Hace 5 años, 2013, sucedieron en Nicaragua dos cosas en particular en el ámbito de lo público: la primera es que el Gobierno decretó la ley 840, con la que otorgaba la concesión de una parte del territorio nacional a una empresa china, para la construcción de un megaproyecto que en teoría concluiría con un canal transoceánico, que competiría con el canal de Panamá. Muchas personas cuestionaron el proyecto con serias objeciones medioambientales, por la concesión de una parte importante del territorio y prebendas a una empresa extranjera, y por la autoridad que la ley le daba al Gobierno para expropiar las tierras por donde atravesaría el Canal, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Otras personas, en las que me incluyo, sospechamos que el proyecto era una farsa para la expropiación de esas tierras. Como producto de esto irrumpió un potente movimiento campesino en defensa de la tierra, con modelos no tradicionales de liderazgos: la campesina Francisca Ramírez es su voz más reconocida.
La segunda es que en ese año hubo una serie de recortes al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) y las personas mayores salieron a protestar. Ya había sucedido muchas veces pero, en ese momento, jóvenes estudiantes les fueron a acuerpar y acompañar. Estas y estos estudiantes fueron reprimidos por pandillas y miembros de la Juventud Sandinista que atacaban con protección policial. Golpes, maltratos, acosos sexuales, robos, detenciones; fueron algunas de las situaciones que se vivieron entonces. Mucha gente de la sociedad civil se sumó a la protección de este grupo de jóvenes y mayores. Una generación se estaba pariendo así misma como parte del futuro del país.
Para entender ese momento debemos regresar más aún en el tiempo:
El período conocido como Revolución Popular Sandinista empezó con el derrocamiento del dictador Somoza en 1979 y se acabó en 1990, cuando Daniel Ortega perdió la presidencia de Nicaragua en unas elecciones. Entonces ese partido manifestó las profundas grietas y diferencias que lo aquejaban desde mucho antes, y el FSLN se rompió. Buena parte de su dirigencia y una parte de sus bases se alejó.
Daniel volvió a la presidencia en el 2006; lo logró a través de un pacto con Arnoldo Alemán (uno de los políticos de derecha más corruptos del mundo), con las iglesias evangélicas y con la parte más conservadora de la Iglesia católica. Volvió un FSLN transformado, con un discurso y estética cercanos a una letanía religiosa.
Lo primero que hizo fue desmarcarse, alejarse y satanizar a los movimientos sociales, los grupos feministas y cualquier atisbo de pensamiento crítico de izquierdas y de ciudadanía en general. Lo segundo, aliarse con el poder económico en manos de la empresa privada y pactar con ellos el ejercicio de gobierno. Pronto hizo reformas a la ley electoral para permanecer en el poder; cooptó el instituto electoral y desde ahí corrompió todos los comicios. La relación con el país se volvió radicalmente clientelar: en el segundo país más pobre de América, las obligaciones sociales del Estado se aplican como si fuesen regalos del presidente para la gente mas pobre.
Las decisiones cuestionables del ejercicio de gobierno (como la concesión canalera), la corrupción de sus instituciones, la confusión de Estado-partido-familia, el nepotismo y el enriquecimiento de la familia Ortega, empezaron a acumularse.
Abril del 2018. De repente, a todo esto se sumó algo más; algo que tiene que ver con el bono demográfico y con la transformación de modos de «ser social» de las generaciones emergentes. Y ese algo hizo que de repente todo cambiara.
En las semanas anteriores a las actual crisis, protestaban por la (falta de) respuesta del Gobierno frente al incendio de Indio Maíz, 6300 hectáreas de una zona de reserva protegida, que a su vez acumula una serie de conflictos territoriales e identitarios. En este contexto un grupo de jóvenes encaró a un profesor en la universidad que además es el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional; su respuesta fue muy autoritaria —y grabada con un teléfono celular—. Este video corrió como la pólvora, aumentó la indignación de una parte de esta generación y despertó la de otra parte.
Así estaban las cosas cuando el Gobierno decretó nuevas reformas al INSS. El estudiantado protestó apoyando a las personas mayores y fue reprimido por fuerzas paramilitares protegidas por la policía, como es lo habitual en Nicaragua. Pero aquí empezamos a ver ese algo que estaba bajo las aguas: no se retiraron, sino que continuaron protestando y se sumaron muchas y muchos más. Las fuerzas del Gobierno continuaron reprimiendo, se sumaron más aún y en más ciudades. Continuaron reprimiendo y se sumó la gente del campo.
La vicepresidenta intervino en los primeros días y sus palabras fueron gasolina en un incendio: calificó a personas que formaban parte de una protesta desarmada como «minúsculos alentadores de odio», «mediocres», «vampiros que reclaman sangre».
El Gobierno intentó acercarse a los empresarios, pero estos también se habían alejado. El presidente tardó varios días en comparecer. Lo hizo cuando ya había once personas muertas, muchas presas y muchas desaparecidas. En este momento, los motivos de la calle se habían transformado en una solicitud de justicia.
Compareció dos veces en total y no habló de justicia, se limitó a hablar de las reformas aplicadas. Después de cada una de sus intervenciones la agresión policíaca y paramilitar aumentó y las víctimas también. Ahora ya no solo están pidiendo justicia, sino una reforma estructural del Gobierno con garantías internacionales y, en muchas voces, inclusive la renuncia del bloque de Gobierno.
La izquierda internacional tradicional, en medio de su propia crisis interna, observa estupefacta lo que sucede, sin saber «a quién le van» y sin entender que pasó con la otrora inspiradora Revolución. Dentro del país, el movimiento feminista está jugando un papel relevante en las denuncias y en las propuestas; y las más jóvenes parecen atentas a lo interno de su movimiento denunciando modelos tradicionales de liderazgo.
Mientras escribo estas líneas van contabilizadas 285 personas muertas, cerca de 1500 heridas, 46 personas con lesiones permanentes y 156 personas desaparecidas, y muchas detenciones arbitrarias. Dentro de la certeza de la imposibilidad de que el Gobierno permanezca en el poder, las salidas de la familia presidencial y del conflicto son inciertas y el nivel de violencia no para de crecer.
Sin embargo, pensando en el futuro, el movimiento campesino y la generación emergente son elementos novedosos en la construcción de país. Traen bajo el brazo contenidos fundamentales como la protección medioambiental y el rechazo a los caudillismos patriarcales propios de nuestras latitudes. Analizarlos en clave de éxito o fracaso es estrecho. Necesitan tiempo y espacio, ahora mismo no lo tienen.
