Cárcel y Salud

Una de las características intrínsecas de la cárcel es su opacidad, el desconocimiento por parte de quienes (de momento) estamos fuera sobre lo que ocurre dentro y la manera en que transcurre la vida de las más de 70 000 personas que permanecen entre rejas en el Estado español, sin contar los Centros de Internamiento de Extranjeros y los Centros Cerrados de Menores.

La cuestión de la salud pone en evidencia la función meramente punitiva de las prisiones —«ciencia de la administración del sufrimiento»¹— y muestra cómo el control y la desposesión de nuestros cuerpos es el grado último de enajenación que el Estado ejerce sobre el individuo.

Trataremos el tema mediante tres conceptos: la prisionización, la medicación forzosa y la desasistencia médica como tortura y pena capital.

Llamamos prisionización al proceso por el cual lxs presxs pasan de vivir en la cárcel a «vivir la cárcel». Algunas de las secuelas psicológicas son:

• Desproporción reactiva: todo tiene una relevancia emocional y cognitiva desmesurada.
• Dualidad adaptativa entre la sumisión constante como vía adaptativa o la respuesta agresiva como afirmación del yo.
• Presentismo: la falta de perspectiva de futuro (todos los días son iguales durante muchos años) lleva al fatalismo y a la ausencia de planificación y análisis de consecuencias de los actos.
• Síndrome amotivacional: aparente dureza como coraza frente a todo lo anterior.
• Baja autoestima, impotencia canalizada violentamente hacia «los pringaos».

«Si me preguntara: ¿Qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario? ¡Nada! —respondería—, porque no es posible mejorar la prisión. Salvo algunas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer, salvo demolerlas» Piotr Kropotkin.

Además, la estructura de las macrocárceles —áridas, deshumanizadoras y falsamente asépticas, con temperaturas extremas tanto en verano como en invierno— provoca un empeoramiento generalizado de la salud física. A nivel sensorial, los efectos sobre el oído, los sabores y —sobre todo— la vista, pasan factura a todxs.

En el caso de los módulos de castigo —23 horas solxs en celdas minúsculas,— el aislamiento sensorial lleva a alucinaciones, formación de fantasías y respuestas emocionales primitivas de autodefensa como la agresividad.

En la cárcel, los médicos son carceleros: no son funcionarios del SAS sino de Instituciones Penitenciarias, aunque la Junta esté obligada a asumir esa competencia desde 2004 y no lo haya hecho aún. Esto se traduce en prácticas de control y no de cuidados, como veremos.

La medicación forzosa de psicofármacos de forma permanente afecta a un tercio de la población reclusa, aunque su uso puntual como «medida de contención» es mucho mayor. En el caso de los centros de menores cerrados, la cifra se dispara en el momento en que pasan a la gestión privada. Es más económico gastar en pastillas que en educadores o talleres.

Neurolépticos, antidepresivos, ansiolíticos o tranquilizantes son prescritos con criterios bastante inquietantes. Los diagnósticos son realizados, con suerte, en apenas 5 minutos por alguien que no te volverá a ver en semanas. Esta precariedad y desdén de la Administración provoca que un incidente violento pueda tener como consecuencia para una persona reclusa un diagnóstico de esquizofrenia (u otro tipo de trastorno) para el resto de la condena. Esta persona queda así estigmatizada con tal «enfermedad» y es dependiente de la medicación correspondiente.

Además, una interpretación interesada de la antipsiquiatría llevó hace años a cerrar manicomios sin dar ningún tipo de apoyo a familiares o amigxs de las personas con trastornos graves. La consecuencia es que muchas de estas personas acabaron encerradas de nuevo por acumulación de delitos de desórdenes y similares, pero esta vez en la cárcel y finalmente en los módulos de castigo. Esta situación es denunciada reiteradamente por otrxs presxs que cuentan con mejores condiciones para escribir.

La desasistencia sanitaria es un mal endémico de las prisiones que agrava la situación de la gran cantidad de presxs que padecen, por ejemplo, enfermedades derivadas de portar el VIH (10% de la población reclusa total) o hepatitis C (40%), aumentando además los riesgos de contagio. En general, cualquier deficiencia de salud que unx padezca en la cárcel empeorará rápidamente. En los casos más graves, como las enfermedades hepáticas o el cáncer, propiciará una muerte prematura. Varios colectivos y asociaciones vienen denunciando estas muertes como «penas capitales» encubiertas. Además, se denuncia el abandono sanitario en general como una doble condena, más allá de la dictada en los juzgados. Es aún más sangrante cuando esta desasistencia es intencionada y persigue el objetivo de doblegar a lxs presxs con las voluntades más fuertes.

La denuncia por tortura y prevaricación presentada por el preso Honorio Gómez Alfaro «Pope» es un caso que habla por sí mismo. Esta denuncia fue asistida jurídicamente por la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) y realizada contra los subdirectores generales de Tratamiento, Gestión y Sanidad Penitenciaria junto a los directores y subdirectores médicos de 7 cárceles. Fue admitida a trámite por un juzgado de Madrid y avalada por numerosos informes médicos y de prisión. Relata cómo Pope fue trasladado durante años (hasta en 8 ocasiones) cada vez que se acercaba el momento de la operación de alguna de las dolencias que padece: litiasis renal y enfermedad de Dupuytren en la mano derecha (agarrotamiento progresivo de los tendones). Este proceder vulnera la legislación penitenciaria vigente.

Como consecuencia directa, sufrió innecesariamente terribles dolores renales e infecciones durante más de una década, que estuvieron a punto de costarle la vida. Además, perdió dos dedos de la mano cuando fue finalmente operado después de años de espera.

La causa de su doble castigo ha sido su inquebrantable voluntad de denuncia de las injusticias que ha visto y padece en su encierro. Preso desde su adolescencia en reformatorios (más de la mitad de su vida), y con un perfil que corresponde al del 80% de lxs presxs (pobres y encarceladxs por robos, drogas y delitos contra la autoridad), durante todo este tiempo se ha fugado cuando ha podido y, sobre todo, no ha dejado de denunciar abusos. Se ha coordinado con otrxs presxs para realizar campañas de protesta desde dentro. Todo esto le ha valido, además del grave perjuicio de su salud, la calificación especial en el régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) y la intervención de sus comunicaciones orales y escritas por relacionarse con el exterior con «grupos de ideología anarquista y antisistema», según la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.