El anuncio de la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí en los astilleros gaditanos ha generado un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcción naval de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los y las receptoras y víctimas de ese equipamiento bélico.
El retrato robot de la situación de la industria militar en España es especialmente preocupante, como reflejan estos datos:
- Ha multiplicado por diez en la última década el volumen de exportaciones de armas.
- Es el séptimo país que más armas exporta del mundo, con el 3% del volumen.
- Hay operaciones comerciales especialmente preocupantes, relativas a transferencias hacia Arabia Saudí, Irak, Marruecos, Egipto, Israel, Bahréin y EAU, Indonesia, Brasil, México, Pakistán, República Centroafricana, Túnez, Turquía y Ucrania.
Los casi 19 mil millones de euros de gasto militar en 2017, 18 776 para ser exactos, representan una servidumbre insoportable para nuestro país. El Centro Delàs de Estudios para la Paz es concluyente al reconocer que las armas son elementos improductivos, en primer lugar porque los artefactos que fabrican no son bienes de consumo que entren en el mercado (solo una mínima parte inferior al 1%) puesto que no tienen valor de cambio y por tanto tampoco uso social; por ese motivo producen un efecto inflacionista en las economías; son responsables de gran parte de los déficits presupuestarios de los Estados; absorben muchos recursos de I+D (investigación y desarrollo) que, puestos al servicio de usos civiles, redundarían en mejores resultados, puesto que el trasvase de la tecnología militar al sector civil es muy limitado.
La dicotomía entre fabricar artefactos bélicos o productos para el uso civil tiene respuesta adecuada en la mayoría de los casos. En unos casos la alternativa es la pura supresión de esa industria, como es el caso de los fabricantes de bombas racimo o minas antipersona. En el sector de dispositivos de doble uso, civil y militar —el avión A400M que se ensambla en Sevilla, por ejemplo— habrá que potenciar su empleo como transporte y de servicios humanitarios. Y en otros casos se trataría de una reconversión (mejor decir reversión o conversión, por las connotaciones antiobreras de ese concepto) de la tecnología hacia aplicaciones alejadas del uso militar. También sería necesario precisar calendarios y plazos para esta conversión, porque Navantia por ejemplo, reparte su producción entre un 80% de aplicación militar y un 20% de usos civiles, pero no es irrealizable proyectar un horizonte en el que este reparto se invierta.
Esto último es lo que Ecologistas en Acción ofrece a lxs desempleadxs de Astilleros, persuadiéndoles de que es falso que la única opción sea coger el pájaro en mano y generar empleo durante cinco o seis años, desentendiéndonos del uso de las fragatas militares que conculcan manifiestamente los derechos humanos cuando son empleadas por la petromonarquía saudí. De esta forma dejaríamos de actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen. No olvidemos que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas.
La deconstrucción naval y la energía eólica en el mar (offshore) son dos alternativas viables para la «carga de trabajo» en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas.
El Pemar (Plan Estatal Marco de Residuos) identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), evitando achatarramientos infames como ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias. Este desguace en precarias condiciones se realiza en el puerto de Aliaga, en la costa del mar Egeo, frente a la isla griega de Lesbos, con un precio de adjudicación de 2,4 millones de euros. Un dinero mal empleado y que debería haber servido para financiar un reciclado ecológico con garantías en nuestro país. A cambio, es incomprensible la obcecación de los sindicatos y autoridades en su pretensión por obtener «carga de trabajo» en una construcción naval que casi siempre al final se ve defraudada.
La capacidad de desguace de buques en instalaciones europeas es muy reducida (unas 350 000 toneladas/año) y está repartida entre Bélgica, Italia, Noruega, Dinamarca y en general, destinada a desguazar buques de menor tamaño. En España solo se han desguazado pesqueros y embarcaciones menores (alrededor de 6600 toneladas anuales). Esta cantidad es insignificante si la comparamos con la cantidad total anual contabilizada por el conjunto de los países de la OCDE en la última década, que alcanzó la cifra aproximada de 1 600 000 t anuales (15% del volumen total desguazado de la flota mundial en el año 2011).
En el caso de la energía eólica marina, entraríamos a formar parte de la cadena de valor de esta energía: construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación, etcétera, de aerogeneradores en el mar, es una oportunidad desaprovechada en Navantia.
En 1997, un grupo de empresarios y expertos propuso una instalación eólica en la bahía de Cádiz. El proyecto, denominado «Mar de Trafalgar», contemplaba la construcción, a 18 km de la costa de Barbate, de 270 aerogeneradores que podrían brindar una potencia de 1000 MW.
Posteriormente, el parque contó con la participación de Sogemar, una agrupación de empresas cuyo principal accionista era Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN), Ingeniería de Recursos Naturales (IRN) y Cultivos Piscícolas Marinos (Cupimar). De esta forma, junto al parque eólico se instalaría una gran planta de acuicultura intensiva. Sin embargo, el proyecto se topó con el rechazo de todos los grupos políticos, cofradías y sindicatos, con el solo honroso apoyo de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oceana y Los Verdes, arguyendo posibles e hipotéticos daños a la pesca o el impacto visual para los complejos hoteleros. Todos los alcaldes de esta comarca de la Janda Litoral se opusieron: el de Barbate (PSOE), el de Conil (IU) y el de Vejer (PP).
Sucedió algo parecido con otro proyecto de eólica marina, «Las Cruces del Mar», también de 1000 MW, en Chipiona, a más de 10 km de la costa, aunque en este caso sí contaba con el apoyo de su alcalde.
Según Greenpeace, en la península ibérica sería posible instalar por este medio 25 000 megavatios de potencia hasta 2030. Ecologistas en Acción siempre ha defendido que los proyectos de energía eólica marina que vayan a ser viables tienen que resolver fehacientemente los eventuales impactos ambientales, garantizar que no generen perturbaciones en las rutas migratorias de las aves, que preserven los hábitats marinos, no afecten a los caladeros de pesca litoral y que la evacuación de la electricidad se realice sin problemas. Con estos condicionantes, ¿por qué renunciar a un potencial de energía limpia del que somos excedentarios? Si la tecnología está resolviendo las dificultades de emplazar aerogeneradores en el mar y los requerimientos ambientales garantizan su compatibilidad con los recursos vivos, ¿por qué tenemos que negarnos a desarrollar este recurso energético? ¿Y por qué se le exige a la eólica offshore obligaciones que están ausentes de otras energías muchísimo más contaminantes? Todas las empresas que han ido con sus proyectos de eólica marina a sopesar la acogida en las poblaciones afectadas han sufrido el reclamo de las «medidas compensatorias». Siempre las han rechazado al entender que se trataba de una compra de voluntades. Otra cosa es el abanico de posibilidades laborales y de inversión que se podrían abrir con estas actuaciones: las empresas metalúrgicas, eléctricas, de maquinaria, de transportes, de mantenimiento, etc., se verían beneficiadas, lo que no es baladí en los tiempos de recesión que corren.
De esta forma, contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población. Con ello, pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país. Según el informe «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso» del año 2016, elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio, se exportaron armas por valor de 4052 millones de euros.
La I+D+i militar, es una mala elección, consume recursos y riqueza para crear unos productos que en el mejor de los casos no se utilizarán y en el peor serán herramientas de destrucción. No tiene utilidad social, fomenta la carrera de armamentos y las guerras, consumiendo recursos que se podrían destinar a la investigación con fines civiles. Por eso más de un millar de investigadorxs españoles se declararon «objetorxs científicxs», demostrando su compromiso por la cultura de paz y mostrando su desacuerdo por la militarización de la investigación científica en los últimos años, reclamando al Gobierno una transferencia gradual de los recursos destinados a la I+D militar hacia fines sociales y civiles.
El propio lobby armamentista reconoce la escasa rentabilidad de este negocio y los propios Presupuestos Generales de España reconocen que «las características estratégicas y especiales de estos Programas de desarrollo (refiriéndose a los militares), los largos períodos de recuperación y los cuantiosos costes que conllevan, hacen que los criterios estrictos de rentabilidad (…) no puedan ser aplicados a este ámbito».
Llegados a este punto: ¿se puede convertir realmente la industria del armamento en industria civil con estos criterios? Pensamos que sí, si se cumplen estos requisitos:
- Los productos alternativos deberían utilizar en lo esencial las mismas destrezas y habilidades en su producción que ya tienen lxs actuales trabajadorxs.
- Los productos alternativos deberían producirse preferentemente en el propio lugar de trabajo.
- Los nuevos productos han de ser rentables, sostenibles y viables.
- El proceso de transformación ha de hacerse con la participación de lxs trabajadorxs afectadxs.
- Es imprescindible elaborar un plan integral de desarrollo de la zona afectada, con una política planificada y una estrategia de puesta en marcha de pequeñas empresas que regeneren el tejido industrial local donde estén ubicadas las industrias y sirvan de motor para un desarrollo futuro más amplio, para impedir la pérdida de puestos de trabajo y la posible depresión de toda una localidad o comarca.
Dicho esto, desde Ecologistas en Acción pensamos que la reversión de la construcción naval hacia estas dos propuestas que avanzamos, la del reciclado ecológico de buques y la energía eólica marina, cumplen sobradamente estos requisitos.
