Último tramo de los 90, en la parte norte del casco antiguo de Sevilla, las políticas públicas diseñan un proceso de regeneración urbana de gran calado.
Sobre las consecuencias urbanísticas y sociales de esas políticas, mucho se ha escrito y más queda por escribir. Pero no es el tema de este artículo. Para lo que aquí vamos a tratar, nos quedamos con que ese proceso estimuló el aumento de la población y la llegada de nuevas familias —muchas jóvenes— al barrio.
La sensatez dice que si en una zona se va a producir un crecimiento de población, este debe acompañarse de más servicios y equipamientos públicos (que cubran las necesidades del mayor número de personas posible).
Lo ocurrido en los últimos años con respecto a los equipamientos educativos en el barrio es la crónica de la insensatez. Veamos…
Año 2005, en el casco antiguo existen catorce colegios concertados y solo tres colegios públicos. Uno de ellos es el CEIP Macarena, conocido también como los Altos Colegios: sus más de cien años de vida y el descuido en su mantenimiento provoca la caída de varios techos. No fue la planificación de la Administración sino la ley de la gravedad la que motivó el inmediato cierre del colegio y la necesidad de programar su rehabilitación integral. La estampa en ese momento era esperpéntica: niñas y niños se quedan sin su cole, la Delegación ofrece «soluciones» de reubicación delirantes…
La AMPA (y el conjunto de las familias) comienza a movilizarse, a proponer alternativas y lo que fue más importante… a autogestionarlas. Ocuparon un antiguo colegio público cerrado años antes, el Padre Manjón, y reclamaron, en primer lugar, que fuera la sede del colegio hasta que se rehabilitara el otro. Lo consiguieron. Niñas y niños tenían ya un edificio en el barrio, donde estar hasta la vuelta a su centro.
Pero siguieron la lucha. Ya no por sus intereses más directos sino por intereses colectivos. Reclamaron que el colegio ocupado se mantuviera una vez que terminara la obra del originario. La Administración educativa se negaba. Decía que no era necesario un nuevo centro. La AMPA no salía del asombro. El barrio llenándose de carritos, se crean más guarderías y la burocracia de espaldas a la realidad —diciendo a quien convive con ella—, plaza a plaza, que se equivoca.
Año 2008. Termina la obra de rehabilitación de los Altos Colegios. En ese tiempo, la AMPA siguió movilizándose. Frenó el intento de convertir el colegio Padre Manjón en una calle, y la Delegación de Educación aceptó la reivindicación de la AMPA de mantener el cole. Ya son cuatro los colegios públicos.
No les quedaba otra. La realidad que negaban les dio en las narices: en esos tres años en el colegio provisional se escolarizó a una multitud de niños y niñas. Tuvieron que desmontar la biblioteca y la sala del profesorado para convertirlos en aulas.
Nueva vuelta al bucle. Desde el curso siguiente, la AMPA vuelve a advertir que el nuevo cole está a punto de colmatarse. La población infantil crece y crece, son necesarias más plazas educativas públicas. La Administración niega el problema, permanece inactiva.
Año 2010. Más de lo mismo. La Delegación, sin capacidad de planificar y de reconocer problemas, se equivocó. La demanda de plazas ha seguido creciendo, no se han ampliado plazas. Muchas familias no tienen garantizada la escolarización en el barrio.
Las AMPA de los centros públicos se organizan en la red RAMPA. Sus reivindicaciones (y la terca realidad) vuelve a provocar que se adopte una medida de urgencia: como no se ha construido un nuevo cole, hay que utilizar un edificio público en desuso para montar de prisa y corriendo un nuevo cole. Nace así el Jardines del Valle. Ya son cinco coles públicos.
Año 2012. Película repetida. El quinto cole se está llenando en poco tiempo. La Delegación niega que vayan a existir problemas. Las AMPA, formadas por familias ya escolarizadas, luchan por los derechos de las que aún no lo están. Utilizan sus dos grandes herramientas: la movilización y la propuesta. Advierten, no solo de que la población crece, sino de que cada vez más familias quieren escolarizar a sus hijos en colegios públicos y no en los concertados.
Convocan concentraciones en el Parlamento y, días después, la cámara autonómica aprueba una proposición con un paquete de medidas para resolver los futuros problemas de escolarización en el barrio.
Año 2015 (hace unos meses). La Delegación de Educación se reúne con la RAMPA, le cuenta que para la escolarización de este año no van a existir problemas. La RAMPA alucina, la insensatez de la Administración no ha sido curada por tantos años de pifias.
Desde la RAMPA se le reprocha que no hayan cumplido los mandatos del Parlamento, no se haya creado ninguna plaza educativa nueva. La población infantil no ha decrecido y la demanda de escuela pública frente a la concertada va en aumento. La Administración dice que eso no va a ser así. La RAMPA, sí. Y se vuelve a repetir la película.
Termina el plazo de presentación de solicitudes: cuarenta familias que han solicitado escolarizar a sus hijos en colegios públicos se quedan sin plaza. La gente ha pedido más que nunca escuela pública, la demanda en los concertados cae.
Hasta aquí ha llegado la broma. La RAMPA convoca asamblea con las familias afectadas y de ahí sale una reivindicación clara y contundente: ¡Cole Centro Ya!, y un camino para conseguirla, las movilizaciones.
Durante varias semanas, las familias han convocado concentraciones, recogida de firmas, han mantenido reuniones con grupos políticos, han empapelado el barrio y las redes con el logo del ¡Cole Centro Ya!
El resultado final —tras una determinación rocosa y mucha inteligencia a la hora de medir tiempos e intensidades— ha sido una victoria.
Habrá un sexto cole público en el casco antiguo. El curso que viene contará, ya, con una unidad mientras se determina su sede: un edificio público en desuso —que varios hay— o la construcción de nuevas plazas.
La movilización ciudadana ha vencido, ha torcido la insensatez de una burocracia incapaz de ver lo evidente y hacer lo necesario.
¿Hasta la siguiente?
