza. La casi reducción de la estacionalidad turística, tanto en el litoral como en entornos rurales, ha provocado que el impacto sobre la vivienda, expulse a la población local del mismo modo que ha ocurrido con los centros históricos de las capitales de provincia. Sin embargo, los impactos del turismo no solo se circunscriben a la vivienda. El turismo articula un sistema socioeconómico que ejerce influencia en el mercado laboral, el pequeño comercio, el patrimonio, el ocio, y en las actividades productivas primarias y secundarias. Perfila, por otra parte, un territorio pensado por y para el turismo, con pueblos dedicados a un monocultivo económico que los hace muy vulnerables a la volatilidad del sector. Si las resistencias al turismo están siendo complicadas en las metrópolis andaluzas, nos preocupan los impactos y la dependencia del turismo en sitios como en Ronda, en los pueblos aledaños del Caminito del Rey, en Baeza o en los pueblos situados en parques naturales, como la Sierra de Aracena o Sierra Nevada, por citar solo algunos de ellos. Nos preocupa que cuando pinche esta burbuja, que pinchará, deje un territorio desarticulado y con poca capacidad de recuperación. Nos preocupa hasta que Andalucía viva por el turismo, los ladrillos y la humanidad.
