A finales de junio, vimos una noticia en el periódico digital Diagonal Andalucía que causó un pequeño revuelo en las redes. En el artículo La Brigada de Información, como Mortadelo y Filemón se narraba cómo el órgano de investigación de delitos políticos de la policía sevillana estaba persiguiendo a las autoras de un vídeo paródico autodenominado Comando Armado de las Putas Histéricas (CAPH), en el que un grupo de mujeres aparecían encapuchadas, recreando la iconografía de los grupos terroristas y leyendo un comunicado feminista. La policía relacionaba el contenido del vídeo con… ¡una pegatina! aparecida en la basílica de San Gil en la que se comparaba una pistola y un paso de Semana Santa (según el documento policial, en la pegatina aparecía una «A» de Anarquía y se podía leer «PELIGRO. Unas armas matan los cuerpos y otras las mentes») y así, en un alarde de lógica, los agentes llegaban a la conclusión de que las autoras del vídeo, convertidas ya en peligrosas anarcofeministas (nótese que el prefijo «anarco» genera infinitas sospechas y estigmatización entre las fuerzas policiales), eran también las responsables del conato de incendio en la iglesia de Santa Marina ocurrido meses atrás. Por ello, y por «la alarma social» que se había creado, solicitaban un mandamiento judicial dirigido a la empresa matriz del portal de vídeo VIMEO para que identificara la IP del usuario de la cuenta del vídeo de la CAPH. Desde luego, hubo pitorreo en las redes porque el tema lo merecía. Que la unidad dedicada a investigar delitos de terrorismo se centre en la autoría de un vídeo feminista claramente paródico, da una imagen de tebeo de «nuestras fuerzas del orden». Pero, independientemente del poco caso que la solicitud recibió por parte de los juzgados —que no tramitaron el mandamiento— este es solo el último episodio de la persecución al movimiento feminista autónomo sevillano, que lleva el último año acosado por multas y juicios de faltas, rodeado en las concentraciones y acciones por desproporcionados dispositivos policiales, y vigilado con detenciones, seguimientos e identificaciones realizadas a las activistas de forma arbitraria.
El pasado 14 de julio, siete activistas feministas de la Asamblea de Mujeres Diversas comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 5, imputadas en un juicio de faltas, acusadas de ser las autoras de pintadas contra la reforma de la Ley del Aborto. El mismo tribunal absolvió el pasado 22 de mayo a otras dos feministas por una supuesta falta de deslucimiento de bienes inmuebles realizada en la sede del PP de Andalucía en diciembre de 2013. Aunque este último proceso se saldó con la absolución de las dos activistas, vino precedido de la detención de una de ellas el 4 de febrero pasado y de actividades policiales de vigilancia a esta persona, a la que detuvieron en su casa. La Asamblea de Mujeres Diversas respondió a este atropello con un comunicado que denunciaba el intento de «criminalización» del movimiento. Además de eso, las integrantes de la Asamblea de Mujeres Diversas acumulan alrededor de diez multas de 300 euros por identificaciones realizadas en concentraciones que no se habían comunicado previamente en la Delegación del Gobierno.
Parece que el movimiento feminista se ha convertido en blanco de la policía. Y no es de extrañar, si se tiene en cuenta la fuerza y la presencia en la calle que está teniendo desde que irrumpiera en las plazas del 15M, exigiendo teñir con sus propuestas las asambleas, denunciando la destrucción de las políticas públicas y de igualdad, los efectos de los recortes sobre la vida de las mujeres y su oposición a la contrarreforma del aborto, que probablemente comience su tramitación en el Congreso durante el verano. Aun con la oposición generada y las diferencias que provoca incluso en el seno del PP —que paralizan una y otra vez su promulgación—, si sale adelante la nueva ley supondrá una regresión sin precedentes en los derechos de las mujeres, a las que se denigra legalmente y se deja en una situación de indefensión respecto al propio cuerpo más grave que en la antigua norma del 85.
La represión de la protesta está siendo casi la única respuesta de este régimen en crisis a las demandas sociales de democracia, transparencia y derechos ciudadanos, y a la crítica de las políticas austericidas, convirtiéndola en un asunto muy grave y urgente en la agenda de los movimientos. Se está haciendo un uso intensivo del autoritarismo y la violencia, utilizando la policía para reprimir los actos en la calle y la vía administrativa y judicial para estrangular a los movimientos a base de multas y juicios. Atrás quedaron los tiempos en que el movimiento feminista se libraba de la persecución por el paternalismo y el machismo de las fuerzas de seguridad, que descartaban «el peligro» en las acciones protagonizadas por mujeres. A día de hoy, y en muchos casos con largos meses a la espalda, encontramos que grupos feministas de todo el Estadoestán maltratados por multas y procedimientos judiciales.
En Málaga, las activistas de la Asamblea Antipatriarcal son molestadas constantemente por la policía cada vez que salen a la calle. No suelen comunicar sus concentraciones y eso les ha valido más de diez multas de 400 euros, que en estos momentos están recurriendo.
En Cataluña y Mallorca —tal y como informa la organización Calala en el post de su blog #Alertafeminista: apoyemos a las encausadas por defender el derecho al aborto libre y gratuito, frenemos la contrarreforma de Gallardón— grupos de Sabadell y el Penedés tienen abiertos procesos, y las feministas de Palma de Mallorca —encausadas poruna acción en defensa del aborto libre y gratuito en la parroquia de Sant Miquel el domingo 9 de febrero de 2013— se enfrentan a penas de cárcel de seis meses a seis años por los delitos de «impedir, interrumpir o perturbar» una ceremonia religiosa,y de seis meses a un año de cárcel por «ejecutar actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados».
En Madrid, las activistas de Guerrilla Abortista que intervinieron en una marcha antielección el 14 de noviembre de 2013, fueron identificadas y retenidas. Ahora se enfrentan a multas que, sumadas, ascienden a más 12 000 euros.
Todo esto está ocurriendo sin que los grupos de distintas partes del Estado conozcan bien la situación de sus compañeras de lucha de otras ciudades, por lo que urge crear alianzas antirrepresivas feministas, o que estas se integren en las incipientes plataformas que unen a movimientos sociales de distinto tipo para dar a conocer los casos y planear estrategias de defensa conjuntas.
N. B.: El pasado 14 de julio fueron absueltas las siete activistas de la Asamblea de Mujeres Diversas de Sevilla en el juicio de faltas por hacer pintadas contra la reforma de la Ley del Aborto.
