Una lectura feminista del austericidio El Observatorio de Género sobre Economía Política y Desarrollo (GEP&DO) ha presentado recientemente el informe «El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía. El escenario post-crisis»[1]. Este estudio ha estado coordinado por Lina Gálvez y Paula Rodríguez, y en él participan como autoras Astrid Agenjo, Lucía del Moral y Margarita Vega, investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
La necesaria lectura feminista de los datos macroeconómicos
El objetivo central de este informe es recoger, de manera sencilla, el impacto que tanto la crisis como las medidas de austeridad puestas en marcha (para, en teoría, combatirla) tienen sobre el bienestar y las oportunidades de mujeres y hombres, y sobre las desigualdades de género en Andalucía. Contiene dos novedades fundamentales. En primer lugar, se pone en cuestión el escenario actual de «post-crisis» (denominado así por gobiernos y ciertos ámbitos académicos), puesto que se sostiene que, pese a la mejora de algunos indicadores macroeconómicos (como el PIB), existen otras evidencias que muestran cómo ello no se ha traducido en una recuperación, ni de la cantidad ni calidad del empleo, ni de los servicios sociales o de los niveles de desigualdad económica previos a la crisis. De hecho, el contexto «post-crisis» se presenta como un escenario de precariedad, desigualdad e incertidumbre, en el que se espera que sean los propios individuos quienes asuman —de forma privada— la gestión de los riesgos vitales asociados a la precarización de las relaciones laborales o la reducción de la protección social colectiva («individualización del riesgo»). Y esto es así porque las medidas de austeridad (o, más bien, austericidas) que se han implementado, no solo no han solucionado las causas estructurales de la crisis, sino que las han agravado, lo que supone un excelente caldo de cultivo para futuros colapsos. Por ello, hablamos de crisis sistémica, porque se trata de un engranaje que afecta a dimensiones económicas, ecológicas y sociopolíticas, y cuya interrelación está generando una quiebra de los procesos vitales en sentido amplio.
La segunda novedad de este informe es la mirada feminista que se aporta al análisis económico. Muchas han sido las voces críticas que han tratado de llamar la atención sobre el diferente impacto que tanto la crisis como las medidas de austeridad han tenido sobre los distintos territorios en función de su especialización económica sectorial, de los niveles de renta o de la distribución del ingreso. Si bien, han sido menos los estudios que han llamado la atención sobre los impactos diferenciados que ello ha tenido sobre las personas que se encuentran en situaciones desiguales en los mercados, los hogares o los espacios de toma de decisión. A este respecto, el informe presta especial atención a las diferencias entre mujeres y hombres, yendo más allá de la simple desagregación de datos por sexo, sino tratando de evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las desigualdades de género existentes y verificar sus transformaciones en este contexto sociohistórico concreto. Para ello, se hace hincapié en las relaciones de poder que se establecen dentro del sistema capitalista y patriarcal, y que hace que los individuos ni tengan las mismas oportunidades ni elijan con la misma libertad e información como la teoría económica ortodoxa presupone. Las personas por razón de su sexo y cruzadas por otros ejes como la clase, la edad, la etnia o el territorio en el que habitan, tienen un acceso y un control diferenciado de los recursos y el poder y, por tanto, participan de manera diferenciada en las distintas esferas y espacios económicos, viéndose afectadas de manera desigual por las coyunturas económicas, las políticas y sobre todo, por las crisis —que las más de las veces agravan las desigualdades previas—.
Evolución de los principales indicadores
El informe ofrece datos para el periodo 2007-2015 en ocho ámbitos distintos que permiten trabajar la hipótesis del empeoramiento de las condiciones de vida y de la consecución del objetivo de igualdad de género tras la crisis en Andalucía (comparando con el ámbito estatal cuando la disponibilidad de datos lo permite):
1. Demografía. La caída de la tasa de fecundidad en Andalucía (que ha pasado de 1,50 descendientes por mujer en 2007 a 1,38 en 2014) es uno de los indicadores más claros de las consecuencias de género de la crisis económica. En los países europeos existe una correlación muy clara entre la tasa de actividad femenina y la tasa de fecundidad de las mujeres. Esto implica que en situaciones de alto nivel de desempleo, con pocas oportunidades laborales estables y bien remuneradas para las mujeres, estas retrasan o descartan la maternidad, o disminuyen el número de hijos/as que tienen.
2. Educación. El gasto medio de los hogares en educación durante la crisis ha aumentado considerablemente en Andalucía (de 175,19 € a 223,6 €). Este «copago-repago educativo» perjudica a los hogares de rentas más bajas, muchos encabezados por mujeres. La reducción de becas, personal y financiación de servicios auxiliares como aulas matinales se traduce en que las mujeres suplen, a modo de trabajo no pagado, los servicios que dejan de darse o subvencionarse desde las administraciones públicas. El impacto en el capítulo de personal contratado es especialmente significativo, por cuanto se trata de trabajos muy feminizados. La calidad de este empleo es fundamental para avanzar en las tasas de ocupación femenina y en la transformación de los roles de género, ya que a peores condiciones laborales, peor es también la capacidad de negociación de los tiempos y trabajos de las mujeres en los hogares.
3 y 4. Empleo y condiciones de trabajo. Una de las consecuencias más claras de la crisis ha sido la reducción de algunas brechas de género en materia laboral, aunque ello no se ha debido tanto a una mejora en la situación de las mujeres sino a un empeoramiento relativo de los hombres. Así, de una diferencia en las tasas de actividad masculina y femenina del 24,1% en Andalucía, esta se ha reducido hasta a un 13,21%. Este «efecto del trabajador añadido» ha funcionado para las mujeres hasta 2013, pero la enorme y generalizada pérdida de empleo desde entonces ha ido extendiendo entre ellas el «efecto desánimo», vinculado al empeoramiento de las condiciones de trabajo que hace que no compense participar en el mercado laboral, así como con el deterioro de determinados servicios públicos (sanidad o dependencia) que incrementan las necesidades de trabajos de cuidados en los hogares, sobre todo en los de menores ingresos. A este respecto, es necesario señalar también la pérdida de empleo público que se ha producido, ya que su disminución tiene tremendas repercusiones de género puesto que es donde las mujeres formadas tienen las mejores posibilidades laborales. También se han reducido las brechas en materia de empleo, paro y temporalidad. En cuanto a los contratos a tiempo parcial, estos siguen estando feminizados y presentando características propias respecto a los de los hombres. En lo referido a la brecha salarial, en Andalucía las mujeres cobraron de media en el año 2013 (último dato disponible), 17 690 € anuales, mientras los varones percibieron de media 23 565 €. Es decir, las mujeres trabajan menos horas retribuidas al año y además tienen salarios hora inferiores. Esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos que los hombres, sino que lo hacen menos de forma remunerada. Si sumamos los datos del tiempo que, como media, las andaluzas y los andaluces emplean en el trabajo remunerado y no remunerado (en base a la Encuesta de Empleo del Tiempo, 2009-10), las mujeres trabajan más de una hora al día más que los hombres, traduciéndose en menos tiempo disponible para ofertar su trabajo, formarse, relajarse o cuidarse para tener una vejez larga y saludable.
5. Salud y dependencia. A mitad de la crisis se produjo un recorte del presupuesto para dependencia con un impacto clave tanto en el bienestar de la población afectada como en la intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres, ya que son las que han asumido principalmente la responsabilidad de la delegación de esas tareas al ámbito privado. Por otra parte, la eliminación de la cotización a las «cuidadoras no profesionales» supone un retroceso fundamental en la valoración del trabajo de cuidados y el reconocimiento del mismo que tienen importantes implicaciones en términos de género.
6. Pobreza y exclusión. El alto desempleo y la pérdida de ingresos familiares han dado lugar a un fuerte incremento de la pobreza en Andalucía, agravado por la acumulación de recortes sociales. Así, la población andaluza en riesgo de pobreza y/o exclusión social ha pasado de 33,3% en 2009 a 42,3% en 2014. En cuanto a la brecha de género, esta se fue reduciendo a partir de 2007, invirtiéndose en 2011, no por una mejora en la situación de las mujeres, sino por un empeoramiento relativo mayor en los hombres; así, en 2013 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 36,8% de las mujeres y al 39,9% de los hombres. Los hogares que mayor riesgo de pobreza presentan son aquellos formados por una persona adulta y uno/a o varios/as hijos/as, los cuales tienen al frente a una mujer en el 82% de los casos, y de ellos, el 52% presentaban riego de pobreza en Andalucía en 2013.
7. Violencia machista. Es complicado extraer consecuencias directas de la situación de crisis ya que ello se observa mejor a medio y largo plazo. No obstante, todo lo que implique disminución de la autonomía y oportunidades de las mujeres de desarrollar una vida que consideren digna de ser vivida, es el sustrato sobre el que se asienta la discriminación de género y por tanto la violencia machista. Existen, además, evidencias claras como la reducción del porcentaje de órdenes de protección concedidas (en Andalucía en 2008 se concedieron un 80,79% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que en 2014 solo se concedieron un 60,16%) o un descenso de un 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado 2011-2015, o una reducción del 50% en la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas.
8. Empoderamiento económico, social y político. El informe muestra avances importantes en la presencia de las mujeres en distintos ámbitos económicos y de poder, sobre todo en el ámbito educativo. En el terreno político, tras las últimas elecciones de diciembre de 2015 el porcentaje de mujeres ha aumentado al 39,43% en la Cámara baja, mientras que en el Parlamento autonómico andaluz, la evolución de la representación de mujeres cumple las pautas de paridad. De los 109 diputados tras las elecciones de 2015, 55 son hombres y 54 son mujeres. El porcentaje de representación de partidos con listas cremallera es superior en el Parlamento andaluz que en el nacional. La paridad no se alcanza, por el contrario, en ninguna esfera del Administración local. El documento analiza la representación en otros ámbitos y sobresale un dato como que en las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, en 2015 el porcentaje de mujeres ascendía a un escaso 4,76%.
Algunas reflexiones finales
Las políticas de austeridad (o austericidas) han intensificado la precariedad laboral, las privatizaciones y los recortes en servicios públicos, situándonos en una realidad estructural de precarización de las condiciones de vida que sitúa a las mujeres (en el cruce con otros ejes como la clase, la edad, la etnia o el territorio en el que habitan) en una posición de mayor dificultad para afrontar los riesgos vitales, garantizar su propio bienestar y realizar un diseño vital autónomo. El mayor impacto en la vida de «las mujeres» está asociado fundamentalmente a la menor y más precaria inserción en los mercados de trabajo, inmobiliario o de crédito (vinculada a la exclusión histórica del poder, la educación o la actividad económica remunerada), así como al deterioro de los servicios públicos (donde las mujeres son las principales usuarias directas e indirectas, las principales empleadas y sobre todo, son las «sustitutas naturales» de los mismos cuando éstos se recortan). Si bien, el deterioro generalizado de los mercados de trabajo y de los servicios públicos hace pensar que los hogares de «dos ganadores de pan» seguirán al alza, lo que podría suponer un cambio importante de las relaciones de género en el ámbito familiar al existir una necesidad cada vez mayor de corresponsabilizarse en las responsabilidades de cuidado, pauta que se observaría principalmente entre los grupos de edad más jóvenes, urbanos y de mayor nivel educativo, y que podría desembocar en importantes avances para la igualdad de género.
En suma, es fundamental conocer la realidad andaluza desde una perspectiva económica feminista para que las reacciones y políticas que se desarrollen no se hagan a costa del bien-estar y las oportunidades de las mujeres, sobre las que ha pivotado la recuperación y supervivencia de muchas familias con la intensificación de su trabajo durante la crisis, y para poder alumbrar las respuestas políticas y ciudadanas ante los nuevos desafíos políticos y económicos que se avecinan. Ante ellos, la economía feminista se plantea como una apuesta valiente y rigurosa por otro análisis económico, por otra manera de producir, intercambiar, consumir y distribuir, de cuidar y corresponsabilizarse y, en definitiva, por otra manera de organizar la vida en común, inspirada por otros valores que modifiquen las instituciones y desafíen las relaciones de poder.
[1] Puede descargarse en http://genderobservatory.com/que-hacemos-2/investigacion-e-informes/informes/
