El pasado 18 de octubre la plantilla de los Servicios Sociales y de la Mujer llevamos a cabo una huelga sin precedentes. La primera jornada de 24 horas de huelga propia que surgía directamente desde la plantilla. La huelga fue ampliamente secundada y recibió el apoyo de otros colectivos.
Los Servicios Sociales y de la Mujer tienen atribuidas funciones para atender situaciones de riesgo y/o dificultad social en diferentes ámbitos y sectores de población tales como menores y familias, mujer, mayores, dependencia, discapacidad, chabolismo, personas sin hogar, actuación en zonas con necesidades de trasformación social, etc.
Las empleadas y empleados municipales denunciamos el deterioro de estos Servicios. Lejos de avanzar en la configuración de un sistema público de la calidad, es inaceptable el estado en el que se encuentran los recursos sociales de nuestra ciudad. Por ejemplo, la mayoría de los Centros de Servicios Sociales no podemos garantizar la atención a las demandas de la población en tiempo adecuado, con listas de esperas de mes y medio, e incluso de más tres meses, expedientes en espera de tramitación, sobrecarga laboral, etc. La plantilla municipal de estos Servicios sentimos frustración ante esta situación de colapso, y que pese a nuestro esfuerzo profesional no podemos solucionar. Y es que los Servicios Sociales y de la Mujer vienen soportando durante años la falta de medios y una dotación de personal insuficiente, inestable y precaria. Existen centros donde el personal estructural no es superior a tres profesionales. Del total de la plantilla, en torno a un 40% depende de programas con jornadas reducidas y parciales. En el porcentaje restante ha de incluirse al personal interino que ocupan plazas estructurales. Más de la mitad de la plantilla es inestable. Así, la temporalidad a través de la interinidad ha sido la tónica de funcionamiento. Las categorías con profesiones técnicas primordiales en el desarrollo de los Servicios Sociales (Trabajo Social, Psicología, Educación Social, Graduado Social) llevan más de una década sin oposiciones. En algunas de estas categorías se han ofertado plazas sin que las mismas llegarán a convocarse nunca, caducando las ofertas de empleo.
Esta situación de precariedad no solo afecta a la plantilla. Va contra la consecución de un sistema público de servicios sociales de calidad. A fin de ejemplificar la evidencia de cómo esta situación afecta a los derechos ciudadanos podemos señalar la situación en la queda la atención a la dependencia y tramitación de aspectos previsto en la Ley 39/2006, cuando dos días después de la huelga finaliza el contrato de las 26 profesionales que venían ocupándose de esta labor; el incumplimiento de la figura del profesional de referencia recogido en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía para garantizar el carácter integral de los itinerarios de atención y su continuidad; las dificultades para la ejecución del Decreto-Ley andaluz 3/2017, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía que requiere el seguimiento de las personas beneficiarias a los 6 meses, siendo el contrato de las 13 compañeras y compañeros para tal fin inferior a 4 meses y con jornada de 5 horas y media; el desarrollo de las competencias municipales establecidas por la Ley Andaluza 7/2018 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género mediante centros escasos con plantilla inestable también sometida a reducción de jornada, etc.
El actual gobierno municipal reconocía desde la oposición la necesidad de estabilidad e incremento de la plantilla. Sin embargo, lejos de revertir la situación, existe un sentimiento generalizado en el personal técnico de empeoramiento, habiéndose acentuado la saturación del sistema. El incremento del presupuesto para ayudas sin aumento de personal o genera un modelo basado únicamente en la gestión de recursos. En garantía de los derechos subjetivos de la ciudadanía se intensifican las funciones y competencias a desarrollar desde estos Servicios. Para poder afrontar tales funciones, con la calidad que merece la ciudadanía, se requiere de un ejercicio de responsabilidad pública por parte del gobierno municipal para que ponga fin a medidas “parches” y acabe, de una vez, con la inestabilidad y temporalidad. Hay que establecer medidas de estabilización y consolidación de las plazas existentes y aumentar notoriamente la plantilla estructural de los Servicios Sociales y del Servicio de la Mujer.
