El «más dinero», como aquel célebre «más madera», viene siendo la reivindicación que con mayor insistencia y urgencia reclama la mayoría de las organizaciones que atienden a las personas que viven en la calle. Cosa lógica si consideramos que se trata de la situación más radical de pobreza y exclusión social dentro del «primer mundo» y que España se encuentra a la cola de los países europeos con un menor gasto social por persona.
Empero, ¿pasan las soluciones exclusivamente por ese «más», sin haberse planteado realmente el hacerlo «mejor»? ¿Revierte realmente la inversión del dinero de todos en las personas más desfavorecidas o más bien se trata de un movimiento que auspicia la burocratización y la privatización de la pobreza? Situemos este debate en el caso concreto de Sevilla, con dos o tres ejemplos que nos pueden dar una pista de qué se cuece tras la penumbra de los fríos números.
Los estudios cuantitativos monográficos no pasan de ser estimaciones groseras, pero se calcula que en Sevilla viven en la calle entre unas ochocientas personas (según las cifras más conservadoras) y unas dos mil (según las más alcistas). Esto sin contar a toda una parte de la población que permanece ocultada, arbitrariamente sacada de la ecuación o se encuentra en una situación de sinhogarismo latente. Algo que haría multiplicar las cifras exponencialmente. Aceptemos estos referentes, a falta de algo mejor.
La mayoría de los servicios de intervención social que atienden a este sector de la población son de titularidad privada o de titularidad pública y gestión privada, aunque más del 90% de su financiación proviene de fondos públicos (locales, autonómicos, estatales e incluso europeos). Más que un collage, en verdad se trata de un laberinto repleto de vericuetos y opacidades propiciadas por un sector público y privado que rara vez, o solo de manera muy genérica y ambigua, muestra fehacientemente sus cuentas. No obstante, y según nuestras estimaciones, la inversión en políticas sociales para las personas sin hogar en la ciudad estaría en una horquilla de entre 6 y 7 millones de euros al año[1].
En Sevilla existen unas 270 plazas de alojamiento específicas para esta población, aunque los responsables municipales suben gratuitamente hasta unas 350. Sea como fuere, y en el mejor de los casos, no darían cobertura ni a la mitad de las personas que viven en la calle[2]. Esto quiere decir que la inversión por persona/año que recibe una atención significativa puede rondar entre los 17 000 € y los 26 000 €. Cantidades que permitirían a cualquiera llevar una vida relativamente holgada y ponerla a cubierto de la pobreza. Máxime, si como señalan los diferentes estudios, las personas que viven en la calle que requieren unos cuidados o unos acompañamientos intensivos (por enfermedades físicas, psíquicas, depresiones, drogodependencias, alcoholismos o falta de habilidades sociales básicas), no supera el 20% o el 30% del total de población sin hogar. Posiblemente, entre el 70% y el 80% no necesitarían la ayuda permanente e intensiva de todo el entramado burocrático y privado de mediaciones, eminentemente asistencialista y semicarcelario (salvo contadas y loables excepciones, justo es reconocerlo) .
Sin entrar a valorar los más que cuestionables «requisitos» para el acceso, la permanencia y las salidas, el caso concreto más flagrante al respecto es el Centro de Acogida Municipal (de titularidad pública, gestión privada y financiación pública, ¡ojo al dato!). Con el dinero invertido en 4 plazas se podrían alquilar cuatro pisos de dos habitaciones para 8 personas, liberar una aportación para los gastos de unos 400 € por individuo (una vez pagada la vivienda) y contratar a un profesional con un sueldo de 1900 € brutos al mes[3].
Pero además de estos y otros detalles, debemos estar atentos al movimiento general, que pasa por el desvío de los fondos para políticas generalistas y comunitarias hacia políticas sectoriales privatizables o focalizadas exclusivamente en un sector llamativo de la población, una nueva forma de recortes encubierta y una nueva división social. Esperemos a ver qué supone el publicitado y nuevo plan estrella «Housing First» que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en Sevilla con una aportación de fondos locales de unos 50 000 €. Lo ejecutará una entidad privada (cuya financiación proviene eminentemente de las arcas públicas estatales, pero que no conocemos al detalle) y la contará con la siempre estimable colaboración de los bancos (recordémoslo, aquellos que desahucian a cientos de personas todos los años). ¿Una nueva moda, la fórmula mágica, un lavado de cara o una apuesta con un impacto real y positivo? Tengamos aquí cuidado en no ir confundiendo la publicidad con la información y los hechos reales.
Si bien el sinhogarismo no debería ser una cuestión contable, sino de catadura cualitativa, estos guarismos y otros nos pueden dar una buena pista de que algo huele a podrido en Dinamarca. Reina por su ausencia la detección temprana y la prevención, las iniciativas que promuevan la autonomía personal y la inclusión social, una atención paliativa y recuperadora integral y sostenida, las ayudas directas como una renta básica universal o garantía de ingresos dignos, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y la movilización de las casas vacías públicas y privadas, la atención desde los derechos (no desde los requisitos y las normas), la involucración de las redes comunitarias de solidaridad y ayuda mutua, la promoción de alternativas habitacionales colectivas, la desestigmatización de una población que se presenta como culpable más que como víctima, su participación efectiva, unas condiciones laborales dignas para lxs profesionales, además de la puesta en valor de las creatividades locales ciudadanas que podrían suponer una superación menos costosa y más eficaz que la actual política de paños calientes, represión y mercadeo con la marginación.
Como he podido comprobar durante más de diez años, el actual sistema de intervención constituye una suerte de «túnel de lavado» o una «puerta giratoria», que rara vez ha conseguido que una persona sin hogar haya podido salir de esta situación gracias al mismo. Quizás Candela, una mujer que vive en la calle desde hace largos años y que ha vivido su particular odisea por los diferentes servicios, tenga la respuesta: «Antes éramos molestos. Ahora, molestos y rentables». El negocio, la privatización y la burocratización de la pobreza, el monopolio de las grandes organizaciones, la falta de apoyo a la iniciativa local en pos de intereses corporativos externos, parecen campar a sus anchas por la ciudad. ¿Realmente se requiere más intervención o más bien una desintervención y una autogestión o cogestión directa por parte de la ciudadanía y los afectados de los recursos de todos? Estemos atentos a los detalles, pero también a las grandes derivas… ambas son las dos caras de una misma moneda.
[1] Sin contar la inversión social comunitaria, la sanitaria y la policial directamente incidente sobre esta población.
[2] A lo que habría que añadir que, “incomprensiblemente”, todos los días quedan plazas sin ocupar en los centros de acogida.
[3] Si la vivienda fuera publica, aún se podría liberar más dinero para ayudas directas o emprendimientos.
