En Andalucía, en términos generales, no existe escasez de agua. A través de un proceso histórico de artificialización del sistema hidrológico se han hecho disponibles enormes cantidades de recurso. Los costes económicos, ecológicos y patrimoniales han sido muy altos. Desde hace décadas se producen respuestas sociales fragmentadas, pero muy ricas, que construyen un marco de prácticas y discursos alternativos
En el lenguaje de la administración del agua en España, «recurso disponible» se refiere a aquella parte del total de los «recursos naturales» que se puede utilizar para la satisfacción de «demandas» humanas concretas, en el lugar, en el momento y con la calidad requeridos en cada caso, dependiendo del tipo de «uso» de que se trate: urbano, agrícola, ganadero, industrial o energético. Los recursos hídricos naturales son el resultado del total de precipitación menos la evapotranspiración, coincidiendo con lo que también se denomina (con expresión nada inocente) «lluvia útil» (20-30% de la precipitación).
Tanto los recursos naturales como los disponibles se refieren a lo que se conoce como «agua azul», que es la que circula superficial o subterráneamente. Esta es el agua con la que trabaja la política hidráulica, que no incluye el «agua verde» (el 70-80% del total de la precipitación) que alimenta la humedad del suelo, la evaporación y la transpiración de las plantas, es decir, el agua de los ecosistemas terrestres, de las masas forestales y de los cultivos de secano (y, parcialmente, de los regadíos no cubiertos con plásticos).
Todas estas magnitudes se refieren a un periodo de tiempo (el año hidrológico, de octubre a septiembre) y se presentan como medias de series de cronológicas, lo que hace que dependan de las características de estas series cronológicas. Si se toman los datos de la serie 1985-2010, los recursos naturales se reducen entre el 10 y el 20% (según cuencas hidrográficas) respecto de los que se desprenden de la serie 1945-2010, lo que es coherente con los modelos de cambio climático aunque, en esta reducción, pueden incidir también otros factores, como el aumento de la cubierta forestal, que consume agua, en las cabeceras de las cuencas hidrográficas.
Pues bien, de acuerdo con los datos oficiales actuales, en Andalucía disponemos de 7 149,54 hm3 (1 hm3 es igual a 1 millón de m3) de media cada año. Como en Andalucía vivimos 8 409 657 personas (dato de diciembre de 2016), tocamos a 850 m3 por persona cada año, es decir a 2 329 litros de agua al día por cabeza; de agua disponible, es decir embalsada o extraída de acuíferos, canalizada y distribuida en el lugar, el momento y con la calidad adecuada a los distintos usos. Una interesante cifra para empezar a discutir sobre «abundancia» o «escasez», relativa o absoluta, física, social o ecosocial.
Esta disponibilidad es resultado de una ingente intervención histórica, infraestructural e institucional, sobre el sistema hidrológico, intensificada durante los últimos 100 años de política hidráulica basada en la regulación de ríos, desecación de humedales y explotación de acuíferos. Ni el modelo de crecimiento económico, ni el sistema urbano, ni los paisajes actuales podrían explicarse sin referencia a dicha política, que ha convertido a la mayoría de los ríos, lagunas, estuarios y acuíferos andaluces en «masas» de agua «muy modificadas» o en «mal estado ecológico», de acuerdo con la actual terminología Directiva Marco del Agua europea. En Andalucía el ciclo hidrológico ha dejado de ser un fenómeno natural (si es que alguna vez lo fue completamente) para ser una realidad socioecológica, en nuestro caso sociohidrológica.
Por supuesto que estas son cifras medias, tanto social como temporal y espacialmente, bajo las cuales se esconden diferencias muy acusadas. La mayor parte de la población, que no es titular de ninguna concesión de regadío o industrial, consume exclusivamente en torno a 125 litros de agua potable al día (menos de 50 m3/año). Tampoco las cifras medias temporales reflejan la gran variabilidad interanual o las grandes diferencias territoriales entre el extremo occidental y oriental de la Comunidad.
Pero aun así, las cifras son significativas: al final de un segundo año seco consecutivo (agosto 2017), los embalses de Andalucía, con un llenado medio del 41,78%, almacenan 4 978,73 hm3, a los que se añaden las aguas subterráneas, que son la parte de los recursos más resistente al impacto de la sequía; por eso los cultivos de la corona forestal de Doñana no se han dejado de regar por falta de agua ni un solo año desde que empezaron a implantarse hace cuatro décadas. Por su parte, Almería, la provincia más árida de Andalucía se sitúa (incluyendo sobreexplotación de acuíferos, reutilización de residuales y desalación de aguas salobres y marinas) en una cifra de dotación por habitante similar a la media andaluza (2 500 litros/día); de allí, en donde tampoco se ha dejado nunca de regar en 50 años, salen cada año no menos de 200 hm3 de «agua virtual», en forma de productos hortícolas, y muchos más del resto de Andalucía, en forma de los principales productos de exportación: aceites, frutas o cultivos industriales.
Para decirlo sintética pero claramente: el agua en Andalucía es rehén del regadío. La lógica del regadío tiene una hegemonía social, cultural y política aplastante: el aplicar el agua al riego es de sentido común. Y como las «demandas» de este sector son insaciables, la «escasez» y el «déficit» siguen creciendo, pese a que los «recursos disponibles» no han cesado de aumentar. Este esquema hay que matizarlo territorialmente: en algunas comarcas son las demandas turístico-residenciales las que más presionan sobre los ecosistemas acuáticos; pero esas situaciones son realmente bastante puntuales. El peso del sector urbano y turístico sobre el total de agua usada no supera el 15% como media regional. Aunque importante, es minoritario (en la escala de las respectivas cuencas) en la mayor parte del litoral (Huelva, Cádiz, Granada, Almería). Incluso en la Axarquía los cultivos (con el actual boom del mango, que se añade al aguacate) son el factor determinante. Solo en la Costa del Sol occidental, el sector urbano-turístico adquiere total protagonismo, además de algunas situaciones locales en las que, como en Pegalajar (Jaén), urbanizaciones ilegales amenazan gravemente los patrimonios únicos del agua.
Con el megasistema hidráulico disponible, las demandas urbanas (aparte de situaciones locales aisladas) están técnicamente garantizadas; por eso en Andalucía no ha habido restricciones urbanas de agua masivas desde el final de la gran sequía de 1992-1995. Esa fue la gran lección que se extrajo de aquella experiencia traumática: hay que reducir las dotaciones del regadío antes de que haya necesidad de restringir el agua a la población. Además, los consumos urbanos han descendido de manera generalizada y acusada desde entonces (el 40% en Sevilla desde 1991 a 2016), lo que ayuda a la gestión.
Pero la presión agraria también afecta a la calidad. Los principales problemas de contaminación (nitratos, turbidez, fitosanitarios) tienen su origen en la extensión del regadío, que va destruyendo los sistema locales de abastecimiento (regadío del olivar en las Subbéticas o en la Hoya de Antequera; nuevos cultivos hortícolas en el Altiplano de Granada). Un proceso difuso, de iniciativa privada, con cobertura institucional y financiera pública, basado en aguas subterráneas, que ha sucedido a las grandes operaciones estatales, principalmente con aguas superficiales de décadas anteriores.
No se trata de demonizar al regadío sino, por el contrario, de entender sus profundas raíces históricas, territoriales y culturales; y de situarlo en el marco del papel que desempeña Andalucía en la economía global y, más concretamente, en la española y la europea: especialización en los sectores primario y sector terciario no especializado. Los cultivos de regadío tradicionales se tienen que intensificar y los de secano (olivo, almendro, cereales…) no son económicamente rentables, si no es incorporando el riego, que implica más extracción de recursos naturales (agua, suelos –por incremento de la erosión– y reducción de la calidad ambiental y la biodiversidad).
En este contexto ecológico y político la resistencia social al «extractivismo hídrico» ha sido y sigue siendo, no hay que engañarse, débil y fragmentaria, aunque, como veremos, se multiplica en territorios con formas organizativas y discursivas muy ricas. La presión social organizada, con capacidad de «movilización de masas», sigue produciéndose a favor de la continuación de la estrategia hidráulica («más agua»), como acabamos de ver en las movilizaciones, encabezadas por los alcaldes, en contra de la introducción de algunas medidas de control del regadío en el entorno de Doñana. Algunos de los últimos grandes embalses que han acabado de artificializar los pocos ríos «intactos» que quedaban, generalmente con ninguna o escasa racionalidad económica (Andévalo, Melonares, Rules…) no han suscitado oposición social relevante, salvo algunas críticas de grupos ecologistas y sectores de la comunidad científica. La legitimidad de las demandas agrarias es muy potente en la sociedad andaluza.
Es muy significativo que las primeras reacciones con cierta base social se produjeran, a partir de finales del siglo pasado, en el traspaís de la Costa del Sol (valles del Genal, Hozgarganta y río Grande), defendiendo el territorio frente a proyectos de embalses justificados por necesidades del desarrollo urbano-turístico. Oponerse a que inunden tu propio valle para alimentar la espiral inmobiliaria (o el riego de campos de golf) proporciona más material simbólico cohesionador de resistencias y movilizador de agentes locales que oponerse a la «honrada y sacrificada» actividad de los agricultores. El Grupo de Trabajo del Valle del Genal, la elaboración de su discurso (con el libro El Genal apresado. Agua y planificación: ¿desarrollo sostenible o crecimiento ilimitado?, de 1998) y su ágil y flexible organización, fueron un punto de referencia fundamental para el movimiento y es el germen de la constitución de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua (RANCA, Málaga, 25 de mayo de 2001), que desde entonces agrupa a colectivos que trabajan en los ríos Genal, Guadiaro, Vélez, Nacimiento y Grande en la provincia de Málaga; Riopudio, Guadaíra, Corbones y Guadalquivir, en Sevilla; sistema Fuente-Charca y Huerta de Pegalajar y acuíferos de Jódar y de la Loma de Úbeda, en Jaén; ríos Almanzora y Adra y acuíferos del Campo de Níjar y de Dalías en Almería; ríos Hozgarganta y Guadalete en Cádiz; ríos Castril, Guardal y Guadalfeo, en Granada; estuario del Guadiana, Tinto, Odiel y acuífero de Doñana en Huelva; Guadiato, Hornachuelos y arroyo Bejarano, en Córdoba, entre otros.
Desde su constitución, la Red se fijó como objetivos fomentar iniciativas de encuentro entre colectivos comprometidos en la promoción de una nueva forma de entender la relación social con el agua, presentar proyectos de acción en torno a los problemas más relevantes del agua en Andalucía, sin excluir las necesarias conexiones con el conjunto de la Península Ibérica y dinamizar la interacción entre el mundo científico-técnico y los movimientos sociales, fomentando el debate y la coproducción de conocimiento (como el Atlas colaborativo de la Justicia Ambiental que acabamos de poner en marcha).
En sintonía con estos fines, la RANCA lleva 16 años trabajando en la difusión de los valores naturales, económicos y patrimoniales de los ríos, fuentes, manantiales, acuíferos y zonas húmedas de Andalucía. La Red se articula a través de los medios que ofrecen las TIC (lista de correos electrónicos, redes sociales, página web) y de la Fiesta del Agua de Andalucía, cuya primera edición se celebró en Ronda en el 2004, tras la cual ha recorrido buena parte de los escenarios sociales del agua en Andalucía: Pegalajar, Alcalá de Guadaíra, Coín, Ayamonte, Almería, Arcos de la Frontera, Jódar, Guadalcacín-Jerez de la Frontera y Castril. En abril de 2018 se volverá a reunir en Priego.
En la etapa más reciente, al calor de procesos globales (crisis, activación del movimiento el Derecho Humano al Agua) y locales (intensificación de dinámicas de privatización de sistemas de abastecimiento, surgimiento de grupos municipales alternativos) se ha constituido en toda España un movimiento en defensa de la gestión pública del agua (Red Agua Pública) en su dimensión urbana (abastecimiento y saneamiento). Esta corriente, que ya ha tenido eco en páginas de números anteriores de El Topo, se está materializando en la Red Agua Pública Andalucía – Marea Azul del Sur, con una interesante, e imprescindible confluencia con el movimiento de carácter más rural, territorial y patrimonial de la RANCA, que sintoniza plenamente con la defensa del discurso antagonista frente a la privatización neoliberal. El próximo 11 de noviembre en Cádiz se celebrarán unas jornadas de la Red Agua Pública Andalucía – Marea Azul del Sur, en las que sin duda se profundizará en los aspectos discursivos y organizativos de este movimiento.
